Los políticos nunca volverán a soñar por nosotros

Fotografía: Corbis.

Nada terminó en junio de 2011 aunque hayan pasado los años, aunque las lonas que albergaron los sueños y las pesadillas lúcidas se hayan deshecho en las papeleras. Aunque hayan abierto una gloriosa macrotienda de Apple muy cerca de donde había germinado una yedra gigante de pancartas de protesta que envolvía toda la marquesina de la estación del metro: los indignados la llamaron Plaza Solución y los políticos la bautizaron en 2013 con el nombre de Vodafone-Sol. Sobre los vidrios de aquella marquesina se leían jirones de optimismo, de ira, de brutalidad y de poesía. Eran los sueños de una generación hecha pedazos, los pedazos de una generación llena de sueños. Era un bostezo de euforia y cólera en un descampado de asfalto que parecía haber enterrado cualquier esperanza de cambio en España. Era la indignación frente a la resignación y la furia, la euforia y el megáfono frente a la tristeza, el silencio y el miedo.

Necesitaban canalizar toda esa energía y transformarla en algo más. Debía convertirse en leyes que castigasen a los culpables de los abusos que la sociedad estaba sufriendo, en instituciones que premiasen a los políticos honestos frente a los que veían en el Parlamento un sucedáneo de Wall Street. Rechazaban que la melodía de su enfado y optimismo se quedase en algo instrumental: más allá de sonar bien, anhelaban una fortísima voz colectiva que hablase de medidas concretas, reformas concretas y soluciones.

Estaban convencidos de que esas soluciones no las encontraría nadie en particular; iban a hallarlas entre todos y las comunicarían masivamente para que otros indignados, quizás a miles de kilómetros de las plazas, pudieran estudiarlas, refutarlas, enriquecerlas o aportar las suyas. Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor de comunicación, mecenas, amigo y animador en jefe de algunas de las plataformas para mejorar la democracia que salieron del 15M, dibuja en una entrevista desde la República Dominicana lo que infundieron a una generación entera las acampadas. «Ellos sentían que sí se podían cambiar las cosas y que existía por fin la tecnología que les ayudaría a materializar sus sueños… Dejarían de existir las masas amorfas en política y se convertirían en una inteligencia colectiva capaz de cuestionar y controlar a los líderes». En definitiva, recuerda, llevarían «la idea de la colaboración y la cooperación hasta el extremo» y con ello redefinirían lo que entendemos por democracia representativa.

Hoy empieza todo

Por eso, y gracias a la experiencia acumulada por los miembros de asociaciones y movimientos cooperativos, se decantaron rápidamente por un sistema asambleario con un fuerte ingrediente tecnológico. Por eso y porque aspiraban a demostrar que con más democracia era más fácil llegar a consensos, colmar las expectativas de la mayoría y fomentar el aprendizaje continuo y la participación de todos. Estaban allí no solo para acabar con el sistema, sino también para demostrar que ellos eran la alternativa. Cientos de personas se sentaron en la calle dispuestas a no levantarse hasta que se pusieran de acuerdo. ¡No podía ser tan difícil! Ellos sentían que representaban a la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba el consenso y la justicia frente a una codiciosa minoría de políticos y empresarios que explotaban la división para enriquecerse. Ser de izquierdas o de derechas no era lo importante. Lo importante era tener sentido común y reconocer que todos podían y debían aprender algo del resto. Especialmente, los más militantes.

Al fin y al cabo, la propia polarización política solo servía para dividir y enfrentar a una población arrasada por el paro y la crisis. Para ellos, era una forma de hacer la guerra y los negocios por otros medios con la venia, eso sí, de una prensa y unos jueces con muchas presiones y muy pocos recursos para resistirlas. También ayudaba la inexistencia de verdadera transparencia, participación y control de los ciudadanos sobre las decisiones de la Administración. Era un sistema ideal para el corrupto, porque permitía hacinar cada vez más cadáveres bajo las aparentemente superpobladas alfombras de los edificios oficiales mientras se reducían los testigos a un puñado de funcionarios y altos cargos y se evitaba, además, que docenas de periodistas y magistrados encontrasen la valentía y el tiempo necesarios para escuchar a las gargantas profundas que filtrasen o denunciasen los delitos. O así lo veían ellos.

David Cabo, fundador de Civio en 2011, un híbrido entre medio de comunicación y plataforma protransparencia, reconoce haber pasado días en Sol intentando explicar la necesidad de iniciativas que abriesen los cajones públicos a los ojos y la colaboración de todos. Está convencido de que la idea general caló entre gente pero descarta que la mayoría comprendiese realmente lo que hacía falta para desarrollarla. Por eso, afirma, el poder político fue capaz de aplacar su ira con medidas superficiales como «publicar los salarios y patrimonios de los alcaldes». España no tendría su propia ley de transparencia hasta 2013, el plan de acción que presentó el Ejecutivo para abrir las políticas públicas a los ciudadanos en 2012 recibió duras críticas por su falta de concreción y en 2014 fue el organismo internacional de referencia el que avisó a España de que no estaba cumpliendo sus compromisos. Según un estudio reciente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, «el 81,4% de la ciudadanía reclama nuevos canales para incrementar la participación» y «el 75% de los encuestados creen que la transparencia mejoraría la confianza en el Gobierno».

Billete de ida al s. XX

Muchos sentían que las cartas de navegación de las grandes ideologías se habían convertido en una reliquia en la era del GPS y Google Maps. Al fin y al cabo, espoleaban la división y ofrecían más preguntas que respuestas a unos indignados sedientos de soluciones concretas y específicas, algo que, como recuerda Arnau Montarde, experto de la UOC en la tecnopolítica del 15M, «habían absorbido de la ética hacker». Era un nuevo mundo, una nueva generación que, cabalgando a lomos de la tecnología, arrancaría de cuajo los privilegios del Gobierno, de los cortesanos del bipartidismo y de las grandes empresas que habían vivido al calor del Estado. Creían que el sentido común se impondría rápidamente, que las propuestas no tardarían en aprobarse y que la sociedad a la que representaban las secundaría naturalmente una vez que los medios dejasen de manipular lo que se decía en las acampadas. El diálogo abatiría los muros de incomprensión que separaban a votantes de derechas e izquierdas y el control de la información que salía de las plazas marcaría la agenda de las principales televisiones y cabeceras. Las discrepancias irreconciliables se convertirían en debates de alto voltaje, interesantes negociaciones y, al fin, en consensos unánimes llenos de reconciliación. Esta primavera española tomaría sin violencia el Palacio de Invierno.

Fotografía: Marcello Vicidomini (CC).

La realidad de las plazas enfrió con el paso de los días y de las noches sin dormir aquella primera sensación de que todo iba a precipitarse como un espectacular dominó. Las asambleas se alargaban indefinidamente hasta el punto de que se volvían cada vez menos representativas, porque los que tenían que trabajar durante el día o tiraban la toalla después de docenas de horas de discusión las abandonaban progresivamente. Los que no se marchaban eran normalmente los más activistas, que eran los mismos que no veían ventaja alguna en pactar si eso les exigía renunciar a parte de sus ideas. La esclerosis invadía las arterias de la revolución, los que representaban las viejas ideologías que se creían superadas parecían estar cada vez más al mando y su experiencia en otros movimientos asamblearios les permitió convertirse en una formidable minoría de bloqueo que, con el paso de las semanas y el abandono de cientos de indignados, se hacía cada vez más fuerte e influyente.

Para muchos la situación resultaba paradójica, pues eran los activistas quienes habían capitaneado las acampadas, organizado por primera vez las asambleas, resistido con valentía los desalojos de la policía durante esos primeros días llenos de incertidumbre y soñado con un movimiento transversal que derribase un sistema injusto. No tenía sentido que fueran ellos los que acabasen, voluntaria o involuntariamente, con la vitalidad y la diversidad de las concentraciones hasta convertirlas en uniformes y estériles bloques de cemento. Ellos lideraron muchas veces la emigración y supervivencia del 15M en los barrios y se encontraban entre los que, en un ejercicio de no violencia que pocos olvidarían, se limitaron a votar la posible disolución de la acampada de Sol mientras las fuerzas de seguridad los desalojaban arrancándolos del suelo. Así fue el domingo 12 junio, el final de las concentraciones en Madrid (las de Barcelona se extendieron una semana más), y había llegado el momento para muchos de asimilar y construir rápidamente sobre lo que habían aprendido. Lo que para miles de ellos había empezado desafiando una jornada de reflexión, la del sábado 21 de mayo, terminaría por el momento con otra jornada de reflexión que cumplirían religiosamente durante semanas. ¿Qué había salido bien? ¿Qué había salido mal? ¿Cómo ayudarían a mejorar la democracia con lo que había salido bien y mal?

Los fundadores de la plataforma tecnológica Incoma, Carlos Barragán y Miguel Arana, tenían muy claro que las asambleas habían cumplido una función esencial. La gente había aprendido a discutir con respeto, a escucharse entre sí con independencia de la ideología que tuviera cada cual y a apreciar la enorme dificultad que implicaba llegar a un consenso. Cierto, recuerda Miguel, «no fueron eficientes si las miras atendiendo a los resultados», pero afirma sin dejar que nadie le interrumpa: «Fueron completamente necesarias porque nos enseñaron a negociar, a compartir emociones y a ver que la mayoría, cuando habla en detalle de las cosas, puede ponerse de acuerdo sea de izquierdas o derechas». «Sin ellas no hubiera habido un movimiento transversal y hoy probablemente no existiría el 15M».

Examen de conciencia

¿Qué había fallado? Para ellos, el gran obstáculo había sido que las asambleas cada vez representaban menos sensibilidades políticas y a menos personas con nombres y apellidos. Dicho de otra forma, miles de indignados abandonaban las concentraciones en la calle porque o no tenían tiempo de discutir allí durante horas o se sentían hastiados frente a la lentitud con la que se acercaban a un consenso que nunca terminaba de llegar (muchos de ellos culparon de eso a los más activistas). Además, algunas de las herramientas tecnológicas que abrazaron con tanto entusiasmo al principio, recuerda Barragán, deprimieron las ganas de participar con el paso de las semanas. Según él, «los espacios donde se colgaban las propuestas no distinguían entre lo viejo y lo nuevo, algo que hacía que la gente entrase cada vez menos porque pensaban que lo habían visto todo, y una de las principales redes sociales (N-1) que se utilizaban para elaborar textos colectivos daba errores importantes hasta el punto de que algunos documentos no se podían encontrar con el buscador».

Carlos y Miguel forman parte de LaboDemo, el organismo que mece la cuna de Plaza Podemos, una réplica virtual, corregida y aumentada de lo que eran aquellas asambleas. Allí se pueden compartir noticias, subir vídeos, hay políticos que se ofrecen a que les hagan entrevistas colectivas, se habla de sentimientos y se lanzan propuestas que pueden votarse al igual que los comentarios más destacados. Para mantener la frescura de los contenidos, se destacan los nuevos sobre los antiguos y para que nadie se pierda, se envía un boletín semanal con las cinco cuestiones más relevantes que se hayan tratado y se publican síntesis de los temas donde se comparan las distintas medidas políticas que diseñan o recomiendan los usuarios.

Plaza Podemos se sostiene principalmente sobre los cimientos de Reddit aunque los fundadores de Incoma creen que su software, si se incorpora como esperan a medio plazo, multiplicará las posibilidades de interacción y permitirá aprovechar mejor toda la inteligencia colectiva. Otra de las ideas que han ofrecido a la ejecutiva de Podemos es añadir a este foro la funcionalidad de una gigantesca urna: quieren que las propuestas más populares puedan terminar convirtiéndose en lo que tengan que defender los líderes. Ellos aspiran a una «verdadera democracia directa» y no están dispuestos a renunciar a ese sueño.

Fueron testigos en Sol de cómo los más activistas y militantes intentaban imponerse a los demás y dificultaban cualquier acuerdo. Miguel Arana cree que hasta ahora han conseguido evitar una reedición de ese peligro gracias a que sus aportaciones rara vez se encuentran entre los comentarios más votados (por lo que, al final, casi nadie los lee) y a que han empezado a utilizar el software Loomio, un hijo legítimo del colectivo Occupy de Nueva Zelanda, para «evitar que los supuestos líderes, los pesados, los activistas o, en definitiva, los que más hablan conduzcan las asambleas y terminen imponiendo su criterio». Por supuesto, han renunciado a la regla de la unanimidad que imperaba en Sol o plaza Cataluña para que no exista una minoría subatómica de bloqueo. Así creen que han neutralizado las ansias de notoriedad de muchos militantes, su capacidad para frenar en seco los deseos del resto con un solo voto y una elocuencia que les permitía vencer en las discusiones sin convencer realmente a la mayoría. Otra ventaja de Plaza Podemos frente a lo que se vio, por ejemplo, en Sol es que allí nadie tiene por qué escaparse del trabajo o dejar a los niños con los abuelos para sentarse en la calle a discutir sobre política. Pueden hacerlo cuando quieran desde sus casas.

Votad, votad malditos

Además de LaboDemo, Podemos también está contando con AppGree y Ágora Voting. La primera es una aplicación de la empresa del mismo nombre que se hizo popular cuando la utilizó Gran Hermano para que su audiencia votase durante el programa de televisión desde sus teléfonos móviles. Juan Morán, su CEO, asegura que alcanzan una precisión del 100% con preguntas cerradas (cuando existen, por ejemplo, dos o tres respuestas válidas) y que en las preguntas abiertas (cuando no hay respuestas prefijadas y se hace un ranking con las que más han gustado a la audiencia) su margen de error de media es inferior al cinco por ciento. Morán se ha comprometido a establecer en 2015 el calendario para liberar el código «para que cualquiera pueda verlo y entender de dónde salen los resultados de las votaciones y respuestas». En principio, no quiere «liberarlo» para que lo utilicen otros desarrolladores de software. AppGree, aunque nació en 2011 desde la convicción de que la política y las empresas tenían que multiplicar la participación de ciudadanos y clientes, «es una aplicación que es un medio, no un mensaje». Y mucho menos, advierte, un mensaje político.

