¿Cuál es la ley más absurda del mundo?

Lo ambiguo del lenguaje permite que la imaginación del lector recree situaciones que no han sucedido, o que no se contemplan. Así pasa con la ley, donde las situaciones de forma escrita no abarcan los supuestos que el legislador puede llegar a imaginarse. Surgen así lagunas legales, además de leyes que superan la barrera de lo absurdo y contemplan situaciones que nadie habría pensado. 

Alguien algún día pensó que sería útil para la sociedad legislar sobre asuntos como salmones, reencarnaciones y viajes en el tiempo. La capacidad punitiva de los poderes permite convertir en ley prohibiciones tan descabelladas que nadie puede llegar a tomárselas en serio. La jurisprudencia en algunos casos, o la tradición en otros, permiten que a día de hoy se mantengan dictados tales como prohibir llamar a tu cerdo Napoleón, besarse en los andenes del tren o tener un pez borracho. Leyes, leyes y más leyes te traemos hoy para que decidas cuál de ellas es la más absurda. Vota por tu favorita o añade los comentarios las que estimes convenientes.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)


Ley contra los gorrones

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En la ciudad de Actopan Hidalgo se aprobó una ley que obligaba a todo individuo que se cuele en una fiesta privada sin invitación a pagar una multa de 2500 pesos o, en su defecto, pasar tres días en el calabozo. 


Es ilegal transportar salmones de manera sospechosa

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Sorprendentemente esta ley no tiene siglos de existencia, sino que se aprobó en 1986. El Parlamento inglés legisló para diferenciar la pesca legal e ilegal del salmón, ya que se trataba de un producto muy preciado. En el camino, decidieron apuntalar que si una persona transporta uno de los pescados de una manera distinta a la normal, sería entendido como que el mismo procede de la pesca ilegal. 


En Burundi está prohibido practicar el running

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En marzo de 2014, Pierre Nkurunziza, dictador de Burundi, prohibió esta práctica debido a que sus opositores salían a correr como forma de protesta. Llegó a encarcelar a miembros del Movimiento Solidaridad y Democracia por organizar carreras y maratones, bajo la sospecha de que se trataban de actividades subversivas en las que se le trataba de hacer oposición. Actualmente solo se puede practicar este deporte en Burundi si perteneces a un club de running, y solo en nueve lugares del país aceptados para esta práctica. 


En China están prohibidas las películas de viajes en el tiempo

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En 2011 se pusieron de moda varias series y películas de viajes en el tiempo en el país asiático, donde los protagonistas viajaban a la época de dinastías pasadas. Para los censores esto era considerado como «una mala influencia para el público», al —según ellos— reescribir la historia y realizar un tratamiento frívolo de la misma. 


Los monjes budistas no se pueden reencarnar sin permiso del gobierno

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El departamento de asuntos religiosos de China decidió en 2007 limitar la influencia de los monjes lamas, o sabios reencarnados, a costa de no permitir la reencarnación de la figura del Buda en nuevos individuos. El objetivo del mismo es salvaguardar la influencia del gobierno chino en la zona del Tíbet, ocupada militarmente desde los años cincuenta. 


Los videojuegos estuvieron prohibidos dos años en Grecia

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Ocurrió de 2002 a 2004. Para hacer frente a los juegos ilegales, el gobierno griego decidió prohibir todo tipo de juegos que tuviesen que ver con lo electrónico tanto en lugares públicos como privados. Las sanciones por incumplir la norma recogía multas de 25 000 hasta 75 000 euros al malhechor. Además, incluía la prohibición de jugar a videojuegos en los cibercafés, que a día de hoy sigue en vigor. 


Prohibido quedarse sin gasolina

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En Alemania no les está permitido a los conductores quedarse sin gasolina en medio de la carretera, y tienen la obligación de comprobar el tanque. Además, si ocurre en una autovía y el conductor camina hasta una gasolinera, supondrá una doble sanción, ya que es ilegal caminar por el arcén de estas. 


Prohibido vender juguetes sexuales en Alabama

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La ley de aplicación contra la obscenidad de Alabama, del año 1988, prohíbe a cualquier persona «distribuir o poseer con intención de distribuir, (…) cualquier objeto diseñado o comercializado como útil principalmente para la estimulación de los órganos genitales humanos para cualquier cosa de valor pecuniario». Los infractores se enfrentarían a sanciones que van de los 10 000 dólares hasta al año de cárcel si son reincidentes.


Prohibido llevar botas de cowboy en público si no se tienen, al menos, dos vacas

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La ordenanza de Blythe, en Riverside, California, obliga a los ciudadanos más preocupados por su estética country a comprarse un par de vacas para poder llevar unas botas de cowboy… o a no llevarlas. El sheriff de la zona puede reclamar la identificación de las reses si el indigno malhechor intenta hacerse pasar por un verdadero vaquero.


Prohibido morir en el Parlamento

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El suelo de la cámara inglesa está considerado como parte del estatus que posee la Familia Real, por lo que si alguien fallece en el mismo tendría que ser despedido en un funeral de Estado. Por ello los ingleses han prohibido terminantemente morir a cualquier ciudadano en el parlamento. En el caso en el que se cometa el delito, los médicos incluyen en su informe que el fallecido se fue en el Hospital St. Thomas, cerca de la cámara alta, pero no dentro. 



Futuro Imperfecto #63: Leyes tenemos. Justicia, ya veremos

justicia
Antidisturbios cargan contra los manifestantes durante las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en Madrid, el 17 de febrero de 2021. Foto: Cordon.

El buen conocer del derecho aprende la letra de la ley, su interpretación, los límites de su aplicación y sutilezas. El resto nos tenemos que conformar con que cumplan con nuestro deseo natural de justicia. Ese sentimiento que aprendemos de niños cuando nos roban un caramelo que es nuestro. Y después de semanas como esta, solo cabe suponer que alguien debería esforzarse más en que ley y justicia se parezcan.

Policía en la cárcel

En Linares, Jaén, no solo abusaron supuestamente de su autoridad dos policías. Es que dieron una paliza brutal a un vecino y a su hija menor de edad. No hay descargo moral al afirmar que el agredido era un capo de la droga, fake new difundida para salvar el honor del cuerpo. Que apenas se sustentaba, pese a la llamada a la calma de la delegada del Gobierno. Calma y serenidad, dijo, que la pandemia nos está afectando a todos.

Este intento de apaciguamiento respondía a catorce detenidos, veinte policías heridos y un centenar de manifestantes en abierta guerra callejera. Gente hasta las mismísimas narices, para los que la chispa fue esta barbaridad, pero que tiene su origen en una frustración larga. El 30 % de paro en una región abandonada tras su desindustrialización por el cierre de Santana Motor. Eso, y los disparos con munición de postas empleados por la policía para reprimir a los ciudadanos. Perdón, dijeron, ha sido un error. 

Los autores de la agresión se llaman Manuel, el ligón, y José Luis, el políglota. Agentes con larga hoja de servicios, y aparente acosador de menores el primero. Que según declaración propia ante el juez actuaron correctamente en todo momento aplicando la fuerza mínima indispensable. Su señoría opina que no, que emplearon una violencia atroz. Dentro vídeos. Porque sí, claro que la ley permite grabarles en sus actuaciones en espacio público, y pueden hacerlo tanto medios de comunicación como ciudadanos. 

Pablo Hàsel, víctima o verdugo

El caso se ha mareado tanto que los árboles impiden ver el bosque. Es muy importante entender que al rapero se le envía a la cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Las injurias al rey y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo conllevan multa. Lo aclara un juez en ejercicio

El motivo del ingreso en la cárcel del rapero es jurídico. Una primera condena de 2014, por dos años, entendiendo que sus alabanzas a ETA y los Grapo en sus canciones eran discurso de odio e incitaban a cometer actos terroristas. Suspendida por no tener antecedentes, se libraba de entrar en prisión, pero en el auto se le advertía que si volvía a cometer el mismo delito se le encarcelaría inmediatamente. Esta pena fue rebajada a nueve meses en apelación a la Audiencia Nacional en 2019 por no suponer un «riesgo real» para las personas. Sus palabras no conllevarían a la agresión o muerte de nadie.

Pero un año antes, en 2018, había vuelto a decir chorradas que incitan al odio, y la Audiencia Nacional le condenó por enaltecimiento de terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado. Dos condenas, el mismo motivo, que obligaban a su ingreso en prisión esta semana. Como aún tiene pendientes otras dos causas, por agresiones físicas a un periodista y al testigo de un juicio podría estar un máximo de siete años y medio encarcelado. 

Una parte no experta en leyes de la sociedad ha considerado este encarcelamiento una intolerable limitación a la libertad de expresión. Su detención desencadenó disturbios callejeros no muy distintos a los de Linares, con rotura de cristales e intento de quemar una comisaría en Vic. A lo que han seguido protestas en muchos pueblos de Cataluña y Valencia. Y una cumbre policial para ver cómo lo arreglaban, mientras volvían a producirse incendios en las calles de Barcelona, y una joven perdía un ojo por las pelotas de foam disparadas por los antidisturbios. La noche siguiente era en Madrid, donde la policía puso el «modo Linares» ON, apaleando a participantes aparentemente indefensos y acorralados contra una pared

La obra de Hàsel puede gustarnos o no. Si hacemos una lectura seleccionada de sus letras y tuits podemos encontrar o no un motivo moral de condena. A unos les parecerá otro de esos bocazas sin educación ni raciocinio que abundan en internet y a otros un activista muy valiente. En el diálogo valen opiniones, pero en el estrado solo leyes. 

El problema es que asuste pensar si una salida de tono cualquiera nos puede conducir ante un tribunal por delito de odio. A quién no se le ha calentado alguna vez la boca, o la letra. Para responder a esta cuestión, me remito a una frase del abogado Borja Adsuara: «Si no creemos en la libertad de expresión de quienes detestamos, no creemos realmente en ella». Sus reflexiones de experto sobre nuestra responsabilidad como usuarios de redes sociales merecen una lectura estudiada. Pero para que además todos podamos opinar, sin importar si somos doctores en Derecho o personas que no pasaron de la educación básica obligatoria se hace necesaria una reforma del Código Penal, como indica el propio Adsuara. 

Las reformas las hacen además quienes gobiernan, y hay rédito político en Hàsel. Pablo Echenique apoyó a quienes protestaban en la calle, y sus votantes se preguntarán si además pedirá al vicepresidente que acelere la reforma penal en el Consejo de Ministros. Pablo Casado desde la oposición advertía que no se puede defender un derecho con violencia en la calle. 

La musa de la Falange no irá a la cárcel

La verdadera libertad de expresión lo es si la concedemos a quienes detestamos. La Falange Española o lo que queda de ella celebra anualmente un homenaje en el monumento a los caídos de la División Azul y Legión Cóndor en el cementerio de la Almudena en Madrid. Este año tomó la palabra Isabel Peralta para decir que el gran problema del mundo son los judíos. Con gran indignación de la comunidad judía española e inicio de investigación de la fiscalía para establecer si decir esa afirmación es un delito de odio. Incluso si así se estableciera, y con condena firme, esta joven tampoco debería ingresar en prisión, como Hàsel al principio, si no reincide. Es decir, si no ejerce su libertad de expresión para asegurar que el problema judío no es una invención con origen en la filosofía alemana del XIX que acabó llevando al exterminio de millones de personas en los campos del nazismo. ¿Habría que haber limitado a la filosofía su libertad de expresión?

