Dando la nota

Foto: Jeswin Thomas (CC0)

En época de exámenes los profesores tenemos siempre el mismo problema: evaluar. Para resolverlo he decidido que este año voy a poner la máxima nota a todos los alumnos. Sí, eso es, a partir de ahora todos mis alumnos obtendrán un 10. En principio parece netamente positivo, ya que llenará a un grupo de valiosos y entregados estudiantes una gran felicidad y satisfacción. Solo hay un par de pequeños problemillas relacionados.

El primero, ¿cuántos alumnos podemos esperar que estudien, se esfuercen o simplemente vengan a clase, si saben que van a obtener un 10 hagan lo que hagan? Tarde o temprano pocos, si es que alguno. A fin de cuentas, pueden usar ese tiempo para otros menesteres más productivos. Su comportamiento no determina cómo obtendrán su nota final, que no va a cambiar. Pero esto no parece importante ya que de este modo conseguimos que los alumnos no tengan estrés, estén felices, vivan en un entorno seguro y de este modo todo irá genial. No queremos alumnos con baja autoestima por obtener malas notas, ¿no? El segundo problema es el del agravio comparativo. Los alumnos de otros grupos, en otras clases, probablemente se sentirán menospreciados. Ellos se han esforzado y una gran mayoría ha obtenido una nota menor. La solución a este problema es sencilla: basta con modificar sus calificaciones y proporcionarles también la máxima distinción. Aunque eso pueda suponer que se nos vaya el tema de las manos… ¡Todos los alumnos y antiguos alumnos de la universidad merecerían un 10! Lo contrario sería injusto. Igual que regalar un máster a unos sí, pero a otros no. Es posible que los primeros que obtuvieron la máxima nota se quejen, seguro que tienen buenos argumentos que demuestran que ellos lo merecen pero los nuevos no, pero tarde o temprano tendrían que ceder ante tamaña injusticia, ¿no?

Bien, supongamos que está hecho. Todos los estudiantes universitarios en España viven llenos de felicidad. La duda que nos asalta ahora es, ¿cuánto vale el 10 que todos ellos atesoran con orgullo? Nada. La calificación, con todos sus condicionantes y limitaciones, es una herramienta para representar el nivel de conocimientos y competencias alcanzados por un estudiante. Sin embargo, en este contexto que hemos definido, la calificación ya no sirve para eso. Tarde o temprano se descubrirá, o simplemente se comprobará de manera práctica, que todas esas personas con la máxima nota posible en realidad no saben nada de nada de nada. No han ido a clase, no han desarrollado competencias, no han aprendido herramientas ni discutido sobre alternativas. Pero sobre todo, no han resuelto problemas ni se han esforzado. La calificación les ha venido regalada.

E incluso si se pudiera mantener este castillo de naipes en un país entero durante un cierto tiempo, no duraría mucho a nivel internacional. Diferentes sistemas educativos tienen sistemas distintos de calificación. En Alemania la máxima nota es un 1, y el aprobado raspado está en un 4; mientras, en Estados Unidos, la nota máxima es un 4 mientras que el suficiente está en el 1. La convalidación entre sistemas diferentes hace necesario llegar a acuerdos cuando nos trasladamos de un sistema educativo a otro. Afortunadamente no fluctúan demasiado dichas correlaciones, por lo que podemos convertir las notas alemanes en españolas y viceversa con un sistema de equivalencias sencillo y estable. Sin embargo la pérdida de confianza que se produciría en nuestro sistema será notable. Incluso si eliminamos la calificación numérica y nos centramos en competencias únicamente, tendríamos que reconstruir el sistema de convalidación comparativa contando con la visión de este en otros países. Sobre todo, para cuando estudiantes que han pasado por nuestro sistema educativo quisieran ir trabajar al extranjero. O cuando estudiantes de nuestro país y de otro compitan por un puesto en cualquier lugar del mundo. Los otros países se quejarán y a la larga quedará demostrado que sus alumnos aportan más valor y saben más con menor calificación que los nuestros, por lo que el valor de nuestra nota caerá irremediablemente.

Entendido este sencillo ejemplo, parece quedar claro que regalar la máxima calificación a todo el mundo no es una buena idea. El resultado final no aportaría valor a los alumnos, ni al sistema en su conjunto. La «inflación» en las calificaciones funcionaría a corto plazo (unos pocos alumnos con altas notas tendrían ventaja al principio del proceso), pero a largo plazo ese activo, esa métrica, dejaría de representar el conocimiento y competencias de quienes la poseen, y destruiría la confianza en el sistema de evaluación y en nuestros estudiantes.

Podemos poner algunos peros a este sencillo ejercicio hipotético, como a cualquier ejemplo sencillo que se circunscribe a un contexto específico, pero en lo básico no cambiaría mucho ni el desarrollo ni el resultado final. Así que supongamos ahora que damos ciento veinte mil euros a todos el mundo al alcanzar los veiticinco años . En primer lugar, sería injusto. ¿Por qué a ellos y no a todos? En segundo lugar, ¿qué valor tendría todo ese nuevo dinero que es necesario imprimir? La cantidad de dinero en la economía debería representar, más o menos, la situación de la actividad económica de esa economía. Cuando imprimimos dinero de más, deja de hacerlo, y el valor de ese dinero se reduce. Incluso teniendo un país A su propia divisa, comprará cosas en otros países, para lo cual deberá cambiar su divisa por la de ellos. Si la divisa de A no tiene valor para los demás países, porque lo que producen en A no tiene valor o interés para esos otros, da igual cuanta podamos producir, ya que es solo un medio en el que confiamos para representar el valor de lo producido.

Foto: CC0.

Imaginemos por cierto que los jóvenes de veinticinco años que reciben este impuesto deciden gastarlo en hacer un máster en nuestro país, dónde solo por pagar les regalábamos el título con la máxima calificación. O mejor todavía, en vez de darles cento veinte mil euros les damos un título de máster de la universidad que prefieran, sin hacer nada para merecerlo. ¿Tendría sentido?

Ampliemos el ejemplo un poco más. Imaginemos que tenemos un sistema de evaluación basado en campana de Gauss, como ocurre en muchas escuelas de negocios del mundo. En este sistema un porcentaje de los alumnos, pongamos el 5%, siempre suspende (u obtiene la peor calificación). Es decir, podemos alcanzar un sobresaliente 9 sobre 10, pero si el resto de la clase ha obtenido más calificación numérica terminar con la peor nota final de todo el grupo, una C. Por lo tanto, la «falta de notas» en el mercado hace que cada nota cuesta más. Más tiempo de estudio, tiempo que es nuestro principal recurso escaso. Es posible incluso que encontremos una clase donde varios alumnos sepan más que el profesor, tal vez son capaces de desarrollar nuevas teorías, revolucionar el mundo académico en esa disciplina. Pues a pesar de ello no todos terminarán con la mejor nota, básicamente porque no hay notas máximas suficientes para todos ellos, sólo un número limitado por la campana. Esto es algo que ya ocurre con las matrículas de honor, por ejemplo, que solo se pueden dar aun porcentaje de alumnos por clase. En esta tesitura el coste en tiempo, recurso escaso, de una matrícula de honor o de un 10 sobre 10, se vuelve mayor. Y ese tiempo no lo podemos usar para otras asignaturas. En conclusión, la cantidad de notas disponibles puede influir en motivar ineficiencias o desmotivar alumnos. Igual que la cantidad de dinero en una economía puede motivar o desmotivar comportamientos.

¿Cómo saber la cantidad apropiada de notas o de dinero en un sistema? Es complicado. Como hemos explicado por definición deberían representar lo más fielmente el valor del subyacente. Si hay muchos sobresalientes pero no están correlacionados con el conocimiento o el esfuerzo, las notas pierden valor y con el tiempo se pierde la confianza en el sistema. Un estudio sobre las calificaciones en las universidades de EE. UU. realizado desde 1940 hasta 2009 asustaba con sus conclusiones. Actualmente las calificaciones en las universidades contemporáneas de la mayor economía del mundo presentan una media del 43% de alumnos con la máxima calificación, la A. Esto contrasta con los años de inicio del estudio, cuando la misma rondaba el 12%, aunque ya en a finales de los 80 el 31% eran agraciados con una calificación superior. ¿Nos dice este incremento que la nueva generación es extremadamente más inteligente? Parece poco probable que casi la mitad de una generación sea excelente. ¿Tiene algo que ver la deuda universitario y el alto coste de los estudios de grado? Las escuelas privadas proporcionaban mayores calificaciones de media que las públicas.

Hay una parte en el planteamiento de Piketty que resulta interesante. Como sociedad civilizada y moderna que consideramos ser, deberíamos ser capaces de proporcionar a todos nuestros integrantes la oportunidad de una vida apropiada y digna. Es un noble objetivo, tanto como la complejidad operativa para poder realizarlo de manera práctica. En primer lugar, con recursos escasos este planteamiento nos lleva a economías dirigidas, algo que ya sabemos que no funciona. No, no, esta vez no aceptamos lo de que «esta vez será diferente». No salió mal las otras veces por casualidad. No era por un líder inepto y corrupto. Más bien porque contradice la naturaleza humana y promueve a líderes corruptos. Paul Collier lo explica maravillosamente bien en El club de la miseria. ¿Por qué economías dirigidas? Si cualquiera que nace tiene derecho a unos recursos de partida, ¿podemos permitirnos que nazca gente sin control? Ya hay quienes abogan por tener menos hijos o ninguno «por salvar el planeta», en vez de por salvar al a raza humana curiosamente. El planeta estaba aquí mucho antes que nosotros y seguirá probablemente mucho después. El siguiente paso es determinar cuánta gente puede nacer, es decir, tener derecho a una porción de los escasos recursos que atesoramos, y que además queremos que sean consumidos cada vez en menor medida. Así que esto nos lleva al control de natalidad. Y de nuevo debemos recordar que ya hemos conocido experiencias de control de natalidad con problemáticos resultados a medio y largo plazo en varios países del mundo.

La idea de poner un impuesto para dar ciento veinte mil euros únicamente a los que lleguen a los veinticinco años implica una redistribución complicada de implementar. Comparativamente sería algo así como pedir a los de los últimos años de universidad que les hagan los trabajos a los de los primeros. Se basaría en la confianza de que el sistema se mantiene en el tiempo, porque antes les había tocado a ellos. Algo parecido lo conocemos de sobra, es el sistema de pensiones de jubilación, relativamente moderno. En Qué será de mi pensión podemos dar un repaso a la situación y opciones para resolver otro problema parecido de desigualdad intergeneracional. Sobre este tema hay múltiples visiones, máxime ahora que diversos colectivos quieren negar el voto a los mayores de sesenta y cinco años. Nunca subestimen el poder de la gente mayor con dinero. Tienen experiencia, conocimiento y poco que perder, además de poder adquisitivo. Y además, algún día quienes promulgan estos cambios cumplirán sesenta y cinco años y se verán en una tesitura parecida. En Wild in the Streets el grito de guerra «Fourteen of Fight!» (catorce o lucha) consigue reducir le edad legal para votar hasta los quince, llevando a un grupo de jóvenes artistas revolucionarios y promotor del cambio a la Casa Blanca. El siguiente paso es el retiro obligatorio de los mayores de treinta, una policía de la edad y los campos de reeducación a quién se niegue. ¡Juventud, divino tesoro! La película termina con los niños de diez años diciendo que los mayores de veinticuatro no deberían mandar sobre ellos mientras planean seguir su ejemplo para reducir más la edad de voto. La película, de 1968, se basa en una historia corta publicada en Esquire dos años antes. Así que, aunque la probabilidad de que ocurra algo similar es pequeña, a alguien ya se le ocurrió y no solo hace ya tiempo sino en un momento particularmente singular. ¿Casualidad? No.