Los fundadores de la empresa Ágora Voting, Eduardo Robles y David Ruescas, tomaron buena nota de otro problema en las asambleas que podía corregirse y lo identificaron rápidamente, porque llevaban casi dos años dándole vueltas a una idea. Hacía falta un sistema seguro y transparente que garantizase la legitimidad de las votaciones. Ese artilugio también podría conectar directamente algún día a los representantes parlamentarios con los ciudadanos y hacer que los primeros sometieran la orientación de sus votos a la decisión de la mayoría en tiempo real. Es exactamente lo que había propuesto el Partido de Internet en 2009, que no logró nunca escaños en las elecciones, y ellos, Eduardo y David, se lanzaron a hacerlo posible desligando su software de la fracasada formación política para poder ofrecer sus servicios a todas las demás. Pusieron a prueba su primer prototipo con el referéndum para mejorar la democracia que las huestes del 15M celebraron el 15 de octubre de 2011.

Desde entonces han tenido nuevas oportunidades para afinar una herramienta que, a diferencia de los recién nacidos, se ha visto forzada a pasar de un torpe gateo a correr una maratón y dar un triple salto mortal con tirabuzón durante sus primeros tres años de vida. En 2013, Compromis-Equo sometió la orientación del voto de su parlamentario nacional sobre la ley de transparencia y la ley del sector eléctrico a la decisión mayoritaria de los usuarios de la plataforma. Ya en 2014, Podemos y la Confederación Pirata la utilizaron para elegir a sus candidatos al Parlamento Europeo, canalizaron ochenta mil votos durante el referéndum oficioso sobre la continuidad de la monarquía en España y dieron soporte a las primarias de Izquierda Unida en Andalucía. ¿El siguiente paso de este velocista en pañales? Han lanzado una campaña de crowdfunding para poder ofrecer su sistema a todos los partidos que lo necesiten para celebrar sus primarias en 2015.

La forma en la que los acontecimientos se han precipitado ha hecho que el sistema de  dé fallos en ocasiones como ocurrió en los comicios que convocó la Confederación Pirata. Han reconocido desde entonces sus errores, han intentado introducir mejoras, aportan pruebas matemáticas de que el proceso se ha llevado a cabo como estaba previsto y, finalmente, los votos ya no solo están cifrados para que nadie conozca la identidad de su titular, sino que este posee un localizador para consultar cuando quiera «la papeleta» y han abierto el recuento a otras organizaciones para que lo verifiquen mediante el mismo software que se empleó en las elecciones parlamentarias de Noruega en septiembre de 2013. Aunque hasta la fecha no han sufrido ataques informáticos, David Ruescas ha intentado investigar y adoptar la criptografía más avanzada que podían permitirse para evitar que alguien se cuele en el sistema para tumbarlo o manipular sus resultados.

La democracia no solo es votar

A pesar de su importancia y complejidad técnica, una votación transparente y verificable no dice nada sobre los debates previos, sobre las concesiones que han aceptado los negociadores y sobre la potencia de fuego de los grupos de interés. Tampoco permite que los ciudadanos presionen, por ejemplo, a los parlamentarios y les hagan propuestas y preguntas concretas a lo largo y ancho del proceso por el que una buena o mala idea termina convirtiéndose en ley o en ordenanza municipal.

Fotografía: Christian Jiménez (CC).

Kuorum, la empresa de Matías Nso, Iñaki Domínguez y José María García, quiere llenar en parte este vacío. Su idea es que los usuarios de su plataforma, que ya ha recibido la distinción de GameChanger 2014, puedan proponer modificaciones a las regulaciones que ya han sido aprobadas en los ayuntamientos o en el mismo Congreso de los Diputados, interactuar con unos legisladores y ediles que pueden apadrinar sus enmiendas y, fruto de ese contacto, influir en las decisiones que toman sus representantes. La ilusión de crear este proyecto surgió cuando trabajaba para un gigante internacional de la energía en España y comprendió que «dedicaba mucho tiempo a elaborar argumentos que favoreciesen a mi empresa para que luego los utilizase el lobby del sector, UNESA, frente a los reguladores». «Decidí que no podía seguir colaborando con una maquinaria que no respondía a las necesidades de consumidores y pymes, es decir, de la gente».

También había otro elemento que puede resultar abstracto y grisáceo hasta que siega toda una trayectoria profesional construida con esfuerzo: la falta de seguridad jurídica. Los recortes que han acumulado las renovables desde 2012 dejaron sin empleo a Nso, jefe de proyecto de una planta solar térmica. El Gobierno había cambiado las reglas del juego a mitad del partido con la idea de reducir el gasto y reordenar el sector eléctrico. Los grandes inversores se sintieron engañados, han reclamado más de mil millones de euros de indemnización al Estado español, y muchos pequeños inversores lo perdieron prácticamente todo. ¿Habrían cambiado sin pestañear las normas si hubieran contado con la opinión y las ideas de sus posibles víctimas a través de una plataforma como Kuorum?

Matías, que cobra el paro en estos momentos mientras intenta convertir su idea en una fuente estable de ingresos, ha vendido su coche para dedicarle aún más recursos y ha captado la atención y la participación de los primeros parlamentarios, entre ellos el diputado nacional del PP Gabriel Elorriaga o los diputados regionales de Andalucía Enrique Benítez (PSOE) y de Cataluña Carles Campuzano (CiU). Como la acogida ha sido mayor entre los concejales, la alcaldesa del Partido de Vecinos por Torrelodones Elena Biurrun se ha apuntado a la aventura, van a empezar a cobrarles por sus cuentas para hacer la plataforma sostenible. Poseen ya más de mil usuarios, dos regulaciones han alcanzado una participación considerable (una relacionada con la movilidad sostenible y otra sobre el comercio de animales domésticos) y ahora se están empezando a plantear la posibilidad de que los representantes públicos no solo publiquen las leyes en las que participan sino también las ponencias. Hay que colocar la lupa sobre todo lo que ocurre antes y durante la aprobación de unas normas que nos afectan a todos.

De cámaras y lupas

Esa es justamente la misión de Qué Hacen los Diputados, Graba tu Pleno y Proyecto Avizor. Qué Hacen los Diputados es el fruto del esfuerzo de la periodista Vicky Bolaños, su compañero de acampada en Sol, Samuel Jurado, la psicóloga Paloma Conteras y Pablo Medina, un granadino al que conoció mientras elaboraban juntos una hoja de cálculo colaborativa durante el 15M. Dos años después, en mayo de 2013, lanzaron la herramienta con la que empezaron a informar sobre los salarios, el perfil, los votos y, en la medida de lo posible, la agenda pública de cada representante.

Bolaños ha sido corresponsal parlamentaria de un medio nacional en Baleares. Allí fue donde aprendió «lo importante que es la transparencia, la falta de información que tenemos sobre la mayoría de las cosas que ocurren en las grandes instituciones y lo ciegos que estamos ante la labor de los lobbies». Su iniciativa solo fue al principio una cuenta en las grandes redes sociales, en Twitter superan ampliamente los 23.500 seguidores, pero gracias a los recursos que captaron en una campaña de crowdfunding y a muchas horas de trabajo voluntario han ido haciéndose un hueco en el ciberespacio con su página Web.

Graba tu Pleno por su parte es una iniciativa que busca esa misma transparencia pero en el nivel de la política local. Félix Moreno, propulsado por la ola del 15M, intentó grabar el pleno del Ayuntamiento alicantino de Ibi, su pueblo. Las fuerzas de seguridad, siguiendo las órdenes de los ediles, le pusieron muchas trabas hasta el punto de que Moreno los denunció y ganó el juicio. Desde ese momento, se unieron al proyecto y ayudaron a completar la Web que se había creado nuevos miembros como, por ejemplo, Óscar Galiardi en Mojácar, hasta llegar a las quince personas que son hoy.

Algo tan aparentemente simple e inofensivo como encender la cámara del teléfono móvil en un acto público con la idea de difundir el resultado en una página Web puede resultar violento. Macarena Amores, de la pequeña población sevillana de Espartinas, recuerda que va sin desayunar porque le da miedo «vomitar por los nervios y la tensión» y que sus amigos entre los policías municipales «se cambian los turnos» para no ser ellos los que tengan que presionarla en el consistorio. Mario Cuéllar, concejal de la localidad de Pelayos de la Presa en Madrid, reconoce que «el alcalde, después de ocho años como concejal y de aguantar graves insultos, ha amenazado con echarme de la sala si vuelvo a grabar». Mario es meteorólogo de profesión, tuvo que marcharse durante la crisis como cocinero a Reino Unido y sigue asistiendo a gran parte de los plenos en avión aunque percibe solo cuarenta y cinco euros por hacerlo.

El Proyecto Avizor es una plataforma afiliada al centro de estudios CIECODE de la Fundación Salvador Soler que rastrea todos los debates y votaciones parlamentarias sobre la lucha contra la pobreza internacional y, desde finales de 2014, también la nuestra, la que deambula entre miseria por los comedores sociales y las casas de acogida de nuestro país. Alba Gutiérrez impulsó el nacimiento de esta idea en 2012, tan solo un año después de vivir en primera persona la Primavera Árabe mientras realizaba sus prácticas en la Universidad Americana de El Cairo. Descartaron hacer un seguimiento de las decisiones del Gobierno, porque necesitaban concentrar sus pocos recursos en el lugar donde se aprobaban los presupuestos y porque consideraban que su labor de lobby chocaría con un muro de silencio en los jardines del Palacio de la Moncloa, bien insonorizados por la abrumadora mayoría absoluta que consiguió Mariano Rajoy en noviembre de 2011.

Para ello analizan y exprimen el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Luego evalúan y puntúan todo el contenido sobre pobreza, recuerda Alba, «teniendo en cuenta si son brindis al sol sin mayores consecuencias, si aportan valor añadido porque son ideas o posturas novedosas, si favorecen el desarrollo internacional, si demuestran la coherencia del político y si este ha justificado su postura recurriendo a políticas de desarrollo». Cuando se refieren a la lucha contra la pobreza, van mucho más allá de los clásicos fondos de cooperación y fijan su atención también en cuestiones como la fiscalidad internacional, el daño que provocan las medidas proteccionistas sobre los países desbordados de miseria o el comercio mundial de armas.

Algunos hombres buenos

A Alba Gutiérrez le gusta apuntar que el Proyecto Avizor no está solamente para castigar a los cargos públicos que son indiferentes a las necesidades de los que no tienen nada. De hecho, afirma, «además de presentar un informe anual, damos un premio al diputado más responsable y nuestras evaluaciones son críticas, es verdad, pero también constructivas». No cree que todos los representantes de los ciudadanos lo sean para enriquecerse o para salir en la foto mientras dan la espalda, a veces con sutileza y a veces sin ella, a los deseos y aspiraciones de quienes los han elegido. Quizás el sistema no les permita a muchos ser de otra manera; quizás docenas de personas honestas estén cargando con el lastre de una fama inmerecida.

Fotografía: Marcello Vicidomini (CC).

Un aspecto básico de cualquier sistema que favorece a los que hacen trampas es el marco de incentivos. Las instituciones, diseñadas o no con esa voluntad, pueden tender a pasar por alto los abusos, a recompensar las mentiras en campaña electoral o a configurar una clase política encerrada en sí misma y rodeada por grandes empresas que engordan sus balances a base de contratos públicos adjudicados a dedo. En esas circunstancias, la pasividad puede tener mérito y actuar correctamente implica aceptar unas grandes probabilidades de fracaso mientras los vecinos de despacho y coche oficial que sí saben cobrar comisiones pagan mejores colegios y proporcionan una vida mejor a sus familias. El día que la política los deje por otro más joven, les esperará más allá de la puerta giratoria un coche financiado por la empresa a la que favorecieron. Es más fácil saltar con red. Con una tupida red de contactos agradecidos.

El colectivo Politikon, que lanzó su web en enero de 2011 y surfeó la enorme ola del 15M hasta convertirse en una referencia para miles de personas, ha identificado una y otra vez el esquema de incentivos perversos que fomentan la corrupción de los partidos y deprimen la participación de la gente en la vida pública. A pesar de que le deben a Internet su notoriedad y su influencia, Jorge San Miguel, miembro de la plataforma desde el principio, reconoce su escepticismo ante cualquier solución tecnológica para los grandes problemas políticos: «Hay que rebajar las expectativas de todas las medidas que no pasen por reformar y corregir las carencias institucionales que han multiplicado el efecto de la crisis económica». Le preocupa también que los españoles caigan en el grave error de olvidarse de las reformas «en cuanto volvamos a crecer con fuerza y a crear empleo», aunque reconoce que «esto es difícil con una recuperación tan lenta como la que anticipan los economistas». Los miembros de este colectivo no quieren ni oír hablar de que los jóvenes vuelvan a dar la espalda a la política, porque creen que estarían dando la espalda no solo a la fuente de los problemas, sino también a la de las soluciones.

Y sus soluciones pasan por «reducir los fondos discrecionales», porque pueden utilizarse fácilmente desde cualquier organismo oficial para comprar lealtades o devolver favores. Al mismo tiempo, matiza Jorge San Miguel, «hay que favorecer la existencia de los chivatos que se atrevan a denunciar las malas prácticas» de las que son testigos o en las que quizás estén implicados directamente. También resulta fundamental que los funcionarios, es decir, los técnicos asuman más competencias frente a los cargos de libre designación y que no se pueda prescindir de sus recomendaciones o relegarlos con la misma facilidad que ahora. La burocracia haría entonces de contrapeso a las ambiciones y deseos de un ministro sediento de conceder grandes contratos públicos que tal vez supongan un gasto innecesario o estén sometidos a unas condiciones que abran el abanico a un sinfín de irregularidades cuando llegue el momento de adjudicarlos.