Sobre el arte que decidan los jueces

Esta semana archivaron el caso «Maculadas sin remedio», una exposición que puede verse aquí y que fue denunciada como atentado contra los sentimientos religiosos. PP y Vox denunciaron uno de los cuadros, Con flores a María, imagen de mujer inspirada en la Inmaculada Concepción de Francisco Ricci (cuadro de Ricci, cuadro de Charo Corrales). Al menos así lo entendieron ellos, la autora aseguró que era un autorretrato tocándose el pubis. El cuadro apareció rajado de arriba a abajo tras la denuncia. 

La pintora no es por tanto culpable de haber cometido el ilícito penal del Código en su artículo 525 que limita la posibilidad de «ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa». Pero no lo olvidemos, a la hora de ejercer la libertad de expresión en este país es delito cagarse en Dios. 

Próxima batalla, el islamismo

El problema con lo religioso no se limita a nosotros. Francia va a aprobar una ley contra el islamismo radical a la que sus críticos tachan de represora, y capaz de estigmatizar a los musulmanes. El objetivo es luchar contra los atentados terroristas, una amenaza que está muy presente en España, con treinta detenidos el año pasado, y ochocientos setenta desde el 11 de marzo de 2004, fecha del atentado de Al Qaida. Desde el Sahel siguen llamándonos Al Andalus, y reclamando su derecho de conquista originado en el siglo VIII. Aquí la fiscalía investiga a Vox porque pudo incurrir en delito de odio en su campaña «Stop islamización» de las pasadas elecciones catalanas. 

Cristina Cifuentes, inocente

Jurídicamente en el juicio a Cristina Cifuentes ha prevalecido el principio de tipicidad. Lo que muy resumido significa que no se ha podido demostrar que la expresidenta de la Comunidad de Madrid obligara a nadie a conseguir un certificado de que había cursado su máster. Si bien en un vídeo enseñaba (palabras de ella) «las calificaciones obtenidas y un acta del Trabajo de Fin de Máster».

Documentos falsificados por dos profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos que sí han sido condenadas en el juicio. María Teresa Feito a tres años de prisión como inductora. Habló por teléfono hasta quince veces en ocho horas para presionar a Cecilia Rosado, autora de la falsificación y condenada a un año y seis meses. Condena menor por haber colaborado con la justicia. Una justicia que puede ser tan justa como ilógica. Tanto es así que la fiscalía estudia recurrir la absolución, manteniendo por tanto que está acreditado que Cifuentes era «la única, la primera y la última beneficiaria» de esta falsificación. Los jueces por su parte dieron como probadas las graves irregularidades de este máster «no presencial». 

Siempre nos quedará la poesía

Incluso cuando sus autores hayan muerto, como Joan Margarit, premio Cervantes 2019, el pasado martes. Fue el poeta que definió la libertad como un extraño viaje: hacer el amor en los parques, leer el periódico al final del día, una librería, una canción prohibida, un rey que huye hacia el exilio. Una forma de amor, la libertad, dejó dicho. Leamos para saber si a la luz de tanta sentencia la tenemos. 


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Hollywood contra la advertencia Miranda

Infiltrados en clase. Imagen: Columbia Pictures.

Es una escena que gracias al cine y las series norteamericanas hemos contemplado un gritón de veces: la policía detiene al criminal y mientras lo esposa y le pasea la cara por el capó de algún coche le recita de memoria sus derechos, una parrafada que siempre es la misma: «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a hablar con un abogado y que dicho abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagarse un abogado se le asignará uno de oficio». Un discurso tan asentado en el imaginario popular, y reiterado durante centenares de producciones audiovisuales, como para que pueda ser recitado de memoria por una señora de Murcia que no salga muy a menudo de casa. Y al mismo tiempo una fantasía hollywoodiense en la gran mayoría de los casos. Porque la policía norteamericana sí que tiene la obligación de leer exactamente esos mismos derechos a ciertos detenidos, pero no lo hace como Hollywood refleja en pantalla.

Tiene derecho a guardar silencio

La «advertencia Miranda» (o «derechos Miranda», o «reglas Miranda») es como se conoce formalmente a esa lista de derechos de los que dispone y ha de ser informado un detenido. Pero, a diferencia de lo que dictan las películas y las series de televisión, la enumeración de las reglas Miranda no es algo que la policía se vea obligada a cantar siempre que toque vestir con las esposas al sospechoso. Porque en el mundo real, los derechos deben ser leídos al detenido únicamente en caso de que este vaya a ser interrogado con la intención de utilizar su testimonio en el juicio posterior. Dicho interrogatorio ni siquiera tiene que acontecer en unas roñosas oficinas policiales al estilo de las de Policias de Nueva York, sino que puede tener lugar en cualquier lugar y situación, incluso en el momento en que se realiza la detención, como sucede siempre en las películas. Aunque esto último en realidad no suele ser lo más común, porque lo habitual en la práctica es que al interesado se le lean sus derechos justo antes de llevar a cabo el interrogatorio, para que todo quede bien claro antes de empezar a disparar preguntas. 

Tarjetita-chuleta con las reglas Miranda.

Otro detalle que tiene algo de leyenda urbana es la idea de que los derechos son recitados de memoria por los encargados de hacer cumplir la ley. En lugar de eso, lo habitual es que se requiera que el agente los lea directamente de una tarjeta, para regatear cualquier tipo de alteración o error en el enunciado y evitar que el interrogatorio pueda ser declarado no válido posteriormente. El texto, eso sí, es idéntico al que se enuncia en las ficciones policiacas, aunque puede variar ligeramente según la normativa del estado: en algunas jurisdicciones se incluyen párrafos como «Si usted decide responder a las preguntas ahora sin la presencia de un abogado, tiene el derecho a dejar de contestar en cualquier momento», «Conociendo y entendiendo estos derechos que le he comunicado, ¿está usted dispuesto a contestar a mis preguntas sin un abogado presente?» o «¿Entiende los derechos que le han sido leídos? Con ellos en mente ¿desea hablar conmigo o hacer algún tipo de declaración?». En el caso concreto de ciertos territorios de Nevada, Nueva Jersey, Oklahoma y Alaska se sustituye la sentencia donde se asegura que se proveerá de un abogado de oficio por un «No tenemos forma de designarle un abogado pero uno le será asignado, si lo desea, en el momento de ir a juicio». O lo que es lo mismo: un modo de insinuarle al detenido que solo le colocarán a su vera un letrado en el momento de sentarse ante el tribunal, y tras haber confesado antes. Todas estas lecturas de los derechos Miranda requieren, para ser interpretadas como válidas y evitar marrones, que la persona informada confirme que lo ha entendido todo, de manera oral o por escrito, respondiendo inequívocamente a una pregunta del tipo «¿Entiende estos derechos?». Ante dicha cuestión, el silencio a modo de respuesta no es considerado como una contestación afirmativa.

Un policía leyendo los derechos, tarjetita en mano, en 1984. Imagen: J. Ross Baughman, CC.

Otra estampa típica de las ficciones es aquella que tiene al recién esposado espetando un agresivo «¡Conozco mis derechos!» y provocando que el policía interrumpa la exposición de la advertencia Miranda. Pero eso mismo no ocurriría en la vida real, por ser obligatoria y necesaria la lectura completa del texto. Lo cierto es que, en numerosas ocasiones, la policía no tiene la necesidad de recitar las reglas Miranda. Porque realizar una ronda de preguntas no siempre es indispensable para afianzar una condena: si un criminal es detenido cometiendo un crimen ante los ojos de la policía, el interrogatorio no será necesario al tener como prueba válida el propio testimonio de aquellos agentes que han presenciado la fechoría.

La denominación «Miranda» de todo esto no es, evidentemente, fruto del azar. Sino algo que nació a raíz del caso Miranda contra Arizona, una bonita movida que tuvo a un delincuente entrando y saliendo de la cárcel allá por los años sesenta.

Miranda contra Arizona

Ernesto Arturo Miranda (1941, 1976) fue un cabronazo durante prácticamente toda su existencia. A los trece años sería arrestado por la policía por primera vez y a partir de entonces encadenó una envidiable carrera, que incluyó un tour por reformatorios y cárceles, salpicada de crímenes entre los que se encontraban el robo de vehículos, el asalto a mano armada y numerosos delitos sexuales. El 13 de marzo de 1963, dos agentes del departamento policial de Phoenix se encararon con Miranda tras comprobar que la descripción y matrícula del vehículo coincidían con la escasa información que poseían sobre el agresor de Lois Ann Jameson, una chica de dieciocho años que había sido secuestrada y violada en el desierto. Miranda acompañó voluntariamente a los policías hasta la comisaría y tras una rueda de reconocimiento y un interrogatorio acabó confesándose culpable del raptar y violar a Jameson. La víctima reconoció la voz de Miranda como la del hombre que abusó de ella.

Miranda dejó su confesión por escrito, en una serie de hojas encabezadas por el texto «Esta declaración se ha hecho voluntariamente y por decisión propia. Sin amenazas, coacciones o promesas de inmunidad. Y con pleno conocimiento de mis derechos, entendiendo que cualquier declaración que haga puede y será utilizada en mi contra».  A pesar de ello, a Miranda no se le llegó a informar en ningún momento de su derecho a guardar silencio o a tener un abogado presente durante los interrogatorios. Tres meses después se celebró el juicio contra Miranda y se asignó su defensa a un abogado septuagenario llamado Alvin Moore. Durante el proceso, Moore intentó sin éxito que no se admitiese la confesión escrita como evidencia, pero finalmente la declaración firmada por su defendido pesó lo suficiente como para condenarle por secuestro y violación con una sentencia de veinte a treinta años de prisión por cada uno de los crímenes. Su abogado apeló la decisión pero no logró nada.

Ernesto Miranda posando para la foto (izquierda) y luciendo el dorsal número uno (derecha). Imagen: Dominio público.

A mediados de junio del 65, Miranda solicitó una revisión del caso al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos amparado por una nueva pareja abogados defensores (John J. Flynn y John P. Frank), porque el letrado que le habían asignado de oficio estaba muy ocupado intentando no morirse a causa de la edad. Y la corte suprema accedió a revisar el asunto como consecuencia de una época donde se comenzaba a cuestionar el correcto cumplimiento de los derechos en situaciones similares. Durante el caso, conocido como Miranda contra Arizona, Flynn y Frank culparon a la policía de Phoenix de no haber informado debidamente a Miranda sobre sus derechos, violando la Quinta Enmienda de los Estados Unidos. El juez Earl Warren les dio la razón, sentenciando que la confesión escrita del acusado no tenía validez y estableciendo que «La persona detenida debe, antes del interrogatorio, ser informada claramente de que tiene derecho a permanecer en silencio, y que todo lo que diga será usado en su contra en el tribunal. Se le debe informar claramente de que tiene derecho a consultar con un abogado y tener al abogado con él durante los interrogatorios, y que, en caso de ser indigente, se le designará un abogado para que lo represente». Aquello anuló por completo la condena de Miranda, y al mismo tiempo estableció las normas indispensables a tener en cuenta a la hora de interrogar a un sospechoso.

El estado de Arizona volvió a juzgar a Ernesto Miranda y, aunque su confesión no se presentó como prueba en esta ocasión, fue condenado a una sentencia de veinte a treinta años de encarcelamiento gracias a los testimonios de terceros. En 1972, Miranda pisaría la calle al ser puesto en libertad condicional, pero no tardaría demasiado en volver a meterse en líos, ser arrestado y acabar sentando el culo en prisión durante una nueva temporada tras haber violado la condicional. Lo curioso es que durante el tiempo que estuvo libre se dedicó a hacer negocio de su estatus de celebridad vendiendo tarjetas con la advertencia Miranda autografiadas por su persona, a un dólar y medio el ejemplar. Miranda terminó, como no podría ser de otro modo, palmándola durante una pelea de bar allá por el año 76. Al registrar su cadáver, se encontró entre sus enseres un puñado de tarjetas con los derechos Miranda impresos. 

