El escalofrío ante los «hombres de negro»

hombres de negro
Men in Black. Imagen: Columbia Pictures.

La aparición en la historia de los hombres de negro siempre ha supuesto un mal presagio. Su imagen reciente ha estado asociada a la de los agentes secretos, con poderes sin límites, que actúan con absoluta impunidad al margen de la ley. En el cine y la televisión a estos personajes, con vestidos oscuros, les hemos visto desempeñar los papeles de agentes de la CIA u otras tenebrosas agencias que hacían sus fechorías en países menos desarrollados que aspiraban a su liberación.

Hace unos años, a raíz de la crisis económica, Grecia tuvo la desventura de caer en manos de la troika, integrada por funcionarios de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que gobernaron el país con mano de hierro. La catástrofe social y humanitaria de sus implacables medidas de austeridad ha sido tan terrible que los griegos ven a estos personajes como la peor versión imaginable de los hombres de negro, aunque en esta ocasión no llevaran armas.

La creación de la troika con sus hombres de negro fue una exigencia de la señora Merkel. Era la condición para prestar dinero a Grecia para que pudiera pagar sus deudas en cuya generación se habían lucrado muchos países ricos europeos. Solo hay que recordar las ventas de fragatas francesas y submarinos alemanes sin ir más lejos. Grecia tenía el gasto militar per cápita más alto de Europa. En realidad Merkel no salvaba a Grecia sino a sus acreedores, los bancos alemanes y franceses, titulares de los bonos públicos griegos que si perdían su valor o resultaban fallidos conducían a la bancarrota de las entidades financieras. El intento de Bruselas de que fueran los bancos los que apechugaran con las pérdidas de sus inversiones temerarias fue rápidamente neutralizado por los alemanes, que diseñaron un modelo para salvar a los países a costa de los contribuyentes de manera que los bancos quedaran libres de todas sus responsabilidades. 

Fue Merkel también quien impuso la participación del FMI en la troika, porque sus funcionarios eran los únicos que le merecían la confianza de que aplicarían los ajustes sin pestañear, por drásticos y dañinos que fueran. La participación del Fondo fue rechazada inicialmente por el entonces presidente del BCE, Jean Claude Trichet, y el comisario Joaquín Almunia. Pero la oposición de los mandatarios europeos fue rápidamente barrida por el gobierno de Berlín, que impuso la participación del FMI como condición para participar en los rescates. Después, el sarcasmo ha sido que «el trabajo sucio, las medidas más impopulares, son las que al final hemos tenido que tomar la Comisión», lamenta un alto funcionario de Bruselas. El destacado papel de la Comisión dentro de la troika confundió a su presidente, José Manuel Durão Barroso, que no se dio cuenta de que en realidad le habían dejado las tareas más ingratas e indefendibles.

El papel de los hombres de negro no ha sido baladí. Ellos son quienes han diseñado, redactado y ejecutado los terribles planes de austeridad pasando sin contemplaciones por encima de las legislaciones nacionales y de las protestas de sus líderes políticos elegidos democráticamente. Después de Grecia fueron Irlanda, Portugal, España y Chipre los países que conocieron los draconianos ajustes exigidos como condición para recibir las ayudas europeas. Las exigencias fueron tan despiadadas que los ciudadanos de estos países vieron la presencia de estos individuos con la fatalidad con que se asume una catástrofe natural, como unas inundaciones, un tornado o una plaga. En su trilogía sobre la crisis griega el novelista Petros Márkaris proporciona una versión directa y escalofriante de las calamidades sufridas por los griegos, muchos de los cuales ven a los asesinos de los banqueros y de los defraudadores fiscales como sus nuevos héroes. 

En realidad la mayoría de los hombres de negro de la troika eran funcionarios de la Comisión y su principal responsable es el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, quien siempre ha defendido su gestión a capa y espada. Los funcionarios del FMI y del BCE han actuado sobre todo como asesores.

Lo cierto es que las condiciones redactadas por los equipos de la troika implicaron de facto la anulación de toda la capacidad de actuación del Gobierno de Atenas, presidido por el socialista Yorgos Papandréu, quien había puesto al descubierto la realidad de las cuentas del país tras la gestión de los conservadores. Una denuncia que pagó cara. Visto con perspectiva sobrecoge el paquete de medidas redactadas por la troika y posteriormente aprobadas por el Consejo de la UE. Son exigencias muy detalladas, cuantificadas y con un calendario trimestral de cumplimiento obligatorios. Las medidas se han concretado en recortes de salarios públicos de hasta el 50 %; reducción de las pensiones de hasta el 45 % y su posterior congelación; reducciones de salarios privados de hasta el 40 %, aumentos del IVA del 19 % al 23 % y de los impuestos sobre fuel, alcohol y tabaco. Las exigencias suponían también limitaciones al subsidio de desempleo, reforma de la negociación colectiva, reducción del gasto farmacéutico y un exhaustivo plan de privatizaciones de 50 000 millones de euros que, entre otras cosas, preveía la privatización del servicio de agua. Los préstamos se soltaron con cuentagotas a medida que se iban certificando los recortes exigidos.

Lo más desastroso es que tanto sacrificio fue inútil.  Los malos resultados de los ajustes de la troika fueron censurados por el propio FMI, que ha reconocido que los efectos de la austeridad han sido mucho más severos de lo previsto con un impacto negativo sobre la economía dos o tres veces por encima de lo calculado. Bruselas no ha sido capaz de reconocer ni la evidencia de los datos.