Había un tercer elemento que dominaba los debates de las acampadas del 15M además de la corrupción y de la tórrida aventura que protagonizaban entre sábanas las grandes empresas, bancos y gigantes de las infraestructuras e inmobiliarias sobre todo, y una Administración que las regaba supuestamente con contratos a dedo, aeropuertos hacia ninguna parte y regulaciones a la carta con menús de cinco tenedores. Ese tercer ingrediente era el perfil de la clase política, lo que Podemos llamaría después «casta», y ahí es donde Politikon también ha puesto su foco para dar la voz de alarma sobre «el excesivo número de funcionarios» que la pueblan, la forma en la que «los partidos han colonizado la sociedad» y la necesidad de introducir «mecanismos que incrementen la competencia interna y la externa» como pueden ser, por ejemplo, las primarias. O se reconduce esta deriva, apunta Jorge San Miguel, «o resultará difícil que la gente se anime a participar en la política» como votantes, sí, pero también como candidatos.

Todos tenemos un precio

Los creadores de «D€mocracia» ofrecen una clase práctica en incentivos perversos y calculan que un 70% de los que participan en su popular juego de mesa utilizan las malas artes que ofrecen sus reglas precisamente porque es la mejor forma de ganar la partida. Entre ellas destacan la posibilidad de comprar jueces para garantizar una sentencia favorable (los magistrados tienen, por definición, muy pocos recursos para investigar en este juego), disponer de un fondo de reptiles para mantener a raya a los periodistas deslenguados y, por supuesto, financiarse ilegalmente (la vía legal es mucho más lenta) para pagar todas las facturas que, con unas cloacas hiperactivas y saturadas, al final terminan desbordándose. Miguel Santander, Carlos Martín Guevara y Raúl Heredia reconocen que se inspiraron en febrero del año pasado en el enorme revuelo que desataron los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular que publicó la supuesta contabilidad en negro de la formación que lidera Mariano Rajoy.

Detrás de toda la diversión que son capaces de servir en bandeja de plata los muñidores de «D€mocracia» se esconden unas preguntas que pueden resultar inquietantes. Miguel cree que el jugador debe pensar «hasta qué punto no es lógico y previsible que los políticos se corrompan si las normas lo favorecen». Las otras dos las formula directamente Carlos Martín Guevara, uno de los dos especialistas en neurociencia que mueven los hilos de este juego: «Debemos plantearnos si nos importa más ganar o hacer bien las cosas y si nuestros valores tienen un precio o no lo tienen». Cuando presentaron su proyecto hace pocas semanas en la Feria de Juegos de Mesa de Córdoba, «los padres se llevaban a los niños de diez a quince años para que no lo vieran y los dejaban delante de otros que prometían guerras espaciales, es decir, violencia». Raúl Heredia trabaja ahora mismo en el Children’s Hospital de Washington, donde intenta ayudar a los más pequeños en su lucha contra la distrofia muscular, un grupo de enfermedades que no tienen cura y que debilitan progresivamente los músculos hasta paralizarlos en el peor de los casos.

Arnau Montarde, experto de la UOC en la tecnopolítica del 15M, cree que el nivel de innovación y creatividad que ha desatado la indignación sobre todo desde 2011 «es espectacular y ha atraído la mirada de muchos países en todo el mundo». Antoni Gutiérrez-Rubí, con más de tres décadas de experiencia profesional a sus espaldas desde que fundó su empresa con dieciocho años para rastrear nuevas tendencias, asegura que no había visto una lluvia semejante de iniciativas para mejorar la política desde los años setenta, es decir, desde que su generación y la de sus padres trajeron la democracia a España. Ahora otra generación ofrece su ira, su optimismo y sus recetas convencida como muchas antes que ellos de que saben cómo cambiar el mundo para siempre.

Cuentan para eso con el apoyo de buena parte de la sociedad, que, según los sondeos del Instituto Nacional de Estadística y los del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  está cansada de la corrupción, el abuso, la falta de transparencia y una insuficiente participación en las decisiones de los funcionarios y los legisladores. Cansados pero quizás no vencidos por el cansancio, furiosos pero sin ceder metros ante un pesimismo que proyecta su sombra de frustración entre los escombros del paro, los desahucios, la caída de los salarios o, simplemente, la sensación de que nada puede enderezarse en el reino y paraíso del Lazarillo de Tormes. Y, sin embargo, llevan más de tres años preparando plataformas que pueden cambiarlo casi todo y que, por encima de todo, los han cambiado a ellos. Acamparon como indignados. Han despertado ahora como emprendedores de sueños. Les queda todo el día por delante.

Fotografía: Christian Jiménez (CC).

Este ensayo forma parte de La Empresa de la Indignación, el ensayo del periodista económico Gonzalo Toca que publica Jot Down Books dentro de su serie 10K que se puede descargar aquí


Spain is different, not indifferent

Tercer aniversario del 15M. Foto: Cordon Press.
Tercer aniversario del 15M. Foto: Cordon Press.

La universidad del 15M: fundaciones, asociaciones y empresas  que enseñaron política a los indignados

Millones de españoles, jóvenes y no tan jóvenes, estaban indignados el 15 de mayo de 2011. En realidad, llevaban años angustiados y habían decidido, colectivamente y sin debate previo, que si el sistema actual era un callejón de salida única, la opción que les quedaba era simplemente evitar participar en él, no votar y manifestarse de vez en cuando para constatar que nadie acudía a las manifestaciones. A esta forma de desesperación se le llamó ser «apolítico»: eran indolentes, una hornada de privilegiados que solo se importaban a sí mismos, los hijos de una democracia por la que nunca habían luchado y que probablemente nunca hubieran merecido.

Los acontecimientos de mayo muestran un escenario diferente. Nos encontrábamos, en realidad, ante una generación integrada por grupos antisistema que no se aliaban con otros grupos antisistema, por revolucionarios que creían que la revolución solo podía hacerse a su manera, por miles de personas que habían decidido huir de la política porque la consideraban o corrupta o simplemente un modo de vida totalmente ajeno, el de un puñado de ediles, altos funcionarios, ministros y directivos de empresas públicas. También los había que creían sinceramente que, a pesar del esfuerzo que se le quisiera imprimir a cualquier movimiento, nadie había sido capaz de proponer una alternativa solvente que reformase unas instituciones hundidas en el desprestigio. Si la nada era la alternativa, tal vez estuviéramos mejor como estábamos.  O tal vez no.

Llamarlos apolíticos fue un error y esto se vio rápidamente cuando empezaron a ocuparse masivamente las plazas tras los desalojos del 16 y el 17 de mayo en Sol. Tenían una intuición política que se convertiría en el pegamento invisible que uniría todas estas conciencias indignadas durante meses: creían que hacía falta más democracia, que la soberanía popular debía imponerse a las demandas de bancos, acreedores y agencias de calificación y que la tecnología era su aliada, porque ni siquiera las tijeras de los recortes parecían capaces de amputar las alas de Twitter. El colectivo NoLesVotes pedía el fin del bipartidismo como reacción a las restricciones sobre la copia, descarga y reproducción de los contenidos digitales de la Ley Sinde; una ley que, según los papeles de WikiLeaks, había impuesto Estados Unidos a España de espaldas al electorado. Anonymous, un grupo internacional de hackers y activistas políticos que defendió las filtraciones de Julian Assange y dio cobertura más adelante a Occupy Wall Street, sumó su artillería y el folclore de sus máscaras a la oposición contra la ministra de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Llamarlos desmotivados e incluso desmotivadísimos habría sido más acertado. Aunque muchos estaban convencidos de que habían identificado la naturaleza de la crisis (era institucional) y una vaga solución (más y mejor democracia frente a un sistema marcado por un bipartidismo con listas cerradas, la corrupción, el compadreo entre políticos y grandes empresas sobre todo financieras, una mínima separación de poderes y la muerte lenta de la prensa tradicional como contrapoder), solo una minoría confiaba en que podía hacer algo para que los acontecimientos se precipitasen. Esa era la minoría que acudiría a la manifestación de Juventud Sin Futuro el 7 de abril y de Democracia Real Ya entre otros el mismo 15 de mayo.

¿Por qué creían que las movilizaciones les permitirían dar un vuelco a la situación? Los más progresistas tenían presentes respuestas populares a privatizaciones o durísimos planes de ajuste que habían desembocado en revoluciones (principalmente, el «movimiento zapatista» en México, la «guerra del agua» en Bolivia y el «caracazo» en Venezuela) o en la decapitación de un gobierno conservador que era reemplazado por otro izquierdista en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Colectivos como Juventud Sin Futuro acababan de ver cómo el 12 marzo un movimiento portugués muy parecido al suyo llamado Generación Precaria (Geração à Rasca) había congregado probablemente a más de cien mil manifestantes en Lisboa. Los miembros de Democracia Real Ya solo tenían que pulsar el control remoto de sus televisores para observar el éxito de las revueltas de la Primavera Árabe que muchos medios de comunicación occidentales interpretaron como el éxito de una idea occidental (la democracia liberal) gracias unas tecnologías occidentales (la telefonía móvil, las redes sociales e internet) que les habían permitido informarse, concienciarse y organizarse a millones de personas frente a unos tiranos soportados o al menos tolerados por Occidente. La explicación no era como para perderse: los europeos y los americanos, una vez más, éramos (nos creíamos) los auténticos protagonistas del drama.

No se puede exagerar el peso de aquella primavera que los españoles terminaron celebrando al filo del verano. El 20 de mayo, después de que se hubiesen ocupado la Puerta del Sol y la plaza de Cataluña, la acampada de Barcelona se estructuró en tres zonas de debate: Plaça Islàndia, Plaça Tahrir y Plaça Palestina. Solo tres años antes nadie hubiera sospechado qué podían tener en común las brasas y el polvo semidesértico de Egipto o Jerusalén con un país próximo al Círculo Polar Ártico. Nadie hubiera imaginado hasta qué punto Reikiavik haría honor a su significado en el idioma local: «bahía humeante».

Los islandeses habían mostrado que sus movilizaciones masivas podían provocar la reforma de la Constitución, el enfrentamiento directo con las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional por los planes de dolorosa austeridad que les estaban imponiendo, el procesamiento de algunos de los responsables de su crisis y, por último, la convocatoria de dos referéndums, el último en abril de 2011, en que rechazaron pagar con dinero público las deudas de sus bancos con los acreedores internacionales. La tecnología, especialmente las redes sociales, había ayudado a impulsar y vertebrar esta marea civil desde el principio.

El hielo se deshace

La desmotivación de aquella hornada de desencantados con la política se estaba disolviendo a pasos agigantados. Ahora parecía posible que la política no fuera cosa de ministros y alcaldes, que las movilizaciones capitaneadas en un primer momento por los jóvenes y propulsadas por Facebook o Twitter tuvieran consecuencias, que las revueltas civiles forzasen la reforma de instituciones hundidas en el descrédito y que los propios Gobiernos reconociesen que la soberanía popular estaba por encima de bancos y troikas. Fue entonces cuando los grupos antisistema, las numerosas asociaciones que solían protestar por su cuenta y miles de jóvenes, empleados o desempleados pero que no se identificaban necesariamente con las sensibilidades progresistas, descubrieron gracias a ¡Indignaos!, el libro de Stéphane Hessel presentado oficialmente en España a finales de marzo de 2011, que compartían algo tan fundamental que ni siquiera la ideología o las rencillas personales podían separar: la indignación.

El 15 de mayo de 2011 Democracia Real Ya convocó junto a otras asociaciones una manifestación a la que acudieron miles de personas, pero que no fue un éxito lo suficientemente abrumador como para anticipar el punto de inflexión que se iba a producir. Nadie había previsto acampar en Sol y nadie imaginó que esa acampada fuese a durar semanas. De hecho, fue algo tan inmediato en el tiempo como las experiencias de los primeros dos días de desalojos lo que llevó a los manifestantes a enviar cientos de mensajes a sus amigos para que se uniesen al menos para hacer bulto y que fuese prácticamente imposible echarlos sin víctimas o estampidas. Los que se habían tenido que ir a trabajar durante las mañanas del 16 y el 17 comprendieron que las fuerzas de seguridad habían aprovechado su ausencia para desmantelar un campamento que ni siquiera pensaban que iba a permanecer mucho tiempo.

La curiosidad y cobertura informativa que atrajo el fenómeno, su difusión a otras capitales españolas, la irreductibilidad de estos «galos» indignados frente a la policía y, ya el 18 de mayo, un dictamen de la Junta Electoral de Madrid que la consideraba una alteración injustificada de la jornada de reflexión, todo eso junto, convirtió a varias docenas de jóvenes durmiendo en sacos y lonas en una concentración masiva que, con una obsesión por más y mejor democracia, no es extraño que terminase organizándose como una gran asamblea.

Los «indignados», en los albores del movimiento 15M, poseían en común una vaga conciencia política muy marcada por la crisis y la convicción de que su tsunami social no podía reducirse a eslóganes y escaramuzas (de ahí la existencia de comisiones de estudio y de docenas de documentos de análisis discutidos tras debates interminables), que es lo que una generación anterior, la del editor de Los Libros del Lince, Enrique Murillo, había percibido como el «prise de parole sin mayores consecuencias» de un Mayo del 68 que dio paso en junio a otra victoria en las urnas del exgeneral Charles de Gaulle. ¿Quién ofrecería el programa de acción que necesitaba este movimiento y cómo sería capaz de hacerse escuchar entre el tumulto?

Empresas y fundaciones toman la palabra

Cuatro editoriales y dos laboratorios de ideas, seis instituciones en total, preparaban ya sus propias respuestas y no todas eran progresistas. Coincidían eso sí en que las protestas requerían un plan con medidas concretas, en que la crisis era institucional, en que la tecnología ofrecía un vehículo de comunicación excepcional y en que ellos, como intelectuales, tenían la oportunidad de participar en la conversación pero ninguna tentación de liderarla. Hacía falta más democracia, más debate público abierto y de calidad; no más élites políticas, empresariales o ilustradas que pastoreasen la discusión. No eran solo palabras: según Juan Luis Sánchez, entonces redactor de Periodismo Humano y hoy subdirector de eldiario.es, el día que se produjo el desalojo definitivo de Sol, al mismo tiempo que la policía arrancaba del suelo a los últimos concentrados, estos siguieron discutiendo y votando en asamblea cómo debían responder ante la carga.