El caso Miranda contra Arizona instauró el procedimiento oficial a seguir en todos los interrogatorios policiales posteriores. Gracias a ello, Miranda llegó a formar parte de los diccionarios oficiales al convertirse en verbo: «Mirandize» («Mirandizar») es el término con el que se denomina la acción de leerle la famosa ristra de derechos al detenido.

Miranda popular

En el caso Dickinson contra Estados Unidos, el presidente del Tribunal Supremo William Rehnquist apuntó que la popularidad de los derechos Miranda como elemento ineludible de la rutina policial los había convertido en «parte de la cultura nacional». Y la culpa de aquello la tenían los grandes pilares educativos de la civilización moderna: el cine y la televisión.

En las pantallas, la advertencia Miranda se presenta como un procedimiento indispensable durante cualquier detención policial, un acto que normalmente acompaña al delincuente esposado durante su trayecto hacia el asiento trasero del vehículo policial. En numerosas ocasiones los derechos Miranda también se utilizan como recurso narrativo para darle la vuelta al guion al estilo del caso Miranda contra Arizona, invalidando la condena o juicio en torno a la que gira la trama cuando se revela que al acusado no le han sido leídos convenientemente sus derechos.

Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. Imagen: NBC.

Las series policiales siempre han usado y abusado del recurso de la lectura de derechos, algo que ocurría con mucha frecuencia en CSI, Boston Legal, The Closer, NCIS, Bones, Castle o Expediente X. En Ley y orden, y por extensión en los spin-offs que nacieron bajo sus ramas, la advertencia Miranda se utilizaba con frecuencia para enmarcar el final de un acto narrativo y dar paso a la publicidad: la pantalla se fundía a negro mientras los oficiales estaban a medio camino de leerle todos sus derechos al malhechor capturado y el show se ausentaba durante unos minutos para volver, tras los anuncios, con una segunda parte de la historia que habitualmente implicaba interrogatorios y juicios varios.

Dos policías rebeldes. Imagen: Columbia pictures.

La buddy movie Dos policías rebeldes tenía a Marcus (Martin Lawrence) gritándole sus derechos, desde un coche y durante una persecución, a un villano que difícilmente hubiese podido oírlos al pilotar otro vehículo diferente en plena huida loca. Un recital absurdo que en dicho caso era justificado por el personaje de Marcus aclarando que así «se lo ahorraba luego». Chuck Norris enumeraba los derechos Miranda en Walker Texas Ranger ante unos malhechores que al interrumpirle la cháchara legal acababan merendado una buena hostia. En Los Simpson, el jefe Wiggum arrestaba a Krusty realizando la lectura de los derechos más perezosa posible: «Tiene derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que diga bla bla bla bla bla bla». En otro episodio de la misma serie, a Homer Simpson le daba por berrear para llevar la contraria a una Marge metida a policía que le espetó un «Tienes derecho a guardar silencio» tras encasquetarle las esposas. Spider-Man (Tom Holland) intentó recitar el texto durante la gresca en el aeropuerto de Capitán América: Civil War, pero no tuvo mucho éxito porque los participantes en el follón eran más amigos de pelearse que de aguantar la verborrea del hombre araña. En la comedia Los otros dos, el personaje de Mark Wahlberg se burlaba de su compañero, interpretado por Will Ferrer, por ser incapaz de recordar el texto a pronunciar («Nunca he mirandizado a nadie», se justificaba). En Harry el sucio, al protagonista (Clint Eastwood) le caía una bonita bronca por pasarse los derechos de los detenidos por lo que venían a ser sus pelotas de acero cuando su superior le reprendía con un «Tienes suerte de que no te acuse por asalto con intención de asesinato. ¿Dónde dice que tienes derecho a derribar puertas, torturar a los sospechosos, negarles atención médica y consejo legal? ¿Dónde has estado? ¿Escobedo te suena de algo? ¿Miranda?». 

Harry el sucio. Imagen: Warner Bros.

La fabulosa Infiltrados en clase utilizaba la advertencia Miranda a modo de mecanismo para disparar la trama principal: al recién graduado agente Greg Jenko (Channing Tatum) se le escapaba un criminal arrestado porque su cabeza no le daba para recordar las cuatro líneas esenciales para lidiar con sus labores: «Nos hemos visto forzados a retirar los cargos porque se te olvidó leerle sus derechos Miranda. ¿Cuál es la razón para no hacer la única cosa que tienes que hacer al arrestar a alguien?», le echaba en cara un superior cuyo conocimiento de las leyes oficiales navegaba en la lógica fantástica del cine. Como consecuencia del gambazo, Jenko y su compañero (Jonah Hill) eran destinados a una misión de infiltración en un instituto para localizar a los camellos del lugar, que conformaba el grueso del film. En el desenlace de la historia, los personajes se redimían de su metedura de pata al detener al malo de la peli y vociferarle sus derechos mientras la banda sonora se dedicaba a elevar la épica del momento. 

En ocasiones, el texto Miranda original recibía variantes mutantes por el bien de la comedia. En Arma letal 3, Riggs (Mel Gibson) espetaba «Tienes derecho a permanecer inconsciente» a un personaje que se había quedado medio muñeco. Little Tokyo: ataque frontal tenía a un Johnny Murata (Brandon Lee) utilizando «Tienes derecho a permanecer muerto» a modo de one-liner molona. En Dos sabuesos despistados, Tom Hanks no se conformaba con mencionar los derechos Miranda y optaba por rapearlos. Y en Loca Academia de Policía 2: su primera misión, Mahoney (Steve Guttenberg) improvisaba un «Tiene derecho a cantar el blues, tiene derecho a televisión por cable, tiene derecho a realquilar, tiene derecho a pintar las paredes. Pero no con colores chillones» tras quedarse sin ideas para extender el discursillo mientras enjaulaba a una tropa de delincuentes. 

Arma letal 3. Imagen: Warner Bros.

Las situaciones en las que el procedimiento ha sido llevado a cabo con cierto realismo resultan de lo más escasas: en Juegos de guerra, Cadena perpetua y la serie Colombo, la enumeración de los derechos que no se le mentaron a Ernesto Miranda sí que era leída directamente de una tarjeta. Pero lo habitual para Hollywood siempre ha sido tomarse la fidelidad con algo de cachondeo: en Dos sabuesos en la isla del edén un asesino demandaba la lectura de sus derechos durante el arresto, y con ello tan solo lograba que el personaje de Dan Aykroyd se riese de él al simular rociar polvo de hadas sobre su cabeza mientras murmuraba las palabras «Miranda, Miranda, Miranda».


Pena capital animal

Juicio de Bill Burns, de P. Mathews, 1838 .

Una soleada tarde de 1563, en una remota aldea de la península de Yucatán, unos vecinos sorprenden a un adolescente desfogando su natural vigor juvenil con un pavo. La Inquisición no tomaba precisamente a broma la coyunda entre especies y el muchacho fue castrado en plaza pública y expulsado de la provincia pocos días después. Tampoco el pavo salió indemne, ya que, si bien había muerto poco después de ser forzado por el mozo, su cuerpo, convertido ya en un putrefacto pingajo, se colgó del cuello del joven mientras se le castraba, para terminar después quemándolo y esparciendo sus cenizas por el campo, como castigo por haber participado, aunque de forma involuntaria, en semejante acto pecaminoso.

Y es que hasta tiempos no tan remotos, el derecho eclesiástico y el secular no distinguían entre seres con capacidad de raciocinio o no, y se aplicaban condenas a todo bicho viviente o incluso no viviente, como hemos visto en el caso del pavo.

El derecho tiene muchas interpretaciones y, a lo largo de la historia, ha sido aplicado con criterios muy diferentes. Kant y Hegel se refieren a él como una propuesta de convivencia emanada de la razón, de lo que se deduce que los seres irracionales quedan excluidos de rendir cuentas ante los tribunales. Sin embargo, cuando se produce una acción punible, la búsqueda de responsabilidad es consustancial al ser humano. En el delicado equilibrio entre exigir solo al que razona o castigar al culpable, sea quien sea, la segunda derivada es la que ha tenido mayor acogida: cuando se tenía un culpable, de poco servían las entendederas o la ausencia de ellas; se condenaba a quien fuese con tal de saciar el deseo de venganza, o para aplicar lo que se entendía como la ley de Dios.

El Antiguo Testamento lo dejaba bien claro. El libro del Éxodo ordena que: «Si un buey acorneare a hombre o mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne y el dueño del buey será absuelto». La misma norma se aplicaba si el condenado era un cerdo, perro o gallo.

Pero sería injusto acusar solo a la justicia cristiana por estas prácticas, puesto que ya los tribunales de la antigua Atenas castigaban con la pena capital a los animales —e incluso a objetos inanimados— si habían causado la muerte de una persona. También el sistema penal indio mandaba aplicar la ley del talión a las bestias: si un tigre mataba a una persona, el felino debía ser muerto y su carne comida por los vecinos del finado. En el África musulmana, se flagelaba a los perros que se atrevieran a entrar en una mezquita. También los maoríes de Nueva Zelanda mataban a los cerdos que accedían a los lugares sagrados. Como último ejemplo, apúntese el castigo que recibía un perro que mordiera a varias personas en el imperio persa: se le mutilaba, comenzando por las orejas y terminando por la cola, tantas veces como número de individuos hubiera mordido.

Aplicar la pena capital a los animales ha sido cosa frecuente en muchas culturas. Pocas se libran. Lo particular de la aproximación occidental a la persecución legal de los animales es que no solo se les consideraba responsables, sino que se les aplicaban todos los preceptos de los códigos legales de la época exactamente igual que a los ciudadanos. Y no solo para castigarles, sino también para permitirles actuar como testigos, tal y como admitían algunas legislaciones medievales. En estos casos, si un acusado alegaba que su perro o vaca eran testigos de que la veracidad de su coartada, los jueces y abogados daban el testimonio por bueno.

Mientras esperaban juicio —o la aplicación de la sentencia— los animales condenados permanecían en prisión, junto al resto de encarcelados, y recibían su misma ración. Cuando llegaba el momento de ejecutar la condena —muy a menudo, la pena de muerte— la paga del verdugo era exactamente igual que la que obtenía por ajusticiar a un malhechor. En cuanto a los métodos de ejecución, se escogían de una amplia panoplia de posibilidades: ahorcamiento, hoguera, apedreamiento, decapitación, enterrar vivo al animal, mutilaciones varias…

Pero detengámonos en algunos casos en los que la justicia actuaba contra los cuadrúpedos. En 1386, en una pequeña población del norte de Francia se somete a juicio sumarísimo a una cerda y se la condena a morir ahorcada por haber causado la muerte de un párvulo. En este caso en concreto, la condenada fue vestida con una falda y chaleco, suponemos que no solamente para que sirviera de escarmiento a sus congéneres, sino también como advertencia a los dueños de otros cerdos. En la mayoría de los casos, y siguiendo la norma del Pentateuco, la carne del animal era enterrada o arrojada a los perros.