Llegados a este punto, terminará sobre la mesa que la única solución pasa por imprimir dinero. Ya hemos escuchado a varios políticos clamar por recuperar la soberanía monetaria nacional y volver a la peseta, por no hablar de la necesidad de seguir con el déficit. No es buena idea. Primero, desde 1985 solo hemos tenido superavit tres años, y en medio de la burbuja inmobiliaria. Es más, llevamos ya doce años seguidos con déficit. ¡Menuda fiesta! Devolver todo lo que nos han prestado con la deuda que tenemos parece imposible. Así que saldrá a la palestra lo segundo, recuperar la política monetaria. Hay muchos países con control sobre su política monetaria, y no les va mejor por eso. Básicamente si la cantidad de dinero (o de altas calificaciones) crece hasta exceder notablemente el valor de lo que produce el país, la inflación hace que se genere incertidumbre y se pierda la confianza. Por otra parte, nuestras deudas seguirán en euros o dólares, así que tendremos que comprar esas monedas para comprar con ellas cosas que necesitamos y que se fabrican en zona euro o dólar. Cosas tales como energía, alimentos, licencias, tecnología, etc. Y para que nos den esos euros les tiene que interesar lo que ofertamos, ya que si no poco van a querer nuestra nueva moneda. ¿Encerrarnos y salir del circuito internacional, para vivir solo de lo que podemos producir con lo que tenemos? Hay ejemplos de sobra de países haciendo lo mismo. Bienvenidos al club de la miseria. El mundo actual, con todas sus imperfecciones, ha permitido a cientos de millones de personas convertirse en clase media y muchos más salir de la pobreza, gracias precisamente a lo contrario. Hans Rosling dixit. Así que la solución debería venir por otro sitio.

En resumen, interesante y documentada propuesta la de Piketty, pero más por la parte de capital que por la de ideología. Es de agradecer que se sigan buscando alternativas para reducir la desigualdad, pero los titulares que han elegido en la prensa desvirtúan un tanto su trabajo global. Y en cualquier caso, si en España se decidiera salir del euro y recuperar una divisa propia, no tendría sentido volver a la peseta. Deberíamos contar con una nueva moneda que ilusione, que genere confianza y que no permita incertidumbre, incluso ante un crecimiento masivo de la misma. Yo apostaría por el belenestebanio. Éxito seguro. Eso y barra libre de matrículas de honor, qué demonios. No vamos a ser menos que los americanos.


Cataluña, en busca de garantías políticas: el referéndum del 1 de octubre

Fotografía: Eric Alonso / Cordon.

1

La idea de la nación moderna —y aquí quiero enfatizar el adjetivo «moderna», puesto que el sentimiento nacional en sí mismo es posiblemente anterior al mundo contemporáneo, como se le hace evidente a cualquiera que lea la oración fúnebre de Pericles en Tucídides, que repase el concepto de Israel en la Biblia, o que tome nota de las apelaciones que Maquiavelo hizo a César Borgia para que unificara Italia— nació con la Revolución francesa. Y lo hizo entendida como comunidad de ciudadanos iguales ante la ley, cobijados bajo el paraguas de una administración racional, y gobernados por instituciones con la capacidad de evitar el control permanente del Estado por una parte de la población o del territorio de la nación.

Ahora bien, la articulación exacta de la nación moderna adoptó muchas formas, desde la francesa o franco-jacobina —caracterizada por la uniformidad absoluta— hasta la suizo-cantonal —en un país que todavía permite a sus municipios votar directamente si quieren conceder o no la ciudadanía a un extranjero—.

En Suiza, la articulación de la nación fue relativamente fácil. La guerra civil de 1848, que se saldó de manera prácticamente incruenta, con varias decenas de muertos según las versiones más fiables, terminó con el reconocimiento de una fuerte autonomía a los cantones de la confederación helvética, la paz religiosa y la igualdad lingüística. En Francia, el proceso de construcción nacional fue mucho más costoso. Como describe magistralmente Eugen Weber en Peasants into Frenchmen, la unidad lingüística no llegó hasta la Primera Guerra Mundial, como mínimo. No obstante, para bien o para mal, la construcción de un sentimiento nacional completo se culminó con éxito. En España, en cambio, la revolución nacional fracasó, quedó inacabada. Y hoy en día, más de doscientos años después de la Revolución francesa y de su recepción en la península ibérica, España no ha conseguido llegar al fin hegeliano de la historia: una comunidad nacional sin fisuras, articulada bajo un Estado aceptado como legítimo por todos sus ciudadanos.

Durante todo el siglo XIX, desde las mismas Cortes de Cádiz, aquella asamblea reunida en un trocito de ciudad y ahora mitificada por los patriotas españoles más rancios, hasta la crisis de Cuba, catalanes y españoles buscaron casi siempre cómo articular sus personalidades y sus intereses nacionales. Sin éxito.

Cataluña habría podido acabar siendo española a la francesa: desapareciendo en la uniformidad lingüística y el localismo desarraigado del Village Catalan de la autopista de Perpiñán. O podría haber sido española a la suiza. En este último caso, felizmente integrada en un Estado plurirregional, con la lengua como medio de comunicación oficial y el derecho catalán plenamente reconocidos como a finales del siglo XIX pedía la derecha catalana por boca de Mañé y Flaquer desde el Diario de Barcelona. O como parte de un sistema de federalismo casi municipalista, que era el sueño de la izquierda pimargalliana y de los artesanos anarquistas catalanes, quienes, para evitar emplear el término nación, que les parecía repelente porque lo usaban tanto sus primos carlistas como la derecha española ultramontana, se inventaron conceptos políticos incomprensibles.

En este conflicto sobre el tipo de nación-Estado a construir, la España de matriz castellano-andaluza no consiguió imponer la solución francesa. No pudo, ante todo, porque mientras París ofreció al Midi un trato de iguales (bajo una sola ley) a cambio de renunciar a su memoria, la revolución liberal fracasó en España. Y, por esa razón, porque la fuerza de las armas no es nunca suficiente para forjar un solo pueblo con un solo sentimiento nacional, Cataluña terminó no siendo o, si se quiere, no sintiéndose cómodamente española.

Por su parte, Cataluña tampoco pudo imponer la solución suiza. Turín y Milán unificaron Italia porque Roma, gobernada por el Vaticano, nunca ofreció un proyecto «imperial» para la península. Barcelona, ​​en cambio, capital de un país demográficamente exiguo, no pudo desplazar a las élites reaccionarias, antiliberales españolas del control del Estado. Y no pudo, por tanto, crear un Estado plurinacional y democrático o, simplemente, un Estado donde pudiera cogobernar con otras élites peninsulares sin sufrir restricciones de todo tipo.

Algunos han querido ver en el asesinato del general Prim y en el fracaso de la Primera República el final de un proyecto de reforma integral de España por parte de las élites catalanas (solas o en colaboración con los liberales españoles). La idea es atractiva pero difícil de probar con certeza. Lo que sabemos, en cualquier caso, es que, a caballo entre la guerra de Cuba y comienzos del siglo XX, los partidos catalanes y, más generalmente, la generación de 1901 ya habían renunciado a rehacer por completo el Estado español, al menos como «patriotas españoles» (con un sentimiento regional fuerte conjuntado con una cierta voluntad, al menos entre una parte, de hablar de «nación española» como algo propio). Y que, hecha esa renuncia, habían decidido, enfrentados a una mayoría española lingüística, cultural y espiritualmente unificada, canalizar todas sus energías a resistir hasta lograr que se pudiese proteger su personalidad cultural y nacional.

2

El resultado de aquella doble impotencia histórica, tanto por parte de la matriz castellana como del proyecto catalán, para afirmarse plenamente ante o por encima del otro, fue la emergencia de un conjunto de países infelices en la península ibérica. Un conjunto de países con personalidades nacionales diferenciadas y proyectos políticos divergentes que Ortega y Gasset, utilizando un eufemismo propio de un «procesista» catalán, llamó la España invertebrada. Un conjunto de países infelices porque, en vez de mantener entre sí una relación mínimamente fraternal, acabaron coexistiendo bajo una relación desigual entre una mayoría cómoda con el concepto de una España unitaria y una minoría —Cataluña— luchando para sobrevivir como nación cultural y política.

Como nos recuerda Hegel en su Fenomenología del espíritu (capítulo 4, parte A), una relación entre desiguales o, quizás más precisamente, una relación de dominación siempre es una relación infeliz para las dos partes ligadas por esta relación.

Lo es, en primer lugar, para el dominado o subordinado, por varias razones. Ha de plegarse a las exigencias de quien lo ha subordinado. Debe actuar sabiendo que quien lo subordina lo ignora o utiliza instrumentalmente. Debe, si quiere sobrevivir, maniobrar estratégicamente: callando cuando protestar agrava su condición; aprovechando, en cambio, las crisis, insuficiencias y divisiones de la mayoría, cuando aquellas se producen, para conseguir mejorar sus condiciones; sabiendo que todo este comportamiento lo hará siempre sospechoso de deslealtad a la parte o sujeto dominante; e intuyendo que este comportamiento táctico será interpretado por aquel como «doblez», como puro espíritu comercial, proveniente de alguien que se pliega según sopla el viento en cada momento, y que, como tal, será objeto de escarnio.

Ahora bien, esta relación también hace infeliz a la parte dominante porque esta no logra nunca el reconocimiento auténtico, concedido gratuitamente y con plena libertad, de la otra parte que está subordinada. La negativa de esta última a reconocer su valor y sus virtudes le hace reaccionar con la ignorancia y, en algunos casos, con el desprecio hacia el subordinado para ocultar la frustración de no ser amado por lo que realmente es o cree ser (y no por la fuerza que utiliza).

3

3.1

En esta relación ninguna de las dos partes es genuinamente libre. Las dos partes están, de maneras diferentes, sometidas a la otra parte.

La única vía, entonces, para trascender ese conflicto y para liberarlas de una condición que atenaza a todos pasa por crear una estructura política en la que cada uno pueda reconocer y aceptar al otro en pie de igualdad. Esta estructura implica, en primer lugar, respetar la voluntad y la autonomía del otro. Implica abandonar el uso de la violencia, de la espada y de la coerción. Supone, finalmente, establecer una relación político-jurídica que garantice, desde la igualdad y la reciprocidad, la libertad y la dignidad de ambas partes.

3.2

La transición democrática y el pacto constitucional de 1978 ofrecieron una oportunidad para, aceptando la realidad plurinacional de la Península, enmendar la relación de desigualdad que había cristalizado definitivamente en el proceso de construcción de España como Estado moderno.

Aquella oportunidad, sin embargo, ha acabado fracasando. Quizás, como se suele decir, porque la Constitución se aprobó en un contexto político marcado por la presencia de la vieja guardia franquista y bajo la mirada vigilante del Ejército. Quizás, quién sabe, porque nuestros ponentes constitucionales, educados en un iuspositivismo ingenuo, más alemán que anglosajón, se contentaron con constitucionalizar un federalismo difuminado y etéreo.

En todo caso, aquella oportunidad fracasó porque no garantizó la posición de igualdad de las naciones peninsulares.

Negando la idea de que varias comunidades nacionales pudieran coexistir como iguales dentro del Estado español, los autores de la Constitución articularon el llamado «Estado de las autonomías» con fundamentos doctrinales absolutamente vagos. Así, reconocieron la existencia de «nacionalidades», sin especificar qué quería decir y en qué medida se distinguía el término de la palabra «regiones», que también emplearon. Y, al mismo tiempo, reservaron para España el título de «nación».

La distribución específica de competencias entre el Estado central y las futuras autonomías siguió la misma pauta de inconcreción y ambigüedad. Nominalmente, la Constitución permitió conceder a los Gobiernos autonómicos competencias amplias e incluso exclusivas sobre una gama considerable de materias legales. Pero, una vez más, otorgó al Gobierno central el derecho de intervenir en cualquier cuestión a través de las llamadas leyes de bases.

Imitando la Constitución de la Alemania Federal y su impronta kelseniana, los ponentes constitucionales depositaron la tarea de resolver todas estas contradicciones, es decir, el poder final de interpretación del sentido exacto de las palabras de la Constitución y de las leyes, en manos de un árbitro político superior, el Tribunal Constitucional. El problema, sin embargo, es que la composición de este árbitro quedó en manos de la mayoría española. Una vez superada la inestabilidad de la Transición, momento en que la izquierda española necesitaba el apoyo de Cataluña, el árbitro teóricamente neutral se convirtió en el instrumento, elegante solamente en las formas, utilizado para reproducir unas relaciones de subordinación que la Constitución debería haber resuelto.