Lengua de Trapo, la editorial, no iba a hacer honor a su nombre y empezó a rumiar su propia contestación a todo lo que estaba ocurriendo en barrios, plazas, rascacielos y edificios oficiales. Jorge Lago es uno de sus dos propietarios, además de coordinador de Cultura de Podemos y antiguo militante del PCE e Izquierda Unida. Este doctor en Sociología, que ha dado clase en másters públicos y privados, creyó hasta mayo de 2011 que sabía cómo y cuándo hacer la revolución: también era marxista.

Cuando Lago llegó a la acampada de Sol, que entonces ya se veía como algo que iba a durar, aquello «desbordó nuestros marcos, que eran demasiado pobres, demasiado inútiles». Se sorprendió al ver que «ya no se hablaba de la lucha de clases ni de izquierda y derecha, sino de arriba y abajo». Sentían que eran «el 99% frente al 1%» que manipulaba las instituciones, que vivía de la corrupción y que aprovechaba el bipartidismo de listas cerradas para impedir cualquier reforma sustancial. «Nadie sabía lo que había que hacer y todos escuchaban lo que tenían que decir los demás».

Los marxistas han discutido durante más de cien años el papel de los intelectuales en la revolución sin ponerse de acuerdo. El propio Karl Marx les legó una paradoja al afirmar que eran un colectivo de fundamental importancia para el advenimiento del comunismo y, al mismo tiempo, que su misión debía limitarse a asistir y ponerse al servicio del proletariado. Cuando le ofrecieron presidir la Internacional en 1868, el filósofo alemán dijo que no podía aceptarlo porque, según las actas oficiales de la reunión, «él trabajaba con la cabeza y no con las manos». Así revalidó su mandato el zapatero y legendario sindicalista británico George Odger.

Esa es la contradicción en la que parece vivir Lago. Advierte de que «los editores hemos ido a la zaga de las protestas» y aclara que ellos están «con la gente sin liderarla ni representarla». En un título que su sello publicó el año pasado, Lugares comunes: trece voces sobre la crisis, escribió junto a Pablo Bustinduy que «somos conscientes de que la política se hace en las calles, en los movimientos, en la acción de muchos y de muchas, no en los libros y mucho menos en las editoriales». Lo dice el editor de Lengua de Trapo poco antes de codirigir la campaña de Podemos y de convertirse en su coordinador de Cultura. Lo comparten uno de los editores de Icaria, Joan Carbonell, y los propietarios de Los Libros del Lince, Enrique Murillo, y de El Viejo Topo, Miguel Riera.

Enrique Murillo para Jot Down (3)
Enrique Murillo entrevistado por Jot Down. Foto: Alberto Gamazo.

La «conspiración» de los editores

Todos ellos apostaron primero por explicar una debacle financiera que para millones de españoles y jóvenes sin formación política se había convertido en una de las siete plagas que habían asaltado Egipto antes de la Plaza Tahrir. Lago llevó a las librerías en 2011 el exitoso ensayo Cleptopía, que, según él, «identifica las causas de la crisis, reconstruye lo que está ocurriendo y refuta que esto sea como un fenómeno meteorológico que nos haya caído sin más del cielo». La clave, recuerda Miguel Riera, consistía «en señalar el origen sin caer en el sectarismo de apuntar una única solución o un único colectivo que pudiera llevarla a cabo»; con sesenta y ocho años tenía muy presente «la forma en la que cada grupito ideológico de izquierdas había creado su propia cabecera en la Transición» para que, al final, «fuese la derecha quien terminase escribiendo una historia oficial que ahora la economía y la corrupción han puesto en evidencia».

También en 2011, Icaria lanza su colección Asaco, que se convertiría en su punta de lanza para abordar todo lo relacionado con la indignación que acababa de estallar. Joan Carbonell destaca títulos como Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan, un pequeño manual donde cinco académicos intentan destripar (en más de un sentido) el modo en el que ellos creen que las agendas de bancos y acreedores internacionales se imponen a los deseos de la sociedad. Para multiplicar su difusión, reconoce Carbonell, «los libros se vendieron con forma de panfleto a unos seis euros, ninguno pasaba de las cien páginas, se repartieron gratuitamente en las asambleas de los barrios cuando se descentralizó el 15M y muchos de ellos están colgados en nuestra Web para que se los descargue quien quiera siempre que se comprometa a no venderlos».

Enrique Murillo, despedido en 2008 por la editorial Leqtor por «incompatibilidad ideológica», fundó entonces y a los sesenta y cuatro años los Libros del Lince para dar rienda suelta a un pensamiento que fuese, al mismo tiempo, crítico, socarrón, agradable de leer e incómodo. Las estrecheces económicas —tuvo que despedirse a sí mismo y a todo su equipo para recortar un 80% el gasto y salvar su proyecto en 2012— le han impedido sacar colecciones enteras que respondieran al hambre de explicaciones alternativas sobre el mundo que sintieron y despertaron los indignados en una sociedad española que, según los sondeos de Metroscopia, llegó a verlos con simpatía en un 66% de los casos durante las acampadas de junio y en un 73% de los casos cuatro meses después de desmantelarlas.

Curiosamente y a pesar de eso, Murillo demostró una rara capacidad para adelantarse a los acontecimientos (en enero de 2011 descubrió en Montpellier el libro ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel, pero Planeta se lo arrebató porque no podía ofrecer un generoso anticipo). Al fin y al cabo, advierte, «había que ir más allá de los viejos esquemas de izquierda y derecha y los progresistas tenían que empezar nuevos debates sobre temas de los que no se habían ocupado nunca». En 2009 arrasó en las librerías con El crash de 2010 de Santiago Niño Becerra (alcanzó las doce ediciones) y un año después publicó Así no podemos seguir. Participación ciudadana y democracia parlamentaria, donde Paul Ginsborg anticipaba el «no nos representan» de los indignados y exploraba sus motivos.

Muchos editores comprometidos con el 15M necesitaban ir más allá de rastrear lo que había provocado la crisis. Solo habían pasado meses o semanas desde las manifestaciones cuando empezaron a presentar volúmenes donde las comisiones de las acampadas de Sol o Barcelona, los colectivos que las habían protagonizado o algunos de sus líderes daban su versión de los hechos y detallaban todas las reformas que proponían. Era el momento, afirma Joan Carbonell, «de verbalizar el discurso, de hacer propuestas y de poner cara y nombres a las ideas». Este es el momento de Les veus de les places o Juventud Sin Futuro (Icaria), y de Las voces del 15M (Panfletos del Lince). También es el instante preciso en el que el impresionante poder de atracción del movimiento y los preparativos de las pequeñas editoriales arrastran a las grandes. Destino, propiedad de Planeta, sacó Nosotros, los indignados: las voces comprometidas del #15M con un prólogo de Stéphane Hessel en julio de 2011.

Divididos, nos vencerán

Durante los años siguientes, el objetivo pasó a ser unificar una revuelta civil que ya era mayoritariamente progresista, pero que albergaba en su seno mil posiciones distintas, a veces marcadas por inmensas fallas generacionales y otras directamente por la ideología. Nuria Alabao, que además de ser periodista ha militado en asociaciones políticas de izquierdas durante años, reconoce que se miraban «en el espejo de la creación del Foro Social Mundial de Porto Alegre», una plataforma que integró a los movimientos antiglobalización de todo el mundo y ha hecho desde entonces de alternativa a la cumbre de las multinacionales, los académicos que defienden el capitalismo y los líderes políticos que acuden anualmente al Foro Económico Mundial de Davos. Existían paralelismos con el 15M: la fundación del Foro de Porto Alegre se había producido en Brasil después de unos disturbios masivos en Seattle contra la agenda política del FMI y el Banco Mundial y tras el espectacular asedio de la cumbre del G8 en Génova; los años anteriores habían estado marcados por programas de austeridad y reestructuraciones de deuda impuestos por acreedores internacionales en Latinoamérica; y, finalmente, uno de los dos promotores claves del Foro, ATTAC, se implicó claramente en las acampadas de Sol y Barcelona y convirtió la tasa mundial sobre las transacciones financieras en una de las principales exigencias de las movilizaciones españolas.

Jorge Lago, de Lengua de Trapo, intentó dar respuesta a la desunión presentando en 2013 una asamblea de diferentes sensibilidades sociales con Lugares comunes: trece voces sobre la crisis, donde aparece por ejemplo Alberto Garzón, el futuro rival y amigo de Podemos desde la comisión ejecutiva federal de Izquierda Unida. Icaria lanzó A Dos Voces, una línea editorial que ha puesto en las librerías hasta la fecha diez conversaciones entre dos personajes progresistas de las que destacan, por ejemplo, la de Juan Carlos Monedero con Julio Anguita o la de Pablo Iglesias con el conocido rapero Nega. Miguel Riera, desde un despacho en el pequeño edificio de dos plantas que alberga la redacción y el almacén de El Viejo Topo en la localidad barcelonesa de Cabrils, lleno por supuesto de cajas con libros y revistas por entregar envueltas por el zumbido del Mediterráneo que silba entre montículos de encinas y pinos, utilizó todo el músculo de su empresa para organizar en julio de 2014 una convención de plataformas de izquierdas de toda España para que aprendiesen del ejemplo integrador no solo de Podemos, sino también del Guanyem de Ada Colau (que había participado directamente en el 15M mediante la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), y lo implantasen en sus provincias a menos de un año de las elecciones autonómicas y locales. No lo hizo pensando en él, ni siquiera pensando en sus hijos: le preocupa la generación de los nietos a los que quiere cuidar para «dejar de ser el viejo topo» y convertirse sencillamente en su abuelo. «Después de haber despotricado durante décadas contra la familia burguesa, aquí me tienes… Lo que más me ilusiona es estar con ellos», me dice este guerrero cansado, pero no vencido por el cansancio, de setenta y un años poco antes de despedirse de mí en la estación de tren de Vilassar de Mar.

En realidad, no todos piensan y sienten igual que Riera. De hecho, pocas cosas le inquietan más en estos momentos a uno de los directores del think tank Fuhem, Santiago Álvarez Cantalapiedra, que el debilitamiento de la causa progresista por culpa de su división en mil y una iniciativas municipales. Todo después del esfuerzo realizado «a la hora de transformar la izquierda social en izquierda política», después de haber conseguido influir en el corazón de la agenda económica del 15M y después de convertir durante los últimos tres años la revista Papeles, que él mismo dirige desde Fuhem aunque la edite Icaria, en una máquina de proponer visiones alternativas a los indignados, desde que estos cambiaron las plazas por las asambleas en los barrios. Han pasado por sus páginas firmas muy reconocidas en el movimiento como dos de los pilares claves de Podemos (su «ideólogo» Juan Carlos Monedero y su jefe de campaña Íñigo Errejón), economistas como Félix Ovejero y Bibiana Medialdea, el historiador de los movimientos sociales Xavier Domènech Sampere o el filósofo y ensayista Santiago Alba Rico.

Pablo Iglesias en la presentación de Podemos, junio de 2014. Foto: Cordon Press.
Pablo Iglesias en la presentación de Podemos, junio de 2014. Foto: Cordon Press.

El momento de los laboratorios de ideas

Este laboratorio de ideas madrileño consiguió introducir sus diagnósticos y recetas en los debates del 15M abriendo un programa de encuentros e investigación con EconoNuestra (la Comisión de Economía de la Acampada de Sol), con plataformas de jóvenes desencantados como Juventud Sin Futuro y con otras asociaciones preocupadas por la situación que padecen las nuevas generaciones. El programa recibió el nombre de PAY (Precarity And Youth), se ocupa de gestionar un blog, de celebrar seminarios y de organizar un evento internacional donde se invita a los economistas más progresistas del norte y el sur del Viejo Continente, es decir, de los países acreedores como Alemania y de los deudores como España. Irónicamente lo financia la Comisión Europea, uno de los integrantes de la misma troika (los otros dos eran el BCE y el FMI) que impuso los durísimos programas de austeridad a Grecia o Portugal y cuya resistencia convirtió a Islandia en el modelo a seguir para miles de indignados.

La revista Papeles, que dirige Álvarez Cantalapiedra, se propuso lanzar una batería de propuestas que «nos permitieran a todos huir de las soflamas o los eslóganes» que tanto éxito mediático habían cosechado. Apartando de un plumazo «no hay pan para tanto chorizo» o «dimitir no es un apellido ruso», se concentró en dar una respuesta académica a tres de las preguntas que más habían marcado las acampadas: ¿Cómo se podía ampliar la democracia? ¿Por qué los Gobiernos recortaban los servicios públicos cuando más se necesitaban? ¿Había alternativas al capitalismo?

La contestación a la primera pregunta era «sí», pero, ellos afirman que necesitarían acabar primero con la Transición como gran referente moral, apostar por un modelo republicano y participativo frente a uno liberal (donde la política sería, según ellos, solo para los políticos) y promulgar una nueva Constitución que garantizase más y mejores derechos sociales. En segundo lugar, los Gobiernos recortaban los servicios públicos, porque estaban aprovechando la excusa de la crisis para desmantelar parte del estado de derecho y el estado del bienestar, para restringir los derechos a expresarse y manifestarse contra ellos y para aprobar otras medidas que solo agravarían aún más la desigualdad. Por último, las alternativas al capitalismo tal y como lo conocemos iban desde reformas relativamente ligeras como imponer una tasa mundial sobre las transacciones financieras hasta otras más revolucionarias como cambiar los pilares del sistema monetario internacional o democratizar todas las grandes decisiones económicas y empresariales. Todos los ensayos vinculados fueron publicados primero en la revista de Fuhem.

Álvarez Cantalapiedra se quedó con ganas de más por «no haber influido también a la hora de situar en el centro del debate temas como la crisis ecológica o la cuestión de género». Si hubiera tenido éxito, habría dado mucho más trabajo a Juan Ramón Rallo, el joven economista de solo treinta años y director del principal think tank liberal, el Instituto Juan de Mariana, desde el que se concentraba en estudiar unas ideas que «había que combatir frontal e intelectualmente pero sin caer en descalificaciones ni crear frentes absurdos».