Los anales recogen multitud de castigos como el descrito. Era muy habitual juzgar a un puerco. Los cerdos, a diferencia de hoy en día, se criaban en corrales, en los patios traseros o bien andaban sueltos por la calle. Eran, en pocas palabras, un modo de transformar las sobras, e incluso la basura y excrementos, en nutritiva proteína, muy escasa en aquellos tiempos. Y si los habitantes del medioevo pasaban hambre con frecuencia, muchas más estrecheces pasaban los tocinos. No era pues del todo raro que, acuciados por un hambre feroz, los marranos se abalanzasen sobre un niño que se aventurase en su pocilga. Los cerdos son omnívoros y están dotados de una fuerte dentadura, así que una piara de unos pocos cutos de 100-150 kg podían hacerse con un niño, e incluso con un adulto, con relativa facilidad.

Ilustración del Chambers Book of Days sobre el juicio a una cerda que tuvo lugar en 1457.

Tampoco hay que olvidar el papel que pudiese desempeñar contra los puercos la narración evangélica en la que Jesús ordenó a los demonios —legión— que poseían a un hombre que le abandonasen y que poseyeran en su lugar a unos tocinos que pastaban cerca. Estos, no pudiendo soportar la nueva compañía, se apresuraron a despeñarse por un acantilado.

Las condenas no se limitaban a casos de sangre. En 1474, también en Francia, un gallo fue condenado por poner un huevo —cómo alguien pudo asegurar que un macho había puesto no es asunto que debamos debatir aquí, pero por aquel entonces se pensaba que de un huevo de gallo solo podía nacer un ser diabólico, un basilisco que traería el demonio a la comunidad— y, seguramente sin realizar un correcto sexaje del ave, se dictó un auto de fe por el que el gallo en cuestión debía morir carbonizado en la hoguera.

No todos los animales que llegaban a juicio eran condenados. Las leyes les permitían contar con abogados defensores cuyas argucias legales surtían efecto en no pocas ocasiones y, a veces, los animales podían salvar el pellejo. Este fue el caso que en 1750 conmocionó a la población de Vanvres, en Francia: uno de sus vecinos fue apresado tras sorprenderle en pleno ayuntamiento carnal con su burra. La ley de la época, inspirada en el Levítico 20:15-16, no dejaba lugar a dudas: «Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto; y mataréis también a la bestia. Y cuando una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás; morirán indefectiblemente; su sangre será sobre ellos». Así que ambos fueron condenados a la hoguera. Sin embargo, los ciudadanos principales de la villa redactaron un documento exculpando a la bestia puesto que «la conocían desde hacía cuatro años y que durante este tiempo siempre había demostrado ser virtuosa y tener un comportamiento ejemplar y que por ello la consideraban una criatura honesta». El animal fue exculpado por la magistratura.

La juventud podía ser otro elemento atenuante. Este fue el caso de una cerda y sus lechones que acabaron a mordiscos con la vida de un muchacho. La madre porcina fue ejecutada pero los lechones, atendiendo a su corta edad, fueron exonerados. Tras la condena, si era preciso, los abogados apelaban a tribunales superiores y en alguna ocasión consiguieron la nulidad de las sentencias condenatorias.

Si el crimen era menos grave, la ejecución sumaria podía ser sustituida por penas más leves. Ese fue el caso de un macho cabrío que, en la Rusia del siglo XVII, en un precedente de lo que más tarde se convertiría en el gulag soviético, fue desterrado a Siberia.

Claro que lo contrario también sucedía a veces. Así, tres cerdos que habían acabado con la vida de un niño fueron acusados, pero junto a ellos lo fueron además otros congéneres que, si bien no participaron directamente en el crimen —porque una valla les impedía el acceso—, con sus gritos y gruñidos mostraron claramente sus intenciones homicidas, razón por la que fueron ejecutados junto a los que perpetraron el infanticidio.

Ilustración realizada por Gustave Doré, 1874.

No solo los crímenes de sangre o bestialismo llevaban aparejados la ejecución sumarísima. En el mediodía francés un marrano fue llevado al cadalso en 1394 por el grave delito de comerse una hostia consagrada. En otra ocasión también un cerdo fue condenado a muerte, no solo por dar cuenta de un niño, sino con la agravante de haberlo hecho un viernes, día de abstinencia de carne.

Cuando los que causaban daños no eran animales individuales sino plagas solía encargarse el caso a los tribunales eclesiásticos, que podían llegar a excomulgar o declarar anatema a los que se saltaban las normas. En la práctica, este tipo de invasiones solían resolverse con un anatema, ya que la excomunión solo podía aplicarse a personas con estatus legal. Quedaban pues excluidas ratas, insectos y mujeres, quienes no poseían ese estatus de acuerdo a las leyes inglesas medievales.

En estos juicios los acusados contaban también con abogados defensores. En algunos casos, profesionales de primer orden. El abogado francés Bartolomew Chassenée cimentó una sólida reputación especializándose en la defensa de los animales sometidos al rigor legal imperante en aquellos tiempos. En una ocasión en que las ratas habían dado buena cuenta de la cosecha de cebada, nuestro togado tuvo que batirse el cobre para que las encausadas contasen con todas las garantías procesales. Así, convenció a su señoría de que una sola citación era insuficiente para llamar a todas las acusadas, pues vivían dispersas por toda la comarca, de modo que la autoridad ordenó que se las requiriese a juicio desde los púlpitos de cada parroquia. Como los roedores no comparecieron ni por esas, Chassenée argumentó —con éxito— que las reas no podían acudir a causa de los muchos peligros a los que se expondrían de hacerlo, como la numerosa presencia de gatos en las calles de la villa. Ante la imposibilidad de hacer venir a los roedores al tribunal, el caso fue sobreseído.

El hábil letrado inició así una fulgurante carrera que le llevó a ser presidente del parlamento de Provenza. Más tarde, enfrentándose a una fuerte oposición social, defendió a un grupo de herejes con el fino argumento de que «si hasta las ratas de Autun han tenido un juicio justo, ¿por qué negárselo a alguien por considerarlo hereje?». Pero su inteligente razonamiento no le salvó de los fuertes prejuicios de aquel tiempo: poco después recibió un ramo de flores untado con un potente veneno y cayó fulminado en cuanto las hubo olido.

Otro modo de salvar a los acusados era convertirlos, a ojos del juez, en la mano ejecutora del Señor que era enviada a dañar las mieses como castigo por los numerosos pecados de la congregación. Y en otra línea de defensa se consideraba que las plagas habían sido creadas antes que el hombre —según el relato del Génesis— y por tanto tenían derecho a consumir lo que dieran los campos, por delante de los vecinos.

Hoy estos detalles procesales nos resultan hilarantes, pero los teólogos y abogados de la época los tomaban muy en serio. Estaba comúnmente aceptado que, puesto que los animales tenían ciertas reglas de convivencia propias entre los de su especie, también debían respetar las normas de aquellos con los que convivían y, por tanto, no podían quedar exentos de castigo, incluida la pena capital, caso de no aceptar su lugar en el orden establecido de las cosas. De modo que si las procesiones, rogativas e incluso aspersiones con agua bendita lograban la eliminación de topos, babosas, sanguijuelas, gorgojos y demás pestes, el poder del Señor quedaba claramente manifiesto; pero si las llamadas a la intervención divina resultaban ineficaces, lo que quedaba de manifiesto era que los pecados de la comunidad merecían el castigo que les mandaba el Creador desde lo alto.

Poco a poco estas prácticas legales fueron cayendo en desuso. Quizá la urbanización, la lejanía que esta imponía del agro y el menor contacto con los animales fueron la causa de que los juicios y castigos contra los cuadrúpedos perdiesen vigor. Pero no fueron totalmente olvidados puesto que en casos relativamente recientes se han dictado condenas contra animales.

En Suiza, en 1906, padre e hijo asaltaron y dieron muerte a un hombre sirviéndose para ello de la ayuda de un perro. El can fue condenado a la pena capital con el argumento de que su intervención fue clave para la comisión del crimen. Para sus dueños, la condena se limitó a cadena perpetua.

En algunas ocasiones no intervenía la judicatura y la ejecución del animal se basaba en la supuesta aplicación de una justicia popular. Tenemos así el caso de una elefanta de circo, Mary, que en 1916, en una pequeña localidad de Tennessee, dio muerte a uno de sus cuidadores. Las ciudades vecinas se negaron a programar el espectáculo circense si el paquidermo no era ejecutado y, de este modo, un par de días después del suceso, Mary fue colgada de una grúa para regocijo de los lugareños.

También marca la tradición no escrita que, cuando un toro mata a un torero, todo el linaje del astado sea eliminado.

¿Y hoy? Hay casos en los que, por razones, sanitarias, la legislación establece que un animal debe ser sacrificado. Por ejemplo, en el caso de que un perro sea diagnosticado de la rabia. Pero más allá de la potencial transmisión de enfermedades tenemos casos recientes en los que los tribunales juzgan y dictan sentencia contra un animal. Veamos el caso de Taro:

En 1990 Taro, un perro de raza akita de cinco años, mordió a una niña de diez (la niña en cuestión estaba de visita en la casa de sus tíos, dueños de Taro). Los médicos que trataron a la pequeña alertaron a las autoridades. Las leyes de Nueva Jersey dictaban que el animal debía ser sacrificado. Así que nuestro protagonista fue puesto en una perrera a esperar su fatal destino. Los dueños del animal iniciaron una batalla legal para salvar a su mascota alegando que su sobrina había provocado el ataque del animal. La ciudad y el condado se posicionaron con el fiscal, en contra del perro. La corte suprema del estado dictó finalmente que el can debía ser sometido a la eutanasia. El caso levantó un considerable revuelo tanto en los Estados Unidos como internacionalmente. La última palabra fue de la gobernadora del estado, quien dictaminó que a Taro se le perdonaría la vida a condición de que fuese desterrado de Nueva Jersey y que nunca regresase al estado. Así fue.

Otros animales sufren las mismas consecuencias penales que Taro, no solo por morder a una persona sino incluso por matar a otro animal. Ese fue el caso al que se enfrentaron dos perros (Jake y Lucy) en el estado de Colorado en 2015. ¿Su crimen?, haber matado a un gato a mordiscos. Aunque varios testigos aseguraron que los canes eran inocentes, el sistema judicial los condenó a morir. Tras muchas apelaciones y más de diez mil dólares en abogados, la dueña de los animales consiguió que fueran exonerados. En la mayoría de los casos no hay un final feliz.

Damnatio ad bestias. Imagen: Cordon.

No obstante, los animales no solo han sido objeto de castigo, sino que se les ha utilizado en no pocas ocasiones como ejecutores de la pena capital contra personas. El procedimiento por el cual un cuadrúpedo es el encargado de poner fin a la vida de un condenado a muerte se conoce como damnatio ad bestias y se utilizó mucho en Roma, como parte de los juegos. Este modo de ejecución, introducido parece ser por Escipión el Africano, quien salvó a Roma al derrotar a Aníbal, se aplicaba a los acusados de los más horrendos crímenes (parricidas, desertores) y más tarde a los cristianos. Consistía en arrojar al penado a la arena del circo para que fuese devorado por fieras hambrientas. No carecían de imaginación los victimarios, pues utilizaban gran variedad de animales para que dieran cuenta de los reos: leopardos, osos y tigres formaban parte de esta variada fauna, aunque sin duda el animal preferido para este fin era el león. Tan frecuente devino este castigo para los cristianos que incluso se acuñó el término Christianos ad leones (cristianos a los leones). Además, algunas crónicas describen cómo algunas condenadas eran cubiertas con pieles para que caballos o jirafas entrenados para tal fin violentasen sexualmente a las mujeres.

Fue el emperador Augusto quien dictó la Ley Petronia 61. Esta norma prohibía a los dueños de esclavos arrojarles a las fieras sin la autorización de un tribunal. Todo un detalle.