Es cierto que, para blindar las competencias de las autonomías, la Constitución regula un procedimiento que exigía el acuerdo conjunto del Estado central y la autonomía correspondiente para aprobar y modificar los Estatutos de Autonomía. Una vez aprobado y/o reformado un Estatuto de Autonomía por una mayoría cualificada del Parlamento autonómico, es necesaria su aprobación por el Parlamento español y, por último, la ratificación de los habitantes de la comunidad autónoma mediante un referéndum. Este sistema, que algunos han descrito como procedimiento de blindaje de la autonomía catalana, es de por sí defectuoso: las Cortes españolas hicieron uso de su potestad para enmendar el Estatuto hasta forzar a la población catalana a aceptar el texto recortado en una consulta plebiscitaria en la que se ofrecieron unos mínimos que no se correspondían con las preferencias ideales de los ciudadanos consultados.

En cualquier caso, toda esta estructura, débil en mi opinión, de garantías, saltó por los aires una vez el Tribunal Constitucional se erigió como árbitro último del Estado de las autonomías con su sentencia de julio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía aprobado en 2006. A través de esa institución, la mayoría hizo explícita su condición de parte y juez en el juego político peninsular. La relación de desigualdad se hizo evidente con toda su crudeza una vez más. Y Cataluña entró en estado de rebeldía.

Las raíces profundas de la protesta catalana no se encuentran en cuestiones de naturaleza fiscal, no nacen de una queja de falta de servicios e infraestructuras dignas, ni parten de un problema de discriminación lingüística. Esos agravios existen y es legítimo exponerlos y tratar de corregirlos. No obstante, la protesta actual se fundamenta, por encima de todo, en el deseo, generalizado, de crear una relación basada en la dignidad, la igualdad y la libertad de todos.

4

La lección fundamental del periodo democrático establecido en 1978 y, sobre todo, de la negociación del Estatuto de 2006, coronada por la sentencia del Tribunal Constitucional, es que la estructura constitucional española no garantiza ningún espacio soberano a los catalanes (como catalanes). Cataluña era y es una minoría nacional permanente, siempre susceptible de ser corregida y laminada por el voto de la mayoría.

Desde la óptica jacobina del ciudadano sin atributos (porque es la ley la que le da atributos, si le da alguno), España es una democracia sin problemas. Esta óptica es, sin embargo, una entelequia: la realidad histórica española y el sentir y la manera de concebirse a sí mismos de modos diversos por parte de los ciudadanos del Estado español nos indican con claridad que hay diferenciación nacional interna. Y que, con la estructura actual, esta diferencia ni queda reconocida ni queda protegida.

¿Quiere decir esto que no hay algún tipo de arquitectura constitucional que permita restablecer y mantener una relación de igualdad entre Cataluña y España sin ser independientes? Los partidarios de una solución federal creen que sí.

Fotografía: Susana Vera / Cordon.

Para proceder a investigar esta posibilidad, hay que empezar por hacer una aclaración. Los términos federalismo, federación y pacto federal son polisémicos. México, Austria o Suiza se llaman a sí mismos Estados federales, pero sus diferencias constitucionales, a nivel operativo, son extraordinarias. En consecuencia, diseñar y proclamar un Estado federal no resolvería nada si antes no investigásemos cuáles son aquellas Constituciones federales que permiten garantizar la ejecución del pacto federal en los términos acordados por todos sus miembros.

En otras palabras, necesitamos responder a las siguientes preguntas: ¿Existe algún tipo de federación que incluya mecanismos constitucionales para prevenir la explotación por parte de uno o más miembros de la federación del resto de los territorios del Estado? Y, a continuación, ¿es ese tipo de federación posible en España (posible en el sentido de evitar una situación de desigualdad en la relación entre unidades federadas)?

Tradicionalmente, la mayoría de los teóricos del federalismo, preocupados por la relación entre el Gobierno federal y las unidades federadas como la potencial fuente de tensiones políticas en un sistema federal, han reiterado que la única federación que puede funcionar correctamente es aquella que establece una distribución equilibrada de poderes entre Gobierno federal y estados federados: un sistema donde el Gobierno federal no es lo suficientemente fuerte como para explotar los estados federados, pero donde tiene a la vez la capacidad y fuerza necesarias para mantener unida la federación. Esta teoría del federalismo ideal, que propongo llamar teoría federalista de los rizos de oro (en honor a aquella muchachita que no tomó ni la sopa caliente ni la sopa fría) es plausible.

En realidad, la legitimidad y fuerza del Gobierno federal depende, en último término, del grado de apoyo que recibe de algunas o de todas las unidades federadas para hacer valer su posición y mantener la federación unida. Por eso mismo, el éxito o fracaso de una federación en garantizar los derechos de las unidades federadas radica en un lugar diferente: en la naturaleza e identidad nacional de las unidades federadas.

A riesgo de simplificar una realidad necesariamente compleja, a continuación describiré varias (cuatro, en total) modalidades en la configuración de esas identidades y examinaré en qué medida y cómo facilitan o perturban el objetivo federal de preservar la unidad de la federación y la igualdad de las unidades federadas. Considérese, en primer lugar, el caso en que todas las unidades federadas comparten la misma identidad nacional y en donde las divisiones políticas existentes no coinciden con los límites territoriales de las unidades subnacionales (o si lo hacen, son poco intensas). Este es el caso de Estados Unidos en casi todos los momentos de su historia: una sola identidad nacional, con conflictos políticos estructurados en torno a categorías sociales como clase, raza, religión etc., y con esos diferentes grupos políticos y sociales distribuidos de manera relativamente igual en todo el territorio. En esa instancia, la posibilidad de que alguno de los estados de la unión pueda ser marginado sistemáticamente por el resto es muy baja. Las coaliciones políticas necesarias para ganar elecciones, votar en el Congreso y gobernar se organizarán siguiendo las divisorias de clase o religión. Dada su distribución aproximadamente uniforme en todo el territorio, casi todos los estados (o una parte de cada uno de ellos) participarán en las decisiones federales en todo momento. Las coaliciones estrictamente interregionales o interestatales que se puedan formar serán casi siempre temporales y eso reducirá al mínimo el peligro de explotación o discriminación de un parte de la federación a manos del resto. En otras palabras, las garantías de los estados federados, pactadas en la Constitución, se respetarán.

Consideremos, a continuación, el supuesto de un país federal con fuertes identidades territoriales (es decir, donde cada estado federado tiene su propia identidad nacional) y donde los estados federados se encuentran alineados en dos bloques más o menos equilibrados en cuanto a poder. Bélgica, donde valones y flamencos tienen un peso similar, se ajusta a esta descripción. En esa instancia, el mantenimiento del pacto federal se deriva o derivará directamente del equilibrio de poder de las dos partes.

Por una razón no muy diferente, el pacto federal también queda garantizado en aquellos países plurinacionales donde hay varias unidades federales con identidades nacionales particulares y donde ninguna de esas unidades (o bloques de unidades con la misma identidad) representa una mayoría de la federación. La Unión Europa se aproxima a esta situación. En este caso, todas las regiones o bloques de regiones existentes pueden formar coaliciones alternativas entre sí: esto permite que todas tengan una oportunidad similar de participación en la administración de la federación y que puedan, por tanto, bloquear cualquier intento de discriminación o de exclusión permanente. A título de ejemplo, consideremos el caso de un país con tres regiones de peso similar (e identidades diferentes), A, B y C. Para aprobar una ley por mayoría, hay cuatro coaliciones disponibles para hacerlo: AB, AC, BC y ABC. Si A se alía con B para explotar a C, C siempre puede proponer a A un pacto mejor para esta última cargando todo el coste sobre B. Naturalmente, B puede responder planteando a C una propuesta incluso mejor a costa de A. Una vez más, sin embargo, A intentará romper aquella alianza sugiriendo a B o C términos ventajosos para uno de los dos. En definitiva, en este juego de mayorías cíclicas, la posibilidad de mantener un pacto estable entre dos regiones es imposible y la discriminación o subordinación sistemática de una región no es factible.

Todas estas dinámicas no se producen, en cambio, en aquellos casos en que existe una federación plurinacional y donde una de las unidades (o bloque de unidades con una identidad compartida) tiene una mayoría (demográfica) sobre las otras unidades. En este caso, la probabilidad de una situación de discriminación o la explotación de la minoría, fiscal, lingüística o cultural, es considerable. Y, como resultado, la probabilidad de una reacción secesionista y la ruptura de la federación, también. Este sería el caso de España incluso si estableciera un sistema federal sin más.

Para poner remedio al desequilibrio en las relaciones de poder descrito en el último supuesto, y, sobre todo, en aquellos casos en que la minoría tiene preferencias intensas sobre determinadas cuestiones políticas o sociales, los teóricos del federalismo han propuesto a menudo una estructura federal asimétrica, dirigida a compensar la desigualdad demográfica o material existente entre unidades federadas. Esa solución consistiría en ceder a las minorías territoriales competencias extraordinarias o en crear jurisdicciones especiales. En sí mismo, eso supone un avance respecto al modelo federal «uniforme» o simétrico. Una vez más, sin embargo, comparte el mismo problema del resto de los otros tipos de federaciones (y, de hecho, de todos los Estados). Necesita establecer un mecanismo que garantice la aplicación de los acuerdos incluidos en el pacto constitucional inicial, es decir, que garantice la interpretación de las palabras escritas en la Constitución, en el sentido entendido por las partes que lo firmaron y lo aceptaron. Dicho de otro modo, el sistema de federalismo asimétrico solo puede funcionar si el árbitro que dirime los conflictos entre Gobierno federal y unidades federadas, y entre estas mismas, lo hace sin discriminar a nadie. En otras palabras, solamente puede generarse una federación robusta o estable si el árbitro federal no es parte y juez de una decisión o sentencia y no está, por tanto, capturado o secuestrado por un subconjunto de la federación.

¿Es esto posible? Sí, efectivamente, lo es. Basta que las partes afectadas (las unidades federadas) sean copartícipes en la composición del árbitro (el Tribunal Constitucional o Supremo correspondiente). Es decir, que formen parte del árbitro federal en condiciones de igualdad o, en otras palabras, que tengan poder de veto y que, de manera expresamente reconocida por la Constitución, puedan bloquear decisiones lesivas para sus intereses —siempre que, al hacerlo, actúen con la buena fe que requiere el compromiso de cumplir con el pacto constitucional inicial—.

En el caso histórico concreto que nos ocupa, España y el contencioso catalán, esto equivale a hacer posible que Cataluña (una minoría nacional) participe en condiciones de igualdad (con la mayoría) en las decisiones centrales, que pueda ejercer el derecho de veto sobre la actuación del Estado. En suma, la participación paritaria en las instituciones federales o centrales constituye la solución apropiada para evitar que, en un país plurinacional dividido de forma permanente entre una mayoría y una minoría nacionales, la primera subordine a la segunda o lesione sus intereses gravemente.

5

En este sentido, el derecho de autodeterminación (la celebración de un referéndum de autodeterminación) es equivalente o, si se quiere, una derivación de este sistema de protección, ya que dota a la minoría nacional de un instrumento que, en circunstancias excepcionales, le permite bloquear o escapar de una situación de abuso constante. El derecho de autodeterminación, como el derecho a la separación matrimonial, constituye un mecanismo a utilizar en aquellos casos en que, ante un tratamiento reiteradamente injusto y ante una situación de constante falta de protección, la parte débil de la relación pueda liberarse de la acción opresiva del resto de la federación. (La esperanza es que, en previsión del posible ejercicio del derecho de autodeterminación, la mayoría se abstenga de lesionar a la minoría y que, por tanto, aquel derecho no se ejerza nunca).

En el caso concreto de España, esto es, en una situación en que el texto constitucional no incluye un sistema de garantías efectivo, el ejercicio del derecho de autodeterminación se aparece como la única barrera efectiva de que disponen los miembros de una minoría frente a la imposición constante de normas generales por parte de la mayoría.

Naturalmente, el derecho de autodeterminación no se puede utilizar de manera frívola o como un arma arrojadiza cuando convenga. Para invocarlo y ejercerlo, es necesario que haya existido un periodo razonable de intentos de negociación entre mayoría y minoría. Es necesario demostrar que la mayoría no ha intentado corregir la situación injusta existente y que, a lo largo de ese proceso, no ha dado muestras de actuar de buena fe. Es necesario, finalmente, que la minoría se muestre favorable, de una manera constante, a ejercer el derecho de autodeterminación (algo que, hay que subrayar una y otra vez, debe diferenciarse de ser o no favorable a la separación).