El Juan de Mariana, soportado por las cuotas de sus trescientos socios y sus aportaciones de trabajo voluntario, lleva una década intentando desafiar muchas de las ideas de consenso que convirtieron a los partidos mayoritarios en el animal de dos cabezas y un solo corazón que los indignados perciben cuando los llaman «PPSOE». Rallo cree que los grandes puntales con los que su centro intenta cambiar la realidad son «el desarrollo de ideas mediante análisis y estudios de fondo; la formación a través de nuestras conferencias de los sábados, los seminarios de profundización y la universidad de verano que organizamos para sesenta jóvenes en Lanzarote todos los años; y una divulgación que pasa por la participación de nuestros colaboradores en los medios y la producción o coproducción de documentales sobre el origen de la crisis y sus soluciones como Fraude o Bancarrota».

Las redes sociales y la tecnología les han permitido vertebrar mejor su indignación «conservadora», difundir su discurso y criticar con dureza las medidas primero de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Mariano Rajoy. Los debates e intercambios se han sucedido en foros como Twitter, donde el director del instituto posee más de 24.500 seguidores y dos de sus colaboradores habituales, Daniel Lacalle y María Blanco, acumulan más de 40.000 seguidores en total. A veces estos intercambios se han hecho más físicos como cuando El Confidencial organizó y moderó una discusión en vídeo entre el propio Daniel Lacalle y Nacho Álvarez, profesor de la Universidad de Valladolid y representante de Podemos.

La indignación no es de izquierdas

Para Rallo «era posible ser indignado y no ser de izquierdas». De hecho, reconoce, era posible no ser de izquierdas y estar igual de indignados que ellos ante un modelo de banca «rechazable» y unas entidades que «deberían pagar sus rescates», ante una Constitución de 1978 «larguísima y mal diseñada», ante un bipartidismo marcado por el «nefasto comportamiento» de los partidos mayoritarios o ante la realidad de que «muchas aunque de ninguna manera todas las grandes empresas han crecido al calor de sus buenos contactos con la Administración». También advierte de que, a pesar de las enormes diferencias políticas, existe una serie de recetas que él y Pablo Iglesias podrían compartir: reformar la Constitución (unos para acercarla al modelo estadounidense y otros para aproximarla al bolivariano), proteger mejor los derechos civiles, garantizar la independencia de la Justicia y desplegar nuevos mecanismos para prevenir la corrupción.

Al principio, el 15M fue un movimiento transversal que nacía de una vaga conciencia política llena de ansias de reformas democráticas. Creían que podían reinventar unas instituciones que blindaban a los partidos mayoritarios (definidos, según ellos, por listas cerradas, ideas casi intercambiables y una lluvia de imputados por tráfico de influencias o cobro de comisiones ilegales) y que favorecían a grandes empresas y bancos próximos al poder aunque hubiera que sacrificar por el camino los intereses e impuestos de Juan Español. Los primeros éxitos de la Primavera Árabe o de las manifestaciones en Grecia o Portugal habían inoculado la esperanza de un cambio real que podía ser capitaneado por los jóvenes al menos en un primer momento.

Allí cabían al mismo tiempo y sin darse codazos las agendas de grupos tan distintos como los viejos antisistema, progresistas como los analistas de Fuhem o los editores de Lengua de Trapo, Icaria, El Viejo Topo y Los Libros del Lince, y también los jóvenes liberales que desconfiaban de las ambiciones de los grandes partidos. Con el paso de las semanas, los que no participaban de las visiones más progresistas o aquellos que se desesperaban ante la enorme dificultad de forjar consensos en las asambleas fueron sintiéndose cada vez más en minoría y fuera de lugar.

Luis Garicano, uno de los economistas liberales de referencia durante la crisis y coautor del blog Nada Es Gratis, publicó un post el 19 de mayo donde ofrecía tres propuestas a los indignados y reconocía su alegría por que «os hayáis decidido a dar un puñetazo en la mesa y expresar vuestro hartazgo». El 16 de junio, casi un mes después, se declaraba en otro post «indignado con los indignados» por una deriva antisistema que había provocado ya los primeros escraches violentos frente a los domicilios de políticos como el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Solo un año más tarde, Garicano (junto con otros economistas y coautores del blog como Jesús Fernández-Villaverde y Tano Santos) inició un enfrentamiento desde las páginas de El País con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Demandaban «urgentemente un nuevo Gobierno, con apoyo de todos los partidos mayoritarios y de nuestros expresidentes, compuesto por políticos competentes y técnicos intachables con amplios conocimientos de su cartera».

De un modo no tan distinto al de muchos de los que durmieron en Sol o la plaza de Cataluña, pedían más democracia para refundar una España que sería «moderna, con instituciones fuertes e independientes, con un nivel de vida elevado, un sistema educativo abierto pero exigente y un estado del bienestar sostenible». Eso sí, ellos creían, al igual que muchos españoles, que esa nueva Transición debían conducirla las principales formaciones políticas, porque poseían la legitimidad de los votos, el poder y la altura de miras que iban a necesitar para forjar esos consensos, mientras que las huestes del 15M las habían juzgado incapaces de hacer algo que no fuera satisfacer unos intereses insaciables a costa de los del resto. La fundación FEDEA, que aportaba toda la financiación y soporte informático y administrativo a Nada Es Gratis, se vio obligada a desvincularse del proyecto el pasado mes de abril, es decir, menos de dos años después de que un periodista muy próximo a La Moncloa considerase «cuando menos poco probable que los patronos de la Fundación, los que ponen el dinero con el que se paga a economistas supuestamente de reconocido prestigio para que escriban artículos como el mencionado [el que publicaron en El País], estén dispuestos a respaldar semejante propuesta de golpe de Estado… ¿O sí?». Los tres firmantes eran y siguen siendo profesores en Columbia, la Universidad de Pensilvania y la London School of Economics.

El final de las acampadas, el desencanto de muchos como los analistas de Nada Es Gratis, o la separación de los grupos en diversas ideologías o movimientos quizás fueron inevitables, porque el pegamento invisible que los unía era la pasión y no el matrimonio, es decir, la intuición y la rabia ante las injusticias que percibían y no los programas o las medidas concretas para abordarlas. Aquel final no se recordará probablemente como la última curva del camino, sino como el bautismo de fuego de una generación y una sociedad que han aprendido a movilizarse al margen de los grandes partidos y sindicatos, a confiar en su capacidad para transformar la política y a discutir durante horas con quienes piensan diferente sin ponerse de acuerdo nunca y sin abandonar por eso ni la conversación ni una lata de cerveza caliente por el sol del verano, seco en Madrid, húmedo en Barcelona y tan espumeante y ambiguo como allí en el resto de las capitales españolas que vieron sus plazas ocupadas. Ellos dijeron que sus manos eran sus únicas armas y que nadie los representaba: muchos están construyendo con sus manos proyectos y alternativas que ayuden a crear la visión, por supuesto incompatible y contradictoria, de un mundo que nunca será su voluntad y su representación. Decenas de asociaciones, empresas y fundaciones los han acompañado hasta ahora y esperan seguir haciéndolo mientras muchos españoles se preguntan si será verdad aquello que un militante del 15M paseó en su pancarta por las calles de Londres, frente a esos humeantes volcanes de vidrio y acero que son los rascacielos de la City, en los meses mayo y junio de 2011: «Spain is different, not indifferent».


Empresas que demuestran que otro capitalismo es posible

Viene de Capitalismo indignado: ¿Sirven las empresa para hacer la revolución?

Peru Sasía, como él mismo reconoce, es un indignado adelantado a su tiempo y ese es el espíritu de la peculiar cooperativa que preside desde que empezó a soñarla en 2000 y abrió sus puertas tres años después de la mano de universidades, redes de economía solidaria, ONG y el apoyo de Cáritas. Su Fundación de Inversión y Ahorro Responsable, mejor conocida como FIARE, obtuvo el 16 de julio de 2014 la última autorización que necesitaba para operar como entidad financiera en España de la mano de la Banca Popolare Etica, con quien se fusionaron dos años antes para absorber rápidamente su larga experiencia compitiendo de tú a tú con bancos convencionales en Italia y ganar peso hasta alcanzar las cincuenta mil colaboradores. Los socios de FIARE habrán invertido desde que se pusieron en marcha hasta que inauguren en otoño su primera sucursal a pie de calle en Bilbao, que es donde nacieron, alrededor de cuatro millones de euros… «Y eso sin contar con lo que nos hubiera costado el trabajo voluntario que no hemos tenido que pagar o el alquiler de los espacios que nos han cedido gratuitamente», advierte Sasía para remachar, a renglón seguido, que «todo lo hemos hecho sin deudas, sin deber nada a nadie».

El primer gran puntal de los principios de esta empresa, según su presidente, es «responder al derecho al crédito que tienen iniciativas como el pequeño cooperativismo, el comercio justo, la cooperación al desarrollo, la agricultura ecológica, la lucha contra la exclusión o la formación en determinados valores». Uno de los muros que muchas propuestas serias y viables de este tipo no pueden sortear pasa por el acceso a financiación, que es costosísima, y el poco interés que despiertan en unos bancos que están diseñados para mirar sus beneficios con la calculadora en la mano y no mediante el dificilísimo y escurridizo Excel del impacto social.

El segundo gran puntal consiste en lo que Peru Sasía llama «construir ciudadanía», es decir, en «generar una red de seguridad de organizaciones comprometidas con el proyecto, que, por ejemplo, en 2014 llegaron a quinientas en toda España». De esta forma, la entidad financiera ya no es simplemente una empresa, sino una enorme comunidad con docenas de tentáculos esparcidos geográficamente. Su función también recuerda, en parte, a aquellas pequeñas sucursales bancarias de los pueblos que, más allá de prestar o captar dinero, ayudaban a vertebrar la vida en común de Paco el panadero, Patricia, la dueña del bar con las mejores croquetas de queso, o Juan, el señorito que paseaba su nuevo tractor por los trigales como si fuese un Rolls-Royce.

El tercer gran puntal está directamente relacionado con «recoger la indignación de unas personas que necesitan saber y decidir qué se hace con su dinero en todo momento», algo que comparten desde hace años los liberales, que reclaman que todas las entidades informen, pidan permiso y paguen a los titulares de los depósitos utilizados para financiar sus operaciones de crédito. El presidente de FIARE se propone conseguirlo estableciendo «un canal continuo de comunicación y consulta con nuestros clientes», que crecen como ciudadanos al asumir la responsabilidad sobre cómo se utilizan sus ahorros y sobre los riesgos que comportan sus decisiones. Es cierto que no les ofrecerán cualquier proyecto de inversión, sino «solo aquellos que superen el doble corte de una comisión específica e independiente que evalúe el impacto social y de una comisión de viabilidad económico-financiera tan rigurosa o más que la del resto de las entidades». No quieren contribuir a empedrar el infierno con otra ración de buenas intenciones.

fiare

No es país para opacos

De ese peligro también huyen los catalanes de Coop57, una cooperativa de crédito que entre 2008 y 2013 concedió treinta y cinco millones de euros en préstamos. «Todos se concedieron después de un estudio técnico absolutamente financiero, con la mayor transparencia, especialmente de cara a nuestros socios, y por supuesto con una evaluación de impacto social», advierte su responsable de comunicación Xavier Teis.

Coop57 nació en 1995 para ayudar a algunos de los trabajadores de la editorial Bruguera, el sello de Zipi y Zape y Mortadelo y Filemón, a intentar colectivizar una empresa que se derrumbó después de muchos tumbos en 1986 y a financiar la transición del empleo de toda la vida a un mercado laboral ayuno de certidumbres. Bruguera era una vieja pyme familiar, fundada por Juan Bruguera Teixidó en 1910 con otro nombre, El Gato Negro, y una estructura típicamente piramidal. Los gestores en los que delegó la tercera generación de la familia no fueron capaces de lidiar con la crisis económica de principios de los ochenta, pasaron de lo piramidal a lo faraónico sacando al mercado muchos más títulos de los que podían venderpara obtener grandes beneficios y, finalmente, contrajeron una deuda que terminó arrasando el mismo proyecto que publicó Crónica de una muerte anunciada por primera vez en España tan solo cinco años antes de anunciar su propia muerte. Esa experiencia, trufada de ironía y tragedia, condicionó unos principios fundacionales de Coop57 que, según Xavier Teis, pasan por «apostar por una economía basada en las personas, por ser una empresa organizada democráticamente, por dar prioridad a la inserción laboral y por producir con vistas a satisfacer las necesidades humanas y no a maximizar el beneficio».

En 2014 batieron su récord al alcanzar el número de seiscientas entidades financiadas, unas entidades de servicios que tienen que ser siempre miembros de la cooperativa, y la cifra de tres mil socios colaboradores, que depositan voluntariamente sus ahorros a cambio de participar en las decisiones estratégicas de la empresa y de obtener unos intereses que se establecen anualmente en asamblea. De un modo parecido a FIARE, surfearon con maestría el tsunami de la indignación que cristalizó en 2011 hasta el punto de que las aportaciones de los socios colaboradores, que pueden perderse totalmente si quien recibe el crédito no devuelve el dinero, pasaron de siete millones y medio de euros en 2010 a más de veinte millones de euros solo tres años después. Incluso muchos de los indignados que no abrían sus propios negocios para mejorar el capitalismo o reemplazarlo por otro sistema apostaban por apoyar plataformas que sí parecían cumplir con aquella misión.

Urquinaona no es Manhattan 

FIARE y Coop57 no luchan por sus ideas y negocios en solitario, sino que pertenecen a organizaciones como la Red de Economía Solidaria de Cataluña, mejor conocida como «la XES» por las siglas de su nombre en catalán. Allí comparten convicciones y a veces también espacio, como ocurre con el edificio de tres plantas, diáfano y sin columnas que han alquilado en la barcelonesa calle Casp (Coop57 no se encuentra físicamente allí), a pocos metros de la plaza de Urquinaona. Es una estructura donde cada cooperativa tiene su espacio marcado por un tarjetón que cuelga del techo y que reserva la azotea para albergar la cocina y una pequeña terraza descubierta con placas solares, macetas de huerto ecológico y una amplia mesa rústica de madera. Allí, en esa terraza, es donde Xavier Palos, coordinador de la XES, quiere explicarme «a qué nos dedicamos, quiénes somos y por qué muchas veces nuestros hijos pequeños no son capaces de entender lo que hacemos». Es verdad que cuando los héroes de películas o cómics, que los enanos de la casa suelen devorar, intentan salvar el mundo no suelen sacar, a renglón seguido, el pliego de constitución de una cooperativa. Ni siquiera lo hacen las enfermeras y enfermeros, médicos, bomberos, abogados justicieros o policías que todos quisimos ser cuando descubrimos que había que conformarse con ayudar a los demás sin tener superpoderes.