Los romanos importaron esta práctica de Asia. Y desde allí nos llega también otro ejemplo de esta práctica: la pena de aplastamiento por elefante, en la que un paquidermo era el encargado de pisar y aplastar al reo hasta matarlo.

En tiempos menos pretéritos se utilizó a los caballos como herramienta para desmembrar al convicto. En el siglo XVIII, en Cuzco, se intentó ajusticiar mediante este método al líder quechua Tupac Amarú. Quizá las caballerías elegidas para este fin no eran lo bastante fuertes, porque fracasaron en el intento. No supuso esto, no obstante, ninguna ventaja para el indio, pues la falta de acometida de las acémilas fue sustituida por el filo de una espada que le separó la cabeza del tronco.

Afortunadamente, no solo el uso de animales para ejecutar presos está en desuso, sino que la propia pena de muerte retrocede en todo el mundo. No está tan claro, sin embargo, que sea así para miles de perros y gatos abandonados que son eliminados en perreras.

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Bibliografía:

Evans, P. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Dutton & Company. New York. 1906

Few and Tortorici (editors). Centering Animals in Latin America History. 2013. Duke University Press.

Humphrey, N. The mind and the flesh. Chapter 18 pp 235-254, 2002

Hyde, W. W. the Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times. University of Pensylvannia law review and American law register, vol 64, nº 7, May 1916

Girgen, J. The Historical and Contemporary Prosecution and Punishment of Animals. May 2003.


Toma los datos y corre: guía básica de usuario para la GDPR

Foto: Dennis van der Heijden (CC).

25 de mayo de 2018, anotad esta fecha, las reglas del juego de los datos de internet cambian desde hoy para todos los ciudadanos europeos. Llega la GDPR (General Data Protection Regulation), en español: Reglamento General de Protección de Datos.

Por primera vez en la historia se reconocen los derechos de nosotros, los usuarios de internet, sobre nuestra propia información, por primera vez se definen los límites y por primera vez se regula el uso por parte de las empresas.

Si eres de los que aplaudió viendo a Zuckerberg tragar saliva ante el Senado de los Estados Unidos, si estás harta de que desde que pasaste los treinta toda la publicidad que rodea lo que lees sean métodos para aumentar la fertilidad, o si, simplemente, te preocupa no tener control sobre adónde va a parar la información que internet guarda sobre ti, esto te va a encantar.

Empezamos.

De qué hablamos cuando hablamos de datos

Quienes aún conservamos un inconsciente analógico, cuando pensamos en nuestros datos personales seguimos visualizando un cuestionario en una hoja en blanco, donde debe constar: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, dirección postal… Pero no, no hablamos de eso, o al menos no solo. Hace mucho tiempo que nuestros datos han crecido, han mutado y se han multiplicado, lo interesante acerca de nosotros no es nuestro nombre del bautismo ni la dirección postal. Lo que en este siglo XXI se ha revelado como la verdadera fuente de riqueza es el análisis y recopilación de información acerca de nuestros hábitos, especialmente de consumo. La ubicuidad de los teléfonos móviles ha sido una ayuda inestimable para la recopilación detallada de todas nuestras preferencias en la vida diaria, adonde nunca llegó el ordenador han llegado ellos.

La GDPR, en su un glosario de términos, define como «datos personales»:

toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Sobre estas cinco líneas se sostiene el que a partir de ahora será uno de nuestros derechos fundamentales en las redes sociales y el mundo virtual.

Quizá, si nos preguntasen cuáles son los datos que constan en internet sobre nosotros, mencionaríamos los considerados datos directos: nombre, dirección, número de identificación, número de teléfono, datos bancarios, etc. Sin embargo, el reglamento, al especificar que los rasgos identificadores pueden ser tanto directos como —y aquí está la clave— indirectos, abre el arco de posibilidades protegiendo a los usuarios frente a las empresas en un gesto sin precedentes.

Así, desde ahora mismo, serían considerados datos personales de identificación indirecta: nicknames o alias, datos que tengan que ver con la salud, el aspecto físico, en qué lugares utilizas determinadas aplicaciones, la renta, la genética, la economía, tus preferencias, tus compras … y todo el abanico de posibilidades que internet y los teléfonos móviles nos vayan poniendo a nuestro alcance en los próximos años.

¿Quiere esto decir que ahora las empresas ya no nos van a poder pedir información a los usuarios?

No, de hecho seguirán haciéndolo, así como seguirán utilizando la información sobre nosotros que tenían hasta ahora. La clave de lo que significa esta nueva legislación tiene más que ver con los derechos que nos otorga a nosotros, usuarios, ante las compañías que manejan nuestra información. Con esto llegamos a uno de los puntos que a partir de hoy supondrán un cambio de paradigma:  

El consentimiento

Para abreviar, asumamos sin pudor que hemos entrado en páginas o aplicaciones aparentemente inofensivas, en las que de repente nos ha asaltado una ventanita que decía: «Al utilizar esta aplicación usted acepta las condiciones de uso…», y nosotros hemos seguido adelante sin darle la menor importancia, con la tranquilidad de quien espanta una mosca. Hemos sido capaces de negarnos a firmar una multa o un acuse de recibo pensando que nos compromete demasiado, pero, tal vez porque el ratón no se parece a nuestra firma personal, hemos dicho sí a todo durante años en nuestra vida digital.  

Esto no volverá a pasar.

Según el artículo 7 punto 2, deben darse una serie de condiciones para que el consentimiento sea legal en caso de que sea por escrito:

2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.

En pocas palabras, se acabó la letra pequeña, las notas a pie que enmiendan un texto general, o el hacer clic para admitir los términos y condiciones y al mismo tiempo la newsletter de la compañía.

El consentimiento debe ser afirmativo, activo, especificado y documentable, bien sea por escrito o grabado. Solo sí será sí.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

En este párrafo se resume perfectamente la situación de indefensión en que habíamos vivido hasta ahora. El consentimiento no debe ser una trampa sin salida, sino un acuerdo, y por tanto, si los términos del acuerdo cambian o mudan mis preferencias, tengo que tener derecho a romperlo, como una persona libre. Todo lo demás es abusivo.

¿Quiere esto decir que a partir de ahora todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono deberán pedirnos autorización cada vez que reciban datos nuestros?

No necesariamente, para toda la información que la aplicación deba utilizar con un interés reconocido como «legítimo», es decir, absolutamente necesario para su funcionamiento, no es necesario dar consentimiento porque se considerará implícito en el uso.

Por ejemplo:

Si te bajas una aplicación de alquiler de bicicletas, es normal que conlleve un servicio de geolocalización, que probablemente vendrá detallado en los «Términos y condiciones» o en la «Política de privacidad», sin el cual la aplicación no podría funcionar.

Ahora bien, no tendría sentido que cuando comprases unas entradas para el cine, por ejemplo, se guardasen datos de tu ubicación en el momento del uso sin pedirte consentimiento explícito, porque no son necesarios para realizar la transacción.

Mis datos son míos, ¿y ahora qué?

Hasta hace poco, conseguíamos deducir mínimamente adónde habría llegado nuestra información personal por la publicidad que recibíamos. A partir de hoy, puesto que somos reconocidos como dueños con derechos, podemos exigir saber qué datos exactamente constan en poder de una compañía y para qué utiliza esa información.

En los artículos 13, 14 y 15 de la GDPR se articulan las condiciones para el acceso a la información personal en poder de una empresa; tal acceso debe ser, al igual que el consentimiento, inmediato y facilitado.

¿Por qué esto es importante?

Pues porque en caso, supongamos, de que una red social o una aplicación quiera utilizar nuestros datos para estadísticas, para almacenarlos sin más o pretendan venderlos a otra empresa, ya no podrán hacerlo a nuestras espaldas.

Nuestra información personal es una propiedad, un bien no tangible pero cuantificable, que ponemos en manos de una empresa pero que en ningún momento le hemos regalado, sino que está depositado bajo custodia. Por eso tenemos derecho a exigir responsabilidades en cualquier momento, solicitar información para controlar cómo está siendo cuidada nuestra propiedad y tener conocimiento de si está siendo utilizada y con qué fin.

Tenemos claro, entonces, que nuestros datos personales son nuestros, que tenemos derecho a reclamarlos, vigilarlos y llevárnoslos adonde queramos.

¿Eso es todo? No; el dueño legítimo de algo es aquel que tiene el poder para destruirlo.  

Derecho al olvido

¿Cuántas veces hemos intentado anular una suscripción o borrarnos en una web y no hemos encontrado cómo? ¿Cuántas veces, aun después de borrarnos, seguían llegando e-mails pidiéndonos que volviéramos o diciéndonos que nuestros amigos nos echaban de menos? ¿Cuántas veces hemos pensado que este abuso debería estar penalizado?

En el artículo 17 se detallan todos los supuestos en los que el usuario tiene derecho a que sus datos sean borrados inmediatamente. Aparte de todos los supuestos de irregularidad, el fundamental es:

… estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

(…)

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6.

Reconocer que una persona tiene derecho a cambiar de opinión, es decir, a revocar su consentimiento, es adjudicarle un patrón de pensamiento inteligente, basado en juicios y preferencias que son susceptibles de evolucionar y cambiar. Nosotros, usuarios, dejamos legalmente de ser sujetos pasivos, gracias a que se nos reconozca el derecho a querer hoy una cosa y mañana otra.

La figura del consentimiento es el matiz que lo cambia todo, aquí y en la vida en general.

La parte contratante de la primera parte

El Reglamento General de Protección de Datos ampara a todos los ciudadanos de la UE y es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, sean europeas o no, que procesan datos de ciudadanos miembros de la Unión. En caso de no observar este reglamento, las compañías tendrán que afrontar multas administrativas de hasta veinte millones de euros o el 4% del valor de su negocio, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Esto quiere decir, a modo de resumen, que somos los primeros ciudadanos de la historia digital en ostentar la titularidad de nuestro bien más valioso: los datos personales. Las compañías solo podrán usarlos y almacenarlos con nuestro consentimiento activo y documentado, podremos acceder a nuestra información personal cuando queramos, tanto para consultarla como para corregirla, hacer uso de ella o borrarla.

A partir de este momento, dejemos de mirar a las empresas de internet como centros de acogida gratuitos y tengamos presente que, cada vez que volvamos a pulsar «Aceptar» sin haber leído, estamos cediendo un control que tenemos reconocido legalmente.

No valdrá quejarse luego.

La próxima vez que, como hacía el Frente Popular de Judea con los romanos, alguien pregunte: «¿Qué ha hecho Europa por nosotros?», además de la moneda única, de la libre circulación y residencia en los países de la UE, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de haber suprimido el roaming y de habernos dado la paz, no olvidéis añadir que ha obligado a los monstruos de internet a entregarnos a los ciudadanos europeos el título de propiedad y los derechos sobre nuestros datos personales.

Puedes consultar la GDPR íntegra en español aquí.


