Futuro Imperfecto #25: Próximo derrumbe en la justicia

John Larroquette y un tío con corbata en Juzgado de Guardia.

Desbordados por la carga de trabajo: así se manifestaban siete de cada diez jueces españoles en una encuesta de transparencia internacional anterior a la crisis de la COVID-19 Señalaban a los Juzgados de lo Social y los de Primera Instancia como los más colapsados. Una situación que, como la de la sanidad, no era desconocida. Hace dos años el Consejo General del Poder Judicial avisaba de que el 60% de los juzgados no daban abasto. Hace solo seis meses ya se hacía un ranking con los diez más colapsados del país. Acabamos de ver en sanidad lo que ocurre cuando tienes un ratio de camas UCI menor a la media europea, y estamos a punto de ver lo que pasa en justicia cuando la media de jueces por cada cien mil habitantes es once, y no veintiuno, como el ratio europeo. Porque se les viene encima una avalancha.

Muchos divorciados pedirán la revisión de las pensiones de alimentos a sus hijos y al cónyuge si han perdido ingresos por ERTE o paro. La asistencia a víctimas de violencia de género, a la que no afectaba la suspensión decretada por el CGPJ el 14 de marzo, se ha reducido en un 50%. Los desahucios están en suspenso, y las PAH prevé una aluvión cuando vuelvan a permitirse. 

La fiscalía ya tiene abiertas cien investigaciones por la muerte de ancianos en residencias. Algunos trabajadores que reclaman EPI adecuados en esos lugares están siendo despedidos. Quién duda que familiares, víctimas y trabajadores necesitarán justicia. La mayoría de muertos por coronavirus han fallecido allí.

Las multas han seguido llegando, y se cuestiona que muchas de las impuestas por Tráfico hayan sido cobradas por los bancos mediante embargo, ilícitamente y sin dar opción a los veinte días de plazo para recurrirlas. Que se lo digan a Mariano Rajoy: las sanciones también caminan rápido. ¿Recurrirá el expresidente a los juzgados?

No sabemos si él, pero sin duda sí muchos de los sancionados por saltarse el confinamiento, y más aquellos que fueron multados por razones cuestionables, como sentarse en un banco o ir en bicicleta al trabajo por deporte. Entre una parte de la población se ha sentido que policías y guardias civiles se creían de pronto como el juez Dredd, ese antihéroe del cómic que ejercía de  policía, juez, jurado y verdugo. Si quieren saber más, aquí un poco de metal explicativo. Para contrarrestar sus posibles excesos, ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de Barcelona tramitarán de momento estas denuncias, así que cuando lo hagan llegarán en tromba a los juzgados de Cataluña.

Todo esto cuando varios juristas explican en medios sociales que el estado de alarma no impide la movilidad, y unos cuantos estudios demuestran que somos el país que más rigurosamente ha cumplido con el confinamiento, a la par que el que más multas nos han puesto, con diferencia. A finales de marzo llevábamos ya tres veces más que Italia con menos población y menos tiempo de confinamiento. 

Los que están de vuelta de que los multen son los 50 000 empresarios que se declararán en quiebra este 2020, de diferentes colectivos y sectores profesionales.  En 2019, por comparar, hubo 6599 quiebras, la cifra más alta desde 2014. ¿Por qué tantas antes del COVID-19? La economía iba regular, y ahora son 500 000 empresas las que han solicitado ERTE. Por no hablar de las que lo revirtieron y decidieron directamente ir al ERE o al cierre, para no prolongar su agonía durante 2020. Un ejercicio que muchos dan por perdido. España contaba con 3,6 millones de empresas en 2019. Con menos de 10 empleados operaban 1 923 976 empresas. Industriales apenas eran 199 076, comercio, hostelería y resto de servicios sumaban 2 547 527 compañías. Hagan sus números, pero todos los procesos de quiebra, despidos, reclamaciones y asociados tienen que pasar por los juzgados.

En previsión de todo esto el gobierno publicó un Real Decreto destinado a paliar el previsible colapso en la justicia. Su medida más significativa, abrir los juzgados en agosto y celebrar juicios también por las tardes. Eso, y medidas de protección para quienes trabajan en ellos que ríanse de las bolsas de basura con las que enfermeras se fabricaban EPI. La Administración de Justicia, según EFE, aseguró que fotos como la del enlace, enviadas por abogados, procuradores y funcionarios eran anecdóticas. Luego saltó la primera voz de alarma, emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, avisando que no se permitirían en los juzgados elementos de protección no homologados. ¿No hubiera tenido que emitir esa indicación, más instrucciones claras, el CGPJ?

Lo de abrir en agosto suscitó quejas inmediatas de abogados, procuradores y graduados sociales: eso les dejaba sin vacaciones. La mayoría de ellos son profesionales autónomos que de por sí ya tenían difícil irse unos días, dado el funcionamiento del sistema judicial. El sistema LexNet puede notificarles en cualquier momento, y no es necesario que el destinatario abra su notificación para dar por hecho que ha sido avisado, y por tanto corre el plazo. Es decir, tienen que estar siempre atentos para contestar procedimientos relacionados con sus clientes entre los dos y los cinco días siguientes. Ahora también en agosto

La falta de vacaciones no rige para jueces y fiscales, porque son funcionarios. En teoría, ni siquiera el gobierno puede hacer un Real Decreto para que trabajen de forma excepcional en vacaciones, por las circunstancias excepcionales de la pandemia. Cualquier norma emitida por ellos sería de rango menor a la Constitución, cuyo artículo 40.2 especifica que «los poderes públicos (…) garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas (…)». Y son los poderes públicos quienes emplean a los funcionarios de la justicia. 

El Real Decreto gubernamental también especificó que los juicios se celebren vía telemática, y eso abre otro de los frentes largamente padecidos por el ámbito judicial. En cuestiones informáticas están todavía en la versión Windows 95. Durante el estado de alarma, únicamente los secretarios judiciales han tenido acceso al teletrabajo. El acceso telemático a los expedientes judiciales por cada uno de los funcionarios es un riesgo para la seguridad. Como es material sensible, se ha dejado sin acceso desde casa durante años a los funcionarios. Quién podía prever que fuera necesario el teletrabajo en el siglo XXI. A los secretarios judiciales se les ha provisto de una VPN, y en el otro extremo han estado los funcionarios de clase C y D. Debido a su rango la Administración no les dota de equipos informáticos ni teléfonos móviles. Así que han estado en sus casas imposibilitados para teletrabajar. Sus equipos propios, de tenerlos, no cumplirían las exigencias de seguridad. No es extraño por tanto que entre los jueces predomine el escepticismo cuando el Real Decreto habla de juicios online. A lo mejor, en vez de videoconferencia, deberían plantearse usar un chat

¿Podría ser que los trabajadores y funcionarios estuvieran exagerando solo porque quieren tener vacaciones? Las cifras nos dicen que el problema va más allá de un mínimo y necesario descanso. El CGPJ fija una carga de trabajo para los juzgados, y reconoció en 2014 que casi la mitad soportaba un 150% más de la asignada. Seis años después, los juzgados de primera instancia en Madrid tienen esa misma cifra de exceso de carga, y los de lo mercantil, un 346% más. Hablar de que se nos viene encima un colapso judicial, ahora que entrarán muchos más procedimientos, parece bastante realista. 

Todo lo anterior puede explicarse con un razonamiento sencillo: los juzgados de nuestro país han administrado justicia, o lo que sea que se pueda hacer con estos recursos y carga de trabajo, por encima de sus posibilidades. La COVID-19 está dejando expuestas las vergüenzas judiciales de nuestro Estado, como ya ha dejado expuestas las de la sanidad y muchas otras más. A los sanitarios se les ha sacrificado con medios insuficientes y turnos interminables. Ahora les toca a los autónomos que trabajan en lo judicial, y seguramente también a sus funcionarios, aunque tengan vacaciones, o quizá porque no las tengan.

El problema de fondo es mucho más grave. En una sociedad moderna, sana y civilizada, la separación de poderes y una justicia rápida, sólida, eficaz y coherente, es absolutamente vital. Los recursos del poder judicial los decide el legislativo, y es conocida y discutida su influencia en la elección de miembros del CGPJ, en contra de los preceptos de la UE. Los jueces, fiscales, abogados de oficio, procuradores y demás agentes del sistema, necesitan recursos desde hace mucho tiempo. 

Por no hablar de la vital necesidad de contar con educación a todos los niveles en el funcionamiento y trabajo del poder judicial. No es posible que políticos de todo tipo y color estén discutiendo sentencias sin leerlas cuando no les gustan y alabando a los jueces cuando las sentencias les son favorables. Que se presione y se señale a jueces. Que se utilice de manera emocional cualquier decisión para fomentar enfrentamiento y polarización. Los legos cuando queremos aprender o entender una sentencia, o simplemente cómo funciona la justifica y por qué se toman unas decisiones u otras, terminamos buscando los análisis en Twitter de gente como Lady Crocs, Judge The Zipper, Borja Adsuara, Javier de la Cueva, Natalia Velilla, David Bravo o José María de Pablo, en lugar de en unos medios cada vez más ideologizados y necesitados de audiencia. Gente que, después de su jornada laboral, y sin descanso, dedican su tiempo en medios sociales a leer y explicar, a menudo a petición del respetable.

¿Cambiamos descansos por aplausos? Dos sectores han sido maltratados durante años sin que quisiéramos enterarnos, y ahora pesa la sospecha de que en las próximas semanas, o meses, acabará tocándonos a todos y cada uno de nosotros pasar por alguno de ambos. 


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Futuro Imperfecto #22: ¿A que me chivo? Todos a los jueces

En la última semana se ha desbocado una tendencia habitual ya en la política, acudir a los tribunales en lugar de pelear en congresos, asambleas y diputaciones. Y ello mientras el gobierno alude a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Aquel hecho supuso la renuncia de todos los partidos a una parte de sus idearios en pro de la reconstrucción democrática, y podría ser que el presente requiriese algo semejante para reconstruir la economía española. Y si no, nos chivamos a los tribunales. 

Vox va a denunciar al gobierno por la vía penal, y ante el Tribunal Constitucional por la forma de aplicar el estado de alarma. La intervención de Santiago Abascal en el Congreso el jueves dejó claro que les hacía responsables de los muertos y contagiados. Teóricamente el artículo 102 de la Constitución afirma que es posible, vía Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Jupol, el sindicato que representa al 60% de los policías de escala básica emprenderá una querella contra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. El motivo, haber ignorado el informe del 24 de enero, emitido por prevención de riesgos laborales de la policía, el cual recomendaba el uso de guantes y mascarillas contra la COVID-19. 

La guardia civil no se queda atrás y desde su asociación profesional Jupil denunciarán a Marlaska y también al ministro de Sanidad Salvador Illa, por no incluir a este cuerpo entre los colectivos de riesgo alto de contagio, una condición negada también a los policías. 

Y para terminar, los aludidos. El hijo de José Bono va a querellarse por calumnias contra él y su pareja, el empresario que dicen que actuó de intermediario en la compra de España a China de tests COVID-19, esos que no funcionaban

Los jueces como solución en todas partes

Este panorama de «me chivo al juez» no es solo nacional. En Estados Unidos proponen juzgar a Trump por crímenes contra la humanidad porque ha recomendado la hidroxicloroquina como tratamiento contra el COVID-19. Hay serias dudas sobre su eficacia, y el estudio en que ha basado su recomendación no ha seguido el criterio de revisión (el peer review) necesario para publicarse. Además el principal productor de este medicamento pagó a Michael Cohen, portavoz del presidente, para acceder a Trump

Aparte de estas sospechas, uno de los problemas para aprobar la ayuda de dos billones de dólares en ayudas contra la pandemia, es que Trump y su familia no se lucren «en exceso» por el camino. Doctor House, tenemos caso en el ala oeste de la Casa Blanca así que better call Saul. O un guirigay parecido. 

Estamos en lo que le decía Tom Cruise a Demi Moore en Algunos hombres buenos»¡: «El soldado Willy ha muerto. Alguien tiene que ser culpable». Tenemos muertos por la pandemia, y los políticos están a repartir las culpas. 

Denunciemos a China.

En las cortes internacionales por ser responsables de la pandemia COVID-19, y las anteriores como el SARS. Se confirma que tienen su origen en los wet markets, llamados así porque el suelo se riega con agua continuamente. Son lugares donde el comprador quiere ver al animal vivo antes que el carnicero lo mate, despelleje y despiece delante de él. El problema es que también venden fauna salvaje cazada viva, como el pangolín, destinada a la medicina tradicional china —no al consumo alimentario—. Su manipulación y uso provoca la transmisión de coronavirus propios de animales a la especie humana. La ONU ha hecho un llamamiento para acabar con los «mercados húmedos». 

De izquierda a derecha: Sean Hannity, Tucker Carlson, Brian Kilmeade, Ainsley Earhardt, Steve Doocy y Donald J. Trump. Photo: ©Showtime / Courtesy Everett Collection

O repensemos el papel de la información

La difusión de información veraz y relevante es un arma más en la lucha contra esta pandemia. Pero, ¿quién tiene acceso a ella? El Foro Económico Mundial ha advertido que una de sus mayores preocupaciones es que una gran parte de la población no tenga acceso a la misma debido al nuevo muro de pago de los periódicos, las suscripciones

Puede entonces que sean periodistas de élite quienes dominen la verdad para responder a sus intereses. Alguien así fue quien convenció a Trump de que había que luchar contra la COVID-19. Tucker Carlson, de la FOX, le visitó en Mar-a-Lago para convencerle de que estaba equivocándose al no prestar atención a la pandemia de coronavirus. Le convenció con datos, pero sobre todo con el argumento de que mentir era un síntoma de debilidad, y eso, como presidente de Estados Unidos, no debía permitírselo. Se lo decía uno de sus mayores defensores periodísticos, ojo.

Poco después la Casa Blanca dejaba de calificar al COVID-19 como algo sin importancia, y emprendió medidas. Trump puso al frente a su yerno, y anunció que si solo morían doscientos mil estadounidenses su gestión habría sido un gran éxito. No, no es un chiste. Varios de sus voceros habituales lo repitieron en medios. Como Sinclair Networks y todos los canales repitiendo las mismas palabras exactamente. Ahora tenemos a todos los partidos con sus grupos de Telegram o similares, sus bots o influenciadores, haciendo lo mismo. Sigan a Mari Luz Congosto y aprendan con ella si les interesa el tema. 

Aquí en nuestro país era la policía nacional quien se convertía en difusora de información avisándonos sobre la existencia de 1.5 millones de cuentas de redes sociales creadas para difundir bulos sobre la pandemia. Les faltó decir que era un recuento a nivel mundial, no de España. Los detalles, el foco, la independencia al contar una historia son lo que evita, como nos advierte el Reuters Institute,  que la opinión pública acabe radicalizada y orientada al interés de un grupo u otro. De ahí a acudir a los tribunales irá un paso, y estaremos en un eterno día de la marmota. 

En estos momentos turbulentos es cuando los populismos prevalecen y los dictadores se relamen. Cuando, como dice Reverte, aparecen esos hombres y mujeres que nos embaucan con «falsas promesas de pan y seguridad». 

Podemos terminar enviando a personas o cosas directamente a las hogueras. Un bulo difundido en Reino Unido ha asociado las torres de antenas 5G con la expansión del coronavirus, y las están quemando. Brexit Style. Las operadoras, de momento, han pedido amablemente, muy polites ellas, que dejen de hacerlo. 

Actuar mejor que acudir al juez

En el afán de denunciar a menudo olvidamos que el derecho va siempre por detrás de la realidad a la que legisla, y que la justicia es lenta para ser justa. El problema es que los problemas pueden morirse si esperamos demasiado. 

Como en el cine, que solo sobrevivirá si se acepta que estrenar un largometraje en una plataforma de streaming es tan relevante como hacerlo en una sala. Al menos es lo que reclama el sector en España. Disney ya lo ha entendido y va a replicar la estrategia de Netflix para no quedarse atrás. Buen ejemplo de que esta es la nueva realidad lo constituye la película vasca El hoyo, que pasó sin pena ni gloria por los cines, cuyo circuito lo consideró un producto para adolescentes, de ciencia ficción, quizá de terror, arte menor, y lo despachó en sus salas. Hoy es la más vista en Estados Unidos y en una decena de países. 

No todo es tan negativo. Expertos en ciberseguridad organizan jornadas para recaudar dinero. Un evento online de charlas de seguridad a beneficio de la Cruz Roja. Diversas iniciativas buscan financiación de particulares para comprar equipamiento para hospitales. Iniciativas como Gratix.com, Supervecina.com/yaquevas, eressomostodos.com y otras más buscan ayudar a la gente de manera organizada. Hay muchas otras en cada portal y barrio. Los ciudadanos están dando el ejemplo que deberían dar los políticos. ¿Y por qué se comportan así «nuestros mayores»?

Si quieren saber más del tema, les recomendamos a Jonathan Sumption y su libro Juicios de Estado. Magistrado del Tribunal Supremo, ya anunciaba en 2019 que las democracias del mundo se habían anquilosado. La creciente división social, creada por los propios políticos, se pretendía resolver después con demandas en los tribunales. Estos, aunque dictaran sentencia, no terminaban con el problema. Es más, sus resoluciones generaban más división. Veáse procés de Cataluña. 

No postula el letrado con dejar de denunciar el incumplimiento de la ley. Lo que explicaba, hoy delante de nuestras narices inevitablemente, es que la polarización de la sociedad termina mal. Que debemos enseñar a nuestros hijos que el contrario no es el mal en estado puro. Que debemos exigir a nuestros políticos que negocien, que se respeten y que busquen puntos en común, para construir sobre ellos, aunque discutan agriamente sobre los puntos en los que no concuerdan. 

Pablo Iglesias se echaba unas risas amigables con Arrimadas y Espinosa de los Monteros en el Congreso, cuando pensaba que nadie miraba. «Los políticos delegan en los ciudadanos el odio y la crispación, mientras ellos hacen amigos», nos recordaba Alberto Olmos.

Y en caso de duda, mejor leer

Despedimos con una sentencia sobre una novela que nos fascina. Se han cumplido veinte años de la publicación de La casa de hojas de Danielewsky, la narración de terror sicológico más experimental, rara, genial y apabullante que, ¿lo adivinan? inaugura el siglo XXI literario. Y si nos llevarán a los tribunales por decir esto, llamaremos al juez Dredd para que nos ayude a impartir justicia a pie de calle tal como lo dibujó Carlos Ezquerra.


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Futuro Imperfecto #11: Justicia, poder e injusticia

CC0

En Occidente, donde desde hace tiempo no conocemos otra forma de vivir que bajo la protección de la democracia y la justicia, estamos asistiendo a un proceso en el que los políticos se vuelven jueces, y los jueces se politizan. Está sucediendo aquí y ahora, con la no renovación del CGPJ, Consejo del Poder Judicial o la reforma del código penal. Pero también fuera, en el juicio político a Trump y el que se sigue a la directora financiera de Huawei en Canadá. Cuando los partidos están en la oposición, se hacen cruces sobre ese atentado contra la separación de poderes. Cuando llegan al gobierno, ¿de quién depende la fiscalía? 

Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, tranquilizaba a su partido en el último intento de renovación del CGPJ allá por 2018, mediante un whatsapp. No debía preocuparles, explicaba a los suyos, tener menos vocales conservadores, porque iban a controlar la Sala Segunda, y con ello, el poder judicial desde atrás. Su injerencia hizo saltar el acuerdo por los aires. Incluso el ahora famoso juez Marchena se negó a presidirlo. 

Esta vez ha sido el comentario feliz de Pablo Iglesias el que ha alejado una posible renovación, al asegurar que los tribunales europeos han humillado a los españoles en sus decisiones sobre el procés. Y Vox, que antes se oponía ferozmente a este sistema de elección político, pide cartas: ahora que están en la mesa van a jugar como los demás

Polonia lleva tiempo en el candelero jurídico de la UE por este tema, aquí no hemos llegado tan lejos y no nos han sacado todavía los colores, así que hacemos oídos sordos. Pero comienza a calar fuerte que inmunidad es impunidad, al menos cuando se trata de mis amigos, ayer acérrimos enemigos. Y eso no es nada bueno.