Pero con superpoderes o sin ellos, lo cierto es que la XES ha logrado tejer una sorprendente constelación de servicios cooperativos a partir unas pequeñas unidades que no han dejado que ni su misión ni su autonomía se diluyan. Xavier Palos distingue dos momentos claves en la historia reciente de esta red de redes El primero fue «su fundación en 2001 gracias al enorme empuje del primer Foro Social Mundial de Porto Alegre [la plataforma que utilizan cientos de ONG y movimientos sociales para reunirse y hacer de contracumbre al Foro Económico Mundial de Davos, donde participan directivos de multinacionales e intelectuales liberales], que nos enseñó a ver que existía otra globalización posible y que no estábamos ni mucho menos solos». El segundo, recuerda, «fue probablemente el estallido del 15M, porque multiplicó por diez nuestras actividades de difusión, aprendimos a soñar a lo grande y empezamos a atrevernos con nuevos proyectos». En septiembre de 2011, trece miembros de la XES decidieron integrarse más y crear un enorme grupo cooperativo (ECOS) con miles de socios. En 2012, la XES inauguró la Fira d’Economia Solidària de Catalunya y, recuerda Palos, vinieron doce mil personas a la primera y veinte mil a la segunda un año después. «La feria sirve para demostrar que somos la alternativa al capitalismo». Docenas de firmas han hecho cola en las últimas dos ediciones y para la tercera, a finales de octubre, ya han superado las ciento setenta empresas inscritas.

Comparten piso en la calle Casp desde el Observatorio DESC, dedicado al análisis del mercado de la vivienda y lugar de nacimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha liderado desde allí mismo Ada Colau durante los últimos años, hasta NUSOS, orientada a la difusión cultural y gestora de subcontratas de entidades como el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona,  o consultoras como Hobest,  Calidoscoop o  Labcoop, focalizadas en transformar a los miembros de las ONG en unos emprendedores sociales que no dependan tanto de las ayudas y subvenciones públicas. Por supuesto, los más de cien miembros de la Red de Economía Solidaria no entrarían aunque quisieran en el edificio y acaban de alquilar otro de setecientos metros cuadrados.

Renovar las renovables

Entre ese centenar largo destacan Som Energia y Arçcoop. La primera es una plataforma que compra en el mercado solo la electricidad que provenga de fuentes cien por cien renovables y se la proporciona a sus socios a través de la red de las compañías tradicionales. Reconocen haber invertido, a veces en solitario y otras con colaboradores como AE3000, más de dos millones de euros en desarrollar cinco pequeños huertos solares, que producen lo que consumirían casi doscientas cincuenta familias según sus cálculos, y en construir una considerable planta de biogás de quinientos kilowatios en Lérida. En el sitio web de esta empresa con más de quince mil socios se leen claramente sus intenciones: «No debemos esperar a que los gobiernos lo hagan por nosotros, lo podemos hacer nosotros si nos lo proponemos». Es uno de los puntos en los que estos progresistas y muchos liberales, cegados hasta hoy por sus diferencias en otros muchos asuntos, podrían compartir pasión, intereses y agenda.

«Fuimos críticos con las renovables en los últimos años no porque no nos gusten, a muchos de nosotros nos encantaría que las energías limpias triunfasen, sino porque el Estado ni debe asumir el papel del capital riesgo poniendo el dinero de todos en ellas, ni debió hacerlo con tasas a las eléctricas que se han demostrado un fracaso», advierte Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, que es el principal think tank liberal español y no acepta ningún tipo de subvención pública para financiarse.

Arçcoop también dedica parte de su actividad a las energías verdes, pero desde el ángulo del sector financiero. Ofrecen esencialmente asesoramiento y gestión en la compra de seguros para proteger unos proyectos e instalaciones que necesitan como el agua cubrir y limitar los riesgos. «Poseen una rama de correduría de seguros, donde han conseguido convertirse en los líderes europeos en el segmento de los productos éticos, y tienen también una cooperativa de consumo responsable», matiza Xavier Palos, coordinador de la Red de Economía Solidaria de Cataluña.

Fuera del mundo cooperativo, dentro del sector financiero y con más ganas de mejorar el capitalismo que de reemplazarlo se encuentran las dos mayores plataformas de crowdfunding de habla hispana. Verkami nació en 2010 y Goteo en 2011 con la idea de canalizar millones de euros salidos directamente de las donaciones de sus usuarios hacia creaciones artísticas con dificultades para encontrar mecenas. El momento de su concepción no fue un accidente: seguían la estela del éxito de la mayor firma mundial del sector, Kickstarter, que abrió sus puertas en Estados Unidos en 2009 basándose en un modelo tan sencillo como cobrar un porcentaje por cada campaña exitosa; además, las ayudas a la cultura, que habían escalado a toda velocidad entre 2000 y 2007, descendieron gradualmente desde 2008 y, a partir de 2011, se desplomaron como un arcón de madera de diez toneladas que se parte en pedazos, risco a risco, mientras se precipita por un acantilado. Las ilusiones de docenas de jóvenes músicos, diseñadores de videojuegos o productores audiovisuales, desconocidos en su mayoría, parecían haberse mudado al bulevar de los sueños rotos.

Los mileuristas pueden ser grandes mecenas 

Joan Sala y sus hijos, Adrià y Jonàs, los tres dueños y socios de Verkami, han intentado demostrar desde 2010 que estas amarguras, como en la vieja canción de Sabina, no tenían por qué ser tan amargas. Así, sus campañas, que han resultado exitosas en un 70% de los casos frente al 40% del que presume Kickstarter, se han extendido a ámbitos tan diversos como el cultivo de aceite orgánico o el patrocinio de medios de comunicación en plena denuncia contra el abuso. Así fue cómo la diminuta revista gratuita catalana Café amb Llet, editada y dirigida por Albano Dante y Marta Sibina, consiguió financiar la publicación de un libro que documentaba gravísimas irregularidades en el sistema regional de salud, pagó a sus abogados cuando un asesor de Artur Mas los llevó a los tribunales y logró sacar a la calle ciento cuarenta y cinco mil ejemplares mensuales durante cuatro meses, más que La Vanguardia o la edición regional de El País, para inundar Cataluña con una información alternativa en cuyas páginas no se admite publicidad de ningún miembro del Ibex35.

«Por supuesto, la música es lo más sencillo y para los juegos de mesa, en fin, hemos contratado a algún especialista», reconoce Jonàs, que dejó una beca posdoctoral en Físicas para apostar por el negocio que su padre, biólogo, y su hermano, historiador del arte, también querían fundar desde su «garaje familiar» en Mataró. El libro de poemas de Patricia Heras, la joven que se suicidó por culpa de la presión policial según el documental Ciutat Morta que produjo Metromuster, se publicó póstumamente gracias en gran medida a los ciento veintiún donantes que sus amigos captaron en Verkami. Pidieron miil quinientos euros para cubrir la mitad de los gastos de impresión y obtuvieron dos mil ciento noventa euros.

A diferencia de las subvenciones dirigidas por estados o administraciones, clientelistas pero también cuantiosísimas, esta plataforma busca tres grandes objetivos además de «ayudar a llevar las creaciones a cabo». El primero es configurar una comunidad de personas afines a partir de un proyecto que les emocione. Un ejemplo sencillo, recuerda Jonàs Salas, «puede ser que si ayudas a producir un libro o una película, los beneficiados te recompensen invitándote a la presentación o al rodaje… Una presentación y un rodaje de los que pueden salir nuevas ideas y amistades, porque vas a conocer gente con la que ya has colaborado de algún modo y con la que compartes intereses». El segundo objetivo implica cultivar la responsabilidad de los creadores que buscan mecenas, porque «son ellos los que llevarán el peso de la promoción de sus ideas en las redes sociales y son ellos los que tendrán que asumir la vergüenza y el descrédito si no dan las recompensas que prometieron a sus donantes», y de los mecenas que pierden su dinero por fiarse de unos creadores que se niegan a cumplir. El tercer objetivo de Verkami pasa por defender unos principios que no son neutros: «Creemos en el emprendimiento social y ecológico, no aceptaríamos ninguna campaña que justifique discursos de odio y tendríamos muchas dudas a la hora de abrir la puerta a iniciativas que sirvan para oponerse a derechos que consideramos fundamentales para las mujeres como el aborto». Al margen de eso, apunta, «nos esforzamos mucho por trabajar con todos por igual y no queremos ser jueces de nadie».

Goteo, una ONG lanzada por el colectivo de software libre Platoniq, comparte esa misma agenda moral pero la lleva más lejos. Para empezar, amplían la idea de comunidad y apuestan por el llamado crowdsourcing, es decir, que su plataforma permite ofrecer equipos, herramientas y habilidades (y no solo donaciones monetarias) para hacer realidad los proyectos que se propongan. En este sentido, recuerda Enric Senabre, cofundador de la ONG, ponen en marcha «dinámicas de cocreación en las que juntamos a la gente en grupos pequeños donde les animamos a plasmar conjuntamente sus ideas en un prototipo físico, un collage por ejemplo, y a preguntarse si el resultado beneficiará a la sociedad, si tendrá crowdbenefits».

Es a la hora de establecer el fruto de cada campaña o producto para la comunidad cuando muestra el hocico lo que Yolanda Quintana llamaba la «ética hacker»Mercè Moreno, actual coordinadora de campañas, subraya que «la cultura es un bien común que no puede ser privatizado» y que «dos de las grandes metas de Goteo son distribuir entre la gente un poder que antes estaba concentrado y darles la posibilidad de mejorar la sociedad con sus ideas y donaciones». Para ello, advierte Senabre, «es fundamental el empleo del código abierto, pedimos a los que saquen adelante sus proyectos con nosotros que elaboren un manual para que sus obras sean replicables y trazables en el ciberespacio, exigimos que la iniciativa que se quiera financiar tenga un claro retorno colectivo (si todo sale bien) y ofrecemos un completo repositorio de campañas pasadas que cualquiera puede consultar en nuestra Web para inspirarse». Aprovecharon la experiencia de proyectos como Burn Station, una base de datos y herramienta de distribución de grupos de música independiente, o el Banco Común Conocimientos, un experimento de crowdsourcing que llegó a convocar miniferias de intercambio de habilidades para decenas de usuarios.

Aunque Senabre apunta que «Goteo es producto de la indignación que estalló en mayo de 2011», buena parte de su financiación la han aportado desde el principio organismos oficiales como el Ministerio de Cultura o el CoNCA catalán, centros dependientes de la Administración como el Instituto de Cultura de Barcelona o el Centro de Cultura Contemporánea de Cataluña y plataformas que defienden el procomún y los principios delsoftware libre como ColaBoraBora gracias en gran medida al apoyo del Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya. Todo ello no le impidió a Platoniq, tan solo meses antes de fundar Goteo, diseñar herramientas como el Tweetometro (un sistema para votar mediante tuits en las asambleas) o Bookcamping (la biblioteca abierta y colaborativa nacida a la luz del 15M) o, ya mediante las donaciones de Goteo en enero de 2012, facilitar la creación y lanzamiento de tuderechoasaber.es, el sitio Web con el que la Fundación Civio y Access Info tramitan las solicitudes de miles de españoles que exigen más transparencia (y ponen en aprietos) a instituciones de todo tipo y condición. De hecho, Mercè Moreno y Enric Senabre creen que su plataforma es un canal ideal para que el dinero de la responsabilidad social corporativa de muchas firmas y buena parte de las ayudas públicas se dirijan hacia iniciativas que de verdad interesan a la gente (campañas que están en marcha) o se den a conocer al mismo tiempo que potencian la implicación de los usuarios que se animen a cofinanciarlas con sus ahorrillos. Esto es lo que han bautizado como «capital riego» para marcar distancias con el viejo, ciclópeo, temido y probablemente necesario capital riesgo.

Tal vez la financiación y creación colectiva de estos dos pequeños gigantes, Goteo y Verkami, no lleguen nunca a suplir el maná de las viejas subvenciones; quizás las cooperativas como ECOS tampoco puedan reemplazar a las grandes multinacionales para las que quieren ser alternativa aunque la facturación de negocios como el suyo representen el 12% del PIB español o ciento cincuenta mil millones de euros; es igualmente probable que entidades como Coop57 o bancos éticos como FIARE se vean reducidos a un espacio mínimo frente a imperios transnacionales como el Santander o el BBVA. Muchos de ellos no abandonarán una misión que pasa por poner sobre la mesa un capitalismo que insista en la responsabilidad individual (como ahorradores, productores, creadores y consumidores), en una visión política del mundo (donde los valores progresistas, liberales y piratas se abrazan, pero no así muchos de los conservadores), en la sostenibilidad (favoreciendo desde cada hogar las energías más limpias excluyendo, por lo general, la nuclear) y en la comunidad (con negocios que intentan configurar colectivos nuevos en el ciberespacio, vertebrar barrios desestructurados o justificar que el conocimiento más relevante deba ser libre, replicable y gratuito). Otros, los más progresistas, contemplarán estos pasos como la meta volante hacia el final de un capitalismo que consideran genéticamente injusto. Todos ellos, en suma, aspiran a recomponer los sueños rotos de una sociedad arrasada por el paro y la frustración, por la corrupción, el saqueo, la estafa o como prefiera llamarse. Su trabajo, delicado y constante, quiere ser también una empresa, un proyecto duradero que cambie las cosas y les permita vivir cómodamente de defender aquello en lo que creen. Si se puede emprender la revolución, ellos se comprometen a intentarlo. Y a disfrutar y hacer disfrutar a sus socios y clientes con su labor. Al fin y al cabo, el sentimiento que predominó en las plazas durante aquellos lejanos mayo y junio de 2011 no fue ni la ira, ni la rabia ni la tristeza. Fue la esperanza  y, por eso, una de las últimas pancartas que se vieron colgadas en Sol fue esta: «No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia». No, esto no termina aquí.