Canciones del rock y el pop en torno a saltarse la ley

Hace unos días Scotland Yard responsabilizaba de la ola de violencia que vive Londres a un estilo musical llamado drill, que los medios ingleses ya han pasado a tildar como «demoníaco». El vínculo entre delincuencia y música no es algo nuevo, desde luego. Podríamos remontarnos a las peleas de mods y rockers en los sesenta, a Antoñita Moreno cantándole una copla a «Los ojos del bandolero» o a composiciones folclóricas aún más antiguas para constatar que la transgresión de la ley ha tenido siempre banda sonora. Ha habido géneros dedicados en exclusiva a ello, desde los narcocorridos al gansta rap, con tipos tan temibles como  Brotha Lynch Hung, que habla en sus letras de hacer croquetas con bebés. Incluso hay estudios que han intentado medir con exactitud la conexión entre gustos musicales y propensión al delito, para terminar concluyendo que lo mejor que podrían escuchar los adolescentes es jazz y música clásica. No sé si les harán mucho caso… puede que, simplemente, correlación no implique causalidad. De cualquier forma todo esto es una buena excusa para recordar los grandes temas que la música pop y rock ha dedicado al asunto. Son tantos que necesariamente nos dejamos muchos sin mencionar, así que quien lo desee puede ampliar la lista en la sección de comentarios.

(La caja de voto se encuentra el final del artículo)

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«I Fought the Law», de Bobby Fuller Four

Pocas canciones han conocido más versiones que esta. El tema original corresponde a The Crickets, aunque fue el grupo de Bobby Fuller quien la propulsó a lo más alto dándole más ritmo. Años después, en 1979, The Clash hizo otra también memorable. Roy Orbison no quiso quedarse atrás, al igual que Green Day aquí, Mike Ness allá o los Dead Kennedys con esta otra versión. Incluso el actor Colin Farrell se atrevió a cantarla para la banda sonora de Intermission. Es, en definitiva, una de los ejemplos más logrados de la visión romántica del delincuente —con su aura de perdedor y de rebeldía ante la sociedad— que la cultura occidental ha estado elaborando desde tiempo atrás. No es de extrañar que llamase la atención de los cantantes Loquillo y Fito en su «Luché contra ley».

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«Woke Up This Morning», de Alabama 3

Tal vez otras series hayan tenido intros más creativas que la de Los Soprano, ¿pero una mejor canción que esta? Imposible. El motivo que inspiró esta canción fuera el caso de Sara Thornton, una mujer inglesa condenada a cadena perpetua por matar a su marido, según alegaba, tras años de maltrato. Su historia se hizo tan popular que la BBC le dedicó un telefilm y a continuación llegó el tema más conocido de este grupo cuyo nombre, por cierto, viene de otro caso criminal: el linchamiento que sufrieron dos negros en los años treinta acusados de violar a una blanca, en un caso que fue conocido como Alabama 2.

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«Scooby Snacks», de Fun Lovin’ Criminals  

Si en el caso anterior una serie de indudables méritos artísticos recibe además el impulso de una canción estupenda, otras veces el flujo entre las artes es en sentido opuesto. Así que aquí podemos escuchar diálogos sampleados de Pulp Fiction y Reservoir Dogs, acompañando a un tema que habla sobre el atraco a un banco.

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«Fulsom Prison Blues», de Johnny Cash

Aquí tenemos otro ejemplo del cine como motivo de inspiración musical. Mientras estaba destinado en una base militar de la RFA a comienzos de los cincuenta, Cash tuvo ocasión de ver la película Inside the Walls of Folsom Prison, lo que le llevó a escribir esta canción que grabó en 1955 ya en Memphis. Fue una de las más aclamadas de su repertorio, aquella con la que solía comenzar cada concierto.

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«Bad Boys», de Inner Circle

De nuevo nos encontramos esa influencia, esta vez en dirección contraria. La película Bad Boys de 1995 tomó como referencia para su título este tema (aunque en España fue llamada Dos policías rebeldes) que por entonces ya era sobradamente conocido por ser la intro del reality show Cops, que aquí emitió en los años noventa Antena 3.

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«Breaking the Law», de Judas Priest

El año en que la grabaron, 1980, pertenecía a una época muy convulsa en el Reino Unido pues el anterior fue el conocido como «Invierno del descontento» y resultaban parte del día a día las huelgas, los disturbios callejeros y los enfrentamientos con la policía. Según el vocalista Rob Halford «fueron unos tiempos terribles. Eso me impulsó a escribir una letra para conectar con ese sentimiento que estaba ahí fuera. No fuimos al estudio y dijimos “vamos a intentar coger esa actitud punk en nuestra música”, pero ciertamente parece que el tema captó algo de esa anarquía, musicalmente».

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«Pacto entre caballeros», de Joaquín Sabina

Hace unos días un minucioso trabajo de investigación desvelaba toda la verdad en torno al que es uno de los temas más recordados de Sabina. A pesar de ello le daremos el beneficio de la duda, pues según contaba en esta antigua entrevista : «Lo del pacto entre caballeros no solo fue verdad sino que me pasaron dos episodios parecidos en la misma semana que reduje a una canción. Solo inventé el final porque nunca volví a verlos. El puticlub era cojonudo, pero yo, aunque no lo parezca, soy un caballero».

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«I Shot the Sheriff», de Bob Marley  

El significado de las canciones, como de toda obra de arte en general, pertenece tanto al público como al autor. En este caso el tema se convirtió en todo un símbolo de la lucha contra toda injusticia y eso era en buena parte lo que el propio Bob Marley quiso, pues en sus propias palabras: «No es realmente sobre un sheriff, sino sobre la maldad. Trata sobre gente que está juzgándote y tú no puedes soportarlo más y explotas». No obstante, su exnovia aseguró en un documental de hace unos años, Bob Marley: The Making of a Legend, que la letra giraba en torno al hecho de que ella tomaba la píldora anticonceptiva, cosa que el músico consideraba pecaminosa, por tanto el médico que se la recetó pasó a ser el sheriff. De creerla, entonces la semilla a la que se alude no sería de marihuana: «Sheriff John Brown always hated me / For what, I don’t know / Every time I plant a seed / He said kill it before it grow». Sea como fuere, no podemos dejar de mencionar también la versión que hizo Eric Clapton.

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«Bonnie and Clyde», de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot  

En el imaginario popular los delincuentes han encarnado siempre la vida tal como sería haciendo lo que uno quisiera hacer, sin límites ni consecuencias, como dioses… o estrellas de rock, quizá esa identificación de estos con aquellos. Ambos además tienden a morir jóvenes dejando un cadáver bonito y convirtiéndose así en leyenda. En concreto esta pareja de atracadores de bancos dejó una considerable estela en la cultura popular con varias películas e infinidad de referencias en temas de Marilyn Manson, Justin Bieber, Eminen, Bon Jovi, Lana del Rey, Taylor Swift, Halsey o Daddy Yankee. Vamos, que si uno enciende la radio no tardará mucho en oír mencionarlos. La que tenemos sobre estas líneas es una de las más conocidas, basada en un poema escrito por la propia Bonnie y publicada en 1968.

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«In the Ghetto», de Elvis Presley

No siempre la música ha contribuido a crear esa imagen heroica del criminal, a veces también ha buscado comprenderlo, mostrarlo como una víctima de la sociedad aunque eso suponga eximirle de responsabilidad. Esta conmovedora historia que nos narra Elvis se llamó inicialmente «El círculo vicioso», lo que da idea de aquello que pretendía expresar el autor, Mac Davis, inspirándose en aspectos de su infancia y concluyendo con la muerte del joven seguida de ese «Another little baby child is born / In the ghetto».

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«Smooth Criminal», de Michael Jackson

Es un hecho ampliamente documentado que aquellos criminales que alcanzan cierta fama por sus actividades acostumbran a recibir numerosas cartas de admiradoras en prisión. Tal como se alude a una erótica del poder, podría hablarse también de una erótica de la maldad, y eso es algo que ha sido siempre muy explotado por la cultura pop. Este sencillo formaba parte de un álbum llamado precisamente Bad, y describía a una chica asaltada en su casa por un peligroso delincuente aunque, eso sí, de guante blanco.

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«Criminal», Fiona Apple

Fiona Apple se dirigía aquí a un novio al que al parecer había tratado tan mal que se sentía como una criminal… al menos esa era la lectura más explícita. Hay quien vio en la letra el retrato de una drogadicta que recae en el consumo pese a sus promesas de dejarlo y de estar limpia («I’ve got to cleanse myself»). Años después la cantante fue detenida por posesión de drogas…

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«I Can’t Drive 55», de Sammy Hagar

La crisis del petróleo de 1973 llevó al gobierno de Nixon a implantar un límite de velocidad en todo el país de 55 millas por hora, una medida muy impopular y vulnerada con frecuencia, tal como nos mostraba aquí el exvocalista de Van Halen.

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«Police and Thieves», de Junior Murvin

Fue el mayor éxito de este cantante jamaicano, en parte también por su utilización simbólica en torno a los disturbios raciales del Carnaval de Notting Hill de 1976. The Clash estuvieron muy influidos por tales acontecimientos, lo que se reflejó en esta versión que hicieron del tema, así como en otros originales que compusieron como «Let’s Go Crazy».

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«False Alarm», de The Weeknd

El ejemplo que cierra esta selección no destaca tanto por la canción sino por el extraordinario vídeo que la acompaña. Pocas películas de acción contienen escenas tan espectaculares como estos cinco minutos sobre el atraco y fuga de un banco. El director, Ilya Naishuller, de hecho ya estaba familiarizado con ese género, pues rodó año anterior Hardcore Henry, una cinta de acción y ciencia ficción con el mismo estilo anfetamínico en primera persona y violencia desmadrada en cada escena. Hora y media de algo así llega a resultar agotadora y uno no ve el momento de que se acabe, hay que decir, así que mejor que se centre en vídeos como este.

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Fariña

Unos días atrás, un amigo me preguntó qué pensaba del auto judicial que acordaba el secuestro de Fariña —el libro de Nacho Carretero— a petición de Alfredo Bea Gondar, un señor que fue alcalde de O Grove años ha. Serio como soy, deslicé un «sin ver las referencias del libro y la demanda no voy a poder opinar». A los pocos minutos aparecían en mi correo electrónico las citas concretas de la obra referidas a Bea, las sentencias que lo absolvían y la demanda que ha presentado en la que pide que se condene al autor y a la editorial —Libros del K.O. a pagar medio millón de euros por daño moral. «It’s a trap», gritó mi cefalópodo interior, pero ya no había forma de escapar. Pregunté, en esta su revista de ustedes, si interesaba un artículo sobre la materia y se me contestó: «No irás a defender al alcalde, ¿verdad?»; repliqué veloz, «solo defenderé la verdad». Tenía el nihil obstat.

La telaraña fue creciendo. Empecé a leer artículos sobre el demandante, vi una entrevista muy divertida en La Sexta y terminé diciéndome compulsivamente: «contexto, contexto». Así que intenté comprar el libro, aprovechando que todavía no desobedecía ninguna orden judicial. Imposible: al parecer, hordas de ciudadanos preocupados por la libertad de expresión —o al contrario, vayan ustedes a saber— habían tomado la misma decisión y ya no quedaba ni uno en las librerías. Por suerte la copia digital es innumerable, como las obras de Dios, y por unos modestos 7,99 € pude perder una noche entera y enfarloparme hasta las trancas de contexto.

El primer descubrimiento que haces al leer el libro es que el señor Bea Gondar ha debido de tener un ataque de irrelevancia. En las más de trescientas páginas de la obra, entre miles de palabras y personajes de todo tipo, solo se le cita por su nombre en dos ocasiones, y una de ellas es una nota. Tan es así, que de desaparecer no lo notaría ni él, ya que afirma que no ha leído el libro, que lo ha hecho su abogado, por no hacer ganar más dinero a Nacho Carretero. Explicación esta extraña, ya que el abogado podría haberle prestado su ejemplar, pero que yo admito porque a mí tampoco me gusta prestar libros ni a mi padre.