Todas estas condiciones se dan en el caso de España y de Cataluña en estos momentos. En primer lugar, y ya desde la aprobación de la Constitución de 1978, Cataluña ha intentado persuadir a la mayoría de que, dado el texto enormemente flexible de la Constitución y a la luz de las expectativas creadas en el momento de la Transición, era posible construir una estructura de autogobierno generosa sin violar los principios y la arquitectura de la ley fundamental española. Ese intento de persuasión (y de negociación) cristalizó, finalmente, en la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de 2006. No obstante, como ya he indicado antes, el Tribunal Constitucional (en manos de la mayoría) anuló cláusulas fundamentales de un Estatuto de por sí sustancialmente modificado por las Cortes. Frente a esto se aduce frecuentemente que, dado que los catalanes votaron masivamente a favor de la Constitución, no es aceptable querer desligarse de aquella. Con independencia de las condiciones políticas (no exactamente prístinas) bajo las que se negoció y aprobó la Constitución, el hecho es que la mayoría y la minoría han divergido sobre su acuerdo respecto a la aplicación concreta de la Constitución porque ya de entrada la leyeron de formas diferentes, con expectativas diferentes. Eso mismo, el hecho de que la minoría no previese la introducción de múltiples obstáculos y límites en el despliegue del autogobierno, justifica la demanda de un referéndum y el creciente apoyo a la independencia.

En segundo lugar, las instituciones catalanas han intentado de buena fe reconducir la situación creada (o quizá simplemente revelada por la sentencia del TC de 2010) mediante negociaciones sobre cuestiones concretas, primero, y, finalmente, canalizando las demandas crecientes de la ciudadanía catalana a favor de un referéndum de autodeterminación. Es cierto que la Constitución española no reconoce literalmente el derecho de autodeterminación. No obstante, eso no impide que se pueda ejercer. Como indicó el Tribunal Supremo de Canadá en su opinión sobre la realización de un referéndum en Quebec, «la Constitución no es solamente un texto escrito», sino que «engloba todo un sistema de principios que rigen el ejercicio del poder constitucional… el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho, así como el respeto a las minorías» que deben gobernar, en última instancia, las acciones de los estados del Canadá y sus relaciones con la federación. A la luz de estos principios, el Tribunal Supremo entendió que, aunque no hubiese un derecho «directo» de Quebec a la secesión, era legítimo y constitucional consultar a los ciudadanos de esa provincia si eso venía seguido de una voluntad de negociación sobre los términos de la separación. Esa misma interpretación generosa puede prevalecer perfectamente a la hora de leer la Constitución española. Ese texto incluye diversas cláusulas que permiten, directamente a las instituciones centrales o, por delegación, a la Generalitat, convocar una consulta sobre la voluntad de los catalanes de permanecer en España o no. Y proceder, en caso de que la mayoría así lo decidiese, a pactar los términos de la separación.

Una interpretación correcta de la Constitución no puede ser nunca literal. Fue esa literalidad la que, en los juicios de Núremberg llevados a cabo por las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial, emplearon los jueces y oficiales alemanes procesados ​​por crímenes cometidos contra, entre otras minorías, la población judía o la etnia gitana. Los inculpados se defendieron de los delitos que se les imputaban alegando que se habían limitado a obedecer las órdenes de sus superiores de acuerdo con la legalidad constitucional. Efectivamente, una vez ganó las elecciones en Alemania y tras ser elegido canciller del Gobierno, Hitler procedió a declarar el estado de emergencia de acuerdo con las prerrogativas establecidas por el artículo 48 de la Constitución alemana. Dos meses después, el Parlamento enmendó aquel texto, siguiendo los procedimientos indicados en el mismo texto constitucional, al objeto de concentrar el poder político en el Ejecutivo. Nominalmente, la Constitución de Weimar no fue derogada nunca. Materialmente, es decir, considerada a la luz de los principios fundamentales (democracia, federalismo, etc.) que la inspiraban, sí que la podemos considerar inválida desde el momento en que el Reichstag aprobó la ley habilitante o de autorización de 1933 que ponía el poder de legislar en manos del Ejecutivo. El ejemplo de la Alemania nazi muestra de manera clara que, en el sostenimiento de la democracia, debemos siempre integrar cualquier texto constitucional en un marco conceptual más amplio a riesgo, si no lo hacemos, de vaciar la Constitución de toda validez real.

Si, a pesar de un deterioro de la estructura de autogobierno (respecto a los términos imaginados en el momento de participar en la redacción de la Constitución), a pesar de la existencia de múltiples mecanismos para consultar a los catalanes y para proceder a una renegociación de los términos de su encaje en España, y a pesar de la existencia de una mayoría abultada (el ochenta por ciento) de los catalanes a favor de celebrar un referéndum, la mayoría se opone sistemáticamente a convocarlo (o a permitir su convocatoria), ¿qué alternativa tienen las instituciones y el pueblo catalán? No hacer nada implica sostener una situación injusta. Supone perpetuar la situación de desigualdad que he descrito en la segunda sección de este artículo y que daña por igual (aunque a través de mecanismos diferentes) a ambas partes de la relación. Por tanto, siguiendo el mandato del Parlament elegido en septiembre de 2015, convocar un referéndum de autodeterminación, es decir, una simple votación en la que, de manera pacífica y ajustada al principio de igualdad de una persona/un voto, se pueda decidir sobre el futuro de Cataluña, es legítimo. Esta es una decisión, la de convocatoria y organización de un referéndum, diferente a la de declarar la independencia. Simplemente abre, en mi opinión, la vía para negociar, el día después de la consulta, una solución política a los desacuerdos existentes.

Concluyo recuperando el hilo inicial de este artículo. El objetivo final de este referéndum es el de corregir una situación abusiva. El propósito de la consulta del 1-O es el de restablecer la dignidad de todas sus partes en conflicto, tanto la mayoría como la minoría. El referéndum es, en definitiva, una oportunidad para crear una relación de igualdad que aún no existe y, al fin y al cabo, para liberar tanto a España como a Cataluña de todas las distorsiones y servidumbres que impone una relación injusta.

[1] Este artículo es una adaptación del discurso realizado ante el Institut d’Estudis Catalans el día 11 de septiembre de 2017.

[2] Catedrático de Política y Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences y del Institut d’Estudis Catalans.

Fotografía: Albert Gea / Cordon.


La desigualdad inevitable: una mirada a través de la ciencia ficción

1984. Imagen: MGM.
1984. Imagen: MGM.

Uno de los temas predilectos de las discusiones en las clases de Antropología de la universidad (sobre todo cuando son impartidas a no antropólogos, profundos ignorantes en la materia, como quien esto escribe) es la existencia o no de «universales culturales». Es decir: aspectos comunes a toda sociedad. Es una manera como otra cualquiera, torpe también, como todas las demás, de buscar la esencia de lo humano. Que es en lo que gastamos las horas los estudiantes de ciencias sociales, sí. Yo siempre pensé que si había algo que cumplía las características necesarias para ser un universal de estos era la desigualdad. Cualquier grupo social del que haya oído hablar en mi vida, pensaba yo como joven estudiante de sociología, presenta alguna forma de desigualdad. Es ineludible. Es permanente. Nos define.

Por supuesto, defender que existe en todos los grupos sociales posibles es algo muy distinto. Uno necesita una razón teórica para exponer por qué la desigualdad es y será constante. Para ello debe identificar las circunstancias, los condicionantes que la generan. Y, la verdad, jamás encontré un instrumento tan bueno para detectar posibilidades que no se me habían ocurrido pero que sin embargo eran plausibles como consumir libros y películas de ciencia ficción. La ciencia ficción es imaginación conscientemente restringida a los límites de lo que podría ser. Sus autores crean mundos enteros que están sometidos a una serie de restricciones idénticas a las del nuestro, mientras que otras son eliminadas, normalmente basadas en una hipótesis razonable, a una especulación que al menos tiene visos de realidad.

Para mí, la condición primigenia que está en el origen de la desigualdad es la imposibilidad de abarcar el infinito. En el instituto nos enseñaban que la economía era la ciencia que estudiaba cómo los seres humanos gestionan unos recursos limitados para cubrir unas necesidades ilimitadas. En ese desfase reside la desigualdad. La acumulación asimétrica de recursos necesita del valor asignado a los mismos, que obviamente depende de su escasez o abundancia. Si cualquiera de ellos existiese de manera ilimitada y todos nosotros pudiésemos manejar esa infinitud, la desigualdad no tendría razón de ser. Es cierto que se trata de una condición necesaria mas no suficiente, puesto que en teoría hasta los recursos limitados pueden ser distribuidos de manera totalmente igualitaria. Sin embargo, para que esto tenga lugar dos factores adicionales son necesarios: una igualdad total en la distribución del poder (para asegurar que nadie se apropie por la fuerza de todos o parte de los recursos que no le corresponden) y la seguridad absoluta de que el statu quo se va a mantener en el futuro. Y aquí es donde la imaginación informada de la ciencia ficción nos ayuda a comprender un poco mejor la desigualdad.

La mayoría de distopías se basan total o parcialmente en la desigualdad en el acceso al poder. 1984 es el epítome, claro. Una minoría fuertemente organizada se mantiene al frente de una sociedad jerárquica y ejerce de manera inmisericorde un control constante sobre las actividades de la mayoría de los individuos. Winston Smith está vigilado constantemente por una televisión que es al mismo tiempo aparato emisor y receptor, instalada en su mísero apartamento, que es mísero precisamente por y para que la élite pueda mantener su nivel de vida. Se trata de la idea más clásica de desigualdad extrema, con un fuerte componente político. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que la limitación de recursos disponibles y su distribución se circunscribe a lo material y a lo militar.

Normalmente, la antítesis del universo orwelliano por excelencia suele dibujarse como una bonita anarquía organizada o una suerte de democracia popular donde todos tengamos el mismo poder. Sin embargo, resulta mucho más realista la imagen de sortear el poder. Sencillamente porque otra de nuestras limitaciones esenciales es la imposibilidad de abarcar todos los posibles trabajos necesarios en todo momento: el don de la ubicuidad no nos ha sido concedido, así que la especialización es una buena idea, aunque comporte un coste en términos de desigualdad. Así lo entendieron en la antigua Grecia, donde una parte nada despreciable de los puestos de representación pública se obtenían a través del azar. Y así lo entendió también Phillip K. Dick en la (absurda, cabe admitir) Lotería solar. Aparentemente, el poder en el mundo de esta novela reside en las manos de quien es escogido presidente por sorteo. Sin embargo, el poder real depende de quien marca las normas para que dicho sorteo tenga lugar. Es un poco como lo de las primarias en los partidos: qué más da que existan o no si las cúpulas de los partidos continúan reteniendo el poder sobre sus reglas.

Por otro lado, jamás entendí por qué a la gente le gustaba comparar 1984 con Un mundo feliz, cuando es obvio que ambas historias surgen de premisas muy distintas con respecto a la desigualdad de partida. La obra de Huxley habla de otro recurso que también es limitado: el acceso a una buena mezcla genética. La desigualdad de partida más pura de cuantas existen. En este mundo, (una parte de) la humanidad es capaz de ejercer cierto control y monitorización sobre el resultado genético, de manera que es esta la herencia que importa, y no la material. Una sociedad de clases sin familia que es, en realidad, imposible en su estado puro: por lo que podemos saber, el interés de acumulación frente a la escasez que tiene cada individuo suele extenderse hacia aquellos que aprecia, rompiendo la correlación entre talento y recompensa que tanto gusta a los meritócratas. Sospecho que esta idea hubiese reconfortado al, para mí, más bien conservador Huxley.

Fahrenheit 451. Imagen: Anglo Enterprises.
Fahrenheit 451. Imagen: Anglo Enterprises.