Menos mal que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, intenta frenar la previsible nueva mayoría progresista, renovando los cargos por su cuenta. Después de haberse ganado, eso sí, la fama de liquidar a todos los jueces que pudieron juzgar con la máxima severidad los casos de corrupción del PP. Ernesto Ekaizer lo explicaba magníficamente en «El gran seleccionador» de CTXT. Ahora que han cambiado los partidos en el poder el péndulo debe moverse hacia el lado contrario y beneficiar a los de este lado. Y así siempre.

Luego tenemos ese lupanar organizado en Mallorca con menores, denunciado por los trabajadores sociales desde hace años (noticia de 2015) y respondido con silencio desde la administración. Si ahora que la fiscalía va a investigar llega más arriba y sale alguna cosilla más será importante estar seguros de que tenemos jueces despolitizados. Porque hay responsables políticos. Y para esto sí es necesario el poder judicial.

Los jueces se politizan y la política se judicializa. Un método para conseguirlo es renovar, como ha anunciado el nuevo gobierno, el código penal. Se van a rebajar las penas para el delito de sedición, algo vital y necesario, que llevamos muchos años pidiendo todos y que aparece siempre entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Beneficiará a los presos del procès, y eso puede ser una salida al independentismo positiva para el país, o un traje a medida a los presos del procès que beneficie al gobierno y transmita el mensaje de que saltarse las normas puede compensar. Además se ha hablado de aumentar las penas para castigar violaciones en grupo como las de las manadas, sin dar más detalles. 

También el Impeachment a Trump es un juicio, aunque sea político y se lleve a cabo en el Senado. Más de la mitad de los norteamericanos creen que el presidente es culpable y debería ser apartado del cargo. Pero igualmente están convencidos de que los senadores republicanos le salvarán de ser destituido. Lo verdaderamente grave es que los abogados de Trump, y con ellos sus votantes y defensores, aseguran que ningún presidente puede ser depuesto por abuso de poder. O lo que es lo mismo, que no tiene porqué ser justo ni cumplir la ley. 

Si a esto le añadimos otras menudencias, como usar Twitter para comunicaciones oficiales del presidente @POTUS para promocionar productos de su familia y allegados; el negociar con su familia cuestiones de Estado; o la batalla con Jeff Bezos y contra Amazon por hacer campaña en su contra con el Washington Post, pinta que los próximos años los viviremos en una versión 2.0 del mundo del nepotismo definido perfectamente por el conde de Romanones. Ya saben, «a los amigos, el culo; a los enemigos, por el culo; y a los indiferentes, la legislación vigente». Esa misma legislación que se aplica según quién esté en el poder.

Que el asunto no va de justicia sino de política lo demuestra el otro juicio que empezó esta semana en Canadá, contra Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador. Y que determinará si la extraditan a Estados Unidos, país que la acusa de saltarse su prohibición y hacer negocios con Irán. Detrás de esta acusación se esconde una ofensiva diplomática de gran calado. Ríanse de lo de Assange, olvidado ya con el tiempo y la distancia. Esto es un aviso a China para que retire su influencia en Irán, a quien el país asiático necesita para crear su nueva ruta de la seda. Y también una represalia por haberle quitado a Estados Unidos parte del negocio de reconstrucción de Irak. Según los medios chinos, Irak está pagando cien mil barriles de petróleo al día para que China construya sus vías de tren, hospitales y viviendas. Las nuevas guerras comerciales son así, y así nos lo cuenta Jazbierto, español que enseña nuestro idioma en una universidad de aquel país, casado con una china del partido comunista, y autor de interesantes vídeos sobre China y los chinos desde el punto de vista del ciudadano de a pie. 

Jair Bolsonaro, 2019. Foto: Jorge William / Cordon Press.

La judicialización de la política es un fenómeno universal, que ya había cobrado cuerpo en el Brasil de Bolsonaro, y que sigue extendiéndose allí con la acusación al periodista Glenn Greenwald. Sus investigaciones ha puesto al descubierto la corrupción del ministro del justicia de Bolsonaro y el fraudulento modo con el que consiguió encarcelar a Lula Da Silva, evitando que se presentase a las elecciones. Un Lula sobre el que siguen existiendo grises. Greenwald fue además uno de los primeros en filtrar la vigilancia de la NSA mediante documentos proporcionados por Edward Snowden. Julian Assange, suma y sigue. 

Pero la política no se limita a ejercer de juez. También quiere determinar qué pensamos acerca de la verdad. Ya se anuncia que los bots van a convertirse en directores del debate político, empleando inteligencias artificiales con mucha mayor capacidad que un humano para crear desinformación en internet. Acabamos de ver una de esas campañas, orquestada por los defensores de la censura parental, quienes nos mostraban una serie de vídeos falsos sobre actividades llevadas a cabo en las escuelas públicas españolas. De tan burda que era no se la puede suponer tecnología asociada, pero prendió el debate en las redes sociales… y no aguantó ni un asalto al pasar por el fact-checking de los medios. Si acaso sirvió para revelar que la mayoría de padres no identifican esas charlas como un problema, y que el extremismo de Vox cae a menudo en el club de la comedia… pero funciona. Por eso no son los únicos. El ansia de los partidos políticos por usurpar el papel del periodismo cobra forma en planes como el de Pedro Sánchez e Iván Redondo para combatir las fake news. No se puede ser juez y parte, y por eso cada vez más periódicos, revistas y publicaciones independientes viven de sus suscriptores, personas que buscan medios realmente independientes. El cuarto poder resiste, aunque cada vez con menos poder frente a las plataformas tecnológicas americanas. 

Aunque no hay peor, ni mejor lugar que internet para ejercer la justicia. Los tribunales populares juzgan casos como el de Delonte West, que pasó de jugador de la NBA a sintecho, y al que un vídeo viral hizo regresar a las pantallas de televisión esta semana. Gonzalo Vázquez le dio su verdadera dimensión en un artículo que nos revela lo poco cuidada que está la salud mental en el deporte de élite. Las redes son también ese lugar maravilloso que te condena y te absuelve a la vez. O donde te demandan por lo que escribes a grito pelado como si estuvieras en el bar con los colegas. Habrá que buscarse un buen abogado, y el estreno de la sexta temporada de Better Call Saul  puede darnos una idea de su perfil. 

Si preferimos tomarnos el asunto con seriedad, las recomendaciones 2019 de Red Jurídica Abogados sobre libros relacionados con asuntos jurídicos no tienen desperdicio. Entre ellas destaca El caso Altsasu, que pretende dar una versión sobre por qué se arruinó la vida a siete muchachos y sus familias, y se criminalizó a un pueblo, con base en lo que considera una pelea de bar con guardias civiles fuera de servicio pero que otros consideran un acto de terrorismo. En contrapartida, los homenajes a presos de la banda terrorista en su vuelta a casa siguen siendo una constante ignorada. No parece que estos pueblos vayan a homenajear maltratadores, violadores y similares, solo a los héroes locales. Que la ciudadanía no sea capaz de entender, aunque no las comparta, las sentencias, también genera crispación. 

El contrapunto del anterior libro podría ser Los puentes de Mosc», sobre Euskadi, su pasado, el de su gente, y el nuevo tiempo que se abrió tras el fin de ETA. Su autor estuvo presente en la entrevista de Eduardo Madina a Fermín Muguruza, y le resultó suficientemente inspiradora. 

Otra novela gráfica casi imprescindible de esta lista es Verax, resultado de la profunda investigación de Pratap Chatterjee sobre las víctimas civiles en ataques con drones en Yemen y Pakistán. Todos ellos fruto del sistema de vigilancia masiva utilizado por Estados Unidos, y sobre el que nos advertía Edward Snowden en su nuevo libro, Vigilancia permanente y lo que vendrá con los drones disponibles para todo el mundo. Bueno, salvo que los fabriquen, como en el Boeing MAX, «payasos supervisados por monos».

Y para acabar, un dato. En todo el planeta las personas hemos dejado de creer que el trabajo duro pueda conducirnos hacia una vida mejor de la que tenemos. No se nos ocurre síntoma más claro de que la injusticia se ha vuelto un fenómeno universal. Pedro Sánchez ha dicho en Davos que sin justicia fiscal no hay justicia social, a lo que hay que añadir que sin oportunidades de ascenso como las que ofrece la educación, sin sueldos dignos incluso para los menos preparados, viviendas accesibles, y ese largo etcétera llamado vida digna, no hay justicia en absoluto. 

La vida es una cuestión de prioridades, y mientras a los ciudadanos nos preocupa la corrupción, el paro, la deuda y la crispación, a los políticos les preocupa desjudicializar la política, el reparto de carguitos y tapar barbaridades. Vamos a un mundo con una deuda impagable y necesitamos seriedad. No es aceptable la crispación que se está creando. No es aceptable que no se eduque para entender las sentencias. No es aceptable que cualquier terrible desgracia saque a la calle a la gente para pedir cambiar la ley, la Constitución y la hora de los partidos de fútbol. 

Es un abuso y una agresión que partidos políticos que promueven llamar a un delito de una manera, tras cambiarle el nombre hace años en la primera gran reforma del código penal de la democracia (1995), esperada desde 1944. Ahora piden a los ciudadanos salir a las calles porque no se entiende la diferencia que ellos mismos impusieron. Por más que algunos jueces intenten educar y explicar en redes cómo funciona la justicia y las sentencias, seguimos cerca de ese ideal de masa populista que se mueve por emociones al son de los medios. Democracia no es solo votar, ni tener leyes, también comportarnos como una ciudadanía y unos dirigentes que conocen, aceptan y respetan las reglas del juego. La historia nos recuerda que cuando los que juegan la partida se saltan las normas o las quieren cambiar durante el juego en su beneficio, las cosas terminan mal para los ciudadanos de a pie. Nosotros.

Señores de la política, dejen en paz a los jueces y comiencen a preocuparse de una vez por su trabajo, para el que les elegimos y pagamos, que es hacer nuestra vida mejor. La de todos, incluso la de quienes no les han votado. Magistrados de la justicia, si quieren hacer política, dejen su empleo y preséntense a las elecciones. Respetamos su independencia profesional y reconocemos su derecho a pensar libremente en su vida privada. Actúen en consecuencia. 


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La justicia camusiana

Albert Camus, París, 1945. Fotografía: Cordon.

Esta narración tiene un desarrollo cronológico extraño. Transcurre en dirección contraria al tiempo, como los cuentos de Scott Fitzgerald. En concreto, empieza situándose en algún lugar de la Borgoña francesa, en el enero frío de 1960. Allí, el destino quiso jugar a ser el protagonista de una vida que nada le debía y colocó un inoportuno pinchazo en la rueda del Facel Vega FV3B, uno de esos coches de lujo que, a esa hora, recorría la carretera borgoñesa a 180 km/h. El automóvil quedó en manos de ese destino que, con saña, jugó con él hasta estamparlo contra un árbol junto a la cuneta. El destrozo fue tal que nadie supo nunca en cuántos fragmentos quedó dividido el coche. El conductor y su familia sobrevivieron. El primero respondía al nombre de Michel Gallimard, apellido de editores, hijo en la práctica de su tío, Gastón Gallimard, fundador de uno de los sellos más prestigiosos del planeta. Horas más tarde, el lugar es un hervidero de fotógrafos: uno de los viajeros no ha sobrevivido, y hay que sacar rédito gráfico. El muerto no había tenido intención de viajar en aquel auto, y un escuálido boleto de tren sin utilizar oculto en el sobretodo daba testimonio de aquel giro inesperado. Quizá su amistad con Gallimard le hizo cambiar de opinión. Al día siguiente, pocos periódicos abrieron con la muerte de unos de los escritores que mayor altura alcanzó durante el siglo XX. Al día siguiente, una inoportuna huelga en los medios impidió gritar como la ocasión merecía. Al día siguiente, la prensa apenas se hizo eco de la muerte de Albert Camus.

Y es que las meninges de Camus albergan el talento natural más extraordinario que ha pisado el siglo XX. El término más importante de la sentencia anterior no es quizás el más llamativo: «natural». No se puede utilizar otro adjetivo para definir una inteligencia que se cinceló en un ambiente, el de su Argelia natal, donde la pobreza no atacaba solo a la cartera, también había colonizado el alfabetismo. Perdonen, ya se habían sugerido los saltos temporales que azotan el texto. Pero tiene que ser en este renglón y no en otro donde se diga que la madre de Camus, Catalina Elena Sintes, era analfabeta, y nunca pudo leer los libros que con maravillosa pluma fabricó su hijo, aunque se conformaba con desenvolverlos, abrazarlos, olerlos, como si tuviera un tesoro entre manos. Esto, unido a la pobreza reinante, hizo que el propio Albert sufriera los rigores de esta escasez educacional, pues el idioma francés que por aquel entonces se hablaba en las calles argelinas distaba mucho de ser el académico lenguaje que gastaban al otro lado del Mediterráneo. Por eso, el pequeño Camus tuvo que trabajar en torno a la palabra más que ningún otro escritor en lengua gala, labrarlo y cosecharlo hasta conseguir que su primer amigo y más tarde enemigo, Jean Paul Sartre, le espetara que escribía «demasiado bien».

Pero abandonemos de nuevo la infancia para volver a aquel día 4 de enero de 1960.  Ese lunes no fallece un hombre cualquiera, fallece un hombre querido. Aquellos rigores de la infancia habían calado en su ánimo, haciendo de Albert un escritor aclamado, con el que el lector conecta más allá de la simple ficción. Al día siguiente del día siguiente, los periódicos sí abrieron con una portada en la que, a toda página, podía leerse: «Camus est mort». Uno de sus personajes en La peste insinúa que odia «la muerte y el mal». Su creador, Camus, solo conoció uno de esos dos odios, y lo hizo un este enero macabro. Mientras su cuerpo se perdía ahogado en la cuneta borgoñesa, su nombre se mantenía (se sigue, se seguirá manteniendo) a flote sobre la marea mediocre que hace de la imagen su única bandera. Porque Camus era mucho más que una imagen. Camus construye su corpus filosófico sobre la modestia del que podría observar al ser humano desde un pedestal intelectual (irremediable volver a Sartre) pero prefiere bajar a la tierra, enfangarse.

Por eso Camus es el escritor querido. Porque puso su pluma al servicio de la justicia. O, mejor dicho, en contra de la maldad. Camus se ganó a los lectores porque perforó sus pupilas, dejó a un lado la piel (que siempre vuelve a su estado normal después de haberse erizado) para penetrar en la conciencia, que es un lugar mucho más oscuro e intransitable, pero que una vez colonizado es difícil de abandonar. Mientras, en este lado, por el que camina la realidad, Camus sigue enraizado en su infancia y decide, en su honor, fundar el Teatro del Trabajo, dedicado en cuerpo y alma a transmitir las grandes escenas dramáticas a las clases obreras. Hemos saltado hasta los años treinta. Sabe que es imposible, que la idea cuenta con una esquina utópica que a Camus le apetece visitar, pero la idea de alejar de las infancias ajenas el analfabetismo que recorrió su propia infancia es uno de sus objetivos. Puede buscarse un motivo político en el reverso de estas acciones humanitarias, pero estaríamos cayendo en una simplificación superficial (la prueba está en cómo Albert modificó el nombre del movimiento, de Teatro del Trabajo a Teatro del Equipo, una vez hubo roto con el Partido Comunista). La respuesta a todas las preguntas perniciosas se encuentra en la más simple de las verdades, ya reseñada antes en este texto: Camus era un hombre bueno. Solo así se comprende cómo contribuyó al desarrollo de la pobre región que lo vio nacer a través de nobles causas. Camus es tan grande porque mientras levantaba su teatro en una zona del ring, desde otra, desde su novela, su ensayo o su artículo, aboga por que las bombas que por aquel entonces azotaban su Argelia natal no lo destruyan. Justicia en la teoría y en la práctica. Justicia en la realidad y en la ficción. Esperanza en plena guerra.

¿Qué parte de culpa tiene la infancia en la construcción de esa justicia camusiana? ¿Cuán importante resulta la figura de su madre, la medio española doña Catalina Elena Sintes, en la empatía que Albert despertó en sus lectores? ¿Qué papel desempeña el ambiente paupérrimo que rodeó su infancia a la hora de dibujar una sonrisa en la opinión que el universo tiene de él? La respuesta, que podría darse desde innumerables párrafos escritos por el que aquí firma con interpretaciones anacrónicas y orientaciones confusas, la encuentra sin embargo una de las escenas más hermosas que nunca nos dio esta inmensa tragedia que es la literatura. Al comenzar, este texto avisaba de los continuos saltos temporales que salpican cada renglón. Así que el final no será diferente. Se desarrolla a caballo entre dos fechas: 1957, tres años antes del fatal accidente, y 1930, época en la que Camus empezaba a escapar de la infancia. Perdonen la insolencia de empezar y terminar un texto que, básicamente, tiene como objetivo glosar la infancia de Camus aludiendo a los últimos años del escritor; pero la memoria se impone al presente solo cuando la vida se agota.

Ese 10 de diciembre de 1957, Albert Camus recoge el Premio Nobel de Literatura. Hay una unanimidad poco habitual en los elogios al artista, que con cuarenta y pico años se convierte en uno de los ganadores más jóvenes de la historia. Pero ya desde que le fue comunicada la noticia, por su mente pasea un nombre: Louis Germain. Durante su discurso, por cierto, deja en el aire frases como ésta: «La nostalgia me ha ayudado a mantenerme al lado de todos esos hombres silenciosos, que no soportan en el mundo la vida que les toca vivir más que por el recuerdo de breves y libres momentos de felicidad, y por la esperanza de volverlos a vivir». Justicia. Solo se libera del nombre que le tiene atrapado cuando pocos días antes de recibir el Nobel le escribe esta carta a su profesor Germain. Un hombre humilde al que le debía todo. Podría definirse el acto de mil formas, pero ninguna palabra lo define mejor que la suya propia:   

París, 19 de noviembre de 1957

Querido señor Germain:

Esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas,

Albert Camus

Esta narración tiene un desarrollo cronológico extraño, y termina situándose en algún lugar de la Borgoña francesa, en el enero frío de 1960. Quizás, durante aquel instante último, cuando el coche de Gallimard se precipitaba contra el final de este texto, por la mente de Camus se pasearon todos los recuerdos que le hicieron grande: la pobreza en su infancia argelina, la madre analfabeta que quiso leer a su hijo, el dialecto desprestigiado, las bombas sobre su Argelia, su teatro sobre las bombas, el recuerdo de su profesor cuando todo eran aplausos. Aquella noche de enero fatídica se narraba el final de un hombre. Un hombre que puso la narración al servicio de la justicia. Un hombre que puso la justicia al servicio de la narración.


El arte de la mediación

Imagen: DP.
Imagen: DP.

Hace unos años colaboré en la evaluación de una oficina que se encargaba de lidiar con las demandas de los afectados por proyectos realizados por un organismo internacional. La experiencia fue muy interesante, y me llevó a la convicción de que la mediación puede ser un instrumento muy útil para abordar mucho de los conflictos donde la base es la pérdida de confianza entre las partes. Conocer los fundamentos de este tipo de técnicas puede ayudarnos a abordar muchos problemas que no encuentran una buena solución a través de la judicialización.

Una primera sorpresa es que los casos analizados por la oficina eran muy variados. Iban desde pueblos indígenas desplazados por la construcción de una autopista, el riesgo sísmico provocado por grandes obras públicas como la ampliación del canal de Panamá o secuestros para evitar la construcción de un puente. En todas las situaciones, la base era la misma: intentar solucionar un conflicto en el que las partes habían perdido la confianza la una en la otra.

Otro aspecto interesante era el perfil de los trabajadores de la oficina. Este era muy diverso, desde abogados hasta psicólogos, profesionales estos últimos poco habituales en grandes instituciones financieras. En su papel de negociadores la oficina contaba con diversos métodos, entre ellos el arbitraje, la diplomacia o la mediación. Se trata de procesos alternativos para la resolución de conflictos que intentan que sean los propios implicados los que busquen la solución del conflicto evitando que sea un juez quien decida. Lo más interesante de la mediación es que las técnicas no diferencian de si se trata de un conflicto entre países, partidos políticos, empresas, trabajadores o matrimonios.