Que el libro de Nacho Carretero no sea precisamente una biografía de Bea Gondar implica de entrada que la demanda pierda algo de fuelle. Si alguien acomete una empresa tan hercúlea como la de narrar la evolución del crimen gallego, desde los días de la piratería a los del contrabando de bienes de primera necesidad y, más tarde, del tabaco y la droga, se le ha de exigir un tipo de precisión y de exactitud que no es la de una sentencia judicial. A veces el paisaje se pinta difuminando los árboles del fondo a la derecha, pero eso no implica que el paisaje sea falso. El que dibuja Nacho Carretero rezuma verosimilitud y desasosiego. Como logro ya es destacado.

Naturalmente, un arbusto difuminado en la esquina superior derecha del cuadro puede protestar si el dibujo que se hace de él está algo más que difuminado. Es lo malo de las pinturas de batalla —y esta lo es—, que en ellas aparecen personas. Así que dejemos el contexto general y vayamos al particular. ¿Es razonable la queja de Bea Gondar?

Como el asunto es materia de un proceso en curso, estas opiniones son necesariamente provisionales. Por suerte, la materia probatoria es esencialmente documental, y a esa podemos acceder sin problemas.

La demanda reprocha a Nacho Carretero  dos menciones del antiguo alcalde de O Grove. En la primera, se dice:

(…) Según contó años después, «O Piturro» entregó los 300 kilos que se habían salvado a «tres fulanos que no eran gallegos». Metieron la carga en un coche (33) y se largaron de allí. Dónde iban ya no era asunto suyo; él no coordinaba la operación, era solo el transportista. Los cerebros del alijo eran Manuel Carballo y Pablo Vioque, el abogado afiliado al PP que mutó en narcotraficante.(…)

(33) El coche, tal y como descubriría la investigación años después, estaba a nombre de Alfredo Bea Gondar: alcalde de O Grove, afiliado al PP (otro más) y procesado en 2001 por un alijo de dos toneladas de cocaína.

La demanda afirma que esto es falso.

Dejemos de lado la cuestión sobre la afiliación de Bea Gondar al PP o a AP —algo que afirman periódicos de la época y que él niega—, ya que la única manera de que una inexactitud en este punto genere un derecho a ser indemnizado sería considerar que haberlo sido mancharía por sí solo la reputación de alguien. No parece que objetivamente pueda defenderse, por más que algunos o muchos quisieran.

Veamos el resto. La demanda afirma que el exalcalde no era el propietario del coche en el que la policía encontró cocaína —por cierto, doce y no trescientos kilos, como se dice en algunas informaciones, deduciéndolo de la cita del libro— y que fue absuelto por la Audiencia Nacional en una sentencia de 23 de noviembre de 1993.

Efectivamente, es así. La cuestión, sin embargo, es que la sentencia, pese a absolver a Bea Gondar, declara hecho probado que se incautó a un ciudadano colombiano (que es condenado en esa sentencia a diez años de prisión) un total de treinta kilos de cocaína (doce en un coche y dieciocho en un domicilio); que ese ciudadano había contactado con Bea Gondar (al que había conocido tiempo atrás en Bogotá) previamente; que este lo recibió en el aeropuerto de Madrid, que en compañía de otras personas, se trasladaron a O Grove; que allí Bea Gondar alquiló un coche; y que es en ese coche, ya en Madrid, y conducido por el ciudadano colombiano, en el que la policía termina encontrando los doce kilos.

Si vuelven a la cita de Fariña pueden comprobar que el autor del libro no dice que Bea Gondar fuese propietario del vehículo. Dice que estaba «a su nombre». El demandante asume que «a su nombre» equivale a propiedad, pero no. Esa no es una expresión jurídica. En todo caso, es compatible con ser arrendatario. Y sí, el señor Bea Gondar fue procesado en 2001.

Nada de lo que se cuenta en esa cita del libro es, por tanto, falso, salvo, en su caso, lo relativo a la condición de afiliado de AP o del PP del exalcalde. Y esto, de serlo, es inocuo. La queja del demandante no se sostiene.

Sigamos con la segunda cita:

Aquel junio de 1991 Orbaiz Picos se ofreció al cartel de Cali para traer 2000 kilos de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove por AP en 1983 y 1991 (este último año ganó con mayoría absoluta, después de haber sido acusado de narcotráfico, aunque duró dos días en el cargo), quien aceptó la propuesta y se puso en contacto con Manuel González Crujeiras «o Carallán», al que ya conocemos de su época como colaborador de «Sito Miñanco». Diez años más tarde, en 2001, Garzón los procesó a todos.

La queja, en este caso, se fundamenta en el hecho de que Bea Gondar, por los hechos que se narran en el libro, fue absuelto por el Tribunal Supremo en una sentencia de 27/04/2006.

Y efectivamente es así. También lo es que Bea Gondar y otras muchas personas fueron procesadas en 2001 por el magistrado Baltasar Garzón y que en 2004 la Audiencia Nacional condenó a algunos de los procesados. Bea Gondar fue condenado a cuatro años de prisión, y los hechos se remontaban al cuarto trimestre de 1990, y se referían al transporte y descarga de una importante cantidad de cocaína por medio de un barco de nombre Grampian Almiral.

Los hechos narrados en el libro, en consecuencia, se apoyan (ignoro que otras fuentes ha manejado el autor) en los hechos que se declararon probados en una sentencia. Lo único que no se incluye en la sentencia es la cantidad de droga, dos mil kilogramos, aunque esa cifra sí constaba en el sumario original.

La cuestión es que esa sentencia fue casada por el Tribunal Supremo, que absolvió a todos los acusados.

Se puede, por tanto, afirmar que el libro es incompleto, puesto que recoge la versión de hechos que aparece en la primera sentencia, pero no la posterior que la rectifica. De hecho, la cita del libro sería inatacable, sin modificarla, simplemente incluyendo algunas palabras: un «según una sentencia de la Audiencia Nacional de 2004», al principio, y un «aunque fueron finalmente absueltos por el Tribunal Supremo en 2006», al final. La cuestión es si esas ausencias indican que se falte a la verdad. Para afirmar esto, el demandante ha de acreditar que Nacho Carretero era consciente de esa absolución y no la incluyó —en una obra repleta de personajes, datos, citas, relaciones, procesos— con la intención de dañarlo. De hecho, como han visto, se menciona el procesamiento, pero no la condena inicial, que, además, se basó en la declaración de una persona y el libro, en gran medida, es una plasmación de testimonios avalados por toneladas de datos.

¿Es mejor el libro incluyendo la absolución? Para evitarse problemas legales, sí, ya lo estamos viendo. Para el afectado, también, y eso es un valor que todo autor debería considerar. Pero también lo es por una razón que tiene que ver con la narrativa, aunque comprendo que esto exceda de la intención inicial de Nacho Carretero.

Me explicaré: he leído, como argumento un tanto grupi, que la absolución de Bea Gondar y los restantes acusados, en el Tribunal Supremo, obedeció a una cuestión o defecto formal. Pues no, no es así. De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a todos los acusados por ese alijo de principios de los noventa es terriblemente dura con el instructor, señor Garzón, y con los magistrados que condenaron en primera instancia, con inclusión de una llamada a un centro penitenciario para comprobar si el «arrepentido» que testificó contra los demás acusados, el único que no recurre la sentencia, aún seguía en prisión, precisamente por la crítica directa a un uso excesivo de esta figura. Hubiera merecido la pena que un capítulo del libro se refiriese al mundo del narcotráfico desde la ventana de enfrente: la relativa a su persecución y, por qué no, a los excesos cometidos.

Ahora bien, incluso aunque el señor Bea Gondar demostrase mala fe en Nacho Carretero se enfrente a un problema espinoso. Además de pedir que su nombre desparezca del libro —algo poco lógico, considerando lo que se dice en este artículo y teniendo en cuenta que en sus últimas ediciones ya se incluye la absolución por el Tribunal Supremo—, solicita una indemnización de medio millón de euros. ¿Sobre qué criterio? Es imposible saberlo. La demanda no contiene ni un solo elemento que justifique una cifra tan importante, mayor que las que se conceden por asesinatos terroristas, y mayor que el beneficio conjunto de la editorial y el autor por el libro.

¿Vale la reputación del demandante medio millón de euros? El elemento clave, en mi opinión, no es que un hecho sea más o menos inexacto, sino que esa inexactitud traslade a la opinión pública algo incierto. Además, en un libro como este, los procesos judiciales y sus resultados son una fuente esencial, pero desde luego no la única, más cuando se trata de dibujar una situación global y compleja espaciada en varias décadas, en la que ni la biografía de los personajes más importantes puede considerarse su materia o tema, frente a la perniciosa y disolvente influencia de la ilegalidad cotidiana, aceptada como modo de vida.

Bea Gondar, en su demanda, pretende parcelar este objeto. Afirma que su honor se ve afectado porque salió absuelto de los dos procesos en los que se le acusó de tráfico de drogas. Y niega cualquier relación con el narcotráfico.

Más aún, en la entrevista que se enlaza al comienzo de este artículo, Bea Gondar admite que fue condenado por blanqueo de capitales, pero añade: «Nada tiene que ver con el narcotráfico».

He buscado las sentencias sobre este asunto. La primera, de la Audiencia Nacional, de 27/07/2005. La segunda, del Tribunal Supremo, de 25/04/2007. La única diferencia entre ambas sentencias es que de la primera a la segunda se aumentó la pena impuesta a Bea Gondar (y otras personas) de tres años y tres meses de prisión a cuatro años, siete meses y quince días de prisión. También se le imponía una multa de 1.800.000 €.

La sentencia, en los hechos probados, se refiere a una organización dedicada al blanqueo de capitales. Así nos cuenta que:

Al menos desde primeros del año 1998, A (nombre supuesto de un ciudadano de nacionalidad colombiana), (…) se instaló en España con la finalidad de recaudar importantes sumas de dinero procedentes del tráfico ilegal de drogas y su posterior remisión, mediante transporte físico y a través de cuentas bancarias establecidas en España y Suiza, a Miami (EE.UU.), Colombia, Panamá y Gibraltar».

De hecho, ese ciudadano colombiano fue condenado como jefe de la organización. También dice la sentencia, en sus hechos probados, que:

9.- Por su parte, B realizó cambios de divisas por cuenta de A por importe de 7.000.000 de pesetas aproximadamente; así con fecha de 12 de febrero de 1999 realizó en Caja España un cambio de 13.225 Dólares USA por 2.037.998 pesetas. Así mismo, en el registro de la Sucursal del BESSA de Burgos practicado el 12 de abril de 1999, oculto en el interior de la caja fuerte se encontró un maletín de cuero marrón conteniendo 15.700.000 pesetas que B había trasladado desde Madrid a Burgos para su posterior envío al exterior.»

B es el señor Bea Gondar.

¿Cuál fue la razón por la que se incrementó la pena en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo? Esta:

VIGESIMOPRIMERO.- En un solo motivo por infracción de ley, el Ministerio Fiscal denuncia el error, que según su criterio, ha sido cometido en la sentencia al individualizar la pena, pues habida cuenta que la pena tipo está comprendida entre seis meses y seis años, que debe imponerse en su mitad superior por aplicación de la agravación relativa a la procedencia del dinero de un delito relacionado con el tráfico de drogas y que al mismo tiempo debe imponerse la pena resultante en su mitad superior al apreciar la existencia de organización, (…)

Es decir, se incrementó la pena por haber quedado acreditado que el dinero blanqueado provenía del narcotráfico y que los acusados formaban parte de una organización destinada a su blanqueo.