Capitalismo indignado: ¿Sirven las empresas para hacer la revolución?

Un manifestante frente al edificio de Goldman Sachs en Nueva York. Fotografía: Cordon Press.

«Follar cada cuatro años no es vida sexual; votar cada cuatro años no es vida electoral», «Lo llaman democracia y no lo es» y «Que no, que no nos representan». Las ansias de más y mejor democracia envolvían las proclamas del 15M y las de la indignación que se estaba generalizando en España en 2011. Había que refundar las instituciones, había que buscar nuevos medios para comunicarse con los demás y con el poder, y había que transformar un mercado pasto del «saqueo»[1] o «la estafa[2]», que coronaría su siniestro reinado con hasta 1700 causas abiertas[3] por corrupción en los tribunales solo tres años después. Muchos creían que el capitalismo no estaba en crisis, sino que este capitalismo era la madre de todas las crisis. ¿Por qué? Por falta de democracia, porque los controles del sistema habían saltado por los aires, porque el ser humano ya no era patrón sino marinero de su propia vida. Ellos sentían que su momento había llegado: «Cerrado por revolución: disfruten las molestias».

Con independencia de si su conclusión era correcta, lo cierto es que muchos de los que creían en una alternativa al capitalismo tal y como lo habíamos conocido se lanzaron en tromba a fundar sus propios negocios, a sumarse como clientes si les encantaban las ideas o a aprovechar la catapulta de la ira popular para que los vientos de semejante monzón multiplicasen la velocidad de crucero de los proyectos que llevaban años en marcha. Incluso en Estados Unidos las llamadas benefit corporations, un tipo de empresas que asumen firmes compromisos sociales hasta el punto de que sus accionistas pueden denunciar al consejo de administración si no los cumplen, pasaron de no recibir ninguna protección o regulación favorable en todo el país en 2010 a disfrutar de ellas en diecinueve estados solo tres años después.

En 2012, la inscripción de las primeras benefit corporations en el registro de California desató un enorme boom mediático y en agosto de 2013 se incorporó a la ola de cambio Plum Organics, una de las quinientas mayores cotizadas de la primera economía mundial y la gigantesca filial de Sopas Campbell dedicada a la alimentación de bebés. Todo ello ha abierto la discusión[4], en la misma cuna donde nació la desregulación financiera a finales de los noventa, sobre si ha llegado el final de una era en la que las compañías podían limitarse a satisfacer las demandas de las leyes o el apetito de consumidores y accionistas sin preocuparse (y dedicar ingentes recursos) a cuestiones como el impacto social, la ayuda a los más desfavorecidos o el medio ambiente. Republicanos y demócratas fueron de la mano en uno de los peores momentos de polarización política de la historia reciente del país y sacaron adelante las normas que necesitaba este nuevo modelo para operar y expandirse rápidamente. Aunque estos «negocios con conciencia» no formaron parte de las grandes discusiones que surgieron en las acampadas del parque Zuccotti en 2011, muchos de los miembros del movimiento Occupy Wall Street los consideraron más adelante una alternativa al sistema que merecía ser explorada a fondo. Según Nielsen[5], entre 2011 y 2013 el porcentaje de consumidores dispuestos a pagar más por un producto que ofreciese algún beneficio social como donaciones a una ONG pasó del 33% al 44% en Estados Unidos y del 31% al 40% en España.

Fotografía: Fibonacci Blue (CC).

La euforia y, por supuesto, el miedo al fracaso se extendían como fuego sobre gasolina entre los españoles que habían pasado de la indignación al emprendimiento… Pero un momento: ¿Iban a convertirse en empresarios para luchar contra el capitalismo? ¿Pedirían créditos a las entidades financieras para atacar a los bancos que se los concedían? ¿Se estaban traicionando haciéndose trampas al solitario y arrastrando a otros muchos a creer que se podían ganar millones siempre que cuidasen su etiqueta y ademanes revolucionarios? ¿Convertirían en negocio unos valores que nunca habían sido negociables? «Necesitábamos crear una empresa para destruir la lógica del mercado», afirmó uno de los socios, Xavier Artigas, de la galardonada productora audiovisual Metromuster.

Se había producido un cambio de mentalidad que habría mareado hasta la náusea al propio Copérnico. Algunos de sus vértices fueron la devastación del mercado de trabajo, la quiebra de grandes empresas que ofrecían un empleo para toda la vida y la convicción para muchos de que la única alternativa razonable era fundar sus propias pymes[6] con el dinero de la indemnización por el despido, capitalizando el subsidio del paro o recurriendo a amigos y familiares para empezar a navegar por su cuenta a pesar de la ventisca, el crudo oleaje o la fragilidad de las diminutas embarcaciones. Era sentarse en casa a esperar un teléfono que no sonaba (a veces, porque ni siquiera había línea) o romper la baraja para depender exclusivamente de sus propias cartas. Miles rompieron la baraja y saltaron por la ventana de oportunidades que ellos mismos habían abierto: tenían la esperanza de que solo fuera un primer piso. Algunos vivían en un quinto sin ascensor y el golpe contra la acera los marcaría para siempre. Otros, como el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, salieron de un edificio en llamas y lanzaron iniciativas de gran éxito y repercusión a pesar de convertirse en «empresario de la comunicación en contra de mi voluntad». En contra de su voluntad pero a favor de uno de sus principales instintos: «Necesitábamos comprar nuestra independencia y eso hoy se hace con dinero y sin deudas».

Los datos sobre la evolución de la actividad emprendedora durante la crisis poseen sobre todo valor orientativo, pero todo parece indicar que se ha producido un incremento sustancial. Algunos estudios afirman[7] que si en 2010 había un 17% de personas que trabajan por su cuenta en España, cuatro años después el número había escalado hasta más del 32%. Por supuesto, ni todas pensaban en mejorar o reemplazar el capitalismo ni todas veían un negocio propio como la solución definitiva a sus problemas laborales. Podía ser, por ejemplo, un campamento de invierno con forma de autoempleo que les permitiese acreditar que habían permanecido activos cuando llegasen la primavera y el deshielo. Los había también que, a pocos años de la jubilación, aspiraban a seguir cotizando un poco más para que les cuadrasen los ingresos en sus años más vulnerables.

Las pensiones y la dedicación de los abuelos se convertirían en la principal fuente de equilibrio[8] de muchas familias, algunas de las cuales habían enviado previamente a sus mayores a las residencias[9], porque decían que atenderlos les costaba un tiempo y un espacio ciertamente inasumibles. Casi el 34% de los hogares, advertía un informe[10] del Instituto Nacional de Estadística, vivían en 2013 gracias esencialmente a las pensiones, entre las que destacaban por número y estabilidad las de sus nuevos chicos y chicas de oro. Del «¡Otra vez la suegra!» muchos españoles habían pasado, dando un quiebro de discutible elegancia, a «Dile a tu madre que venga más a veces a comer». Olé torero.

Recuperar el equilibrio

Los motivos para emprender bebían de la fuente de esa estabilidad perdida no solo por culpa de los escurridizos y anoréxicos ingresos, que transformaron a los abuelos en improvisados vigilantes de la playa y a sus apetitosas carteras en chalecos salvavidas, sino también por culpa del miedo a no conservar el puesto de trabajo hicieran lo que hicieran: «Manolo, el INEM está lleno de currantes que se creyeron imprescindibles». Manolo había visto cómo el empleo para toda la vida había ido muriendo desde los noventa hasta que, en 2006, más de un tercio de la población activa[11] era pasto de la temporalidad. Aunque el Instituto de Estudios Económicos recogiese que en 2013 las cifras habían descendido hasta poco más del 23%, la realidad es que el desempleo había rebasado los seis millones de personas y que los parados de larga duración, los que llevaban en el dique seco más de un año, se habían catapultado hasta los tres millones y medio en 2014. La última paletada de tierra seca de este peculiar entierro la protagonizaron el hundimiento y los ERE masivos de docenas de multinacionales que parecían prometer un matrimonio con altibajos, más por dinero que por amor, pero que sería para siempre y, a veces, hasta hereditario. «Ha caído el mito del puesto de trabajo para toda la vida», proclamó[12] en abril de 2014 Jesús Terciado, vicepresidente de la patronal CEOE, el lobby que más ha promovido, para ganar en productividad y competitividad, la simplificación y el abaratamiento de la contratación y el despido, y con ello la inestabilidad en el empleo, en las seis reformas laborales que se han aprobado desde 1994. Mission accomplished.

Pero si muchos indignados se lanzaron a abrir sus propios negocios o a apoyar en bloque los de otros como ellos, esto no fue solo porque necesitasen mantenerse activos o barajar sus propias cartas. También jugó un papel la fe en la tecnología, es decir, la confianza en que internet, las redes sociales o los nuevos dispositivos electrónicos les dejaban libre el paso para experimentar con otro capitalismo, para reinventar otro mundo posible en el ciberespacio que transformase el planeta de corrupción, desesperación y nepotismo que creían habitar. El contrabando de fotocopiadoras Xerox o mimeógrafos había servido, según el investigador de la Brookings Institution, Stephen Grand, para introducir y difundir masivamente una literatura subversiva o «samizdat» en el bloque soviético que terminaría espoleando la disidencia y minando fatalmente el poder de los dictadores. El propio Grand estableció una relación directa[13] entre aquellos artilugios y los teléfonos móviles, blogs y redes sociales que atizaban el fuego de la revolución durante la Primavera Árabe que tanto influyó en el 15M. La tecnología había sido amiga antes del cambio de régimen y la revolución pacífica… ¿Por qué no podía serlo ahora en España?

Los vectores de la llamada «ética hacker» apuntaban además en la misma dirección que muchos valores tradicionalmente democráticos y progresistas. Yolanda Quintana, coautora de Ciberactivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas, ha resumido[14] ese nuevo código de caballería en cuatro puntos cardinales: primero, la ausencia de estructuras rígidas y la presencia de formas de acción distribuidas, es decir, que se pueda realizar una acción, como por ejemplo acampar en Sol, en la que intervengan múltiples sujetos que accedan desde distintos dispositivos esparcidos geográficamente y bajo el paraguas de un relativo anonimato; segundo, la cultura debe ser colaborativa, es decir, el conocimiento se crea colectivamente y se pone en alguna medida al servicio de la comunidad como en el caso de las entradas de la Wikipedia; tercero, hay que garantizar el libre acceso a la información, que debe ser fácil de consultar y básicamente gratuita, aunque se admitan donaciones voluntarias como sucede en el sistema de socios de eldiario.es; cuarto, la consideración de que el espacio público, en el que todos construimos nuestras experiencias en comunidad, ya no está regulado por nadie, especialmente por los medios de comunicación, que filtre, jerarquice o imponga sus valores unilateralmente.

Fotografía: Michael Fleshman (CC).

Silicon Valley ofrece un modelo en el que convergen esos ideales de piratas informáticos, las redes sociales que admiran y exprimen los movimientos sociales de todo el mundo, los principios progresistas y, aunque pueda resultar sorprendente, los valores de los liberales. Allí fue donde, en las cruciales elecciones presidenciales de 2012, Barack Obama y el Partido Demócrata recibieron más de la mitad[15] de las donaciones que hicieron los superricos del valle, es decir, veinticuatro millones de dólares. Allí también es donde la revolución (entendida como cambiar radicalmente el mundo o la sociedad a mejor y a toda velocidad dando más poder a la gente) y la «disrupción» se convertirían en conceptos intercambiables. La vieja revolución la capitaneaban clases sociales oprimidas, pueblos humillados o líderes carismáticos dependiendo de la ideología de cada cual. La disrupción era cosa fundamentalmente de emprendedores y empresas. Se podía hacer la revolución siendo un empresario de éxito.

Emprender la revolución

La disrupción nació en 1997 con el nombre de «innovación disruptiva» tras un parto editorial sin cesárea: el del libro The innovator’s dilemma del hoy legendario profesor de la Universidad de Harvard Clayton M. Christensen. Sus comienzos fueron humildes, porque se limitaba a un fenómeno por el que un producto más barato y de peor calidad se dirigía en primer lugar a consumidores poco atractivos, triunfaba con ellos y, finalmente, se hacía con todo el mercado previa expulsión de una competencia que había preferido ningunearlo y seguir añadiendo mejoras incrementales a su oferta. En estos momentos, la idea ha evolucionado hasta convertirse en una lucha por la supervivencia entre empresas que, en muchas ocasiones, destroza sectores enteros mediante avances tecnológicos o propuestas revolucionarias y los redefine para conectar a los consumidores directamente con los productores que mejor se ajustan a sus necesidades, entre los que suelen encontrarse más negocios diminutos que grandes emporios multinacionales. La disrupción ofrece así una cara bonita, que por supuesto esconde otras, para hackers y progresistas: los piratas observarán que sin disrupción de lo establecido (por ejemplo, la de los medios de comunicación tradicionales) no existe el espacio público que anhelan, mientras que los progresistas caerán en la cuenta de que las nuevas tecnologías parecen arrancar el poder de las grandes empresas (por ejemplo, los imperios discográficos) y devolvérselo a la comunidad (en este caso, a los consumidores y pequeños productores de algo tan esencial en nuestra cultura como la música).

¿Y qué hay de los valores liberales? George Packer[16] escribió un reportaje[17] para The New Yorker donde explica, entre otras cosas, la forma en la que la hostilidad hacia la intervención del Estado ha echado profundas raíces en Silicon Valley. Al fin y al cabo, los liberales también creen que hace falta otro capitalismo y admiran las empresas que no solo apuestan por la colaboración y no por la coerción, sino que además revientan muchas veces sectores regulados (como ha empezado a hacer Uber con el taxi[18]) o minan la relación privilegiada de las grandes corporaciones con un poder político que siempre las favoreció porque pagaban muchos impuestos, las identificaba con los intereses del país en su conjunto o, simplemente, le servían para colocar a sus miembros en sus consejos de administración. Para ser directivo de Red Eléctrica, Gas Natural o Endesa, parecían sostener muchos inquilinos de coches oficiales, hacía falta ser enérgico y estar bien conectado, pero no era necesario saber de energía. Felipe González, José María Aznar y otros muchos exministros, ministrables y defenestrados de lujo lo demostraron[19] sentándose en sus sillones durante la crisis.