A pesar de que se trata de llegar a soluciones ad hoc, lo que más me sorprendió es lo estandarizado de los procesos. Fuese cual fuese el colectivo afectado, o la clase de daño que alegase, los requisitos de entrada en la fase de mediación eran siempre los mismos: voluntariedad de las partes, neutralidad e imparcialidad del mediador, libre decisión a lo largo de todo el proceso, y confidencialidad. Una vez asegurados estos prerrequisitos, la mediación podía iniciarse. La mediación contaba también con pasos establecidos. Lo primero, no buscar la negociación como primer objetivo sino la recuperación de la confianza. Ya se trate de un pueblo, un país, o un vecino afectado, uno no llega a pedir la ayuda de un tercero neutral si no ha perdido toda confianza en aquel que ahora ve como su enemigo. Y ¿qué es la confianza? Aquello que nos permite esperar que el otro cooperará con nosotros en una situación en la que ganaría más engañándonos.

Existe mucha evidencia que demuestra que la confianza que nos tenemos los unos en los otros contribuye, por ejemplo, al crecimiento económico de un país, a su desarrollo financiero, e incluso al comercio internacional. Sin embargo, es más difícil saber cómo recuperar esta confianza una vez se ha perdido. Y ahí es donde juega un papel clave el proceso de la mediación. Si bien me siento incapaz de confiar en aquel que ya me ha traicionado, sí puedo creer en unas nuevas reglas del juego. En primer lugar cada una de las partes debe establecer sus condiciones para negociar. En sí, no es tan importante el contenido de las mismas como el hecho de saber que estas serán respetadas. Estas condiciones pueden ir desde asegurar que uno abandonará la negociación si se siente amenazado verbal o físicamente, hasta cuestiones de más dudoso fondo, como pedir la limitación de mandatos. Al fin y al cabo se trata de garantizar que uno se sentirá cómodo en la negociación, sabiendo que su voz ha sido escuchada. En segundo lugar, hablar en un espacio neutral, donde nadie se sienta más atrapado que el otro.

Con esto lo que se pretende es llegar a una solución entre distintas partes en conflicto a través de un tercero neutral, que consigue crear o recrear un ambiente de confianza que permite establecer el inicio de una negociación. Es por tanto un paso previo, y una alternativa, al proceso judicial, a pesar de que pueda estar incorporada dentro del mismo sistema judicial. Una de las principales ventajas de la mediación incluyen evitar costes emocionales de que existan un vencedor y un vencido. Ya lo dijo Keynes en 1919 en Las consecuencias económicas de la paz, tras participar y dimitir de las negociaciones del tratado de Versalles. Los efectos de las condiciones firmadas serian catastróficos para toda Europa, al humillar al «vencido», Alemania, que había visto esta solución impuesta, sin poder ser parte de la negociación. Y, sin duda, no se equivocaba. La mediación también consigue que la solución alcanzada sea definitiva. Al ser los propios implicados los que negocian los acuerdos y las cesiones es mucho más sencillo que se sientan responsables de los mismos que si estos vienen impuestos por un juez. En definitiva, ya se trate de países o personas, es más sencillo mantener una relación cordial tras un proceso de mediación que tras un juicio.

Pero los emocionales no son los únicos costes que la mediación reduce. Se trata de una forma más rápida y barata que la justicia ordinaria. Según el Banco Mundial, con este mecanismo los conflictos se resuelven en ochenta y ocho días de media, en comparación a los quinientos cuarenta y ocho que se requieren para una resolución judicial, siendo a su vez un 76% más baratos. A la vez, la mediación tiene un efecto positivo sobre el propio sistema judicial. Reduce la carga de trabajo de los distintos órganos permitiéndoles centrarse en aquellos conflictos de más difícil resolución.

Son muchos los organismos internacionales que otorgan una gran importancia a la mediación como mecanismo de resolución de conflictos. Esto les permite ahorrarse costes reputacionales, económicos y judiciales, y mejorar los procesos internos de la propia institución. Existen también varios instrumentos internacionales, directivas de la Unión Europea o varias recomendaciones del Consejo de Europa. Sin embargo la mediación en España tiene aún un largo camino por recorrer. Si bien existe una mayor tradición en lo que se refiere a la mediación familiar o de menores, sigue concerniendo al ámbito privado. La imposición Europea ha forzado nuevas leyes que tienen por objetivo aumentar la información de la que disponen los ciudadanos sobre las opciones de mediación. De este modo, siempre que alguien acuda a un juzgado por una cuestión civil debería ser informado de que existe esta alternativa para encontrar una solución.

Sin embargo, el aspecto más interesante de la mediación es que permite moverse de un juego de suma cero, que acaba con un ganador y un perdedor —y los lastres emocionales que eso conlleva— a un juego cooperativo, donde las partes son capaces de identificar intereses comunes, y a reconstruir una situación de confianza. Ante la existencia de un conflicto, el resultado derivado de la mediación será siempre más estable y constructivo que el de una solución impuesta ya sea por el jugador más fuerte o por un juez. Por esta razón mover la mediación del ámbito privado al público y político puede presentar importantes ventajas.

En la resolución de conflictos internacionales el arbitraje —que se diferencia de la mediación al tener el árbitro la obligación de tomar una decisión que obligue a las partes— generalmente no es aplicable, al ser los Estados soberanos. Sin embargo, el papel del mediador, donde se facilita un acercamiento de posturas pero no se obliga a imponer un resultado concreto, permite llegar al mismo resultado. Al recopilar de forma confidencial información sobre cada una de las partes, las recomendaciones propuestas por el mediador permiten alcanzar niveles de bienestar previos al estallido del conflicto entre los distintos países.

En la vida española existen hoy muchos conflictos en los que la mediación ofrece una vía alternativa de solución. Especialmente en aquellos conflictos en cuya base está una pérdida de confianza entre las partes. Una estrategia que pretenda resolver el conflicto con la intermediación de un tercero que pueda inspirar confianza recíproca entre las partes. Esto permitiría así salir de un contexto de traiciones mutuas, evitando etiquetas de ganadores y perdedores, y convertiría a los distintos actores en protagonistas de la solución alcanzada, haciéndoles así responsables de sus actos a futuro. Al fin y al cabo, y como en tantas otras cosas, ya lo dice el refrán popular, «más vale un mal arreglo que un buen pleito».


La idea más peligrosa del siglo XX

Isaiah Berlin. Foto cortesía de Isaiah Berlin Archive.
Isaiah Berlin. Foto cortesía de Isaiah Berlin Archive.

En 2006, Edge.org preguntó a cien intelectuales por sus ideas más peligrosas. Harm Harari temía que la democracia pueda desaparecer, Steven Pinker que haya grupos con distintos talentos genéticos y John Horgan que no existan las almas. Pero ninguna de esas ideas peligrosas supera a la que denunció Isaiah Berlin en su célebre «Mensaje al siglo XXI» (Letras Libres).

Para Berlin, los horrores del siglo pasado no fueron producto de la maldad, el miedo ni el odio tribal. Fueron el resultado de una idea: creer que existe una sociedad perfecta a la vuelta de la esquina.

Si uno está verdaderamente convencido de que existe una solución para todos los problemas humanos, de que uno es capaz de concebir una sociedad ideal a la cual el hombre puede acceder si tan solo hace lo necesario para alcanzarla, entonces mis seguidores y yo debemos creer que ningún precio es demasiado alto para abrir las puertas de semejante paraíso.

Esta lógica permite que se cometan crímenes terribles en nombre del orden, el paraíso, la igualdad o la justicia.

Una vez que se expongan las verdades esenciales, solo los estúpidos y los malevolentes ofrecerán resistencia. Quienes se oponen deben ser persuadidos; si no es posible, es necesario aprobar leyes para contenerlos. Si eso tampoco funciona, se ejerce la coacción, tendrá que emplearse la violencia de forma inevitable. De ser necesario, el terror, la carnicería.

Es una idea peligrosa porque es falsa (ya dijo Mark Twain que no es lo que no sabes lo que te causa problemas, sino lo que sabes seguro pero resulta que es mentira).

Lo cierto es que no existe una sociedad ideal única y al alcance de la mano. No existe una utopía de esa clase, aunque pensarlo sea sorprendente e inquietante. No existe, primero, porque no todos queremos lo mismo. Las personas tenemos intereses y temperamentos diferentes. Hay quien necesita la seguridad para sentirse feliz, y quien necesita emociones para sentirse vivo.

Esa sociedad ideal no existiría ni aunque fuésemos todos clones. No puede existir por una razón más profunda: resulta que es imposible tener todo lo que se desea plenamente y al mismo tiempo. Hay valores universales —como la libertad, la igualdad o la justicia— que chocan los unos con los otros. La libertad absoluta no es compatible con la seguridad absoluta. La justicia choca con la piedad, y la autonomía individual con la cohesión del grupo. No podemos ser espontáneos y organizados al mismo tiempo, aunque las dos cosas nos parezcan una virtud.

Berlin resumió esta maldición con una frase: «No se puede tener todo lo que se desea, no solo en la práctica, sino también en teoría». Esa idea es muy importante.

* * *

Pero si no existen utopías únicas y evidentes, ¿cuál es la alternativa? La respuesta de Berlin no es dramática. Propone ser tolerantes, buscar compromisos y acuerdos. Te doy tanto orden a cambio de tanta libertad, tanta seguridad a cambio de tanta emoción. La democracia es un malabarismo, parece decirnos, una forma de vivir que no deja a nadie del todo satisfecho. Por eso es que funciona.

Decía Berlin que los fines que perseguimos las personas emanan de nuestra naturaleza común, pero que para alcanzarlos hay que atemperar, controlar, templar esa naturaleza. Por eso Berlin suena flojo, aburrido, burgués y blando. Lo explicó bien Pablo Suanzes hace apenas unos días, conectando a Berlin con una idea del último libro de Victor Lapuente. Si queremos construir una sociedad más igualitaria, justa y sostenible necesitamos una actitud hoy rara: la templanza.

Yo no sabría definir qué es la templanza, pero me hace pensar en un buen amigo. Una tarde de 1996, este amigo me vino a buscar para pasarnos la tarde haciendo lo de siempre: comer pipas en una parada de autobús. Hablamos media hora y agotamos los temas habituales. Estuvimos callados un rato, mascando pipas en silencio, aburridos como solo pueden aburrirse los chavales de quince años. Entonces él se giró y me dijo tranquilo: «Oye, qué fuerte lo de los marcianos, ¿no?». Tardé un rato en entenderle. Mi amigo había visto el tráiler de Independence Day, un falso noticiero que mostraba naves espaciales sobre París, Londres y Madrid. Y se lo había creído. Mi amigo creía que nos habían invadido alienígenas, pero no por eso dejó de hacer su vida y echar la tarde comiendo pipas.

Sé que Lapuente no piensa exactamente en esa forma de templanza, sino en otra cosa —en «abrazar el lenguaje humilde del consenso y el pacto»—. Pero me parece que hay algo de lo uno en lo otro. Creo que mi amigo es una de esas personas que están salvando el mundo, aunque ignoro por completo cuáles son sus grandes ideas.


Todo sobre Rato

Foto: Cordon Press.
Foto: Cordon Press.

Me llama mi editor en Jot Down y se produce esta conversación (me he permitido alguna dramatización):

Tsé ¿por qué no escribes algo sobre la detención de Rato, algo que sea técnico y ameno?

Ya, que no sea como lo último que escribí, eso que no leyó casi nadie.

No quiero decir eso; al contrario, un artículo de ese tipo, pero vamos, algo que no sea solo para juristas.

Ten en cuenta que tardé cuatro meses desde que salió la noticia en poder escribir ese artículo. Sobre lo de ayer no se puede escribir más de lo que ya publiqué en mi blog, que no era gran cosa.

Ah, es que aún no lo he leído.

(PENSAMIENTO DE TSÉ): «Qué bien. Ni mi editor me lee».

Mira, no tenemos datos. Todo dios está especulando de forma salvaje, planteando hipótesis y analizando las consecuencias de las hipótesis que se plantean. No se puede escribir nada serio. Quizás dentro de una semana o en un mes sepamos algo que permita no hacer lo que hace todo el mundo.

Vale. Me parece bien. Quedamos en eso.

Luego, después de colgar, he tenido la sensación de que quizás mi puesto de trabajo peligrase y he pensado que tenía que adaptarme para sobrevivir. Si los demás pueden escribir artículos sobre el asunto, ¡yo no voy a ser menos!

Así que pienso: ¿qué sabemos? La verdad es que no sabemos prácticamente nada. Se ha detenido a Rodrigo Rato, al parecer (digo al parecer porque yo, ver, no he visto ningún documento y el mismo Rato ha dicho que a él no se le ha notificado nada) para efectuar unas diligencias de entrada y registro por delito fiscal, blanqueo de capitales y fraude. Sabemos que lo ha ordenado un juez de instrucción de Madrid. Sabemos, gracias a una periodista de Onda Cero, que esta mañana las cortinas de la casa de Rodrigo Rato no se movían. La misma periodista nos ha informado también, poco después, de que la librería Civitas, que está enfrente de la casa del señor Rato, ha abierto esta mañana (y yo añado algo que es notorio: hoy es día laborable). Estos son los hechos. Al parecer el señor Rato se acogió a la amnistía fiscal del PP, y digo al parecer porque por lo que yo sé nadie lo ha confirmado.

Con esto tengo que hacer un artículo y, como Violante, me pongo a ello con aprensión. Qué hacer, qué hacer, me pregunto, como el compositor de Les Luthiers que tenía que componer un himno; así que echo mano de los expertos. He escuchado a Ignacio Ruiz-Jarabo, antiguo jefe de la AEAT,  preguntarse por las rarezas del caso, ya que, dice, no es normal que Rato haya regularizado solo parte de su patrimonio y no todo él y además el 99,5 % (el experto siempre da porcentajes) de las actuaciones judiciales por delito fiscal se producen como consecuencia de inspecciones y después de largo plazo. Y Carlos Alsina, que le estaba entrevistando, se queda con lo copla de que lo de Rato no es normal y lo repite con tono de «lo he pillado, ajá». Pienso en robarle la idea, cuando caigo en que hasta un escolar sabe que también son raros los asesinos a los que detienen con la pistola humeante y no por eso el policía va a decirse: «uy, qué raro esto, mejor dejo en libertad al presunto asesino, que la estadística hay que tenerla en cuenta». Además, como a Rato le están pidiendo una fianza multimillonaria uno piensa si no habrá intentado regularizar parte por el qué dirán, dejando a salvo lo que él pudiera creer ilocalizable, precisamente para tener su colchoncito si vienen mal dadas con lo de Bankia. No, este experto no me vale.

Ah, escucho al señor Herzog, abogado de UPyD en varios asuntos en los que está siendo investigado el señor Rato, y pongo la oreja, a ver si me permite hacer una faena de aliño. Empieza bien, recordando que efectivamente lo del alzamiento de bienes quizás tenga que ver con que se le han embargado bienes a don Rodrigo para cubrir una fianza de tropecientos millones. La putada es que inmediatamente empieza, en plan parapsicólogo, a mencionar el gesto de Rodrigo Rato cuando le preguntaron por una transferencia en una declaración y considera que todo esto (de lo que no tiene ni idea, como ninguno de nosotros) viene de ahí, y añade que es muy «llamativo» y que «hay que investigar» por qué no es la fiscalía anticorrupción la que se ha encargado de esto. ¡Mierda! El abogado tampoco sabe nada y solo intenta llevar el ascua a la sardina de su partido, ese que planea en dirección vertical, y ve extraño que un fiscal vulgar se ocupe de un asunto que no es competencia de la Audiencia Nacional, sino de un vulgar juez de instrucción de Madrid. Y encima le parece necesario investigarlo, cuando su partido y tantos otros se han dedicado a la demagogia de los aforamientos y a contarnos lo bonito que es que ese juez de pueblo (aunque sea un poblachón manchego) empitone a los poderosos de la casta.

Los expertos no me valen y me voy desesperando. Si soy demagógico, por qué no consultar con los expertos en demagogia y leo que Pablo Iglesias afirma que esto ha sido gracias a que el pueblo se autoconstituyó ayer en Agencia Tributaria y con antorchas asaltó la casa del alcalde de Nottingham, tras autoconstituirse en policía judicial. Con más sutileza (añadan aquí una jetilla) veo que la señora presidenta de la Argentina dice que Rato, detenido por blanqueo, es el que acusaba a los argentinos de corrupción, ja ja, cuando todo el mundo sabe que la prueba principal de que en un país hay pocos corruptos es que no haya detenidos. Por eso Corea del Norte es número uno en transparencia internacional. Estos dos expertos no me sirven, porque, para que no cante tanto, necesito algunos meses para adaptar mi discurso al nuevo tiempo (Verstrynge necesitó décadas), así que busco a algún demagogo más moderado.

Vaya, miro a ver qué ha dicho Pedro Sánchez. Pide la dimisión de Montoro. Por esto, quiero decir. Mi lado racional nuevamente se interpone: si Montoro es culpable porque a instancia de su ministerio se detiene a alguien por delitos que se supone la amnistía fiscal cubría (ya nos dijeron los socialistas y todos los demás que esa era la finalidad de la amnistía), entonces ¿Montoro sería un ministro cojonudo si no se detiene a nadie? O, mejor ¿si la AEAT empura a los treinta mil tipos que se acogieron a la amnistía fiscal esto demostraría que Montoro hizo la amnistía para beneficiarlos a todos? Las cortinas de humo de Montoro me empiezan a parecer tremendamente extravagantes y tengo que admitir que no sé cómo encajarlas en un discurso tramposo para no parecer perfectamente imbécil.

Me desespero. ¿Quizás lo de la mano en la cabeza del guardia? Poca cosa; si todavía le hubiera dado una hostia. ¿Lo de que Rato lo haya negado todo? Para eso necesitaría al teniente Kaffee. Podría hablar de hace once años, cuando Rato dejó el Gobierno, o de Mariano Rubio, pero esto no va a enganchar al público joven de la revista (ni al viejo, para que vamos a mentir).

¿Y lo de la filtración y que hubiese este circo mediático en torno a ese juguete roto dentro de un marco incomparable? Podría ser. Lo malo es que no sabemos quién ha filtrado que Rodrigo Rato ha sido detenido. Como tampoco sabemos quién filtra los sumarios. Y no sé si decir que lo ha filtrado fijo el PP para apuntarse un tanto, o para desviar la atención, o decir que ha sido alguien que quería hacer daño al PP, que buscaba esa fotografía del insigne pepero en foto modo delincuente. Ambas opciones son legítimas en un artículo demagógico como este, pero no sé cuál conviene más. Una agrada a un público, la otra a otro diferente, y soy incapaz de hacer lo de Ónega, que lleva toda la vida diciendo cosas incompatibles entre sí sin perder el trabajo.

Podría tirar por lo grosero y decir que esto es un síntoma blablablá de que esta reforma se ha hecho para que blablablá se apunten a ella la mitad de los tíos del PP como he leído. Lo veo, pero cargando las tintas. ¿Por qué la mitad? ¡Nueve de cada diez es mejor!

Eso: el Gobierno debe dimitir porque nueve de cada diez peperos se ha acogido a la amnistía. Y, si me dicen que no, que me lo demuestren publicando los treinta mil nombres y los nombres de los afiliados al partido para contrastarlo. Venga, a ver si tienen cojones esos corruptos.

Si ha llegado aquí, puede que este artículo le sepa a poco. Mi capacidad fabuladora es limitada. Pero recuerden: ni siquiera es preciso que lo hayan empezado a leer. Basta con que hayan seguido algún enlace para que engorden los ingresos de la revista y mi trabajo no peligre. Y ese era mi objetivo. Así que, qué más da que lo que hayan leído sea una basura sin fundamento. 


Yo ya sé por qué

Fachada principa del edificio del Tribunal Supremo. Foto: Cberbell (CC)
Fachada principa del edificio del Tribunal Supremo. Foto: Cberbell (CC)

Escribo este artículo con la intención de explicar cómo se gesta y en qué consiste una discusión jurídica, haciendo comprensibles cuestiones que no lo son en una primera lectura, para, también como excusa legítima, protestar contra la cainita simplificación que lo empapa todo y que dificulta tanto la construcción en España de un discurso cívico.