Siguiendo en la línea de restricciones de partida que permiten la desigualdad y que van más allá de recursos materiales y poder político, otro clásico elemento en la ciencia ficción es el acceso a la información. Aquí la cita a Fahrenheit 451 es obligatoria, aunque sospecho que Bradbury estaba más preocupado por la supresión de la belleza que por el conocimiento en sí mismo y sus consecuencias sociales (al fin y al cabo, lo bello es el único elemento común en su muy variada obra). Prefiero citar un pasaje mucho más específico de la que, lo confesaré, es mi obra predilecta: cuando Términus se está alzando en una periferia del desmoronado Imperio Galáctico según el plan de Hari Seldon, un componente fundamental de su progreso es lo que los miembros de la Fundación disfrazan de religión, pero es en realidad ciencia. Ya saben: la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De ello se vale el naciente núcleo de progreso para someter a sus vecinos hundidos en la ignorancia, rodeando todo lo que tiene que ver con lo nuclear de un halo sagrado para mantener el control sobre el conocimiento que da acceso a la que es, en realidad, la fuente última de desigualdad: la energía.

Al fin y al cabo, imaginemos un mundo sin restricciones energéticas. Prácticamente todo sería posible porque la energía en cantidades suficientes (y con la tecnología adecuada) puede ser transformada en cualquier forma de materia. Es por ello que la inmensa mayoría de obras de ciencia ficción se cuidan de mantener algún tipo de restricción sobre las fuentes energéticas. Aquellas que no lo hacen demasiado lo convierten en una parte necesaria de su hilo argumental (la capacidad del Enterprise de llegar a cualquier lugar, casi instantáneamente) o en una excusa para el absurdo (la Energía de la Improbabilidad Infinita de la Guía del autoestopista galáctico). Y es por ello también que los avances en eficiencia energética son tan importantes para el futuro de la sociedad. Cada vez que logramos dar un paso significativo en este ámbito nuestra capacidad para hacer cosas, cualquier cosa, se multiplica por mil. Y, asumiendo que mantenemos algún tipo de sistema de reparto de poder relativamente equitativo (la democracia es el mejor que hemos encontrado, de momento), también nos aseguramos que la distribución de esa capacidad adquirida no sea demasiado desigual entre los miembros de la sociedad.

Dije que la energía era la fuente última de desigualdad, pero en realidad esto no es del todo cierto. Sabemos que, en teoría, aún podemos avanzar muchísimo en un uso más eficiente de la energía que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, no lo sabemos con respecto al tiempo. En El fin de la eternidad, los Eternos son capaces de existir más allá del continuo espacio-tiempo y con ello escapan a la mayor restricción para el ser humano. Con todo el tiempo disponible, la energía infinita también puede ser aprovechada. Sin embargo, en tanto que solo una parte de la población dispone de esta capacidad el tiempo sigue existiendo, y con el acceso al mismo, también la desigualdad. Posiblemente en su forma más extrema posible, pues el ser Eterno también representa la omnipresencia y la omnisciencia. Asimov resuelve esta situación de la única manera posible (atención, SPOILER hasta cambio de párrafo): haciendo que los Eternos se autodestruyan y dejando a la sociedad bregando con las formas más habituales de desigualdad.

Poder político, suerte, genes, energía y tiempo. Cinco fuentes de inequidad que se entremezclan con el mero acceso a recursos materiales para mostrarnos que, efectivamente, muestran que ser desiguales es consustancial a la condición social del ser humano. Por el momento: al igual que la ciencia ficción, la forma en que la humanidad se organiza está siempre en el terreno de la especulación. No sabemos qué nos deparará el mañana, porque (mientras no controlemos el viaje en el tiempo) «el mañana» es allá donde ningún ser humano ha estado antes.


Ferguson y los fantasmas del pasado

Manifestantes  protestan por el asesinato de Michael Brown en Ferguson. Foto: Cordon Press.
Manifestantes protestan por el asesinato de Michael Brown en Ferguson. Foto: Cordon Press.

Hace un par de semanas estaba en un parque de atracciones en Massachusetts, haciendo cola para subirme a una vieja montaña rusa de madera. Era un espléndido día de verano en Nueva Inglaterra, y el parque estaba lleno, animado, ruidoso; era difícil no estar de buen humor. En la cola, esperando detrás de mí para subirse al tren, había una familia blanca con tres niñas. Los trenes de la montaña rusa acomodaban dos por fila, así que se colocaron en dos parejas, mientras una de las hijas, de diez o doce años, iba sentada en el coche de delante. Por el azar de la cola, a un chaval negro quizás dos o tres años mayor le iba a tocar sentarse con ella.

Hasta aquí, nada anormal —nadie dijo nada, todo el mundo era cordial, todo el mundo estaba de bueno humor—. Antes de subirse al tren, sin embargo, el chico negro no estaba  de pie detrás de su compañera de fila. En vez de hacer cola de forma normal, dejando 30-40 centímetros de distancia, el chaval esperó su turno lejos del andén, más de un metro más atrás. Era una imagen curiosa: un parque lleno de gente, una larga cola para subirse a una atracción y alguien dejando espacio activamente, manteniendo la distancia.

El resto del día me dediqué a mirar colas y espacios, a fijarme en si esa imagen era algo inusual o era algo común. Para mi sorpresa, no lo era; muy a menudo chicos afroamericanos jóvenes, en fila en cualquier parte, mantenían una distancia mayor con otros visitantes del parque. No era algo explícito, directo o abiertamente discutido. Nadie parecía estar pidiendo esa clase de distancia; nadie parecía quejarse cuando no existía. Aun así, era algo común, persistente —una especie de separación inconsciente entre blancos y negros, incluso en la cola de un parque de atracciones.

El motivo de esta distancia es algo casi inseparable de la vida diaria de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, complejo y difícil de describir. Es algo que sucede en todo el país, incluso en los supuestamente más civilizados estados del norte, aunque es más habitual en el sur. Es la persistencia de viejos prejuicios del pasado, de viejas actitudes y concepciones, que hace que los afroamericanos sean a menudo prejuzgados como «peligrosos» en el día a día.

Cualquier familia negra o grupo de amigos en Estados Unidos ha hablado más de una vez sobre qué hacer cuando se encuentran con un policía. Qué deben hacer para no parecer amenazadores, hostiles o sospechosos. Qué deben hacer si un policía les grita, empuja o les insulta. Cómo deben hablar y comportarse para no poner nervioso a nadie y evitar una confrontación. El mensaje siempre es el mismo: las manos siempre visibles, nunca alzar la voz, nunca correr o dar la espalda, nunca responder a provocaciones. Un compañero de trabajo me comentaba el otro día cómo su madre siempre les decía que nunca debían correr en la calle, y menos delante de policías, ya que corrían el riesgo de que les persiguieran. La distancia en el parque de atracciones, en cierto sentido, es un reflejo de estas precauciones, de esta prudencia que la comunidad afroamericana debe mostrar de forma implícita.

Los negros en Estados Unidos tienen una probabilidad mucho más alta de ser parados por la calle por un agente del orden. Driving while black  («conduciendo mientras eres negro») no es un crimen en ninguna parte, pero lo cierto es que los afroamericanos sufren controles aleatorios mucho más a menudo, ya que la policía siempre tiene tendencia a verlos con malos ojos. El sistema legal parece estar en su contra: son detenidos muy por encima de otros grupos y tienen una probabilidad mucho más alta de ir a la cárcel durante más tiempo a igual tipo de delito. También parecen ser víctimas de la violencia policial de forma mucho más habitual y recurrente: la policía usa SWATs mucho más a menudo para sospechosos negros. Aunque el consumo de drogas es parecido en todos los grupos raciales, los afroamericanos van a la cárcel en una proporción muy superior. Las estadísticas son demoledoras: aunque los afroamericanos viven en áreas con mayores tasas de criminalidad, el sistema penal americano es desproporcionadamente severo con ellos.

En los últimos meses ha sido un gotear de noticias constante de jóvenes afroamericanos desarmados tiroteados por policías o civiles que creían estar peligro. Mike Brown, el chico que murió tiroteado en Ferguson, Missouri, la semana pasada, es otro más en una larga serie de casos: Ezell Ford, John Crawford, Eric GardnerOscar Grant, Robbie TolanBilley Joe Johnston, Amadou Diallo, Aiyana Jones, Sean Bell, Tarika WilsonKhalif Snowden y muchos otros. Aunque cada caso es distinto, hay un patrón sostenido de violencia policial y muertes violentas en barrios negros, a menudo recibidos con indiferencia por parte de las autoridades, y en no pocos casos los agentes implicados nunca son acusados de ningún delito. Aunque no hay buenos datos a nivel nacional, los que hay indican que la policía en muchas jurisdicciones es bastante más propensa a recurrir a sus armas de fuego contra afroamericanos que contra otros grupos raciales. No es en absoluto sorprendente que la comunidad negra empiece a estar harta.

La muerte de Mike Brown hace unos días está ligada a todas esas muertes. Los problemas raciales, la tensión, la violencia policial, forma parte de la caída de las viejas ciudades industriales americanas y la emergencia de la pobreza urbana en Estados Unidos. Ferguson es un suburbio cercano a la otrora próspera ciudad de St. Louis. Como tantas ciudades del Mid-WestSt. Louis fue uno de los centros de la colosal industria manufacturera americana en la primera mitad del siglo XX. La población creció de 78.000 habitantes en 1850 a 857.000 cien años después; la ciudad se benefició de tener uno de los primeros puentes sobre el Mississippi, llegando a albergar unos Juegos Olímpicos en 1904. La segunda mitad de siglo trajo la desindustrialización, como en tantos otros lugares, y St. Louis se vio atrapada en una espiral descendente de tensiones raciales, paro, salida de las clases medias (blancas) hacia los suburbios y pérdida de población. La ciudad tiene ahora 318.000 habitantes y casi la mitad de la población es afroamericana. En 1940, eran un 13%.

St. Louis es relativamente inusual dentro de las grandes ciudades americanas en que nunca fue capaz de absorber sus suburbios; Ferguson, aunque teóricamente es una localidad independiente, forma parte del área metropolitana de la ciudad. Los problemas de Ferguson son un reflejo tardío de los males de la gran ciudad de la que depende; la primera oleada migratoria en los cuarenta hizo que muchas familias blancas se mudaran a Ferguson, quintuplicando su población entre 1940 y 1970. A partir de ese momento, el crecimiento se estanca: las familias de clase media blanca empiezan a mudarse de nuevo a otros suburbios más lejos del centro, mientras que muchos afroamericanos empiezan a salir de St. Louis y ocupan su lugar. Ferguson pierde casi un tercio de sus habitantes entre 1970 y 2013, pasando de 29.000 a 21.000. La población pasó de ser un 73% blanca en 1990 a un 67% afroamericana en 2010.  Tanto Ferguson como St. Louis tienen tasas de pobreza elevadas (22 y 27%, respectivamente), un reflejo de la decadencia de ambas ciudades.

La policía detiene a un manifestante durante las protestas por el asesinato de Michael Brown. Foto: Cordon Press.
La policía detiene a un manifestante durante las protestas por el asesinato de Michael Brown. Foto: Cordon Press.

La población en Ferguson puede haber cambiado, pero no así su política. Seis de los siete concejales del Ayuntamiento son blancos; igual que cincuenta de sus cincuenta y tres policías. La tasa de pobreza para afroamericanos es más del doble que para blancos. La comunidad negra de la ciudad se había quejado con razón en repetidas ocasiones de que la policía aplicaba un doble rasero. Son pobres, están infrarrepresentados en todas partes, la policía les maltrata y el sistema político les ignora sistemáticamente. No es extraño que se sientan perseguidos y marginados; realmente lo están. Cuando el 9 de agosto Michael Brown, un chaval de dieciocho años que iba a empezar a ir a la universidad en unos pocos días, fue tiroteado por un policía sin motivo aparente según varios testigos, la indignación contra los constantes abusos y violencia policial era más que justificada.