Existen numerosos ejemplos en España de cómo se ha producido esta relación promiscua entre la disrupción y su harem de conceptos piratas, progresistas y liberales. Uno de ellos es el de la productora progresista Metromuster, liderada por Xavier Artigas y Xapo Ortega. Realizaron en 2011 y 2012 el documental Ciutat morta para denunciar con «nombres y apellidos» a los jueces y miembros de las fuerzas de seguridad que habían acusado, según ellos falsamente, a unos presuntos okupas de responder durante el desalojo de un cine abandonado en Barcelona con una violencia tal que acabó dejando tetrapléjico a un antidisturbios. Los detenidos aseguran que los torturaron[20] fuera y dentro de dependencias policiales y que los sometieron durante los dos años de juicio y diligencias previas a una presión tan inmensa que llevó a uno de ellos, a la joven y psicológicamente frágil Patricia Heras, a suicidarse tras varios meses en la cárcel cumpliendo condena por lanzar una valla contra un policía. Financiaron este trabajo mediante la cultura colaborativa y sin recurrir a subvenciones, porque las consideraban «una forma de planificación soviética» (un liberal, probablemente, no lo hubiera dicho mejor) con la que se intentaba controlar, castrar o excluir las expresiones culturales que no fuesen políticamente correctas.

Ciutat morta, premiada por el Festival de Málaga, fue posible gracias a los casi cinco mil euros que captaron en la plataforma de crowdfunding Verkami y a la aportación de trabajo voluntario y equipo de docenas de amigos y colaboradores que habían conocido en su mayoría en la acampada de Barcelona. Haciendo también las delicias de los hackers, la disrupción no solo se produjo por las técnicas vanguardistas de la obra, sino también porque crearon un contexto social, capitaneado en buena medida por el puño de acero de los más de dos mil seguidores de su cuenta de Twitter y los de medios afines como el semanario La Directa (con una infantería de 34.200) o el diario Diagonal (liderando a sus 64.000 followers), que doblegó al canal público que pastorea en buena medida el sector de los documentales en Cataluña, TV3, obligándolo a emitir, según Artigas, un producto en el que nunca quiso participar. No habían desnudado al emperador, como en el cuento de Andersen[21], sino que le habían apartado el caluroso armiño para enfundarle el bañador fluorescente de Borat[22] y arrojarlo a unas playas de Salou tan desbordadas que casi hay que hacer cola para bañarse. Habían transformado lo instructivo en disruptivo y esto último en una horda de veraneantes abalanzando sus ojos y sus manos, llenas de crema, arena y sudor, sobre la última novedad playera. Maldito Twitter.

Cooperativas frente a multinacionales

No parece extraño que Metromuster se plantee ahora convertirse en una cooperativa, porque este sector ha buscado durante años su propio camino a la disrupción: quieren democratizar la economía creando comunidades de productores y consumidores concienciados con las ideas de un sistema que consideran más justo, más verde, más solidario, más igualitario y más responsable. Para muchos estas empresas son un fin en sí mismas y servirán para reorientar y mejorar sustancialmente el capitalismo. Para otros son el puente natural entre un mundo capitalista y otro donde se aprovecharía la fuerza motriz de los mercados para generar bienestar, impedir la dominación del Estado o reducir la pobreza, pero siempre poniéndolos al servicio de unos determinados intereses sociales que desplazan de la escena a la prima donna del capital o sus propietarios y colocan en su lugar las necesidades del ser humano y los límites que, según ellos, impone el medio ambiente.

Por eso, muchos han llegado asumir que crear una empresa de éxito y ganar dinero puede ser luchar contra el capitalismo o, como mínimo y para los menos progresistas, proponer un capitalismo ético y solvente frente al sistema que buena parte de la sociedad española empezó a ver durante la crisis como corrupto y profundamente disfuncional. Félix Pardo, un ensayista de izquierdas muy respetado en ámbitos como la educación y el cooperativismo, publicó lo siguiente[23] en Quaderns d’autogestió i Economia Cooperativa: «Es una imbecilidad demonizar, como hacen algunos demagogos del cooperativismo, la obtención de beneficios para los propietarios de los medios de producción si estos propietarios son los trabajadores y las plusvalías se destinan al desarrollo del mercado social en beneficio de todos. La injusticia no está en la generación de riqueza sino en la pobreza. La existencia de un mercado de bienes y capitales no es en sí mismo una injusticia, sino que lo es su apropiación privada, por los efectos negativos que produce en el hombre y en el medio, tal como sucede en el capitalismo».

Las aguas que revolvieron la indignación y la crisis abonaron un terreno excepcionalmente fértil para aquellos que quisieron cambiar el mundo, o al menos mejorar la sociedad, creando sus propias empresas o convenciendo a otros para que se sumaran a las que ya estaban en marcha. Los motivos adyacentes serían desde la necesidad de mayor independencia hasta el drama del desempleo, pasando por la fe en la capacidad revolucionaria de la tecnología o la convicción de que el cooperativismo o el emprendimiento social traían bajo el brazo las llaves del paraíso. Frente a unos bancos rescatados o implicados en la crisis que no prestaban su dinero, abrirían unos bancos y cooperativas de crédito que lo harían éticamente; frente a las «subvenciones soviéticas» a la cultura o los recortes, configurarían plataformas de financiación colaborativa como el crowdfunding  o de creación colaborativa como el crowdsourcing que ayudarían a los emprendedores sociales; frente a los mil veces deslocalizados conglomerados multinacionales que se limitaban a rendir cuentas a gobiernos, consumidores y accionistas, presentarían unas grandes cooperativas y redes que acatarían unos sólidos principios de los que responderían ante todos sus consumidores, ante todos sus trabajadores y ante la sociedad en su conjunto.  Era tiempo de soñar. No era tiempo de dormirse.

Fotografía: Nekenasoa (CC).

[1] http://bit.ly/1u9plrT

[2] http://bit.ly/1ksu5Wi

[3] http://bit.ly/1lyPBDH

[4] http://nyr.kr/1l7aVQX

[5] http://bit.ly/1taCo8T

[6] http://bit.ly/1kkhvIu

[7] http://bit.ly/UQBG56

[8] http://bit.ly/1oePRwI

[9] http://bit.ly/1y511VJ

[10] http://bit.ly/1spIt1Q

[11] http://bit.ly/1lvJksQ

[12] http://bit.ly/1ox4KKu

[13] http://bit.ly/1miy9DY

[14] http://bit.ly/1nYDTql

[15] http://bit.ly/1o99iIn

[16] http://bit.ly/V119IR

[17]http://nyr.kr/1lz7uTa

[18] http://bit.ly/1oiPRfe

[19] http://mun.do/1oeAfJA

[20] http://bit.ly/1smUpDY

[21] http://bit.ly/1oBtwZX

[22] http://bit.ly/1nrtNK9

[23] http://bit.ly/1vaeQpH


Cómo acabar de una vez por todas con el porno

Woody Allen nos enseñó cómo acabar de una vez por todas con la cultura y muchos de nuestros canales de televisión siguieron las recetas del maestro de Brooklyn y lanzaron una ofensiva demoledora. Las reformas educativas hicieron el resto. Somos libres al fin y podemos contárselo a todo el mundo en Twitter.

Pero esa no es la auténtica llamada de nuestra generación, aquella era la de nuestros padres, que también enterraron cualquier vestigio de moda y buen gusto bajo las voluminosas melenas con mechas y las hombreras inolvidables de los setenta y ochenta. Nuestra llamada es la de erradicar un enemigo más poderoso y oscuro, más escurridizo: hemos de luchar contra la pornografía, contra la vulgaridad de los hombres y mujeres desnudos de Botero, contra los perfiles sugerentes en las redes sociales, contra nosotros mismos.

Afortunadamente, contamos con algo con lo que no contaban nuestros padres. Tenemos la hoja de ruta de la exitosa campaña de los censores chinos. Ellos han conseguido distinguir porno y obscenidad por primera vez en la historia, han creado una burocracia de expertos en contenidos inaceptables (que, por supuesto, tienen prohibidos fuera de los horarios de oficina) y están demostrando que son insobornables al perjudicar a empresas tan populares en España como WeChat sin el más leve pestañeo.

¿Cómo han logrado definir algo que se les escapó a Sócrates y Platón mientras caminaban bajo la mirada de aquellas insinuantes esculturas de hombres desnudos y bíceps de mármol? En el amor como en la vida, Pekín nos enseña que las cosas hay que hacerlas con tacto. Para empezar, en 1988 las autoridades chinas pusieron un dique entre lo que era pornográfico y lo que era obsceno, aunque por supuesto ilegalizaron los dos. Lo primero, según ellos, era algo que «tomado en conjunto no es obsceno pero contiene algún contenido obsceno, que es a su vez dañino para la salud y el alma del ciudadano medio, especialmente de los adolescentes, y que carece de valor artístico o científico». La obscenidad, por su parte, consiste en «contenidos que exhiben o promueven actos obscenos, que incitan el interés lascivo en el sexo, que provocan la corrupción de la persona media y que carecen de valor científico o artístico».

Por supuesto, el dichoso relativismo está minando los sólidos pilares que soportaban unas definiciones nada circulares, nada tautológicas. Así, Ai Weiwei se preguntó casi inocentemente qué es arte y lo hizo posando desnudo con colaboradoras y modelos, a lo que millones de jóvenes y adolescentes respondieron quitándose la ropa, por una vez con fines políticos, y haciéndose un selfie que colgaron religiosamente en Weibo, que es como el pájaro de Twitter pero tras los barrotes de una jaula de cristal. Para los expertos en arte moderno y sus abogados todo se reducía a una simple cuestión: ¿son arte los desnudos de protesta o son más bien una forma de ocupar un espacio que refleja la abstracción del universo? Tras una breve reflexión y acariciar suavemente sus porras como manda el reglamento, los censores optaron por que los desnudos de protesta ocupasen un espacio en el concretísimo universo de las prisiones chinas. No solo han definido lo que es el porno, sino que han matado dos pájaros de un tiro y también han identificado la naturaleza del arte moderno.

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La actriz china Yao Chen tiene casi tantos seguidores en Weibo —la red china de microblogging— como Lady Gaga en Twitter. Imagen cortesía de Weibo.

Bajeza y vulgaridad

En estas circunstancias, concluyeron los funcionarios, hacían falta definiciones más precisas para que hasta los artistas las acatasen. Aquí surgió una prohibición expresa contra todo lo que fuese «bajo y vulgar», un concepto paraguas que agrupaba muchos más ámbitos y aspectos que la mera exhibición de cuerpos en posición de ataque. Con respecto a pornografía, lo «bajo y vulgar» era  cualquier material que «confundiese a los jóvenes mostrando órganos o prácticas sexuales», cualquier información que «divulgase cuestiones relacionadas con la prostitución o amistades ilegales» y cualquier soporte al servicio de «la violación de los valores familiares como aquellos que favoreciesen los affaires extramaritales, las aventuras de una noche o el intercambio de parejas».

Lamentablemente, los jóvenes han insistido en actuar con la bajeza y vulgaridad que les caracterizan y el Gobierno se ha visto obligado a intervenir aplicaciones de mensajería instantánea como WeChat, aquellas que se emplean habitualmente para romper el hielo entre chicos y chicas como es el caso de Momo o buscadores como Baidu. Previendo el furor que iba a despertar esta injerencia y la enorme cantidad de datos y archivos sospechosos que emergerían de los oscuros dispositivos de los adolescentes, los funcionarios habían preparado un plan muchos meses antes.

Ese plan pasaba por, cómo no, refinar las definiciones de la pornografía para que se ajustasen como un guante de látex a cada empresa intervenida. Y lo hicieron publicando reportajes de investigación en la agencia de noticias oficial que replicaron los mayores medios de comunicación de cada provincia del país más poblado del mundo. Así, antes de presentarse en las oficinas de Momo, que tiene ciento veinte millones de usuarios registrados y podría salir a Bolsa este año en Nueva York, explicaron claramente sus motivos: estaban favoreciendo «interacciones hormonales» que revertirían en agresiones sexuales, permitían que los perfiles de las mujeres estuviesen «claramente retocados con PhotoShop» y que tuviesen la desfachatez de llevar «biquinis para mostrar sus cuerpos» y de hacerse «selfies desde los ángulos que más resaltan su belleza».  No hacía falta leer entre líneas para llegar a la conclusión de que los feos y los que odiamos secretamente las playas estábamos tomándonos nuestra justa venganza después de siglos de opresión.

La otra pata de este plan era la presentación de la campaña como algo científico, quirúrgico. Así, se había creado una burocracia de expertos en pornografía llamados «evaluadores de contenidos sexuales», a los que se les ofrecieron hasta treinta y dos mil dólares anuales, cinco veces más que el salario medio de un profesional del sector privado. La especialización hay que pagarla. Eso sí, tenían que ser jóvenes de entre veinte y treinta y cinco años y es de suponer que lo suficientemente bajos y vulgares como para conocer bien el género del que tendrían que ocuparse una vez contratados. Los profesionales ya trabajan adosados a empresas como Tencent (WeChat) o Sina Weibo.

Finalmente, en un claro homenaje con reclinatorio, como lo definiría José Luis Garci, a George Orwell, han informado profusamente a los ciudadanos de que esto no es una campaña contra la libertad de expresión o una invasión de la intimidad de cientos de millones de personas. En absoluto. Lo que ocurre, advierte la agencia oficial, es que «la campaña antiporno es crucial para el desarrollo de internet» y demuestra que «China ha dado un paso importante para proteger el imperio de la ley en el mundo virtual».  Cabe preguntarse si el mundo virtual es el de los internautas o el que habitan unos líderes políticos convencidos de que todo debe pasar por la apisonadora de su ley; una ley que pone en el mismo plano el sexo forzado, la corrupción de menores y las conversaciones, susurros o aullidos de dormitorio de una pareja cualquiera.

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Ai Weiwei y amigas. Fotografía: Ai Weiwei. Vía Ai Wei Fans’ Nudity.