Los políticos y los opinadores españoles suelen ser alérgicos a la complejidad y a los matices y, por extensión, lo son los españoles que han aupado y apoyado a unos y otros. La realidad es lo que aquellos nos explican, teñida de valoraciones absolutas y adaptada a sus particulares visiones del mundo, para lo que, si hace falta, siempre encontrarán una conspiración que nos dé la clave.

Veamos un ejemplo de esto mismo, sucedido en los últimos meses.

En diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptaba una decisión que se trasladaba a gran velocidad a los periódicos. Varios etarras se veían favorecidos con una reducción de su estancia en prisión, al sumar los tribunales, a sus liquidaciones de condena, las que habían cumplido en Francia previamente.

La indignación se extendió, aventada por los comentarios que realizaban comunicadores de postín. Algunos dijeron que todo esto no era sino una maniobra del Gobierno para excarcelar etarras utilizando ingeniería jurídica, otros consideraron que se trataba de una cuestión de dudosa legalidad, en la que llamaba la atención que la decisión se adoptase un día antes de la entrada en vigor de una ley (a la que luego me referiré), y no faltó el que la calificaba de insulto a las víctimas y a la democracia española solo explicable como pacto político. El periodista Santiago González denominó a los jueces de la Sección Primera «membrillos» con prisas y sus lectores hacían unas afirmaciones tremebundas sobre la decisión adoptada y, finalmente, para no seguir, Carlos Herrera representaba un remake de sus grandes éxitos (véase sus calificativos a cuenta del caso Inés del Río, también conocido como de la doctrina Parot), dedicado a los magistrados a los que llama trío Plazaola, trío prodigioso o trío Lalalá.

Veamos este último caso con algo más de detenimiento. En la parte 2 del programa de 11/12/2014 a partir del minuto 41 y 14 segundos, escucharán al periodista, tras recordar el atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, referirse a una de las magistradas como «Manolita la primera», explicando que esos jueces «quieren poner libertad» a los etarras y, para ello, «para ver si pueden soltar a alguno de estos», esperan «ansiosos alguna directiva europea».

En otra ocasión, (parte 2 del programa de Carlos Herrera de 14/1/2014 a partir del minuto 53 y 50 segundos) el periodista Fernando Ónega, tras afirmar que no quiere incurrir en el error del maniqueísmo, no duda en cometerlo al sostener que los criterios usados por los magistrados en minoría del Tribunal Supremo (en la sentencia que luego comentaré), a los que llama «izquierda judicial», son ideológicos, exhortando más tarde a los jueces de la Sección Primera a realizar examen de conciencia (incluso de «validez» [sic]), a la vez que proclama que habría sido un escándalo que se pusiese en libertad casi a un centenar de etarras por un «acuerdo europeo». Ese mismo día, Carlos Herrera (parte 1 de «Herrera en la onda» del 14/1/2014 a partir del minuto 6 y 30 segundos) habla del «trío Lalalá», formado por «Manolita la primera» y «dale Ramón», los que han puesto en libertad a etarras «excarcelándolos en virtud de un acuerdo marco europeo aunque no tuviera que ver con las leyes concretas españolas», desplegando una «actividad inusitada», cuando es de «sentido común» que no se descuenten los delitos cometidos en Francia, porque se han cometido «en Francia». Añade que la decisión del Tribunal Supremo «curiosamente no fue unánime», sino que se adoptó por una mayoría de nueve contra seis, para preguntarse «¿entre los seis, quiénes estaban?», y contestarse: «Miguel Colmenero, un viejo conocido de la afición», «ponente de la sentencia que permitió el descuento de condenas a Urrusolo Sistiaga» y los «cinco progres de cajón», entre ellos «Ana Ferrer», la mujer de Martínez Lázaro «del trío lalalá», trío «que se va a ir de rositas seguramente», pese a que «decidió de forma contraria a derecho». Y termina con una interrogación retórica: «¿Desde cuándo nos regimos por acuerdos marcos internacionales y no por leyes españolas?». No olviden esta última pregunta.

No sigo poniendo ejemplos, aunque hay muchos más. Creo que con los anteriores es suficiente para ilustrar la cuestión. No he buscado loas a la decisión de la Sección Primera. Imagino que las habrá y que la mayoría estarán tan poco fundamentadas como las críticas que he enlazado.

Cuando se dictó el auto de marras, mucha gente opinó inmediatamente sobre su legalidad, sobre su moralidad y sobre los motivos ocultos de esos magistrados para adoptar una resolución tan espantosa. Algunas personas me preguntaron, y simplemente dije que quería leerlo antes y estudiarlo. Hoy contamos además con la sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto la cuestión (de momento, ya que es probable que la justicia europea se tenga que pronunciar).

Así que voy a intentar algo en lo que será difícil tener éxito, simplificar a mi vez, pero no tanto como para desvirtuar la cuestión jurídica. Les pido mucha paciencia y un esfuerzo. Lleguen hasta el final.

En derecho español se permite realizar lo que se denomina acumulación de condenas: penas dictadas en juicios diferentes pueden terminar sumándose. El artículo 76.2 del Código Penal, que lo regula, solo exige que los hechos «por su conexión o el momento de su comisión» pudieran haberse enjuiciado en un solo procedimiento.

¿Qué finalidad tiene esto? Como en nuestro derecho penal hay límites de cumplimiento de condena (el máximo es cuarenta años en casos de terrorismo, aunque existen otros como el de que no se debe cumplir más del triple de la condena más grave de las impuestas), si se acumulan condenas, esas limitaciones se aplican al total sumado. Si no se pueden acumular, las condenas se van cumpliendo una detrás de otra. Si a una persona se la condena en un juicio como autora de varios asesinatos terroristas, el límite de cuarenta años se aplica. Ahora, imaginemos dos situaciones:

1. Resulta que, ya condenada esa persona, se la juzga por un hecho anterior a la condena por la que está en prisión y nuevamente es condenada. Como ese hecho es de fecha anterior a la sentencia por la que está cumpliendo condena, se considera que ambos hechos podían haberse juzgado a la vez, y se suman las condenas para aplicar los límites.

2. Resulta que, ya condenada esa persona, se la juzga por un hecho posterior a la sentencia (imaginemos que el delito se comete tras escaparse o tras cumplir condena y salir de prisión o, simplemente, imaginemos que comete el nuevo crimen en prisión). En tal caso las penas no son acumulables y el condenado las cumple una después de otra.

Para resumir: para que puedan acumularse condenas es preciso que las sentencias sean, todas ellas, posteriores a los delitos. El único criterio que viene exigiendo la última jurisprudencia del Tribunal Supremo es, por tanto, cronológico. La diferencia entre que se acumulen o no puede ser muy importante materialmente, pues influye en el tiempo de estancia en prisión.

Esto es derecho interno español.

Esta acumulación, si procede, la hace el juez que dictó la última sentencia y los autos de liquidación de condena no producen el efecto de cosa juzgada. Es decir, aunque no se puedan recurrir, cada vez que surge un nuevo hecho relevante, puede discutirse nuevamente la liquidación. Así sucedió, por ejemplo, tras la sentencia de la doctrina Parot: se procedió a liquidar nuevamente las condenas conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que existían autos firmes de liquidación de condena de todos los que la invocaban.

Que esto es así no lo discute nadie. Ninguno de los quince magistrados que decidieron sobre el asunto materia de este artículo dice en la sentencia que luego comentaré una cosa diferente.

El 24 de julio de 2008, el Consejo de la Unión Europea aprobó la decisión marco 675/2008. Lo hizo en aplicación del artículo 34.2 del Tratado de la Unión Europea en la redacción vigente en aquel momento, que decía:

2. El Consejo dispondrá y fomentará (…) la cooperación pertinente para la consecución de los objetivos de la Unión. A tal fin (…) el Consejo podrá, por unanimidad (…):

b) adoptar decisiones marco para la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Las decisiones marco obligarán a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. No tendrán efecto directo;

¿Se han fijado en que dice «por unanimidad»?

La decisión marco se incardinaba en la finalidad, común a todos los Estados que conforman la Unión Europea, de crear un espacio común de seguridad, libertad y justicia. Hoy, ese proyecto ha adquirido un vigor legal importantísimo, ya que se ha recogido con profusión en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El título V se ocupa de la cuestión. En sus artículos 82 y siguientes, se ha establecido el principio general de reconocimiento de las sentencias dictadas en todos los países de la Unión Europea y la aproximación de sus legislaciones penales.

La importancia de esta materia es gigantesca, no porque se pretenda sacar a etarras a la calle, sino porque se busca crear ese espacio común de seguridad y libertad que permita a los europeos protegerse y vivir libremente. Tanto es así que gran parte de las finalidades propias de esas políticas lo serán en perjuicio de criminales y terroristas, puesto que facilitarán su localización y que se adopten respecto de ellos medidas más gravosas en materia de detención, prisión provisional, reincidencia y cancelación de antecedentes. Naturalmente, todo esto que nos parece tan bien, tiene contrapartidas: si las sentencias de diferentes países se consideran a todos esos efectos, también deben ser iguales a la hora de producir efectos favorables conforme a la ley nacional.

No se trata de que los sistemas penales sean idénticos (aunque el camino hacia la uniformización es inevitable) sino de que una sentencia francesa produzca en España los mismos efectos que una sentencia española y viceversa.

¿Comprenden ahora hasta qué punto son absurdos los comentarios de Carlos Herrera y Fernando Ónega sobre la aplicabilidad de «acuerdos» o «directivas» europeas en materias como esta? ¿Se habrán enterado estos señores de que formamos parte de la Unión Europea y de que cada vez en mayor medida —y esa medida ya es enorme— se va a decidir en ese ámbito sobre asuntos que antes estaban reservados solo al Parlamento español?

La decisión marco debía incorporarse al derecho de los Estados antes del 15 de agosto de 2010. Como pasa tan a menudo, llegó la fecha y los españoles no habíamos hecho nuestros deberes.

El tratado de la Unión Europea había especificado que las decisiones marco no tienen efecto directo. Esto es algo en lo que muchos han insistido estos últimos meses, para justificar que, aunque llevásemos tres años de retraso, la decisión era papel mojado.

Sin embargo, esto es falso. Las decisiones no tienen efecto directo, pero sí tienen efectos. Así quedó establecido desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el llamado caso Pupino, dictó la sentencia de 16 de junio de 2005 (en una cuestión prejudicial):

A la luz de todas las consideraciones precedentes, es preciso concluir que el principio de interpretación conforme se impone respecto de las decisiones marco adoptadas en el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea. Cuando aplica el derecho nacional, el órgano jurisdiccional remitente que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la decisión marco y de esta forma atenerse al artículo 34 UE, apartado 2, letra b.

(…)

La obligación del juez nacional de tener presente el contenido de una decisión marco en la interpretación de las correspondientes normas de su derecho nacional cesa cuando este no puede ser objeto de una aplicación que lleve a un resultado compatible con el que pretende alcanzar dicha decisión marco. En otros términos, el principio de interpretación conforme no puede servir de base para una interpretación contra legem del derecho nacional. Sin embargo, dicho principio requiere que el órgano jurisdiccional nacional tome en consideración, en su caso, todo el derecho nacional para apreciar en qué medida puede este ser objeto de una aplicación que no lleve a un resultado contrario al perseguido por la decisión marco.

Les traduzco. La decisión marco no es aplicable directamente, pero ha de considerarse por el juez (teniendo en cuenta todo el derecho español, en nuestro caso) para intentar obtener una interpretación de nuestras normas «conforme» al espíritu y la letra de la misma, algo solo prohibido cuando con ello se afectase el principio de irretroactividad desfavorable contra el reo, o cuando, pese a considerar todo nuestro derecho, fuera imposible interpretarlo conforme a la decisión sin ir contra la letra de aquel. Es lo que se denomina interpretación contra legem (frente a la secundum legem —que se adecua a la letra de la ley— o la praeter legem —que da lugar a un resultado ni previsto ni prohibido en la ley—).

Tras el varapalo a la justicia española por el caso de la doctrina Parot, se produjeron muchas solicitudes de liquidación de condena conforme al resultado de esa sentencia. Y al efectuarse esas solicitudes surgió la cuestión de si eran o no acumulables las sentencias dictadas en Francia (y cumplidas) contra etarras.

Este asunto ya había sido resuelto negativamente por el Tribunal Supremo en su sentencia 2117/2002, de 18 de diciembre. El argumento para negar la acumulación fue que los hechos no podrían haberse enjuiciado en un solo proceso (requisito para la acumulación) por haberse cometido en diferentes Estados, es decir, por resultar de una manifestación de distintas soberanías nacionales. Este era el único precedente jurisprudencial idéntico al que ahora se planteaba, aunque otras sentencias habían tratado cuestiones sobre acumulación de sentencias extranjeras por aplicación de lo dispuesto en tratados internacionales (por ejemplo, con Tailandia y Andorra).

Esa sentencia, la de 2002, sin embargo, era anterior a la decisión marco y se apartaba de la línea jurisprudencial que solo atendía al criterio cronológico a la hora de apreciar si unos hechos podrían o no haberse enjuiciado a la vez (es decir, prescindía de criterios procesales).

El 13/3/2014 el Tribunal Supremo dictó una sentencia esencial para comprender el asunto que nos ocupa, que fue acordada por cinco magistrados de su Sala Segunda, por unanimidad. Llamo la atención sobre el hecho de que tres de los magistrados que votaron a favor de esa sentencia, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral García y José Ramón Soriano Soriano, diez meses más tarde votaron a favor de otra sentencia en la que cambiaban radicalmente de criterio. Más aún, José Ramón Soriano Soriano es el ponente de esa segunda sentencia.

No hago hincapié en esto para dar a entender nada; solo para preguntarme cómo se habría llamado a esos magistrados, de haber actuado a la inversa, por los opinadores que han calificado de «izquierda judicial» a los magistrados discrepantes del Tribunal Supremo, resaltando incluso sus vinculaciones familiares. ¿Se imaginan qué calificativos se habría usado contra ellos si en marzo de 2014 hubieran dictado una sentencia en contra de la acumulación de penas a etarras y en enero de 2015 hubieran dictado otra en la que, apartándose de su anterior criterio, favoreciesen a esos mismos etarras?

La sentencia que acabo de enlazar consideró unánimemente que el artículo 76 del Código Penal podía interpretarse de manera «conforme» a la decisión marco y que no había obstáculo en nuestra ley que impidiese considerar las sentencias dictadas en Francia a efectos de acumulación de condenas.

No fueron los magistrados de la Sección Primera (ni los de ninguna sección), ya saben, el «trío Lalalá», «Manolita primera» y «dale Ramón», los que «abrieron el melón» de la acumulabilidad de esas sentencias. Fue el Tribunal Supremo. Y los magistrados de la Audiencia Nacional se limitaron a aplicar los criterios establecidos en esa sentencia cuando los etarras se pusieron a solicitar liquidaciones de condena que incluyesen el tiempo pasado en prisión en Francia.

El 14/3/2014 (como verán, casi de forma simultánea a la sentencia del Tribunal Supremo antes enlazada) se presentó por el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, un proyecto de ley que por fin iba a introducir en nuestro derecho dos decisiones marco, entre ellas la que es objeto de este artículo. Se puede consultar toda la tramitación de la ley, pero lo más interesante es observar que el proyecto inicial habría permitido sin ninguna duda la acumulación de esas condenas que ahora tanto indigna a algunos. Este es el proyecto que fue informado favorablemente por el Consejo de Estado.

El proyecto no cambió gran cosa hasta que una última enmienda (presentada por el Partido Popular el 20/10/2014) introdujo una modificación que expresamente impedía la acumulación. Finalmente trescientos trece diputados votaron a favor y seis se abstuvieron.

Al final, la Ley orgánica 7/2014 de 12 de noviembre fue aprobada con dos modificaciones muy importantes respecto del proyecto original, destinadas, sin duda, a impedir que etarras quedasen en libertad o se rebajase su tiempo previsto de estancia en prisión (como habría ocurrido con el proyecto original y con el criterio ya sentado por el Tribunal Supremo).

La primera novedad era una restricción a la posibilidad de acumulación de sentencias en su artículo 14 que, tras establecer la regla general de equivalencia de las resoluciones extranjeras, disponía:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar su revocación o revisión:

a) Sobre las sentencias firmes dictadas con anterioridad a aquellas por los Jueces o Tribunales españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las mismas.

b) Sobre las sentencias de condena que se impongan en procesos posteriores seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales del otro Estado miembro.

c) Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los límites de cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b).

Las excepciones b) y c) en la práctica hacen imposible la acumulación de una sentencia dictada por un tribunal de un Estado de la Unión Europea. Más aún, esas excepciones en la práctica implican que las sentencias extranjeras solo produzcan efectos perjudiciales al reo (nunca favorables), ya que su asimilación sí tiene lugar en cuestiones como detención, fijación de fianzas, prisión provisional, reincidencia y extinción de antecedentes penales. En todos esos casos, esas sentencias siempre agravarán la situación del penado.

La otra novedad respecto del proyecto original fue la disposición adicional única que establecía que «En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010», disposición que no incluyó (en términos similares) ningún país de la Unión Europea.

La ley entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de diciembre de 2014, un día después de la decisión que dejaba en libertad a Alberto Plazaola y Santiago ArróspideSanti Potros»).

La fiscalía anunció recurso y, además, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había denegado la acumulación en casos similares, en los que los abogados defensores habían recurrido igualmente. La cuestión debía resolverse precisamente en la sentencia que se dictase en el recurso de casación interpuesto contra un auto de la Sección Tercera de 4 de septiembre de 2014 que no admitía la acumulación, pese a lo que había establecido el Tribunal Supremo.

Esa sentencia se dictó el 27 de enero de 2015 con nueve votos a favor y seis en contra y contó con cuatro votos particulares a los que se adhirieron los seis magistrados discrepantes. En cada voto particular, los jueces que no votaron a favor de la sentencia explican las razones de su desacuerdo.

La sentencia y sus votos particulares ocupan sesenta y cinco páginas y son bastante técnicos y, en gran medida, oscuros. De ahora en adelante los agruparé hablando de «la mayoría» y «los discrepantes».

Intentaré resumir sus claves:

a) Para empezar, todos los magistrados están de acuerdo en que la decisión marco no es aplicable directamente, pero sí de forma indirecta, en el sentido de que el juez debe buscar una interpretación de la ley española conforme a su contenido, siempre que el resultado no sea contra legem. Por tanto, los que dan a entender que los «acuerdos» europeos no deben tenerse en cuenta en absoluto y se congratulan de que el Supremo lo diga así, no solo ignoran la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, sino que no se han leído la sentencia que tanto elogian.

b) También están de acuerdo todos los magistrados en que la consideración de la decisión marco y su influencia permitía plantear nuevamente la liquidación de las condenas, pese a que estas ya se hubiesen practicado mediante resoluciones firmes.

c) La mayoría basa la negativa a la acumulación en el hecho de que, tras aprobarse la Ley orgánica 7/2014, ya existía una legislación nacional que expresamente prohibía la acumulación. Como previamente no existía tal ley, el Tribunal Supremo había hecho una interpretación praeter legem admisible del artículo 76. Sin embargo, al existir la nueva regulación, la interpretación de la decisión (que no tiene efecto directo) que permitiera la acumulación sería contra legem. Para defender esto resultaba preciso que las excepciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 7/2014 estuviesen previstas en la propia decisión marco, ya que en caso contrario, la ley que la adaptaba no se ajustaría a su contenido y la norma comunitaria goza de primacía.

d) La mayoría afirma que esas excepciones son resultado de la aplicación del artículo 3.5 de la decisión marco que dice:

Si la infracción penal por la que se desarrolla el nuevo proceso se cometió antes de que la condena anterior se haya dictado o ejecutado por completo, b) los apartados 1 y 2 [donde se establece el principio de equivalencia de las sentencias de los países de la UE] no tendrán por efecto el de exigir a los Estados que apliquen su legislación nacional relativa a la imposición de sanciones, si la aplicación de dichas normas a las condenas extranjeras limitara al órgano jurisdiccional al imponer una sanción en el nuevo proceso.