Ferguson, aun con todas sus tensiones, es una ciudad pequeña donde los conflictos raciales son relativamente recientes. La respuesta de las autoridades fue increíblemente torpe hasta el punto de que lejos de calmar los ánimos no hizo más que empeorar las cosas. Para empezar, la policía se negó a publicar el nombre del agente que había efectuado los disparos o su informe sobre el incidente. De forma incomprensible no tomaron apenas medidas la noche después del tiroteo y las pequeñas protestas rápidamente se les fueron de las manos con saqueos y disturbios. Al día siguiente, en vez de intentar calmar los ánimos, pidieron ayuda a St. Louis y básicamente sacaron los tanques a la calle. En vez de ir con uniformes de calle e intentar evitar que las protestas pacíficas durante el día degeneraran en violencia, los cuerpos de seguridad aparecieron vestidos como un ejército de ocupación, con cascos, máscaras de gas, blindaje, fusiles de asalto y vehículos acorazados, creando aún más indignación (la militarización de la policía es otra historia separada y también reciente). Tras varias noches de caos Jay Nixon, el gobernador de Missouri, se vio forzado a quitar el control a las autoridades locales y enviar a la policía estatal. Tras una noche de calma, el jefe de la policía de Ferguson, en una surrealista rueda de prensa, reveló el nombre del agente que efectuó los disparos, Darren Wilson, e hizo público un vídeo que mostraba a Mike Brown robando un paquete de cigarrillos de una tienda media hora antes del tiroteo. Era un intento obvio de criminalizar a la víctima; ante la indignación general tuvieron que aclarar horas más tarde que Wilson no sabía que era sospechoso. El daño, no obstante, ya estaba hecho y los disturbios se repitieron, acabando la noche del sábado con un manifestante herido de bala.

Lo más triste de toda esta historia es que a pesar de que no sabemos qué sucedió realmente el 9 de agosto entre Mike Brown y Darren Wilson, en el fondo esto importa relativamente poco. Brown pudo haber intentado agredir al agente, tal como defiende la policía, pero la realidad de marginación, malos tratos, y el lento goteo de afroamericanos que son objeto de palizas, detenciones injustificadas, vejaciones y acoso policial seguirá estando ahí, igual que antes. La muerte de un chico en un suburbio de Missouri será un accidente. La reacción asustada de un policía de mal humor será una anécdota, pero sobre todo es un síntoma, otro más, de la vieja historia de discriminación, marginalidad y oportunidades perdidas que los afroamericanos siguen sufriendo en Estados Unidos.

Si os fijáis, no estoy utilizando la palabra que empieza por R; no estoy hablando de racismo. Ferguson y todas las muertes anteriores, igual que las aterradoras cifras de detenciones, encarcelamiento y pobreza no son, el sentido estricto, fruto de odio racial; no es un racismo explícito, de creer que otros son inferiores. Es algo más sutil, el resultado de años de pobreza acumulada, la progresiva muerte de las grandes ciudades, la desaparición de los viejos puestos de trabajo industriales de baja calificación y buenos sueldos y décadas de políticas públicas hostiles y políticos culpando a los pobres de su pobreza. Muy poca gente en Estados Unidos es abiertamente racista estos días, pero muchos no dudaran a atribuir los problemas de la comunidad afroamericana a sus propios errores, no al fracaso del sistema. Los prejuicios, la idea de que los negros son peligrosos, o de que cometen más crímenes, o que deben ser vigilados más de cerca, son tan o más insidiosos que los viejos odios raciales, porque son socialmente aceptables.

Estados Unidos es una sociedad increíblemente próspera y tolerante. Aun con sus problemas y desigualdades, ningún país acoge inmigrantes con la misma facilidad, y ningún otro país alberga la diversidad de la sociedad americana. Aun así, detrás de esa diversidad se oculta con frecuencia una brutal desigualdad, a menudo increíblemente concentrada en algunos grupos raciales. La sociedad americana parece haber aceptado estas desigualdades durante las últimas décadas, porque los más perjudicados acostumbraban a ser «los otros» (negros, latinos, etcétera), no la clase media blanca. Ferguson, y otras ciudades que han sufrido disturbios en tiempos recientes, son una señal de que los perdedores de siempre empiezan a estar bastante hartos. El problema, como siempre en Estados Unidos, es que los perdedores no son solo negros: la desigualdad ha afectado a todos los grupos, no solo a las minorías. Como siempre que se habla de desigualdad en América, los conflictos raciales a menudo crean divisiones donde no debería haberlas.

Una nota final: la respuesta policial en Ferguson ha sido tan brutalmente desproporcionada como épicamente incompetente. Estos disturbios nunca hubieran escalado de esta manera en España; la policía nunca hubiera utilizado tácticas tan indiscriminadas y brutales, y nunca hubieran permitido saqueos. La policía española utiliza más agentes a pie, sin blindados, y no usa gases lacrimógenos por muy buenos motivos.

Una madre y su hija llevan llevan flores al lugar donde Michael Brown fue asesinado por la policía en Ferguson. Foto: Cordon Press.
Una madre y su hija llevan llevan flores al lugar donde Michael Brown fue asesinado por un oficial de policía en Ferguson. Foto: Cordon Press.


Pero ¿qué son las favelas?

Favela de Complexo do Alemao en Río de Janeiro. Fotografía: Cordon Press.

«Neumáticos incendiados, disparos y una protesta que terminó con al menos un muerto se registraron esta noche, a cincuenta días del Mundial, en varias calles de Copacabana, una de las zonas más turísticas de Río de Janeiro, tras la muerte violenta de un habitante de una favela cercana». El teletipo de agencia escupía el otro día una ducha de realidad en cuatro líneas sobre la delicada situación por la que pasa la ciudad-escaparate de Brasil. De todas las palabras hay una sola en portugués, pero es tan familiar que no merece cursiva. También es cierto que lleva incorporado un barniz de connotaciones negativas asociadas incluso por omisión: fuego, disparos, violencia, muerte, favela. Al leer la noticia en la prensa, en algún punto del planeta habrá algún turista futbolero con el billete en la mano que se habrá pensado dos veces el viaje al Mundial. Craso error. Al menos sin saber antes qué son las favelas. Y ya de paso cuándo, cómo, dónde y por qué.

En rigor, una favela es una comunidad de vecinos —oficialmente, de más de veinte casas— ubicada en un terreno informal y con servicios deficientes. En definitiva, un barrio precario. En total hay mil setenta y una favelas en Río de Janeiro, según el censo de 2010, pero hoy ya hay varias decenas más: una favela se forma con suma rapidez, como ocurrió de manera notoria recientemente en Río y Sao Paulo. Si existen las favelas es por pura y simple supervivencia, dado el desnivel económico de un país donde rige como patrón un salario mínimo que alcanza a duras penas los doscientos euros y que tiene de siempre un déficit habitacional y un pésimo planeamiento urbano, sumado al aluvión cíclico de emigrantes rurales a las grandes ciudades. Estos barrios han pasado por muchas etapas, pero las secuencias se repiten históricamente, echando más y más humo sobre un tema capital: la propiedad y el uso de la tierra.

Como todo lo desconocido, las favelas —o comunidades, uno de sus sinónimos eufemísticos— provocan temor y atracción, miedo y curiosidad al mismo tiempo en quien no las ha pisado. En el caso de Río de Janeiro, impresionan por su avasalladora presencia. Lo que para el planeta es fascinante, en el sentido lato de la palabra, para Río de Janeiro es rutinario, pues forma parte inextricable de su ser. Basta ver un mapa de la enorme ciudad carioca señalizado para entenderlo. O simplemente mirar para arriba, a las montañas. La favela, que para el neófito puede llegar a ser un averno tropical, es el lugar donde habita, atención, uno de cada cinco cariocas. O sea, casi un millón y medio de personas. La aplastante mayoría, sonroja tener que decirlo, es gente del común que se levanta para trabajar cada mañana y que antes de acostarse hace exactamente lo mismo que el brasileño millonario o que el de clase media: ver la telenovela y el fútbol, medicina diaria. Que tiene menos poder adquisitivo y menos garantías sociales y políticas, pero que forma parte del sistema, sobre todo cuando baja de su casa. Los porteros de edificio, cajeras de supermercado, peluqueras, albañiles, conductores de autobús, taxistas, pero también, cada vez más, estudiantes de Derecho, personal trainers, fotógrafos e informáticos habitan en favelas. También, es verdad, hay más desempleo, familias disfuncionales, población en situación de riesgo. Y en la mayoría de las favelas aún rige un poder paralelo al Estado, dominado por grupos fuera de la ley. Por todo ello decir favela inspira sospecha, cuando no terror, para quien no las conoce. Y facilita la recreación de estereotipos ampliamente difundidos por el cine y la televisión, del Zé Pequeno de Ciudad de Dios al capitán Nascimento de Tropa de élite, modelos que no sacan de dudas al que llega a Río. Ese que ve las moles de ladrillo sin revestir dominando las montañas y se sigue preguntando: pero, ¿qué diablos son las favelas?

La primera favela se llamó… Favela

La favela de Morro do Pinto en 1912. Fotografía: Anónimo (DP).

Río cumple en unos meses cuatrocientos cincuenta años. Las favelas, poco más de ciento quince. Pero a estas alturas no se entiende una cosa sin la otra. En 1896 estalló la guerra de Canudos, en realidad una rebelión popular con trasfondo religioso en el estado de Bahía, recreada, entre otros, por Mario Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo, y aplastada por el ejército en menos de un año. Los soldados, una vez terminada la contienda, volvieron a Río a cobrar el salario y la recompensa del Gobierno. De tanto esperar por la burocracia, acabaron instalándose en una de las colinas más céntricas de la ciudad. Se llamaba Morro (cerro) da Providencia, pero lo rebautizaron Morro da Favela, según la mayoría de historiadores, en honor a la planta homónima que crecía en el monte donde acampaban durante la guerra. La soldada jamás llegó y en consecuencia los veteranos de guerra formaron el primer barrio de chabolas carioca. Y a partir de entonces el nombre se usó para denominar a los muy similares lugares que empezaron a brotar como setas. Las comunidades precarias empezaron a conformar una realidad que contrastaba en la idílica postal de la aristocrática sociedad de la capital de una república heredera de un imperio que acababa de abolir la esclavitud nueve años antes, o sea anteayer. Es probable que existiesen otras favelas antes que la Favela, pero ya quedó para siempre establecido el precedente, en contraposición al asfalto o ciudad formal.

Con el avance del nuevo siglo llegó una oleada de inmigrantes a las grandes ciudades, especialmente desde el humildísimo nordeste del país, para construir literalmente una nueva nación, el famoso País del futuro del archicitado ensayo de Stefan Zweig. Ocurrió, por ejemplo, con Bernardino y Aurora, una pareja de jóvenes que en 1942 emigraron desde el estado de Pernambuco casi sin saberlo, atraídos por el trabajo en la entonces floreciente capital del país, y terminaron ocupando un lote mínimo de tierra fangosa en la ladera del cerro llamado Providencia —antes Favela—, y teniendo hijos casi por camada: doce. Ellos no lo sabrían, pero varias generaciones después, Roberto, uno de sus muchos nietos, contaría a través de su familia la historia transversal de Río de Janeiro, y de paso, la de un término ya convertido en universal.

Mis abuelos llegaron aquí sin nada de nada y levantaron su casa para sacar adelante a una familia enorme, sin luz ni cloacas. Aquella época era complicadísima y criar hijos una cosa tremenda. Mis abuelos dirigieron la casa y formaron parte de un barrio orgulloso de su historia. Ahora en su casa, que empezó siendo una barraca, vivimos siete familias. Tenemos un sitio donde vivir gracias a ellos, y esa es una historia que se repite en casi todas las favelas de la ciudad.

Samba, fútbol y guerra

Favela de Morro dos Prazeres. Fotografía Dany13 (CC).

La mezcla de procedencias y razas —con predominancia de descendientes de los africanos traídos durante la esclavitud, solo abolida en 1888— sumada a un excepcional cruce de factores geográficos y sociales, convirtieron a la favela en el centro de una cultura emergente, un vivero donde floreció la tríada fundamental de la identidad carioca del siglo XX: samba, carnaval y fútbol. Ninguno nació específicamente allí, e incluso el tercero fue cosa de élites blancas durante décadas, pero los tres se reinventaron en los morros hasta darle a la ciudad, al país, una fertilidad mágica de la que se felicita el planeta entero. En ese paraje en continua efervescencia, además, los índices de criminalidad eran residuales en comparación con lo que vendría después. Lo que no quiere decir que vivir en la favela en los años veinte, treinta, cuarenta fuese Disney, precisamente. Lo supieron Bernardino y Aurora, que a duras penas pudieron criar a sus hijos redoblando esfuerzos y trabajos, y todos los que vinieron después hasta Roberto, que como él nacieron, crecieron y se reprodujeron en un lugar expuesto a la discriminación de los de abajo. Que son los de arriba, recordemos.