El escritor Thomas Fazi recogía en Social Europe Journal un informe del profesor Andreas Fischer-Lescano, de la Universidad de Bremen, titulado «Human Rights in Times of Austerity Policy», que concluye que «las políticas de la troika, más que simplemente inmorales, pueden ser realmente ilegales». El profesor alemán precisaba además que las demandas de la troika, que incluían entre otras cosas recortes en los sistemas de seguridad social, educación, salud, reducciones del salario mínimo y vulneraciones de los sistemas de pensiones, podrían tener un impacto de gran alcance en los derechos humanos de los países en crisis

En la misma dirección el Consejo de Europa ha identificado ciento ochenta violaciones de la Carta Social Europea sobre el acceso a la salud y a la protección social en treinta y ocho países, en gran parte como resultado de los procesos de consolidación fiscal. El Alto Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, encontró diversas infracciones en materia de salarios y beneficios sociales en los países rescatados. El comisario ha señalado expresamente que a consecuencia de las medidas de austeridad en Chipre, Grecia, Italia y Portugal ha aumentado el riesgo de que los niños se vean forzados al trabajo infantil.

La cuestión más grave es que los funcionarios de la troika, los hombres de negro, no responderán nunca ante nadie. En la investigación del Parlamento Europeo se realizó un interrogatorio entre los principales responsables. Nadie asumió las decisiones. Todos señalaban a otros. Esta es una las caras más desconocidas y más negras de la crisis de 2008. Se han tomado muchas medidas que han sido verdaderas agresiones al margen de la ley contra los ciudadanos más débiles y no se podrán pedir cuentas ni resarcimiento por ellas. 


La pluralidad de identidades en las sociedades modernas

Fotografía: Susana Vera / Cordon.

Los enfrentamientos entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Madrid se han convertido en el principal problema político de España. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que anuló catorce artículos del Estatuto, aprobado en el Congreso de los Diputados y refrendado por los ciudadanos, fue un desatino que provocó la ruptura del consenso democrático existente ya bastante deteriorado. Desde entonces, la incapacidad del Gobierno central por admitir la realidad plurinacional de España y el radicalismo del Gobierno catalán no han hecho más que empeorar la situación. El resultado es que cerca de la mitad de la población catalana está apostando por la independencia.

Este contencioso no empezó hace siete años. Hay una larga historia de varios siglos de luchas sociales y políticas que han ido forjando una identidad cuya esencia ha sido la salvaguarda de la lengua. La defensa de la identidad catalana no ha impedido, sin embargo, a destacados políticos progresistas compartir a su vez este sentimiento con el de la pertenencia a España. Estanislau Figueras y Francesc Pi i Margall, por ejemplo, fueron los dos iniciales presidentes de la Primera República española (1873), que intentaron construir una España federal.

Compartir identidades ha tenido muchos frutos. El recobro de la democracia, tras cuarenta años de dictadura franquista, fue el resultado de una tarea colectiva en la que participaron ciudadanos de todos los territorios en la defensa de los mismos valores. La Constitución de 1978 diseñó un modelo federal (denominado Estado de las autonomías) que a pesar de sus limitaciones ha propiciado el mayor periodo de progreso de España y Cataluña. John H. Elliot, el hispanista que mejor conoce la historia de España, ha señalado en el Foro Cataluña en Expansión que «Cataluña ha tenido los mejores años de su vida hasta 2008». Y subrayado que «hay que insistir en los éxitos para crear un ambiente en el que se puedan repensar los problemas actuales».

El presente conflicto coincide con otros asuntos muy graves como la crisis financiera internacional, la proliferación de guerras en Oriente Medio, el drama de los refugiados o los riesgos de desintegración de la Unión Europea. El reduccionismo que supone la exacerbación del conflicto entre Cataluña y el Gobierno central revela la insuficiencia del independentismo ante la relevancia de los desafíos que afrontan las sociedades modernas. Urgen respuestas al desempleo, la pobreza, la inseguridad, el cambio climático o el superpoder de las multinacionales.

El sentimiento identitario ha experimentado una gran evolución a raíz de los cambios demográficos, económicos y políticos. Solo entre 1959 y 1975 llegaron a Cataluña 1,4 millones de hombres y mujeres de otras regiones españolas. Ese último año, el 38,4 % de la población catalana había nacido fuera de su territorio. Sin ellos Cataluña no sería lo que es.

En el aspecto económico, durante las últimas décadas, bancos, industrias y empresas de servicios han pasado de ser compañías catalanas a convertirse en sociedades españolas multiplicando sus capacidades. España es su mercado y espacio de expansión natural, que ha potenciado su despliegue internacional, especialmente en América Latina. A su vez, la entrada de España en la comunidad europea en 1986 ha desarrollado también un creciente sentimiento de pertenencia europea. Para muchos ciudadanos lo más natural es compartir un sentido de pertenencia plural. Se sienten tan catalanes como españoles y europeos o de otros países al mismo tiempo.

Lo más práctico es emprender una reforma constitucional con la máxima aceptación de los ciudadanos. Distribuir competencias y recursos de forma justa entre todos los niveles de Gobierno con especial atención a las ciudades. Y aplicarse en resolver los asuntos que de verdad inquietan a los ciudadanos.