La mayoría hace una interpretación rebuscadísima de esa norma, para lo que se remite al propio proceso de aprobación de la decisión marco, a sentencias de tribunales de Estados miembros de la UE, y al informe de la Comisión sobre la aplicación de la decisión marco (de 2 de junio de 2014), y vuelve a plantear una discusión sobre el criterio jurisprudencial de acumulabilidad (si se trata del exclusivamente cronológico o si hay que incluir el derivado de la exigencia previa de que se trate de condenas ejecutadas por tribunales españoles), apartándose del criterio sentado diez meses antes por el propio Tribunal Supremo. Al efecto, se analiza si este cambio jurisprudencial puede justificar una respuesta similar a la que se produjo en el caso de la doctrina Parot y se afirma que no, por cuanto era imprevisible para el condenado el que la cuestión de la acumulabilidad de resoluciones extranjeras pudiera suscitarse en estos términos cuando delinquió, más aún al no existir una práctica sobre la misma (a diferencia de lo que sucedía con la aplicación de los beneficios penitenciarios en el caso de la doctrina Parot).

e) Responden los discrepantes a los razonamientos anteriores, afirmando que, frente a la sencillez de la transposición de la decisión marco en otros ordenamientos, la Ley 7/2014 excluye del principio de equivalencia tal cantidad de sentencias, que la igualdad que se busca se ve frustrada, más aún cuando el artículo 3.5 de la decisión se interpreta de manera irrazonable por la mayoría. Ese artículo, se dice, es bastante oscuro, pero en todo caso habla de «imposición de sanciones», por lo que parece referirse al momento en que se dicta sentencia, y no a la ejecución, además de que los considerandos 8 y 9 de la decisión lo sitúan en supuestos en los que se puede producir un efecto perjudicial contra el reo. Así, el considerando 9 de la decisión dice:

El artículo 3, apartado 5, debe interpretarse, entre otras cosas, en consonancia con el considerando 8, de tal manera que si el órgano jurisdiccional nacional en que se desarrolla el nuevo proceso penal, al tener en cuenta una sanción impuesta anteriormente en otro Estado miembro, considera que la imposición de un determinado nivel de sanción dentro de los límites del derecho nacional podría tener una dureza desproporcionada para el delincuente, atendiendo a sus circunstancias, y si la finalidad de la sanción se puede lograr con una condena inferior, el órgano jurisdiccional nacional podrá reducir en consecuencia el nivel de la condena, si ello hubiera sido posible en las causas exclusivamente nacionales.

Es decir, que el artículo en que se basa la mayoría para negar la acumulabilidad en perjuicio del reo tiene por finalidad evitar condenas por el juez nacional de dureza desproporcionada conforme a su legislación. La interpretación literal, por tanto, parece desenvolverse justo en la dirección contraria a la que le da la mayoría. Los discrepantes explican por qué las referencias al proceso prelegislativo y al informe de la comisión son erróneas (páginas 38 y 39 de la sentencia), aludiendo de manera enfática al propio espíritu y finalidad de la decisión (y hoy del total proceso legislativo en la Unión) en el sentido de procurar la existencia de ese espacio único, que se ve pervertido por una ley que excluye esos efectos de las sentencias de una manera tan intensa que puede resultar que una sentencia de un país tercero, no miembro de la Unión Europea, tenga un efecto mayor que la de un país de la propia Unión.

f) Los discrepantes, además, plantean si la interpretación del derecho español, a la luz de la Ley 7/2014, a resoluciones y situaciones planteadas antes de su entrada en vigor no implica una irretroactividad prohibida por la ley española y por los propios tratados (Carta de Derechos Fundamentales de la UE y Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas) y concluyen que sí, por cuanto, sin considerar la Ley 7/2014 no cabe explicarse el cambio de criterio del propio Tribunal Supremo. Está especialmente desarrollada esta cuestión en el voto particular del magistrado Luciano Varela.

g) La mayoría se plantea, por otra parte, si puesto que la Ley 7/2014 introduce una regulación comunitaria, existe alguna duda acerca de su acomodo al derecho europeo. Es decir, si hay que plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial. Lo niega, basándose en la llamada doctrina del «acto claro»: si la solución interpretativa de la norma comunitaria es manifiestamente evidente y el juez tiene la convicción de que esa misma interpretación va a ser idéntica en todos los tribunales de los Estados miembros y el propio Tribunal de Justica, puede evitar la cuestión prejudicial. La mayoría concluye que este es el caso.

h) Los discrepantes argumentan lo contrario de manera muy detallada y convincente. Para ello parten del principio de que, al igual que el juez nacional puede inaplicar normas internas si son incompatibles sin duda con la norma comunitaria, y puede aplicar el principio del «acto claro» antes señalado para interpretar el derecho comunitario si no tiene dudas sobre que su interpretación será la generalizada, en cuanto tenga dudas al respecto ha de plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

Es esencial remarcar que los principios de unidad, primacía y eficacia del derecho europeo solo se garantizan si el único órgano que puede realizar una interpretación auténtica del mismo es el Tribunal de Justicia. Más aún, plantear la cuestión prejudicial es obligatorio en el caso de los tribunales superiores, frente a los que no cabe recurso. Solo se excluye si se trata de una cuestión ya planteada previamente y resuelta, y en el supuesto del «acto claro». El hecho de que la propia sentencia contenga una interpretación tan elaborada del artículo 3.5 (incluyendo sus antecedentes y el informe posterior a su implantación y sentencias de tribunales de diversos Estados europeos) y la propia discrepancia dentro del Tribunal Supremo son una prueba contundente de que, al menos, la cuestión no es tan diáfana como para no plantear la cuestión prejudicial, cuando, además, la interpretación literal más parece ir justo en sentido contrario al que se plasma en la Ley 7/2014.

Lo anterior es una síntesis, muy sucinta, de las cuestiones planteadas.

En mi opinión, los discrepantes tienen razón:

1. En la sentencia se ha efectuado una aplicación retroactiva y prohibida de la ley 7/2014.

2. Antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2014 la respuesta dada por el Tribunal Supremo y la que se contiene en los autos de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la correcta: procedía la acumulación de las sentencias dictadas en Francia por ser esta la interpretación conforme del artículo 76 del Código Penal español a la decisión marco 675/2008.

3. En todo caso, existe una duda indiscutible sobre si la Ley 7/2014 se ajusta a la decisión marco y esa duda debe resolverse por el órgano competente: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En mi opinión, las excepciones de la norma y su inaplicabilidad antes del 15 de agosto de 2010 son contrarias a la decisión marco, pero la cuestión no es esa: basta con que haya una duda y con que el juez —pese a tener un criterio propio sobre la interpretación— admita que otros jueces puede que resuelvan de otra forma, para que la cuestión prejudicial sea inevitable.

Llego al final. Al que me haya acompañado hasta aquí le agradezco su esfuerzo.

Creo que esta exposición habrá servido para poder afirmar dos cosas.

La primera, que las cuestiones que se discutían no son de «sentido común». Seguro que para muchos de ustedes, incluso la simplificación de mi artículo les resulta compleja. Imaginen la complejidad de la sentencia en sí. Efectivamente, las cuestiones discutidas son difíciles y exigen un análisis técnico-jurídico normalmente solo al alcance de expertos. Son cuestiones que no se pueden resolver y evaluar soltando chistecitos, haciendo burlas con los nombres de los jueces y escarbando en su pasado o en sus relaciones familiares, cuando no nos gustan las decisiones. Resulta muy llamativa la rapidez que tiene tanta gente en hacer valoraciones sin tener tiempo no ya de estudiar eso que valoran, sino incluso de leerse los propios documentos. Imagino la melancolía, por ejemplo, del magistrado D. Luciano Varela, uno de los «progres», al ver qué poco le han durado los halagos de los que aplaudían sus resoluciones en la causa por prevaricación contra el magistrado Baltasar Garzón por el sumario 53/2008 sobre crímenes del franquismo. En aquella época mucha gente le llamó de todo y mucha otra alabó su valentía y conocimiento del derecho. Supongo que algunos de los que le aplaudían entonces, hoy dirán que es un progre que se dedica a la suelta de etarras.

La segunda, que es muy difícil construir un discurso cívico en un país en el que la realidad es lo que yo afirmo porque sí y las razones del otro son solo excusas para hacer el mal, que es justamente todo lo que se aparta de mis convicciones. Todo el mundo opina de todo y a nadie le pasa factura hablar de manera despreocupada de aquello que ignora; o mentir. Lo importante es ser de la cuerda de alguien, y si te excedes da igual, porque siempre te apoyará tu facción. Y esto no solo sucede con los más marcadamente populistas, sino con la mayoría de los que producen opinión. Es tal la prisa por opinar y son tan leves las sanciones sociales contra el mentiroso, el patán o el ignorante, que sale más a cuenta alimentar los instintos de tu grey que ser serio y didáctico, y no expeler el primer lugar común que se te ocurre.

Estos males, por desgracia, se agravan en época electoral y más aún en situaciones excepcionales como la actual.

No tengo esperanza de mejoría a corto plazo. Más aún, imagino que muchos de los que lean este artículo lo tomarán o como una agresión a gente honesta por un pazguato o membrillo (en el mejor de los casos, que en el peor seré un amigo de terroristas) o como una afirmación de que los nuestros tienen razón al juzgar que los fachas del PP siempre intentan politizar la justicia, no como nosotros.

Preveo, en consecuencia, que estas 5550 palabras no servirán para gran cosa.


Baltasar Garzón: «Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría»

Baltasar Garzón para Jot Down 0

Baltasar Garzón (Torres, Jaén. 1955) es uno de esos personajes que no necesita presentación. Veintiséis años de juez en la Audiencia Nacional desde donde alcanzó fama mundial con los procesos contra Pinochet o Berlusconi. Previamente, abanderó la lucha contra el terrorismo de Estado de los GAL, inició los macroprocesos contra el tráfico de drogas y es, probablemente, la persona que más ha hecho para acabar con ETA, de la que dijo que no eran solo sus comandos, sino también sus estructuras alegales o paralegales. Cerró el diario Egin y descabezó sucesivamente todas las cúpulas de Herri Batasuna. Fue elegido diputado en las listas del PSOE y abandonó su escaño por la falta de compromiso de Felipe González contra la corrupción. En 2002, fue propuesto para Nobel de la Paz y, en 2009, designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy. En 2012, fue expulsado de la judicatura al ser condenado por prevaricación, en el marco de la operación Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP.

Hace ya más de dos años que el Supremo le expulsó de la carrera judicial. ¿Cómo está ahora?

Estoy bien. Dolido porque se llevó a cabo una acción manifiestamente injusta. No está uno cómodo cuando le expulsan de la profesión que ha sido su vida. El Supremo consideró que la interceptación de las comunicaciones en prisión entre los cabecillas de la trama y sus abogados no podía hacerse. Pero yo siempre defendí que se trataba de impedir la comisión de nuevos delitos y que el derecho de defensa quedaba salvaguardado. Por lo demás, estoy bien, mi vida sigue en torno a la justicia, trabajando como abogado, por los derechos humanos y defendiendo los mismos valores que defendía.

Hablaremos más tarde de todo eso, pero me gustaría empezar por el principio. Su madre ya explicó hace muchos años que cuando era pequeño estranguló a una docena de pollitos. ¿Qué le llevó a ser juez?

[Risas] Creo que no fue exactamente así, un grupo de pollitos iba detrás de su madre y jugando los debí meter en el agua y mi hermana iba por detrás rescatándolos. Mi madre me reprendió severamente y pudimos salvar a algunos. Pero no creo que esto influyera en mi decisión de ser juez.

¿Pues qué lo hizo?

A los diecisiete decidí estudiar Derecho porque en las charlas de orientación vino a hablarnos un juez, que era padre de mi compañero de promoción Lorenzo del Río, actual presidente del TSJ de Andalucía. El Derecho era la parte del conocimiento que yo quería estudiar y pregunté si con ello se podía ser juez. Desde el principio quise ser juez porque entendía la función pública como un servicio a los demás.

Comenzó a ser famoso en 1988, cuando aterrizó en la Audiencia Nacional y un caso que había sesteado con su predecesor pasó al primer plano de la actualidad, la guerra sucia contra ETA: el caso Amedo y los atentados a los bares Batxoki y la Consolation en el sur de Francia. ¿Fue su primer gran reto, enfrentarse a las cloacas del Estado?

Coincidió casi en el tiempo enfrentarme al terrorismo y al terrorismo desde el Estado. Procesé al comando Gohierri-Costa y la investigación sobre los GAL.

¿Se lo planteó de manera diferente?

No. Pude comprobar, más allá de mis convicciones, que había un único sistema para luchar contra el terrorismo, ir de la mano de la ley sin exceder sus límites. Traspasar esos límites es la peor medida que desde un sistema democrático se puede hacer en la lucha contra el terrorismo. Ese asunto estaba sobreseído y fue la Sala Penal la que revocó esa decisión y me encontré con una patata bastante caliente. Tuve claro desde el principio que había que entrar en profundidad.

¿Recibió ayuda o le torpedearon la investigación?

Siempre torpedearon la investigación de forma sistemática. Al poder nunca le gusta que le investiguen y menos a las cloacas del poder. En aquel momento no estaba definido el papel de los jefes, aparecía como una cosa de dos policías en el sur de Francia, pero aquello no tenía sentido.

Esas primeras pesquisas trataban de atentados cometidos por mercenarios contratados por policías de la jefatura de Bilbao, ¿colaboró con usted la Guardia Civil?

No. Nadie colaboró en aquella investigación. Yo pedí la adscripción de dos policías y eso sí se me concedió —no se me podía negar porque era el juez—, pero esos dos policías, que luego fueron sustituidos por otros, quedaron estigmatizados para siempre por esa investigación. Incluso uno de ellos murió tras una depresión.

¿Y nadie contestaba a sus peticiones de información?

Siempre trataron de obstaculizar. El director de la Policía, Rodríguez Colorado, cuando le pedí información sobre los fondos reservados, respondió con cajas destempladas, y el ministro del Interior, que era Barrionuevo, también. Cada vez que reclamaba datos se iban por las ramas. Era una carrera de obstáculos, pero había que hacerla.

Tras la detención de Amedo y Domínguez, ¿la vida se volvió más dura contra usted?

Aquel 13 de julio de 1988 fue un día complicado. Sabía que marcaba un antes y un después, pero tenía que hacerlo. Eran hechos muy graves y estaba en cuestión el Estado de derecho. La falta de colaboración absoluta de Amedo y Domínguez y la actitud prepotente del abogado Argote contribuían a que el desafío fuera mayor.

Baltasar Garzón para Jot Down 1

Tengo entendido que Amedo y Domínguez son los únicos presos de los que no constan las huellas dactilares, como se hace con todos los presos, porque se negaron a hacerlo y nadie quiso forzarles a ello. ¿Es así?

Sí, se negaron y deben ser los únicos españoles que han ingresado en prisión y no están huellados.

Y usted tuvo dificultades para contrastar si alguna de las huellas coincidía con las de un carné de identidad que habían fabricado para uno de los mercenarios portugueses que venía sin documentación.

Sí. Aquello me obligó a indagar más sobre el papel en el que se había impreso, la serie del carné, dónde se había utilizado, en qué casinos, en qué hoteles, que otras identidades habían usado… y fui reconstruyendo la trazabilidad del grupo de los portugueses. Ese conjunto de indicios con las declaraciones de los mercenarios portugueses en Bayona (Francia) hizo posible la condena.

¿Es en aquella época cuando encontró una piel de plátano en su cama de matrimonio y a su perro drogado, cuando su domicilio estaba custodiado por la Guardia Civil?

Eso fue más tarde. Durante la segunda etapa de la investigación de los GAL, con el caso Segundo Marey y el Oñederra. Era en 1995, cuando la imputación llegó a la cúpula del Ministerio del Interior, a Vera y Barrionuevo. Alguien entró en mi casa y dejó una cáscara de plátano como un mensaje mafioso, y a mi perra Gina, una golden retriever, la envenenaron con un producto tóxico que la dejó ciega.

Son situaciones difíciles. ¿Tenía usted miedo? ¿Cómo lo llevó su familia?

Nunca se puede decir que no tengas miedo. El miedo es bueno tenerlo porque te hace ser responsable y estar alerta. Pero no debes de tener pánico ni terror, porque entonces pierdes la objetividad, pero estar alerta y en tensión es positivo. Yo tenía protección desde 1988 y mi familia era consciente. Cambiábamos los itinerarios y no viajábamos juntos. Mirar los bajos del vehículo familiar era algo habitual. Era normal observar dónde nos encontrábamos y cambiar de sitio de repente. Y todavía hoy, cuando estoy en un sitio cerrado, nunca me pongo de espaldas a la puerta o a una ventana. Es un chip que se te queda metido en la cabeza.

La condena a ciento ocho años a Amedo y Domínguez supuso un respaldo a su instrucción. ¿Cómo lo vivió?

La verdad es que vivía en una vorágine de actividad procesal. Y cuando se produjo la condena, me sentí ratificado en la investigación. La sentencia ponía en cuestión toda la política de la lucha antiterrorista. El partido que había estado en el poder en los años ochenta continuaba en el poder, luego la justicia se enfrentaba a todo el aparato del Estado en esas cañerías que, precisamente, son las más peligrosas. Que se reconociera que aquello había ocurrido, con una investigación en la que no hubo ningún tipo de colaboración, trabajando por primera vez en el extranjero, fue un hecho muy importante que supuso un avance en el modo de investigar.

Mientras tanto, revolucionó la forma de enfrentarse al narcotráfico. En la Operación Nécora trasladó parte de su juzgado a Galicia y los ciudadanos vieron por la tele a un juez que perseguía a los malos en helicóptero y abordaba barcos. ¿Qué le hizo cambiar la forma tradicional de esperar en el despacho los informes policiales?

Hubo críticas a mi forma de actuar. Decían que los jueces de la Audiencia Nacional teníamos que esperar a que los temas vinieran a nosotros. Y todo porque fui a levantar el primer cadáver por terrorismo de ETA y después también en el caso Muguruza. Se me dijo que los jueces centrales no debíamos salir a la calle a buscar los casos, sino esperar a que la justicia ordinaria actuara y que luego vendrían a nosotros.

Pero ustedes tenían competencia en todo el territorio nacional…

Es lo que argumenté, que ser juez central de instrucción, con competencia en toda España y con aquel poder de investigación, tenía que ponerse en práctica y en forma proactiva, porque de lo contrario estábamos defraudando a la sociedad.

Y usted lo utilizó contra el narcotráfico…

En el tema del narcotráfico, las estructuras estaban anquilosadas. El sistema de investigación era reactivo y respondía únicamente a lo que la Policía o la Guardia Civil nos decía, sin que hubiera ninguna iniciativa. Pero España había ratificado la Convención de Viena de 1988, y lo que yo hice fue adoptar de forma directa los mandatos de esa convención. Y en ello me acompañaron fiscales como Javier Zaragoza, Dolores Delgado y aquellos que vieron que era necesario activar aquellos mecanismos, como el del agente encubierto, que luego se plasmaron en una ley de 1999.

Volvamos a la Operación Nécora.

Ir a Galicia era absolutamente necesario en aquel momento. Como consecuencia de todas las estructuras de contrabando de los años ochenta y la falta de respuesta del Estado, había una sensación de impunidad en la sociedad en la que los dueños de la calle eran esos capos, esas bandas y los ciudadanos normales estaban asustados, aparte de los efectos nocivos de las drogas. El Estado estaba prácticamente ausente y tenía que volver a tomar las riendas. Eso motivó que gracias a la colaboración de arrepentidos se pudiera desarrollar esa investigación y escenificarlo en una sola operación y en un momento, porque de no ser así no hubiera sido posible, puesto que se habría filtrado información por claros indicios de corrupción.

Aquel fue el primer macroproceso (aparte de la colza) que se instruyó en la Audiencia Nacional y también fue el primero de las dos docenas que usted ha instruido. Sin embargo, recibió muchas críticas porque hubo muchos procesados absueltos, aunque sí fue el primer paso contra el clan de los Charlines (luego desarticulado) y Laureano Oubiña. ¿Qué tiene que decir a eso?