Yo iba al colegio y me decían: ¿de dónde vienes? Del morro de Providencia. ¡No vayas con ese, que es un ladrón y un bandido! Siempre hemos llevado encima el estigma de ser favelado. ¿Cómo es eso de que un kilo pese menos aquí que abajo? Aquí la presunción de inocencia es al revés, hasta que no se demuestre lo contrario soy culpable.

Roberto, hoy treinta y ocho años, a diferencia de otros muchos, pudo estudiar y desarrollarse como si fuese un niño del asfalto durante la década en que cambió por completo la historia de las favelas y por tanto de la ciudad de Río de Janeiro, los años ochenta. Por aquel entonces pequeñas organizaciones criminales sin matriz de cartel ni planificación aparente pero con el olfato del tiburón que huele la sangre empezaron a tomar el control de los barrios. Enseguida fueron espoleados por el tráfico de drogas, que multiplicó la entrada de dinero en las comunidades. La violencia se hizo presente como rutina de un patrón criminal que enseguida se enquistó como poder atomizado y paralelo al del Estado, a través de diferentes facciones dispersas en las cientos de comunidades de la ciudad, algunas agrupadas en siglas tristemente célebres (CV, ADA, TCP) y con un modelo vertical. No es casualidad que al jefe del cotarro le llamen dono (dueño) del morro, en una jerarquía que continúa con los gerentes de las bocas de fumo, o puntos de venta de droga, los endoladores —soldados que empaquetan y dejan lista la mercadoría— los vaporeiros (vendedores) y los fogueteiros u olheiros, vigías del tráfico y primer escalafón que avisan si se aproxima la policía o una facción enemiga. De arriba abajo hasta llegar al punto más cercano de la ciudad formal, casi siempre ajena a un mundo adyacente pero no mezclado, donde jóvenes en bermudas y sandalias y armados hasta los dientes dominaban —dominan— la vida de miles de personas. Así vivió ese Río durante décadas: tiroteos, balas perdidas, torturas, muerte. Y con un modelo de sociedad diferente al resto, combatido por el Estado de forma errática e igualmente violenta durante treinta años hasta que se abrió camino una nueva política emparentada —demasiado, en opinión de los críticos— con el nuevo Río del Mundial y los Juegos Olímpicos.

Una pacificación demasiado cara

Presencia policial en la favela de Pavao-Pavaozinho, en Río de Janeiro, el pasado 23 de abril. Fotografía: Cordon Press.

Lo que ven Roberto y sus dos hijos desde la terraza común a las otras seis familias de primos y hermanos es un privilegio al alcance de muy pocos: a sus pies está el barrio portuario de Río, la bahía de Guanabara y ahí, flotando, como esperando algo, los grandes cruceros que atracan cada día repletos de turistas. La Providencia, aquella favela inaugural, ha terminado por convertirse en pieza codiciada. Tiene una vista de trescientos sesenta grados de toda la ciudad desde el centro mismo de la urbe, específicamente desde una zona que estaba —está aún— degradada por décadas de abandono pero que ahora es el centro del programa de revitalización llamado Porto Maravilha. En realidad es un emprendimiento urbanístico, por no decir inmobiliario, que se ha hecho con la concesión de un barrio que, prometen, nada tendrá que envidiar a Barcelona —su gran referencia— en la nueva fachada al mar de Río. Para ello recalificaron terrenos donde agonizaban viejas construcciones portuarias, devenidas esqueletos de un tiempo mejor, con la idea de revitalizar una zona que parece sacada de una película de zombis, una gentrification en toda regla que incluía el desplazamiento de buena parte de los cuatro mil habitantes de la favela más antigua de la ciudad. La lucha de los vecinos y, también, la titubeante Administración, han hecho que de momento los planes no hayan salido del papel.

Para el año pasado tenían prevista la inauguración de un teleférico que comunicaría la Estación Central de Brasil hasta aquí mismo, hasta la entrada de la comunidad. Y al mismo tiempo, desde la entrada querían hacer un funicular para que los turistas pudieran subir hasta la cima, para hacer la película de los pobres con vista, todo muy bonito. Pero todo está parado. Por suerte, estamos en 2014 y de momento solo han salido ciento noventa y seis personas, y el resto seguimos aquí, sabiendo los planes del Ayuntamiento, pero dispuestos a luchar y resistir. Todo lo que construyó mi familia ahora lo quieren tirar. Nos quejamos, claro, porque nosotros nos sentimos parte de un negocio del que no formamos parte.

Lo que les ocurre a Roberto y al resto es, en su opinión, consecuencia directa de la política de seguridad desarrollada por el Estado de Río de Janeiro desde 2008, positiva en muchas cosas, no tanto en otras. El nuevo modelo, a mitad de camino entre lo planeado y lo improvisado, que prometía el cambio más radical de la historia reciente de la ciudad: la pacificación de las favelas, así, en cursiva, esta vez al menos, porque no todos los implicados están de acuerdo en la nomenclatura. Se trataba de la toma por parte del Estado de determinadas comunidades dominadas por el narcotráfico con el fin de reducir los índices de criminalidad letal de Río, según el arquitecto del plan, el secretario de Seguridad Pública, José Mariano Beltrame:

Queríamos que la población recuperase su derecho de ir y venir en esas comunidades donde ahora también reciben servicios públicos y privados que antes no llegaban por el miedo al narcotráfico. Aunque no todo llegue a la velocidad que deseemos, tan solo el hecho de abrir las puertas de las comunidades para la entrada de iniciativas de cualquier tipo ya representa una disminución en las disparidades sociales.

Y de momento salió a medias: después de cinco años y medio, hay casi cuarenta Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que dan servicio a más de cien comunidades, en su mayoría del arco turístico de las playas y el centro. He ahí una de las críticas, pues la mayoría de las comunidades están en zonas mucho menos visibles para el turismo y la clase media y alta, en favelas en muchos casos apartadas de la vida real de la ciudad, mal comunicadas y peor atendidas por los servicios públicos. Un mundo paralelo en una ciudad que presume de ser el decorado natural urbano más bonito del mundo.

La experiencia piloto de la pacificación se llevó a cabo en la comunidad de Santa Marta, en la acaudalada zona sur de la ciudad. Allí se creó la primera UPP. Dos años después, el proceso tuvo su mayor momento de gloria cuando la policía reconquistó el entonces bastión más importante del tráfico de drogas, el complejo del Alemao, en 2010, y otros dos años después, la favela Rocinha, de más de cien mil habitantes, en 2012. Pero lo que parecía la panacea, un Río en paz, se reveló problemático justo cuando se llegaba a los cinco años de proyecto, en parte por la reactivación del crimen, que nunca había salido del todo, en parte por la endémica corrupción de la Policía Militar y por su larga lista de víctimas: primero se encarceló a los responsables policiales de la favela Rocinha por la desaparición de un albañil llamado Amarildo, convertido en mártir civil de la población de las favelas. Luego, en el episodio narrado al principio, cientos de personas se echaron contra la policía en plena Copacabana en protesta por la muerte de un joven bailarín de la comunidad Pavão-Pavãozinho. Y en el medio quedan mil y una historias sin contar en los medios locales sobre las actuaciones policiales que, por primera vez, empiezan a ser contestadas sin miedo por la población de las comunidades. Cada semana se reproducen protestas violentas en favelas pacificadas en una espiral que mantiene desconcertada a la seguridad pública de la ciudad. Y en medio de eso, el narcotráfico ha contraatacado, con ofensivas a las unidades de pacificación en un aparente plan coordinado desde las cárceles por los líderes de los grupos criminales. Hablamos, claro, de las favelas visibles, las ocupadas, que son minoría. Enfilando hacia la zona oeste, se pueden hacer kilómetros y kilómetros circundando favelas sin parar. Y sin pacificar. De hecho, son más de la mitad de la ciudad, que en muchos casos además ni siquiera están dominadas por narcotráfico y mucho menos se espera a la policía: quienes mandan son milicias, grupos de expolicías y exmilitares (o incluso en activo), bomberos y otros servidores públicos que funcionan como un grupo mafioso que extorsiona a la población a cambio de supuesta protección y a la que le venden electricidad, internet o televisión, clásico de un régimen de terror, y que gana terreno cada año. Según los últimos cálculos, cuatro de diez favelas de Río están dominadas por la milicia, otras cinco por el narcotráfico y la que resta, por la policía.

Favelas chic

Una favela en el centro de Río de Janeiro. Fotografía: Dany13 (CC).

La comunidad donde vive Roberto es un promontorio que parece hecho a medida para construir una vista alternativa a los tradicionales miradores del Pan de Azúcar o el Cristo. Aunque de momento están paradas las obras del plano inclinado y el teleférico, sabe que llegarán: están en un lugar incomparable. Eso mismo ocurre en las comunidades con balcón al Atlántico. Orográficamente, Río de Janeiro es única: con un espectacular paisaje que conjuga montaña, selva y mar, el decorado es el de una ciudad formal en el asfalto trufado de morros repletos de vegetación y favelas. Y eso se multiplica en la zona sur: a cada barrio rico, una o varias favelas. Tienen vidas separadas pero votan en los mismos colegios electorales, se bañan en la misma playa y bailan en los mismos blocos de carnaval. Hasta el experimento de Santa Marta, aun así, les separaba la barrera de fuego que por primera vez empezó a borrarse. Hay quien vio un futuro en estas comunidades, como Edgar Costa, catalán, treintañero, que se apresuró a comprar una casa en la favela Vidigal, la más fotografiada de Río porque es la que crece a las faldas del morro Dois Irmãos, en la punta del imbatible combo que forman las playas de Ipanema y Leblon. De siempre se ha dicho que Vidigal tiene las mejores vistas, pero pocos extranjeros se aventuraban a vivir de forma permanente pensando que aún había balas perdidas y una ley que no se ajustaba a lo que habían vivido en su país. En cuanto fue pacificada, en 2011, Costa ni se lo pensó: visitó la inmobiliaria que funciona en la favela, en una oficina de cuatro metros cuadrados, y le ofrecieron varias opciones. Una de ellas, con título público de propiedad y por veinticinco mil dólares.

No lo hice por especulación, aunque está claro que si yo me voy antes de los Juegos Olímpicos el valor se multiplicará. A mí me atrae la favela por su forma de vida, pero sin tiros. La pacificación no es perfecta, pero las ventajas en muchos sentidos son obvias. El hecho de que Vidigal forme parte de la zona sur hace que haya gente que venda su casa y el mercado se encarga solito de que entren extranjeros como yo, pero creo que el vecino de la favela se beneficia.

A estas alturas no solo hay extranjeros, sino albergues, hoteles boutique y nuevos emprendimientos cada semana, con servicios propios de barrios ricos en medio de una comunidad. Una favela chic. Mientras, el creciente mercado inmobiliario en las favelas de la fachada litoral sur de la ciudad hace que los precios aumenten como la espuma con la pertinente razón de la demanda, en definitiva una lógica que siguieron los países del norte del mundo, al menos hasta que la burbuja les estalló en la cara.

Y después del Mundial y los Juegos, ¿qué?

Con todo el puzle sobre la mesa, todos se preguntan qué le espera a la ciudad después de los eventos. Todos son la policía, el narcotráfico, los analistas, los habitantes del asfalto y los políticos, pero también sobre todo, los habitantes de favelas como las que componen el complejo de Maré, dieciséis barrios, ciento treinta mil personas. A principios de abril fue ocupado primero por la denostada policía militar, luego por el ejército. Hoy, y al menos hasta que deje de rodar el balón el 12 de julio, pasean tanques, jeeps y sobrevuelan helicópteros verde oliva con soldados pertrechados con fusiles automáticos. Para los vecinos cambia la estampa de forma notoria —uniformados en vez de chavales en bermudas vendiendo droga en la calle— pero el efecto psicológico es muy parecido. Lo dice Eliana Sousa, directora de la ONG Redes da Maré.

Aquí siempre hubo vida cotidiana, trabajamos, estudiamos, tenemos proyectos sociales, militamos, reivindicamos, y la verdad, muchos derechos llegaron (basura, luz, agua) a pesar de los grupos que regulaban la vida cotidiana. No puede ser que en una ciudad la gente vaya armada. Merecemos una experiencia republicana, más que estar solo controlados por otro grupo, aunque se llame policía. Hemos visto toda la vida cómo la policía nos estigmatiza por ser de una favela, y sufrimos por eso, y por eso a veces nos hemos sentido mejor tratados por el narcotraficante que por el policía. Eso tiene que cambiar.

Es tan complicado el presente como aterrador el escenario que ocupa: hay lugares de Maré donde los edificios surgen como coladores al paso de los tanques. En la llamada calle Divisa, las dos principales facciones del narcotráfico de la zona dirimían hasta anteayer sus diferencias a tiros de fusil y mortero, dejando una escena más propia de Oriente Medio que de Brasil. Pero no está a la vista del visitante, ni siquiera ahora que está ocupada por el ejército. Esas favelas, ubicadas en un territorio privilegiado entre las dos principales vías que unen el aeropuerto de Río con el centro, están ocultas tras grandes paneles de metacrilato dispuestos a lo largo de las autopistas hacia la zona noble de la ciudad, lo que sugiere una comparación con la situación general de Río: ¿la pacificación tapa pero no soluciona los problemas? Más adelante Roberto mira el puerto desde su casa y ve un futuro barrio hecho a medida de turistas y gente con recursos pero sin sus pobladores de más de un siglo. ¿Es esto el progreso para toda la sociedad? Él, como tantos afectados, cree que las favelas se desplazan pero no desaparecen, más bien al contrario. Y eso es difícil que lo equilibren un Mundial y unos Juegos Olímpicos.

Una pintada de protesta en la Favela da Paz, una de las más cercana al Estadio Maracaná. Fotografía: Cordon Press.


Juan, María y la otra desigualdad

Llevo ya un tiempo pensando que tenemos una idea bastante limitada de lo que es la desigualdad, y de cómo puede resolverse aquí y ahora, en la España de 2013. Cuando escuchamos hablar de desigualdad solemos pensar sencillamente en ricos y pobres. En personas, o en grupos (¡en clases sociales!) con muchos más recursos que sus vecinos. Medimos la distancia entre ambos, o la variación de un individuo a otro y he ahí la desigualdad. Las formas de solucionarla que nos vienen a la cabeza en el debate político del día a día suelen ser igualmente simplistas: podemos emplear impuestos sobre la renta (o sobre el capital) que después redistribuiremos a través de gasto público o de transferencias puras, de un lado a otro del espectro.

Nada de esto es, por supuesto, ni erróneo, ni falso. La desigualdad es esencialmente un reparto desequilibrado de recursos. La mejor manera que tenemos de medir este reparto es a través de la riqueza y de la renta, en cualquier caso de dinero hablamos finalmente. Del dinero disponible en un momento dado. Y los instrumentos más obviamente poderosos para cambiar esta situación se resumen en «quitarle a unos para darle a otros». En torno a esto ha girado la mayor parte de la lucha política occidental en los últimos siglos. Sobre esto también tendemos a pensar cuando miramos a nuestro entorno en busca de las injusticias y sus posibles soluciones.

Y aun sin ser ni erróneo ni falso esta no es la única manera de pensar en la desigualdad. A veces ni siquiera es la más importante. Mientras que es indudablemente cierto que «desigualdad» es igual a «diferencia en recursos entre A y B en un momento M», no es menos cierto que esto solo nos proporciona información sobre un resultado particular en un momento determinado del tiempo. Quedarnos ahí nos hace perder completamente la perspectiva sobre cuál será la evolución, y en consecuencia las expectativas, de las personas A y B. Nos hace también no comprender por qué dicho valor, los recursos en el momento M, pueden no predecir bien cuál es la capacidad de A o de B para seguir manteniendo esa posición en momentos posteriores.

Bajemos del mundo abstracto al real y pongamos nombres y tiempos a las letras. Digamos que A es Juan. Juan tiene cincuenta y dos años, pelo oscuro que comienza a clarear y cejas pobladas sobre sus ojos color miel. Juan también tiene un puesto de contable en una empresa mediana que exporta puertas al extranjero. Juan llegó a ese puesto hace treinta y dos años, cuando la empresa comenzaba a abrirse paso. Lo consiguió sin formación específica porque por aquel entonces, bueno, tampoco muchos la tenían en la ciudad de provincias en que reside y trabaja. Juan es, por tanto, un contable bastante antiguo, que conoce al dedillo a su empresa por dentro, pero que es más bien poco hábil con las nuevas herramientas contables y financieras que la informática pone a su disposición. Juan también tiene un contrato indefinido con una indemnización por despido que le garantiza unos cuarenta mil euros si tal cosa llegase a suceder.

B es María. María tiene solo veintiocho años, y sus cejas no son pobladas. Lo que sí es poblado es su currículum: licenciada en ADE + Derecho bilingüe, con un master de escuela de negocios de nivel medio-alto, experiencia en forma de prácticas en varias grandes consultoras y auditoras y capacidad para manejar cualquier programa informático (porque si no lo conoce puede aprenderlo). María tiene además don de gentes. Así que ha conseguido un puesto en otra empresa mediana que exporta marcos de ventana, en la misma ciudad mediana de provincias que Juan, donde siempre quiso volver a vivir a pesar de que realizó sus estudios viendo mundo. María gana en este momento cincuenta y cinco euros al mes más que Juan. María, eso sí, se encuentra bajo un contrato por obra y servicio porque en la empresa mediana que fabrica y exporta marcos de ventana le han dicho que bueno, que tal y como están las cosas no le pueden hacer fija «todavía». María lo entiende y lo acepta, aunque es cierto que ya van por el segundo contrato temporal, alrededor de dieciocho meses. Si le despiden mañana tendrá una indemnización de unos mil eurillos.

Ahora llegamos nosotros en el momento M, septiembre de 2013, Medidores de la Desigualdad, y queremos saber cuál es la situación en nuestra sociedad, que de momento solo está formada por Juan y María. La desigualdad es, entonces, favorable a María por un porcentaje determinado y bastante bajo, dada la escasa diferencia salarial. Conclusión: nuestra sociedad no está particularmente desequilibrada.

El error cometido por la medición aparece ahora claro: para empezar, María tiene unas probabilidades de ser despedida mucho más altas que Juan. De hecho, si colocásemos a Juan y a María en la misma empresa y en el mismo departamento, un directivo buscando hacer reajuste de personal lo tendría tristemente fácil a la hora de decidir a quién despedir. A igualdad de salarios, la productividad de María debería ser valorada en treinta y nueve mil euros más (la diferencia en indemnizaciones por despido) para salir a cuenta. Lo cual, dado que Juan se conoce la compañía de cabo a rabo, no sucede, a pesar de que María sepa todo lo que hay que saber sobre software contable. Además, de ser despedida, María contaría con muchos menos recursos para salvar el paso hasta el siguiente trabajo, que no sabemos cómo de largo puede ser. Como consecuencia, María se encuentra en una situación mucho más vulnerable que Juan. Esto, por cierto, también puede ser independiente de la renta familiar. Si ponemos a Juan en el mismo hogar que María, haciéndole a él el padre de una hija para la cual quería y quiere lo mejor, la desigualdad se mantiene y resulta incluso más patente, pues los dos disponen del mismo soporte en el hogar pero afrontan riesgos de intensidad muy distinta. Es cierto que hay argumentos para proteger a Juan de una manera sólida, dado que si pierde su trabajo es improbable que vuelva a encontrar uno similar. Lo que cabe preguntarse, lo que quiero plantear aquí, no es eso: es si realmente queremos que la diferencia entre ambos sea tan grande.

Una medida de desigualdad que ignora las barreras a las que se enfrentan los individuos produce un debate parcial y sesgado. El problema de María no puede ser solucionado solo a través de un impuesto de la renta ni de transferencias incrementadas para ella. Y sin embargo la desigualdad está ahí: dada la actual situación de España, a lo largo de su ciclo vital (o al menos en el mismo a medio plazo) María tendrá menos posibilidades para desarrollar una vida plena que Juan. Los costes de cualquier empeoramiento de la situación no estarán nunca distribuidos de manera equitativa, igual que no lo han estado entre 2007 y 2011, cuando el mercado laboral español se deshizo de personal ocupado de la siguiente manera: el 3% de los trabajadores fijos perdieron su puesto de trabajo, mientras que este porcentaje se multiplicó por diez en los temporales. Y en el caso de los temporales por debajo de veinticuatro años el 60% perdieron su trabajo. Reflexionemos un instante sobre esto: más de la mitad de los chavales menores de veinticinco con contrato temporal se quedaron sin trabajo en cuatro años. Sin embargo, antes de 2007 muchos de ellos ganaban tanto como su correlato con mayor edad y puesto más estable. La desigualdad, medida como diferencia salarial entre ambos, solo se detecta cuando ya es demasiado tarde.

La forma de atacar este tipo de problemas es prestando atención a qué está estructurando la actitud de los individuos en el mercado, qué condiciona sus oportunidades. En este caso es defendible que la existencia de facto de dos opciones para contratar trabajadores, una estable y cara y otra precaria, flexible y barata, pone a los trabajadores bajo un doble rasero. Si queremos reducir la desigualdad el debate tendrá que referirse necesariamente a este doble rasero.

La consideración de medir la desigualdad como imposibilidad de acceso a las mismas condiciones no es exclusiva del mercado laboral. Ojalá lo fuese. España dispone de un amplio y colorido abanico de barreras de entrada que dejan a unos la vida mucho más difícil que a otros. Estas barreras tienen la particularidad de tener una forma relativamente compleja y, sobre todo, de ser en gran medida independientes de la renta de quien intenta entrar. Tenemos barreras de entrada para actuar en ciertos sectores (taxis, farmacia, transportes terrestres). Tenemos barreras de entrada en la función pública, donde la afiliación política prima por encima del mérito para ocupar cargos de cierta importancia. Tenemos barreras de entrada que vienen de los Ayuntamientos (sí, en serio). Tenemos barreras de entrada en muchas profesiones llamadas, irónicamente, «liberales», y encarnadas por los colegios profesionales. Por tener, tenemos barreras de entrada incluso en la industria cultural, tan dependiente de subvenciones que la ha hecho esclerótica. Todas y cada una de ellas genera una pequeña desigualdad en acceso a recursos y expectativas futuras.

Hay quien dirá que la diferencia entre medir la desigualdad por rentas o por barreras de entrada, entre intentar solucionarla a través de impuestos y transferencias o a través de cambios y regulación, esconde una oposición mucho más esencial: igualar por resultados contra igualar por oportunidades. Que centrar la atención en las diferencias entre quienes cuentan con ciertos privilegios y quienes no en lugar de hacerlo en quién tiene recursos y quién no es una sutil forma de mover el foco hacia el liberalismo, hacia la meritocracia, hacia la introducción de la competición y la competencia en todas las esferas de la vida. Sin embargo, quien así lo ve olvida normalmente dar respuesta a dos interrogantes. Primero, ¿cuál es la alternativa? ¿Mantener ciertos privilegios? ¿Establecer un sistema que mientras los mantenga garantice la redistribución? ¿Cómo se hace eso exactamente? Segundo, y aún más importante, ¿por qué una propuesta política que abogue por eliminar barreras de entrada, simplificar regulación y evitar el anquilosamiento de ciertos grupos es incompatible con abogar al mismo tiempo por una mayor redistribución a posteriori? No parece ninguna quimera pretender que Juan y María tengan el mismo nivel de protección contra el despido (si se quiere, con una cierta prima para Juan por longevidad), que este sea alto, y que además cuando cualquiera de ellos quede en paro se le proporcione un colchón lo suficientemente mullido y lo suficientemente útil como para encontrar un nuevo trabajo en el periodo de tiempo más corto posible.

En definitiva, lo que reclamo para nuestro debate público sobre desigualdad, renta y, en definitiva, el futuro económico de España no es una moderación: es un enriquecimiento en los ejes de referencia. Creo que lo que debemos preguntarnos es sencillamente si queremos resolver la desigualdad que vemos hoy o si deseamos trabajar en evitar las desigualdades que vendrán. Si estamos dispuestos a que nuestro Estado nos proteja a todos por igual a la vez que nos exige a todos por igual. Yo sí lo quiero. Quizás es porque tengo la edad de María.