Por razones estrictamente de coyuntura política, yo estaba entonces en el Parlamento, durante el juicio se criticó en exceso aquel proceso y su resultado por criticarme a mí. Pero resulta que el 73 % de los procesados en las distintas fases de la Operación Nécora fue condenado. Creo que con los elementos que había entonces, fue un gran éxito. Todos los grandes capos fueron condenados en ese momento y otros, más tarde. Y también supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. La sociedad retomó su poder.

¿El éxito más grande fue la Operación Temple?

Hubo muchas otras, pero Temple fue la mayor operación, con la incautación de 53.000 kilos de cocaína, con 13.000 en directo en el Tamsaare (un buque apresado). Lo que se inició en el 90 finalizó en el 99 y supuso que España fuera el primer país del mundo donde los resultados de las operaciones policiales y judiciales fueran más llamativos.

Creo que los narcotraficantes intentaron ingresar dinero en la cuenta corriente que usted tenía con su mujer, pero que el director de la sucursal se dio cuenta y le consultó. ¿Es así?

Sí, me avisaron de que había un intento de transferencia de unas cien mil pesetas, que en aquel momento era un dinero, y ordené bloquear cualquier tipo de ingreso en la cuenta que yo no hubiera autorizado.

Baltasar Garzón para Jot Down 2

En 1993, cuando se presentó a las elecciones en las listas del PSOE, usted declaró en una entrevista que su ideología era progresista, cercana a un sector de Izquierda Unida, pero que encontraba mejor acomodo en el proyecto de renovación de Felipe González y el Partido Socialista. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Es más próxima a Podemos?

Mi ideología siempre ha sido progresista, ubicable en la izquierda política, aunque no he militado nunca en ningún partido, ni lo hago ahora, aunque presido una iniciativa que es Convocatoria Cívica, en donde se busca ese consenso y esa mayoría por el cambio social que necesita España y donde caben todos aquellos que estén dispuestos a pelear para que los derechos y el estado de bienestar no sean un espejismo. Eso es lo que ahora parece por la acción de permanente deterioro del Partido Popular sobre derechos básicos asentados y conseguidos con mucho esfuerzo durante años.

Sabía que no militaba en ningún partido, aunque supongo que no le han faltado ofertas.

No, no estoy en ninguna formación política, pero sí querría que los dirigentes políticos estuvieran abiertos para eliminar ese deseo de presencia permanente —que parece que sin ellos no existe nada— y fueran capaces de encontrar ese punto de encuentro que España necesita para salir del lugar donde estamos.

Desde las filas del PSOE se dijo que usted se fue porque no le quisieron hacer ministro. ¿Aspiraba usted a ser ministro o prefería otros cargos más ejecutivos como secretario de Estado de Seguridad para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo?

Si hubiera querido, yo hubiera sido ministro. No se me podía llamar como a una estrella del rock y luego negármelo. No. Nunca quise ser ministro. Es más, puse como condición no serlo. Luego, mi carta de dimisión al presidente del Gobierno se produjo dieciocho días antes de mi efectiva dimisión. Por medio estuvo el debate del estado de la nación y Felipe González sabía que yo me iba por la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción en aquel momento.

Lo de ser secretario de Estado no tenía más remedio, porque era el ámbito de la lucha contra la droga en el que yo había destacado.

Nada más regresar al juzgado retomó usted el caso Marey en el que pareció ir de la mano de Amedo y Pedro J. Ramírez y que desde las filas socialistas se interpretó como una venganza. ¿Qué tiene que decir?

El caso Marey estaba abierto, por tanto, yo no lo reabrí. Esa es una de las mentiras que se han construido en torno a esto. Fue en septiembre de 1994, cuando ya hacía meses que había vuelto al juzgado, cuando solicité comisiones rogatorias a Suiza. Posteriormente, cuando Amedo y Domínguez decidieron hablar, en diciembre de ese año, ellos por su cuenta habían hecho unas declaraciones al diario El Mundo que yo no podía limitar porque hubiera ido en contra de la libertad de expresión. Tuve que sufrir las consecuencias de esa publicación, pero un mes después, en enero, se acabaron esas revelaciones porque ni Amedo ni El Mundo tenían acceso a mi investigación. Pero nunca fui de la mano ni de Pedro J, ni de Amedo.

En aquel proceso fueron condenados Barrionuevo y Vera, un ministro y un secretario de Estado, por su implicación en la guerra sucia. ¿Eran los máximos responsables de los GAL o como usted expuso había un señor X que daba las órdenes?

Lo voy a decir por enésima vez, cuando yo puse la incognita X significó que era lo desconocido. No puedo decir otra cosa, aunque me hubiera gustado poder decir otra cosa. En abril del 88, intuía que por encima de aquellas personas tenía que haber alguien ante quien respondían.

¿Llegó usted a plantearse si la famosa X de los GAL correspondía a Felipe González?

Nunca, y digo nunca, me planteé que la X correspondiera a Felipe González. ¿Quiénes eran los máximos responsables? En el caso Marey se acreditó que eran Rafael Vera y José Barrionuevo. Así lo estableció en la sentencia el Tribunal Supremo, por tanto, me limito a esa sentencia. En otros casos, actuó el Gal verde (de la Guardia Civil) y los máximos responsables, como el general Galindo o el gobernador de Guipúzcoa, fueron condenados a sesenta y cinco años de cárcel por los secuestros y asesinatos de los etarras Lasa y Zabala. Si había alguien por encima de todos ellos, a mí no me consta con pruebas y por tanto no puedo hacer afirmaciones gratuitas o posibilistas.

¿Es cierto que llegó a aclarar las cosas con González durante un vuelo transatlántico de regreso a España?

Tiempo después, en el año 2003, creo que fue, coincidí con Felipe González en un vuelo desde Sao Paulo a Madrid. Teníamos asientos contiguos. Fueron ocho horas, un largo trayecto en el que además de dormir y descansar mantuvimos una conversación y fue amigable. Yo nunca tuve un enfrentamiento con Felipe González. Cuando me tuve que marchar le expliqué mis razones y luego, cuando tuve que tomar mis decisiones y elevé al Supremo los indicios que había contra él, lo hice. Al Supremo no le parecieron suficientes, pero después he seguido teniendo relación cordial con él.

Por cierto, el TEDH dijo que usted no había sido imparcial respecto a Vera. ¿Qué tiene que decir?

Yo asumo esa sentencia, pero Estrasburgo no tenía todos los elementos y yo no los pude contar. Lo cierto es que yo con Vera no coincidí en el Gobierno. Formalmente coincidimos durante dieciocho días, pero ni físicamente le vi, ni tuve competencias en materia de terrorismo, ni tuve competencias en ninguna de las áreas que él había tenido, como, por ejemplo, la de los fondos reservados. El ministro Asunción lo dijo clarísimamente y en reiteradas ocasiones. Por tanto, respeto esa sentencia y también defiendo la imparcialidad objetiva, que yo creo que la tuve.

Pero ¿qué pasa cuando todo un aparato, con toda su potencia, tanto mediática como de otro tipo, van en contra del juez? ¿Qué tiene que hacer el juez, retirarse y dar el triunfo a quienes quieren que se retire o aguantar y demostrar que debe investigar? Yo creo que esto último es lo que hay que hacer, lo hizo Falcone (juez antimafia italiano asesinado) y otros muchos.

Le recuerdo que hubo un vídeo grabado en la cárcel por Julián Sancristobal en el que hablaba del señor Z y de Garzón. Luego dijo que le habían obligado a hacerlo. Entonces, ¿me tenía que haber retirado ahí o aguantar todas las trampas que me pusieron, los seguimientos, la coacción a que me vi sometido, tenía que soportarla como la soporté? Todas mis decisiones fueron ratificadas por el Supremo.

Supongo que su relación con Amedo no acabó bien, puesto que consiguió usted que Suiza devolviera al Estado español el dinero procedente de los fondos reservados que habían cobrado las mujeres de Amedo y Domínguez por sus «servicios». ¿Qué pasó?

Ni bien ni mal. Amedo y Domínguez fueron dos personas imputadas y procesadas. Fueron condenadas. En un momento posterior decidieron colaborar con la justicia. Han dicho muchas barbaridades e incongruencias, pero jamás voy a descalificar a personas a las que metí en la cárcel o que he tenido procesadas. Que digan lo que consideren conveniente y si pueden acreditarlo, adelante. Y en cuanto a los fondos que tenían procedentes de los fondos reservados, hice lo que tenía que hacer, intervine los fondos que tenían en Suiza y que habían sido utilizados para comprar su silencio y los puse a disposición del Estado español al que pertenecían.

En 1993, usted consideraba que los GAL eran un grupo terrorista que atentó contra el Estado de derecho, pero el Supremo no le dio la razón en eso porque las fuerzas de seguridad no son terroristas. ¿Qué opina, ahora que ya no es juez?

Yo sostengo que desde el Estado se pueden cometer actos terroristas y eso lo he mantenido también para Argentina y Chile. Se pueden formar grupos u organizaciones que con el auspicio o financiación de aparatos del Estado pueden desarrollar acciones terroristas. Lo hemos visto en muchos países. Los GAL practicaban terrorismo desde el Estado. El Supremo no llegó a establecer que los GAL era una banda armada, pero, desde mi punto de vista, lo eran.

Baltasar Garzón para Jot Down 4

Usted ha sido probablemente la persona que más ha hecho para acabar con ETA. No solo por las sucesivas operaciones para descabezar a la organización terroristas y sus estructuras alegales y paralegales, sino por considerar que ETA no son solo sus comandos, sino también los aparatos políticos, mediáticos, financieros, de relaciones internacionales, etcétera, lo que fue avalado por el Supremo. Los ministros del Interior le veneraban, pero, ¿cómo lo veían sus colegas de la Audiencia y del Supremo? ¿No pisó muchos callos?

No me lo inventé. No había nada que no estuviera escrito por la dirección de ETA, especialmente todo el proyecto Udaletxe. Recuerdo una viñeta que era como una trainera donde los remeros eran Kas, Herri Batasuna, Gestoras, Jarrai, etcétera. Se veía claramente como encajaban en un proyecto que dirigía ETA. Yo lo que hice fue poner en resoluciones judiciales lo que sin duda estaba en el día a día de esa organización. Y lo hice para demostrar que una organización de ese tipo no puede funcionar como algo aislado, sino que se nutría de todo, con diversos frentes para desarrollar su proyecto político violento que buscaba la independencia de Euskadi. Tratarlo en su globalidad es lo que determinó que se avanzara en atacar el terrorismo de una forma diferente a la mera reacción. En los ochenta, la investigación era reactiva y yo la convertí en proactiva. Aunque recibí grandes críticas en la Audiencia y en los medios, después se vio que era la línea a seguir y que estábamos acertando.

Usted sacó petróleo del proyecto Udaletxe, intervenido a Dorronsoro, que si no recuerdo mal, supuso la prisión para toda la cúpula de Herri Batasuna, la desarticulación de KAS y Ekin, los elementos de dinamización de la izquierda abertzale, el cierre del diario Egin y la captura de los integrantes de los aparatos financieros y de relaciones internacionales. Una revolución en la lucha contra ETA, ¿cómo lo vivió?

Primero se empezó atacando a los Grupos Y, es decir, la lucha armada desestructurada. Eso fue en 1995, y en 1998 fue el proyecto Udaletxe. Empezamos con el tema económico y luego el mediático, porque se utilizaba el diario Egin con una clara instrumentación de ETA. No cerró el diario por su línea editorial, porque Gara, después, fue tan duro o más y ahí sigue. El actuar en bloque contra todos los frentes causó grave daño a la organización. Más tarde, en 2002, se fue contra Batasuna y se abortaron todos sus intentos de reconstrucción.

Al menos en cuatro ocasiones detuvo a todos los dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna o de las estructuras que le sucedieron por ser integrantes de ETA. Por el caso Batasuna o por el Bateragune, todavía siguen en prisión algunos dirigentes abertzales. ¿Ahora que las pistolas han dejado de matar, puede contarnos si había un topo en la izquierda abertzale?

No sé si hubo algún topo o no. No parecía necesario. Había documentos.

Pregunto esto porque hubo grandes éxitos en detenciones como con los denominados «papeles de Susper». La policía y la justicia iban por delante de los etarras y eran detenidos cuando todavía no se habían integrado definitivamente en ETA. Se sospechó que el propio Susper, que se había fugado de un calabozo en Francia por un diminuto ventanuco, podía ser un infiltrado. ¿Qué nos puede contar?

Desconozco si hubo infiltrados, pero creo que las detenciones fueron consecuencia del modus operandi de la investigación criminal contra ETA. Cuando estudiamos a fondo los documentos que ellos elaboraban comenzamos a saber cómo pensaban, cómo actuaban. Y efectivamente, había veces que parecía que íbamos por delante de ellos. Un abogado de Batasuna me dijo: «Parece que saben lo que vamos a hacer».

Sin embargo, algunos compañeros cuestionaban sus autos por poco rigurosos. ¿Qué les diría?

Pues que se los lean, porque quien diga eso no tiene ni puñetera idea de lo que eran mis autos en el ámbito del terrorismo. No es por presumir, pero no había autos más fundados ni con tantos indicios como los míos sobre las investigaciones de ETA y su entorno.

Usted consiguió que se aceptara un dictamen policial como si fuera una pericia. ¿No hay un poco de trampa en eso?

No, y el hecho es que hoy en día, a nivel mundial es uno de los elementos fundamentales para la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado. Habida cuenta del ámbito tan impenetrable de las organizaciones terroristas y la imposibilidad de imputar con pruebas directas a los responsables de las cúpulas, nos basamos en expertos en la lucha antiterrorista para implicarles. El primero fue el jefe militar de ETA en noviembre de 1988, Francisco Múgica Garmendia, «Paquito», por el atentado contra el Cuartel General de la Guardia Civil, cuando estaba en Francia. Hoy en día, ese modo de proceder ha generado una legislación europea, una legislación española y una doctrina constante del Tribunal Supremo.

También participó en el operativo en el que se liberó a Ortega Lara. ¿Es cierto que Uribetxeberria Bolinaga quiso dejar morir al funcionario de prisiones? ¿Cómo ocurrió?

Sí, sí, porque yo le pregunté quién estaba dentro y me contestó que solamente un perro. Negó la existencia del zulo donde permanecía secuestrado Ortega Lara. Cuando descubrimos la existencia del escondrijo, le pregunté por qué había mentido y no respondió. Desveló una falta de sensibilidad por parte de quien ejercía el terrorismo de la forma más irracional.

En cambio, Uribetxeberria goza ahora de más de un año de libertad… cuando parecía que era un enfermo terminal.

Bueno, ahora dicen que no tanto, pero ahí están los exámenes médicos, y yo he dicho que por muy firmes que hayamos sido en la detención como en la condena y el cumplimiento, el derecho penal no es un derecho de venganza. Además, hay unos principios humanitarios que se deben de cumplir. Por mucho que duela a las víctimas y sea irreparable el daño que los terroristas les han producido, no podemos dejar que se convierta el derecho penal en un arma de venganza.

Por cierto, me consta que ETA proyectaba atentar contra usted en su despacho de la Audiencia con un rifle de mira telescópica y que usted aceptó servir de blanco. ¿Qué le dijo su mujer cuando se enteró?

Recuerdo aquel incidente y recuerdo lo que usted —que fue el que lo publicó— me dijo…

Ya, yo hago algo como eso, y no hace falta que ETA me mate, mi mujer me asesina. Usted fue un inconsciente y se lo dije.

Era una información bastante contrastada y es verdad que me ofrecí a hacer de cebo si me garantizaban que más o menos iba a estar seguro, que los detenían antes de que pudieran disparar.

Claro, ya supongo.

Usted lo publicó en el diario El País. No le voy a preguntar por las fuentes, pero recuerdo también…

Ya, que le habían prometido instalar cristales blindados en su despacho y luego solo pusieron un aironfix traslúcido.

Eso es.

¿Fue falta de presupuesto o de interés?

Pues no lo sé. Alguien me dijo que no daban la licencia municipal porque la instalación alteraba el vuelo de la terraza que había. Lo que hicieron fue colocar aironfix en los cristales, pero cuando entraban en el despacho los detenidos de ETA y sus abogados, hacía el vacío y las ventanas sonaban, por lo que era evidente que no los habían blindado.

¿Cómo ve ahora el final de la violencia en Euskadi? ¿Cree que habría que excarcelar a Arnaldo Otegi?

He dicho ya en más de una ocasión que no tiene sentido que Arnaldo Otegi siga en prisión. Creo que el abandono final de la violencia por parte de ETA es un hecho y que el Estado español, habida cuenta de la contribución de Otegi a favor de una solución, debe agilizar fórmulas para su excarcelación, porque se necesitan actores que trabajen en esa dirección. Sé que esta postura me va a acarrear críticas, pero me dan igual, porque Otegi debería estar fuera y lo dice alguien que fue el que decretó su prisión incondicional en 2009.

Y los condenados de ETA por delitos de sangre, ¿deberían ser acercados al País Vasco?

No veo cuál es la dificultad. La política de dispersión de presos tenía sentido en el pasado porque los terroristas mantenían su actividad. Hoy en día no creo que sea imprescindible esta política de dispersión. Por el contrario, con el final de la violencia, los presos deberían estar mucho más próximos a su entorno familiar.

Hay muchos de ellos que no han mostrado el menor síntoma de arrepentimiento.

Lo que yo le pediría a los miembros de ETA es una profunda reflexión sobre la verdad. Creo que cualquier final de un proceso de violencia debe ser con verdad, justicia y reparación. La justicia, no estarán de acuerdo ellos, pero ya se aplicó, creo que con garantías, aunque a veces, no todas; pero no ha habido verdad por parte de la organización terrorista ETA y ese es el gran capítulo que le queda. Y no vale como excusa el argumentar que otros también lo tienen que hacer. El ejemplo se hace andando. El proceso de verdad para las víctimas, además de la entrega de las armas, sería la verdadera garantía de no repetición. Ese es el contexto en el que yo creo que hay que moverse.

Muchas víctimas no van a estar de acuerdo.

Respeto y comparto el dolor de las víctimas. Soy decidido defensor de las víctimas de cualquier tipo de violencia, pero también creo que no se debe de hacer de la violencia una utilidad política, bajo ningún concepto. Ahora hay un escenario diferente que debe acabar con determinadas posturas inmovilistas.

Baltasar Garzón para Jot Down 5

1998 fue un año importante en su trayectoria. Aparte de las condenas a Barrionuevo y Vera, la Audiencia avaló que España tenía jurisdicción para perseguir los crímenes y desapariciones de las dictaduras argentina y chilena. ¿Qué supuso para usted el respaldo para investigar los crímenes de la ESMA o del Plan Cóndor?

La investigación de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena constituyó un punto de inflexión en mi carrera profesional. La naturaleza masiva de los crímenes en unas condiciones tremendas, la irracionalidad del ser humano y la situación de impunidad fue impactante. Me enfrenté a ello por iniciativa de las víctimas, pero como se demostró, ni España ni su Gobierno estuvieron nunca dispuestos a acompañar esas investigaciones. Solo en 2004, el nuevo fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó a la fiscal Dolores Delgado la persecución de aquellos crímenes.

También impulsó la detención de Pinochet en Londres por genocidio, terrorismo y torturas. Fue su gran salto a la escena internacional. ¿Colaboró con usted el Gobierno de José María Aznar o trató de obstaculizar la extradición?

No sé si fue mi gran salto o no. No me lo planteé así. Ordené la detención de Pinochet porque había que hacerlo. Tenía elementos para llevarla a cabo y las víctimas no podían ser defraudadas. Ahí empezó una aventura impresionante en la que al principio el Gobierno de José María Aznar no tuvo más remedio que acompañar y después pretendió obstaculizar, tratando de marcar las pautas en el proceso. Pinochet volvió a Chile, pero por el camino se ganó la extradición a favor de España.

En su libro Un mundo sin miedo dice usted que la competencia en el caso Pinochet era de su compañero Manuel García Castellón, pero que desconfiaba de su diligencia, por lo que admitió una nueva querella para investigar el plan Cóndor y dictó una orden internacional de detención para evitar que el dictador se escapara. ¿No se saltó las reglas del juego aunque fuera por una buena causa?

No, para nada. Desde abril de 1998 yo tenía abierta la pieza de la Operación Cóndor. García Castellón llevaba el caso de Chile y yo la Cóndor. Y es en esa pieza en la que se dictó la prisión de Pinochet.

Castellón no dictó prisión, pero sí decidió interrogarle en Londres y usted se metió por medio.

No. Castellón no cursó nunca la comisión rogatoria.

¿Qué trascendencia tuvo en Chile el caso que usted instruyó?

Pues mucha, allí se le persiguió, le quitaron el fuero, fue procesado y si no fue condenado es porque murió.

Creo que también recuperó dinero que Pinochet tenía en Estados Unidos.

Años después se abrió en España un proceso contra Pinochet y su familia por blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, tras el hallazgo de fondos en el Banco Riggs. El Senado de Estados Unidos intervino los bienes de acuerdo con la orden que yo había emitido. El banco pagó ocho millones de dólares con los que se constituyó un fondo a favor de las víctimas para que fueran indemnizadas. Fue el único dinero recuperado de Pinochet.

Del caso de los desaparecidos de Argentina, en España únicamente se pudo juzgar y condenar a Scilingo, que confesó haber participado en dos de los «vuelos de la muerte». Parece un pobre bagaje, pero tuvo gran repercusión al otro lado del Atlántico, donde le veneran, ¿no es así?

El bagaje fue muy importante. El juicio contra Scilingo, por el mero hecho de haberse celebrado, fue un hito en la lucha contra la impunidad. La condena de la Audiencia fue elevada a 1078 años de cárcel por el Tribunal Supremo. El de Cavallo, que fue entregado a Argentina, supuso que fuera condenado a dos cadenas perpetuas. La iniciativa española y la llegada de Kirchner al poder originaron una serie de medidas que acabaron con las leyes de obediencia debida y de punto final. Argentina es el único país del mundo que está juzgando por crímenes de lesa humanidad a los represores de la dictadura.

¿Qué opinión le merece la reforma de la justicia universal hecha por el Gobierno de Rajoy?

Me parece una villanía, por parte de quienes votaron esa decisión. Lo digo claramente y con todo el dolor de mi corazón. No había ningún mandato de la ciudadanía para que el Partido Popular hiciera esa barbaridad. Se hizo por intereses claramente económicos, especialmente por China.

Ya antes hubo un recorte propiciado por Israel.

Sí, en el año 2009, pero por lo menos entonces se permitía una interpretación constitucional favorable a la ley y pudimos seguir aplicando esa ley de jurisdicción universal en los casos de Guantánamo y en otros casos, pero no en los de Gaza, Falung Gong, o en el del Tíbet. Creo que es una regresión en contra de las víctimas, creo que salimos perjudicados todos los ciudadanos, pero eso solo significa que tenemos que seguir peleando para revertir esa decisión.

¿Y qué le parece la interpretación del Supremo de la norma para poder apresar a los barcos con droga que pasen por España?

Ha sido la fórmula para dar supervivencia a una ley que claramente hacía aguas por todos los sitios. Ha sido una solución de compromiso para que el descrédito internacional de España no llegara a unos límites alucinantes. Pero hacer esto y no tocar los crímenes de lesa humanidad o genocidio me parece una pura contradicción. Creo que al Supremo la jurisdicción universal le interesa bastante poco.

Usted fue también el primero en perseguir en España el terrorismo yihadista. ¿Sigue creyendo que Abu Dahdah, jefe de la célula española de Al Qaeda, participó en la planificación de los atentados de las Torres Gemelas?

No se llegó a establecer así en la sentencia, pero así lo valoré con los indicios que tenía en ese momento, que jugó algún papel. Quedaron zonas muy oscuras, con la presencia de Mohamed Atta (uno de los suicidas de las Torres Gemelas) y Ramzi Bin al Shibh (uno de los principales organizadores del atentado del 11S) en España. Lo que sí se probó fue la responsabilidad máxima de Abu Dahdah en la gestión y dirección de Al Qaeda en España.

¿Por qué cree que el periodista Taysir Alony era parte de la célula yihadista?, ¿por haber hecho una entrevista a Osama Bin Laden para Al Jazeera?

No, la entrevista fue posterior. Esa es una de las manipulaciones realizadas por el propio Alony. Para nada tuvo que ver su condición de periodista o su pertenencia a Al Jazeera. Se le investigó por su actividad para Al Qaeda en Granada con otros miembros de la célula.

Usted procesó a cuatro presos de Guantánamo, entre ellos Ahmed Abderrahman, el denominado «talibán español», con datos que proporcionaron policías españoles que fueron a interrogarles allí. Luego el Supremo le absolvió porque las pruebas así obtenidas eran ilegales. ¿No le pareció que vulneraba los derechos de los reos?

No es así. Incorrecto. El auto de procesamiento contra estas personas estaba hecho desde mucho tiempo antes y la orden internacional de detención, también, en 2001. La visita de los policías fue mucho después. Es cierto que la Audiencia tomó en consideración alguno de los datos proporcionados por los policías que luego el Supremo estableció que no podían tener validez.

Sin embargo, cuando a Ikasrien le absolvió la Audiencia y usted había reclamado a Omar Deghayes y Jamil El Banna, abrió un proceso por torturas contra los responsables de Guantánamo, unas torturas que le habían denunciado cinco años antes y por las que entonces no abrió proceso alguno. ¿Qué explicación tiene para esto?

No fue así. Fui yo el que pregunté a Ahmed Abderraman por el trato recibido en Guantánamo. Fue puesto en libertad precisamente por esa situación. Cuando reclamé a Al Banna y Deghayes, era la forma de sacarlos de Guantánamo y luego, cuando estuvieron fuera, revoqué la orden de detención. Aquí se abrió un caso por torturas en Guantánamo que es el único que seguía abierto cuando yo dejé el juzgado.

Usted ha luchado contra la tortura e incluso inició un protocolo que lleva su nombre para que se filmen los pasillos que llevan a los calabozos de los centros de detención para evitar abusos, algo que luego han adoptado otros jueces de la Audiencia Nacional, ¿no?

Sí, y algunos otros, no. Y eso es lo verdaderamente grave, que el cumplimiento de este protocolo que ha sido reconocido por Naciones Unidas todavía no ha sido aceptado por algunos jueces. Se trata de paliar la incomunicación. Se graba la detención, se permite el examen por un médico de designación de la familia con el fin de que haya un contrainforme al del médico forense y, si hay discrepancias, se valore. Esto sirve para apreciar si ha habido torturas, pero también para la defensa de los propios funcionarios cuando han sido acusados injustamente. Pero en España, la lucha contra la tortura no ha sido una de las prioridades que ha habido en la justicia y debemos realizar mayores esfuerzos. El protocolo, a pesar de las críticas recibidas, lo que demostró es que es mucho más eficaz en la lucha contra el terrorismo.

Baltasar Garzón para Jot Down 6

Decía usted en el 93 que la corrupción política es el peor mal que puede afectar a cualquier sistema, incluido el democrático, y que hay que combatirla hasta las últimas consecuencias. Mucho ha llovido desde entonces, pero sus palabras han resultado proféticas, porque parece que la corrupción ha invadido el sistema: PP, PSOE, CIU… ¿Cómo lo ve?

Sigo pensando lo mismo. La prueba es que vivimos en un magma de suciedad que si no es tan generalizado como parece, desde luego nos tiene hundidos los pies en el fango. Es inaceptable que esta situación se produzca, que los procesos por corrupción se eternicen, que políticos condenados por delitos relacionados con la corrupción sigan ocupando escaños en parlamentos autonómicos o que algunos condenados sigan sin entrar en prisión. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo contra la corrupción y tratar de recuperar la credibilidad. El ciudadano que muchas veces ha sido indiferente ante la corrupción ya no la acepta. Ejemplos como el de la familia Pujol o Urdangarin y políticos de toda índole no son los más idóneos para decir que una democracia está perfectamente consolidada.

Usted procesó a Berlusconi y su amigo Dell’Utri por el caso Tele 5. ¿Cómo se lleva un proceso contra el jefe de Estado de un país que es amigo personal del presidente del Gobierno del tuyo y que es el invitado de honor en la boda de su hija?

Pues verá, a Berlusconi no se le podía perseguir en España por tener inmunidad como primer ministro italiano, pero es que además el Tribunal Constitucional, en una discutible sentencia, impidió que remitiésemos los datos a Italia para que fuera perseguido allí, porque entendía que se vulneraba esa inmunidad. Pero después Dell’Utri fue condenado en Italia por su relación con la Mafia, tras ser extraditado desde Líbano.

Lo cierto es que el caso Tele 5 en España se diluyó y solo al final de sus vidas Berlusconi y Dell’Utri han sido condenados. ¿Qué conclusiones saca de esto?

Lo que se evidencia es que hay que cumplir la ley y que la ley es igual para todos. Berlusconi, además de frente a mí en mi juzgado, se sentó ante un tribunal de justicia italiano, fue juzgado y en este último caso fue condenado.

Pero se ha librado de algunos más.

Bueno, esto pone de manifiesto la confrontación entre política, poder económico, poder político y mediático frente a la acción de la justicia. Es un conglomerado bastante importante como para merecer toda una entrevista sobre él.

Otro caso importante fue el proceso de Sogecable, contra Jesús de Polanco, aunque usted no era el instructor. Sin embargo, usted se abstuvo de conocer la recusación de Gómez de Liaño y aquello fue el fin del caso, el principio de la condena por prevaricación del entonces juez y el fin de su amistad con él. ¿Qué me puede contar?

Yo tenía conocimiento de datos externos que podían influir en mi imparcialidad. Expuse los hechos que conocía y la Sala de Gobierno de la Audiencia me aceptó la abstención. Luego, por lo que yo desvelé el fiscal del Estado abrió un proceso de investigación que el Supremo archivó tiempo después. Luego, ajeno a eso, se celebró el juicio contra Gómez de Liaño, donde comparecí como testigo a petición de la defensa.

En los años del pelotazo y de las vacas gordas de la economía ya se hablaba de regeneración ética y honradez profesional. ¿Qué habría que cambiar para castigar ejemplarmente a los corruptos, que devuelvan lo robado y apartarlos de la política?

Yo creo que lo que habría que hacer es cumplir las leyes. Todo está previsto, lo que ocurre es que algunos siguen dictando normas que saben que no van a aplicar nunca. Si todas las normas y leyes que están en vigor se cumplieran y se hicieran cumplir no habría necesidad de investigar la corrupción, porque esta no existiría.

¿Existe alguna fórmula para devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones?

Sí, con más participación de los ciudadanos. Es el momento de que las estructuras políticas cambien. No se trata de votar cada cuatro años y algunos, nunca, porque no les interesa. Pero seguro que si les proponen participar en la actividad de la sociedad a la que pertenecen y en un control efectivo de la política de su país, van decir que sí. Hay que establecer mecanismos de participación y de control efectivos en ámbitos como en la designación de cargos públicos para el Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas. Esto tiene que ser serio y no un patio de monipodio donde unos cuantos se reparten el poder en las distintas estructuras de la organización del Estado.

Crímenes del franquismo, escuchas de la Gürtel y patrocinios de NY

Dígame, ¿qué ha pasado para que en 2002 fuera propuesto para el Premio Nobel de la Paz, en 2009 fuera calificado de «cruzado de la ley» y designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy y que en 2012 fuera expulsado de la judicatura?

Ahí hay muchas secuencias y todas ellas son compatibles, incluso la última que es una acción manifiestamente injusta y arbitraria contra alguien que lo único que hizo fue interpretar la ley de forma racional y mesurada. Yo adopté una medida de acuerdo con las fiscales que participaban en la causa, y que luego fue ratificada y ampliada por el juez que me sustituyó. Podían haber dejado sin efecto la medida. Todavía no sé por qué se produjo la condena del Supremo, pero creó un delito donde no lo había. La he aceptado, pero la sigo combatiendo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo demás supongo que obedece al reconocimiento a mi trayectoria profesional.

¿Es cierto que el detonante de todo es el proceso penal que usted abrió por el plan sistemático de exterminio de los ganadores de la Guerra Civil que dejaba sin contenido la ley de memoria histórica? ¿Todo empezó por darle un escarmiento?

No es así. Es vulgarizar demasiado. La ley de memoria histórica tiene su ámbito de aplicación. Para nada afecta a la ley la acción judicial promovida por las víctimas y que a mí me correspondió por reparto. Yo intenté una reparación para las víctimas, una posible justicia allí donde fuera posible…

¿Usted no cree que fueron los suyos los que le pusieron la primera zancadilla?

No. ¿Los míos? ¿Quiénes son los míos? ¿Dentro de la propia justicia? Allá cada cual con su conciencia. Yo tomé la decisión que tenía que tomar. Sin embargo, ahora las víctimas siguen sin reparación, y la ONU nos da la razón de que es posible la verdad y la justicia en España.

¿Así que usted cree que a raíz de la investigación de la Operación Gürtel, con las comisiones que afectan al PP en Madrid, Valencia y Baleares, entre otros sitios, la derecha decidió acabar con usted?

Creo que fue un conjunto de circunstancias. Se cruzaron ajustes de cuentas dentro de la propia carrera judicial, con otras formas de entender lo que es una investigación judicial. Recuerdo la anécdota de ANV, cuando suspendí sus actividades y el letrado Iñigo Iruin decidió no acudir a la vista en el Supremo porque yo ya les había cortado hasta la luz. Alguien pensó que yo lo hacía por adelantarme, pero no. Hay que ver la secuencia de toda la investigación. Eran acciones compatibles.

Igual alguien en el Supremo no lo vio así.

Si no lo veía igual lo tiene que analizar consigo mismo por la noche cuando duerma con su almohada. Yo no interfería en la labor del Supremo. Y todas las decisiones que tomé en la Gürtel fueron de la mano con los fiscales. Los jueces que me sucedieron ratificaron mis decisiones. Entonces, ¿por qué yo sí y los demás no?

Usted era el único que no sabía lo que iban a hacer con usted.

No, sí lo sabía.

Baltasar Garzón para Jot Down 7

Usted conoce, porque lo publiqué en El País el 27 de febrero de 2012, bajo el título «Un arúspice en palacio», que un magistrado del Supremo me explicó en abril de 2010 qué iba a pasar con las tres causas que estaban abiertas contra usted: que sería condenado y expulsado de la carrera por las escuchas de la Gürtel, que enlodarían su imagen con el caso del patrocinio de los cursos de Nueva York, aunque no había nada delictivo y que sería absuelto en el caso de los crímenes del franquismo para no deteriorar el prestigio del Supremo, como así ocurrió. ¿Usted era el único que no sabía qué iba a pasar?

Sí, pero eso era evidente. Los que están cerca de mí saben que desde el primer día les dije lo que iba a suceder. Para mí, lo más escandaloso fue que el juez que estaba investigando el caso de Nueva York (Manuel Marchena) formara parte del tribunal que me juzgó por las escuchas de la Gürtel y en medio de la deliberación dictara una resolución para transformar el procedimiento y dos días después de la sentencia, lo archivara por prescripción. Lo mantuvo abierto dos años y decidió en un caso cuando estaba deliberando en otro. ¿Dónde está la imparcialidad ahí? Pues ahora acaba de ser nombrado presidente de la Sala Segunda del Supremo.

O el teórico progresista Luciano Varela…

O Luciano Varela, que, siendo instructor de la causa del franquismo, también formaba parte de este tribunal. ¿Usted cree que puede haber imparcialidad ahí? Me han dicho que se oían gritos insultantes ante la posibilidad de mi absolución.

¿Son gajes del oficio?

Pequeñas infamias que a mí ya no me merecen la pena.

¿Qué le parece que el caso Gürtel no haya sido juzgado todavía y que usted, que fue su primer instructor, hace dos años que está fuera de la judicatura?

Esa es la contradicción. No tiene sentido, porque podía haberse decidido que primero se juzgara la Gürtel, se viera el resultado y luego se juzgara si se había hecho bien o no. En todo caso, llama la atención que el único condenado por el caso troncal de Gürtel sea el juez que lo sacó a la luz.

La condena por prevaricación lo fue por haber ordenado las escuchas de varios presos y de sus abogados en prisión. Si, como dice el Supremo, sabía que era ilegal, ¿por qué lo hizo?

Es que no era ilegal. El Supremo sabe que no era ilegal. Lo que yo hice fue interpretar la ley. Las medidas fueron pedidas por las fiscales, y mantenidas por el juez que continuó con la investigación. En la resolución, que tenía como finalidad prevenir nuevos delitos, se hacía constar que dejaba a salvo el derecho de defensa y esa salvaguarda se hizo efectiva. Por eso no creo que sea una decisión justa la adoptada por el Supremo.

El Supremo no molestó, ni siquiera tomó declaración al magistrado Pedreira que prorrogó la decisión, ni a las fiscales anticorrupción que solicitaron la medida. ¿Cree que hubo un distinto rasero a la hora de medir?

Pues habría que preguntárselo a los distintos magistrados si a día de hoy siguen pensando que actuaron bien. Que ¿por qué no lo hicieron?, pues no lo sé. No deseo ningún mal para mi colega Pedreira, pero lo cierto es que ratificó y amplió las medidas que yo había adoptado.

¿Cree usted que la justicia es igual para todos? ¿Qué opina del caso Urdangarin y la imputación de la infanta Cristina?

Más allá del caso Urdangarin y la imputación de la infanta, la justicia en España y en la mayoría de los países del mundo no es igual para todos. Es obvio. Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría. Hay una justicia de élite y otra para aquellos que carecen de todo. Ese es el combate que tenemos que dar. Conseguir realmente que haya una justicia social verdadera y una acción judicial realmente independiente, imparcial y realmente protectora de los derechos de aquellos que más lo necesitan y no que se nos pongan esas garantías tan absolutas cuando los que se enfrentan a la justicia son los poderosos.

El ejecutivo de Aznar indultó inmediatamente al juez Gómez de Liaño, y, a pesar de los servicios que usted ha prestado al Estado, el de Rajoy le ha denegado el suyo. ¿Qué tiene que decir?

Pues que no me interesa para nada lo que haga el Gobierno en ese aspecto. Agradecí públicamente a Medel (Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) por la petición que había hecho. No me pronuncié sobre el indulto de Gómez de Liaño y en cuanto al mío, no lo pedí. Me hubiera sentido incómodo con un indulto dado por quienes a lo mejor se tendrían que haber abstenido.

Por cierto, ¿qué le parecen las reformas en la justicia (tasas, Consejo del Poder Judicial, Código Penal)?

La ley de tasas es un ataque a la igualdad ante la ley y dificulta claramente el acceso a la justicia en los ámbitos civil, laboral y contencioso. La ley del poder judicial tiene aspectos positivos y otros muy negativos. Yo ahí sería radical y daría entrada a la elección directa y universal de los miembros del Consejo del Poder Judicial y daría entrada a consejos de participación ciudadana. Estamos hartos de oír que la justicia se imparte en nombre del pueblo, pero el único que no puede elegir es el pueblo.

Nadie lo va a cambiar mientras los partidos mayoritarios puedan seguir controlando a los vocales elegidos.

Se trata de hacer un órgano independiente y para garantizar esa independencia ofrezco la solución de lo que debería ser.

¿Qué opina del proceso soberanista de Cataluña?

Yo respeto el derecho a la consulta del pueblo catalán y que debemos estar donde estamos si queremos estar. Pero debería ser posible avanzar y buscar la fórmula para que esa consulta se realice, es decir, potenciar el diálogo con respeto a la legalidad. La solución iría por la adopción de un modelo federal.

¿Tiene alguna opinión sobre el ascenso de Podemos?

Pues que es la respuesta a una acción política decrépita en la mayoría de los casos, a un reparto entre los aparatos de los diferentes partidos políticos y que los ciudadanos quieren más participación, más democracia y que se cumplan los contratos electorales. Eso es lo que ha hecho que una acción como la de Podemos tenga una gran intención de voto. Eso no es populismo, sino un mensaje clarísimo a las demás estructuras partidarias. Mucha gente está poniendo en cuestión el sistema y lo que hay que hacer es pararse a pensar y ponerle remedio.

Ahora que ya no es juez, creo que vive en un avión. Ha montado un bufete de abogados, ha creado una fundación que lleva su nombre, asesora a varios países sudamericanos, da clases de derecho en Seatle y es abogado de Assange, el fundador de Wikileaks. Parece que hay vida más allá de la judicatura…

Me absorbe el trabajo como abogado y la fundación. Tengo rango de subsecretario de Derechos Humanos en Argentina, estoy al frente del Centro de Promoción Internacional de Derechos Humanos de Unesco en Argentina. Y sigo siendo abogado de Assange.

¿A qué se dedica su fundación?

Tiene sede en cuatro países: México, Argentina, Colombia y España, y se dedica a la promoción de los derechos humanos y la educación sobre esos aspectos, desarrollo de proyectos en esos países contra el crimen organizado, corrupción y trata de seres humanos, apoyo a pueblos indígenas y promoción de la jurisdicción universal.

¿Qué es lo que más le llena de sus nuevas tareas?

Todo.

Por último, dígame, ¿es usted feliz?

Sí, aunque podría serlo más.

Baltasar Garzón para Jot Down 8

Fotografía: Guadalupe de la Vallina


Crónicas de la Mafia (V): el gran silencio sobre Berlusconi

Silvio Berlusconi. Fotografía: Cordon Press.

He esperado casi un mes pero nada, en Italia nadie dice ni pío. A veces en los países se dan extraños y unánimes silencios colectivos que en realidad dicen mucho. Sin ir más lejos lo hemos visto estos días en España con la abdicación del rey, sin que nadie en los grandes medios diga nada medianamente crítico. Sobreviene una especie de hipnosis general de responsabilidad o temor institucional. En el caso de Italia me refiero a algo más grave, la condena definitiva a siete años de cárcel de Marcello Dell’Utri por sus relaciones con la Mafia y por ser durante dos décadas el enlace de Silvio Berlusconi con la cúpula de Cosa Nostra.

La noticia salió a muy mala hora, el viernes 9 de mayo por la noche, a eso de las diez, y en general la mayoría de los medios la dieron bastante mal al día siguiente. Quizá es excusa en España, que tampoco, pero desde luego no en Italia. Solo La Stampa abrió el periódico con la noticia y los dos principales diarios, el Corriere y La Repubblica, no la daban en primera página o aparecía solo un titularcito. Un día después, con más tiempo para hacerlo mejor, nada de nada: el Corriere dedicaba el mayor espacio de la primera página a una foto preciosa de los colores de los anillos de Saturno y La Stampa ilustraba con otra foto que Venezuela ha prohibido el reguetón. Menudos temazos. Ah, se destacaba mucho en todas partes que el Vaticano condena con energía la corrupción, así que todos muy atentos. De las teles ni merece la pena hablar, llevan años en otro planeta.

Naturalmente, se daba la noticia en las páginas interiores, pero se limitaban a referir de forma neutra la condena de Dell’Utri, adornada con el vistoso culebrón de su fuga in extremis a Líbano. Hasta ahí bien, faltaría más, pero nadie iba más allá: las directas y evidentes implicaciones que todo esto tiene para Berlusconi, ex primer ministro, uno de los hombre más ricos de Italia, el mayor empresario de la comunicación del país, líder de la derecha y en ese momento en plena campaña de las elecciones europeas como cabeza visible de su partido. Por resumir y para quien no esté del todo enterado:

—Marcello Dell’Utri, de setenta y dos años, abogado siciliano, ha sido secretario personal y mano derecha de Berlusconi desde que ambos iban a la universidad en Milán en los sesenta. Luego él se fue a Palermo como empleado en un banco, un breve paréntesis que cerró a toda prisa cuando su amigo le volvió a llamar para que trabajara para él.

—Dell’Utri conocía a algunos mafiosos y a través de él Berlusconi organiza una reunión en 1974 con la cúpula de la Mafia de entonces. El futuro primer ministro se vio en su despacho con Stefano Bontate, entonces uno de los máximos capos de la Cosa Nostra, y otros mafiosos y cerraron un pacto de protección.

—Un potente capo mafioso, Vittorio Mangano, estuvo viviendo en la mansión de Berlusconi entre 1974 y 1976 como garante de la protección de la Mafia para evitarle secuestros.

—El imperio empresarial de Berlusconi estuvo pagando durante casi dos décadas periódicamente a la Cosa Nostra.

—En resumen, Dell’Utri ha sido «mediador» entre Berlusconi y la Mafia entre 1974 y 1992. De ahí en adelante no está probado.

Por todo esto y mucho más el Supremo italiano ha condenado de forma definitiva a Dell’Utri por concurso externo en asociación mafiosa. Esto ya se sabe de anteriores autos del Supremo; el texto de esta sentencia, las llamadas motivaciones (motivazioni), se conocerá en las próximas semanas, y dirá más cosas. Si es que no se hace de nuevo un silencio descuidado sobre ello, que suele pasar, porque el texto sale cuando ya se sabe la condena y es como agua pasada. Ahora bien, hasta un niño de cuatro años se daría cuenta de que, siendo todo esto importante, lo es aún más que queden por fin demostradas las relaciones de Berlusconi con la Mafia a través de este señor, Marcello Dell’Utri, con quien siempre ha sido uña y carne. Con sus consecuencias políticas, morales y públicas. Pues nada de nada. Ni palabra. Ni una pregunta. Ni sacar el tema. Y es curioso, sabiendo que:

—Berlusconi y Dell’Utri idearon, formaron y fundaron Forza Italia, el partido con el que el magnate entró en política y ganó las elecciones en 1994. Ha dirigido el Gobierno de Italia con mayoría absoluta en 1994, de 2001 a 2006 y de 2008 a 2011. Según varios arrepentidos, la Mafia, sin padrino político desde el derrumbe de la DC (Democracia Cristiana) entre 1992 1993, apoyó en 1994 a Berlusconi, a la espera de concesiones legales y penitenciarias. Esta cuestión está actualmente en los tribunales como parte del gran proceso de la Trattativa (Negociación).

—Una vez abiertas las investigaciones que han desembocado en la actual sentencia, Dell’Utri se ha beneficiado de un escaño permanente del partido de Berlusconi, tanto en el Parlamento italiano como en el europeo, para blindarse ante cualquier arresto cautelar. No iba nunca, era solo para eso y él mismo lo ha confesado.

—En los últimos años Berlusconi le ha pagado, según él por mera amistad, más de cuarenta millones de euros.

—En vísperas de lo que se creía que iba a ser su sentencia final, en marzo de 2012, Berlusconi le ingresó a Dell’Utri catorce millones de euros que terminaron en una cuenta suya en la República Dominicana, país sin convenio de extradición con Italia y donde Dell’Utri tiene casa. Al final, por sorpresa, el Supremo ordenó repetir el último juicio, lo que hizo demorarse dos años más el fallo final, hasta ahora, pero la jugada quedó al descubierto.

—Esta vez, de nuevo en vísperas de la sentencia final, la Fiscalía pidió dos veces la retirada del pasaporte de Dell’Utri por peligro de fuga, pero su solicitud fue desestimada. Se fugó, naturalmente, y fue detenido en Beirut, donde aún se encuentra a la hora de escribir estas líneas.

Qué decir. Conocidos los detalles, es para ponerse filosófico. Y es meterse en un berenjenal, pero me van a perdonar por un día que comparta mis ocurrencias. Porque todo esto nos lleva a un tema muy inaprensible, la mentalidad que lo hace posible, y de entrada advierto, a riesgo de parecer contradictorio, que en algunos aspectos estoy totalmente a favor. A ver cómo lo explico, y seguro que me pierdo. Como cualquiera que vive aquí, uno se pasa la vida intentando descifrar este país. En principio se parte de una regla: en Italia las sentencias no son definitivas hasta la tercera y última del Supremo, y hasta entonces el imputado se considera inocente, con todo derecho. Obviamente casi ningún político dimite antes de esa sentencia final y los demás políticos no suelen decir nada del tema hasta la resolución definitiva del Supremo. El problema es llegar a ella, como en este caso, porque la justicia italiana es una injusticia, lentísima, un desastre. Esta vez han pasado veinte años, y todos callados sin decir nada, pero cuando por fin llega la condena final, resulta que se sigue sin decir nada. Porque entre tanto ya se ha ido asumiendo y se da por ventilado. Ha pasado el efecto de sobresalto. Imaginen veinte años sobresaltándose. Es como cuando se muere alguien famoso que llevaba años olvidado y uno pensaba que ya estaba muerto.

Todo se desenvuelve en una atmósfera de sobreentendido y se hace como si nada, salvo que uno sea un pobre diablo y entonces te machacan. Dell’Utri y Berlusconi no lo son. Diríamos más bien que son uno rico. Berlusconi sigue siendo alguien muy poderoso y solo le pedirán cuentas cuando todos estén seguros de que no se vuelve a levantar, pero ni un minuto antes. Pasado un tiempo se empezará a hablar de esto como algo sabido, aunque no se hizo saber mucho en su día, pero en el fondo todo el mundo lo sabe. Este país es así. Ya saben, todos en auxilio del vencedor.

Hay un aspecto religioso, de la forma piadosa de vivir en Italia la fe católica, que yo siempre le veo a muchas actitudes públicas. La única sentencia definitiva, en resumen, debe de ser la del Juicio Final, cuando uno se muere, y si usted no es creyente pues tiene un problema, porque en este mundo difícilmente obtendrá justicia. En esta vida, pensando más en el culpable, que se suele considerar víctima, uno se confiesa y vuelta a empezar. Públicamente también se absuelve a la gente con facilidad, predomina la pretensión de perdón —aunque casi nadie lo pide, el sentimiento de culpa es muy tenue— y no la exigencia de castigo. En Italia hay pecados, no delitos, y nada es imperdonable. Cada uno se siente libre, con derechos pero sin deberes, en un alegre ambiente de irresponsabilidad general. En cierto sentido es un país casi infantil.

Ahora toco un factor mucho más etéreo y me meto aún más en el terreno de las generalizaciones, pero ya que estamos… Es algo así: en Italia hay terror a lo explícito, a lo irrevocable, a lo irremediable. Prefieren lo ambiguo, lo elástico, lo reversible, porque favorece el principal interés general, que no es el bien común, sino que cada uno pueda seguir haciendo lo que le dé la gana, su interés privado. El pavor a lo concreto se manifiesta muy bien en la superstición: enunciar literalmente una desgracia o una hipótesis negativa genera rechazo, como si fuera de mal augurio. Pero ocurre casi más con lo contrario, expresar un deseo equivale prácticamente a imposibilitar su realización. Decir ahora una frase como esta: «A ver si Italia gana el Mundial», es casi ofensivo, una afrenta, como echar un mal de ojo.

Los italianos son extremadamente concretos con lo que les interesa, pero en lo demás son de una extraordinaria laxitud e imprecisión. Por seguir con el símil, basta ver los partidos de la selección italiana: los amistosos les dan igual, pero luego no fallan una cita importante. Esa falta de definición es lo ideal, precisamente, para moverse entre la niebla en busca del propio interés y no cerrarse ninguna puerta. No me refiero solo a la política, también a la hora de fijar una cita, organizar una cena o un partido de futbito. O la incapacidad general para hacer una fila, se prefiere el mogollón y que gane el más listo. O la alergia a los carriles en las autovías, es mejor estar entre líneas, sin elegir, a la espera de ver cuál es el más rápido. Exigir una respuesta o una posición definida genera alarma y desorientación nerviosa, es casi una falta de tacto. Como no saber vivir. No saber vivir al menos en Italia.

Sí, es verdad, lo sabemos todos, en ese espacio vacío entre los átomos, en el terreno de nadie, los italianos se mueven, eso, como nadie, y han creado obras maestras del matiz: el carpaccio, el semifreddo, el agua ligeramente efervescente o el Estado Vaticano. Privilegian sobre todo la ligereza, el juego —lo jocoso—, y de ahí nacen pilares artísticos de la humanidad que todos conocemos, huyen de la gravedad y la solemnidad. Es bueno todo lo que haga la vida más llevadera. No se toma nada a la tremenda, no como en España, pero cuando llega algo tremendo, inapelable, imposible de eludir, que no se puede disfrazar, solo cabe el silencio. Quedan mudos y les invade, por un momento, un desfallecimiento vital, como cuando termina el carnaval y caen las máscaras. La realidad, tal cual, a menudo es deprimente o, al menos, como en este caso, tan vergonzosa que es imposible de tapar o disimular, así que se mantiene la respiración hasta que pase el mal rato. Una sentencia definitiva, algo remoto a ciertos niveles de la política, parece ser una de estas cosas. Al menos en los medios y las instituciones, que son quienes dan forma a lo público. Pasó lo mismo cuando el Senado aprobó en una votación la expulsión de Berlusconi tras su condena por fraude fiscal: en el hemiciclo se hizo un silencio sepulcral, como de funeral. Por cierto, que nunca hubiera ocurrido si no es por la cabezonería del Movimiento Cinco Estrellas del cómico contestatario Beppe Grillo.

Pero este desconcierto dura solo un instante, luego sigue la fiesta. Menos mal que luego está el alegre culebrón de Líbano, como decíamos, para seguirse divirtiendo. Por supuesto ahora lo contamos, que es interesante. Dell’Utri fue arrestado el 12 de abril en Beirut, en el lujoso Hotel Intercontinental Phoenicia, dos días antes de la sentencia final del Supremo (luego se volvió a retrasar un mes porque sus dos abogados se pusieron enfermos, sí, a la vez). Aseguró que no pretendía huir, aunque facturó cincuenta kilos de equipaje y llevaba encima treinta mil euros en un fajo de billetes. Pagaba seiscientos euros al día por la habitación. Salió de la celda al día siguiente y acabó en un hospital, por razones de salud. Se agenció un abogado famoso y carísimo, Akram Azouri, el mismo del dictador tunecino Ben Ali y del responsable de seguridad nacional acusado del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Al Hariri. En fin, que la extradición se empantanó.

Marcello Dell’Utri, en el centro. Fotografía: Cordon Press.

¿Qué tiene Beirut para que Dell’Utri decidiera irse allí? La prensa italiana ha sacado a la luz conexiones políticas en Líbano de la derecha de toda la vida que, en teoría, podían bloquear la extradición y garantizarle una especie de exilio dorado. Sobre todo con Amin Gemayel, de setenta y dos años, presidente de 1982 a 1988, de la dinastía que lidera las Falanges Libanesas, cristianos maronitas, ligada históricamente a la Democracia Cristiana italiana. Por ejemplo, Gemayel viajó a Roma hace un año a depositar unas flores en la tumba del histórico dirigente democristiano Giulio Andreotti. También, por cierto, relacionado en el pasado con la Mafia.

Esta tesis de Líbano como refugio seguro para políticos italianos de derechas huidos de la justicia se reforzó el 8 de mayo, con el arresto de otro peso pesado del partido de Berlusconi, Claudio Scajola. Le acusaron de ayudar en la fuga a otro colega del partido, el exdiputado Amedeo Matacena, condenado en agosto de 2013 a cinco años de cárcel por lo mismo que Dell’Utri, por sus relaciones mafiosas. En este caso, con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta. Matacena se escapó a Dubai, donde le quitaron el pasaporte, y se quedó allí atascado. Scajola intentaba ayudarle a llegar a Líbano, con contactos similares a los de Dell’Utri.

Lo que es fuerte, muy fuerte, realmente fuerte, incluso para Italia, es pensar que Scajola fue ministro de Interior de un Gobierno de Berlusconi de 2001 a 2002. Y luego lo ha sido de tres carteras más. Y este exministro de Interior, según los fiscales, formaba parte de una red secreta de apoyos institucionales a alto nivel a la ‘Ndrangheta, que en este momento es la mafia más potente y peligrosa.

Berlusconi se ha dicho muy dolido por Dell’Utri y ha defendido a Scajola: «Me parece absurdo arrestar a un exministro de Interior solo por haber ayudado a un amigo, ya huido, a moverse de un país a otro, en suma, la humillación de la cárcel por una cosa así…». En cualquier caso, ha sido Dell’Utri el que se ha defendido con los argumentos habituales de Berlusconi: «Es una sentencia política, soy un prisionero político». Añadió que si al final le extraditan no quiere ir a la cárcel, prefiere hacer unos servicios sociales, como Berlusconi, que atiende ancianos una tarde a la semana. De momento sigue en Líbano y la extradición anda parada. Se supone que han firmado todos los que tienen que firmar, pero ha entrado en un limbo imprevisible. Si alguna vez llega a Italia habrá que ver cómo Dell’Utri gestiona su silencio, que es el más grande de todos.

Que en este escenario la Embajada española en Roma haya impedido presentar en el Instituto Cervantes de la capital italiana el libro Crónicas de la Mafia, en el que se habla entre otras cosas de Berlusconi y Dell’Utri, no deja de ser una decisión coherente con el entorno.

El pasado 25 de mayo, en las elecciones europeas, el partido de Berlusconi obtuvo el 16,8% de los votos. Es el peor resultado de su historia y perdió casi tres millones de votos respecto a las generales de hace 2013, y en esas ya había perdido seis millones respecto a las de 2008. Aun así le han seguido votando 4,6 millones de italianos y es el tercer partido italiano, el primero de la derecha.

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA MAFIA (abril-mayo 2014)

—Un policía asignado a la Cámara de los Diputados y otro a la sede de la Presidencia del Gobierno han sido arrestados por pasar información reservada al clan de los Casalesi, de la Camorra.

—Detenido en la República Dominicana uno de los cien fugitivos más buscados en Italia, el capo de la ‘Ndrangheta Nicola Pignatelli, de cuarenta y tres años, huido en 2011. Tiene pendiente una condena de 13,5 años y es considerado capo de la cosca de Mazzaferro Ursino Aquino, uno de los más importantes del narcotráfico internacional.

—Polémica en Bari porque en la lista del candidato del PD, centroizquierda, hay tres jóvenes de conocidas familias mafiosas locales. Uno de ellos decidió retirarse.

—El capo de los Corleoneses, Totò Riina, será procesado como organizador del atentado contra el tren Rapido 904, que el 23 de diciembre de 1984 dejó dieciséis muertos y doscientos sesenta y siete heridos. El juicio empezará el próximo 25 de noviembre.

—La mujer más rica de Mónaco, Hélène Pastor, de setenta y siete años, dueña de un vasto imperio inmobiliario en Montecarlo, murió el 21 de mayo tras ser herida en un atentado el 6 de mayo en Niza. Su chófer también murió cuatro días después del ataque. El crimen, que conmocionó a Montecarlo, fue obra de un individuo con un fusil. Entre las hipótesis manejadas, según la prensa, aparece la ‘Ndrangheta calabresa, pero el caso aún está abierto.

—Los familiares del juez Giovanni Falcone, asesinado en 1992, entregan a la fiscalía de Caltanissetta un ordenador del magistrado, manipulado tras su muerte, como todos los demás que tenía, por una mano desconocida que borró todos sus archivos. Esperan que las nuevas tecnologías permitan rescatarlos y, tal vez, conocer sus secretos.

Antonio Iovine, uno de los grandes capos del clan de los Casalese, de la Camorra, ha decidido convertirse en arrepentido y empezar a colaborar con la justicia. Fue detenido en 2010 después de catorce años de fuga. Es el primero del clan que da este paso y se cree que puede desvelar sus complicidades históricas con políticos e instituciones. Es claustrofóbico, y se cree que esto ha pesado en su decisión.

—Se cierra con fuertes condenas, un total de cuatrocientos años, el «maxiprocesso Meta», abierto en 2010 con cuarenta y dos arrestos entre los principales clanes de la ‘Ndrangheta en Reggio Calabria, capital de Calabria. Ha sido uno de los más importantes contra esta organización desde el proceso «Olimpia» de los noventa. Entre los condenados, Giuseppe De Stefano (veintisiete años), Domenico Condello, «il Gingomma» (veintitrés años), Pasquale Condello, «il Supremo», Pasquale Libri y Giovanni Tegano (veinte años cada uno).

Nicola Gratteri, uno de los más reputados fiscales en la lucha contra la ‘Ndrangheta, ha sido muy crítico con el último plan del Ministerio de Interior para combatir esta organización. Asegura que en Calabria hacen falta mil agentes más y, por ejemplo, en Locri, el pueblo que es la capital histórica de esta mafia, necesitarían al menos otros ochenta.

Íñigo Domínguez es autor del libro Crónicas de la Mafia, editado por Libros del K.O.