Recapitulemos: en la entrevista de la Sexta tantas veces citada, el señor Bea Gondar insiste de forma reiterada en que todo lo que dice Nacho Carretero sobre él es falso y en que él no ha tenido nunca ninguna relación con narcos.

Yo no conocía a Alfredo Bea Gondar. Dudo que, de haber simplemente leído el libro, hubiera recordado su nombre más allá del par de minutos posterior a la lectura de su insignificante presencia en sus páginas, ante la avalancha de datos, nombres y trayectorias vitales que se van sucediendo.

Hoy, gracias a su inestimable ayuda, el libro está agotado, la serie que se va a estrenar ha recibido una jugosa publicidad, la gente se ha puesto a discutir sobre la libertad de expresión y yo he escrito un artículo, después de buscar sentencias olvidadas. Dudo que la demanda se estime. Dudo mucho más que, de estimarse, el señor Bea Gondar reciba poco más que un premio de consolación. Y seguramente ese premio será una pequeña fracción de lo que el autor del libro y la editorial habrán obtenido con las ventas posteriores a la demanda.

Por otra parte, yo lo recomiendo. Se lee de tirón.


¿Cuándo se cumplen las leyes?

Fotografía: Orange County Archives (DP)
Fotografía: Orange County Archives (DP)

El 17 de enero de 1920 entró en vigor la decimoctava enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este artículo, con tres secciones y apenas ciento trece palabras, representaba uno de los experimentos sociales y políticos más fascinantes de una democracia en la era moderna. A partir de ese día, y merced a un cambio en la ley fundamental del país, Estados Unidos prohibía la producción, venta, transporte y exportación de cualquier bebida alcohólica en todo su territorio. Era un intento valiente, enérgico y ambicioso de ingeniería social. Tras años y años de campañas en contra del consumo de alcohol en uno de los países más borrachuzos del mundo, la Anti-Saloon League conseguía, gracias a una fuerte movilización social y religiosa, aprobar una ley que intentaba abolir esa costumbre decadente.

Fue un monumental fracaso. La prohibición ilegalizó la producción y venta de alcohol, ciertamente, pero no consiguió eliminar las ganas de juerga de los habitantes del que ya era el país más rico de la tierra en los felices años veinte. La demanda de bebidas alcohólicas estaba ahí, estuvieran o no prohibidas, así que el único efecto de la enmienda fue la inmediata aparición de una gigantesca industria clandestina de fabricación y venta de cerveza, whiskymoonshine y todo lo que pudiera ser destilado y consumido, junto a un enorme auge del crimen organizado. Aunque el consumo cayó de forma considerable en los primeros años de vigencia de la ley, a finales de los años veinte las redes de distribución ilegales habían conseguido recuperar los niveles de producción y consumo preprohibición o incluso superarlos.

En 1933, cuando Franklin Delano Roosevelt ratificó la vigesimoprimera enmienda aboliendo la ley seca, lo hizo sin que apenas nadie protestara. Aunque algunos estados mantuvieron la prohibición (Mississippi hasta 1966; y aún quedan pueblos y condados con estas leyes), trece años ilegalizando el consumo de alcohol no habían servido absolutamente de nada.

La historia de la ley seca es, o debería ser, un recordatorio primordial sobre los límites del poder del Estado y de las leyes para cambiar el comportamiento de sus ciudadanos. Los Gobiernos y legisladores pueden decidir abolir, limitar, prohibir o regular amplias áreas del comportamiento humano, actividad económica o moralidad y decencia públicas incluso en democracias liberales con fuertes protecciones a los derechos individuales. Pueden decidir qué conductas, productos o prácticas sexuales son ilegales, y pueden hacerlo con todo el poder que el aparato sancionador del Estado, su gigantesca burocracia, su capacidad recaudatoria y su monopolio de la violencia ponen a su disposición. Pueden incluso hacerlo con la mejor de las intenciones, con toda la fuerza de la moral y la virtud tras de sí.

Y todo eso puede no servir absolutamente de nada, si nadie tiene incentivos para cumplir la ley.

En el caso de la ley seca, la gente quería beber su cerveza, whisky y demás brebajes, y si había demanda, la oferta iba a estar ahí. Dado que convertir una nación de cien millones de habitantes a la abstinencia en veinticuatro horas era una quimera, la aparición de un mercado negro era esencialmente incontrolable. Esta historia que parece tan simple, obvia y evidente vista desde la distancia es algo que los políticos siempre deberían tener en mente cuando están considerando aprobar cualquier ley.

Hay normas que por muchos policías, inspectores, reguladores y agentes de aduanas que les tires encima van a ser casi imposibles de hacer cumplir. Esta clase de normas existen en cuestiones de crimen (el eterno fracaso de la war on drugs), moralidad (prohibir el aborto no hace que desaparezcan, me temo. Solo los hace más caros y peligrosos) o en casos más simples de regulación económica.

Una de las batallas recurrentes de la izquierda en España, sin ir más lejos, es la de los «falsos contratos temporales». El mercado laboral español sufre una de las tasas de temporalidad más altas de la OCDE, con un tercio de la mano de obra malviviendo bajo contratos precarios. Es obvio, público y notorio que muchos de esos trabajadores con contratos temporales son en realidad indefinidos. Los empresarios prefieren enlazar un contrato basura tras otro con ellos para evitar pagar impuestos o exponerse a una indemnización por despido al cabo de unos años.

La respuesta de muchos políticos de izquierda (y algo sobre lo que el PSOE está insistiendo estos días) es proclamar que la ley está siendo vulnerada, y que la única respuesta es perseguir a los infractores. Más inspecciones laborales, más multas, y más perseguir a aquellos malvados empresarios que explotan a los pobres trabajadores para su propio enriquecimiento.

El problema, sin embargo, es que esto parece ser una tarea imposible. España no tiene escasez de inspectores laborales: es más, tenemos más inspectores que Suiza, Francia o el Reino Unido, y una tasa parecida a Suecia. La vigilancia está ahí, la misma que en casi cualquier otro lugar civilizado. El único país de Europa con una tasa de inspectores muy superior a la española es Italia, algo que nos debería hacer sospechar que algo va mal en nuestro mercado laboral.

Lo que hace que todo el mundo vulnere la ley no es la falta de vigilancia, es el hecho que todo el mundo tiene unos incentivos enormes para romperla. Los empresarios, obviamente, quieren ahorrar dinero, limitar las protecciones laborales y evitar regulaciones engorrosas. Los trabajadores, en un país con un 25% de paro, están dispuestos por un lado a aceptar prácticamente cualquier cosa para conseguir un empleo, y saben que conseguir un contrato indefinido es casi imposible sin tragarse una larga temporada de precariedad para «conseguir experiencia». El Gobierno, con esfuerzo, cantidades ingentes de dinero y toneladas de burócratas quizás podría llegar a reducir el fraude de forma significativa. Con un tercio de toda la mano de obra en España con contratos temporales, sin embargo, la cantidad de recursos necesarios probablemente es inasumible.

La realidad es que las leyes y las instituciones son en parte fruto de la autoridad de Gobiernos, burocracias y reguladores y su capacidad de coerción, en parte fruto del consentimiento de los actores que viven bajo la ley. El Estado, los políticos, pueden forzar a los ciudadanos a comportarse de un modo u otro, pero solo hasta cierto punto: si una ley no genera por sí misma suficientes incentivos para que una mayoría suficiente de ciudadanos quiera cumplirla, incluso la más competente de las burocracias no puede conseguir que esta funcione.

Al hablar de reformas legales en España los políticos y comentaristas a menudo caen en el voluntarismo. No es suficiente que la ley cambie, las penas se endurezcan y prometamos perseguir a los infractores con más entusiasmo que antes; si saltarse la ley es fácil, da ventajas aparentes y hay demasiados infractores como para que todos puedan ser perseguidos, no podrán ganar.

Cuando vemos un problema social persistente, por lo tanto, algo que los políticos una y otra vez han prometido arreglar mediante policías, inspectores y endurecimiento entusiasta del código penal, vale la pena pararse a pensar si el problema es que no castigamos lo suficiente, o que hay algo en el ordenamiento legal que hace sea preferible saltarse la ley a cumplirla. Sea mercado laboral, sea venta de bebidas alcohólicas, sea corrupción, hay veces que la solución no es aplicar la norma con más energía, sino cambiar la estructura del sistema. Quizás debemos eliminar la dualidad entre temporales e indefinidos, en vez de intentar obligar a los actores a actuar en contra de sus intereses inmediatos bajo el actual. Podemos regular la venta de sustancias potencialmente adictivas, en vez de hacer que la demanda se vaya al mercado negro. Y probablemente es buena idea quitar poderes discrecionales a los políticos, de modo que no puedan pedir sobornos a cambio de devolver favores.

El Estado y su burocracia tienen un poder enorme, pero no pueden hacer milagros. Si queremos un Estado que funcione, debemos entender sus límites.


Yo ya sé por qué

Fachada principa del edificio del Tribunal Supremo. Foto: Cberbell (CC)
Fachada principa del edificio del Tribunal Supremo. Foto: Cberbell (CC)

Escribo este artículo con la intención de explicar cómo se gesta y en qué consiste una discusión jurídica, haciendo comprensibles cuestiones que no lo son en una primera lectura, para, también como excusa legítima, protestar contra la cainita simplificación que lo empapa todo y que dificulta tanto la construcción en España de un discurso cívico.

Los políticos y los opinadores españoles suelen ser alérgicos a la complejidad y a los matices y, por extensión, lo son los españoles que han aupado y apoyado a unos y otros. La realidad es lo que aquellos nos explican, teñida de valoraciones absolutas y adaptada a sus particulares visiones del mundo, para lo que, si hace falta, siempre encontrarán una conspiración que nos dé la clave.

Veamos un ejemplo de esto mismo, sucedido en los últimos meses.

En diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptaba una decisión que se trasladaba a gran velocidad a los periódicos. Varios etarras se veían favorecidos con una reducción de su estancia en prisión, al sumar los tribunales, a sus liquidaciones de condena, las que habían cumplido en Francia previamente.

La indignación se extendió, aventada por los comentarios que realizaban comunicadores de postín. Algunos dijeron que todo esto no era sino una maniobra del Gobierno para excarcelar etarras utilizando ingeniería jurídica, otros consideraron que se trataba de una cuestión de dudosa legalidad, en la que llamaba la atención que la decisión se adoptase un día antes de la entrada en vigor de una ley (a la que luego me referiré), y no faltó el que la calificaba de insulto a las víctimas y a la democracia española solo explicable como pacto político. El periodista Santiago González denominó a los jueces de la Sección Primera «membrillos» con prisas y sus lectores hacían unas afirmaciones tremebundas sobre la decisión adoptada y, finalmente, para no seguir, Carlos Herrera representaba un remake de sus grandes éxitos (véase sus calificativos a cuenta del caso Inés del Río, también conocido como de la doctrina Parot), dedicado a los magistrados a los que llama trío Plazaola, trío prodigioso o trío Lalalá.

Veamos este último caso con algo más de detenimiento. En la parte 2 del programa de 11/12/2014 a partir del minuto 41 y 14 segundos, escucharán al periodista, tras recordar el atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, referirse a una de las magistradas como «Manolita la primera», explicando que esos jueces «quieren poner libertad» a los etarras y, para ello, «para ver si pueden soltar a alguno de estos», esperan «ansiosos alguna directiva europea».

En otra ocasión, (parte 2 del programa de Carlos Herrera de 14/1/2014 a partir del minuto 53 y 50 segundos) el periodista Fernando Ónega, tras afirmar que no quiere incurrir en el error del maniqueísmo, no duda en cometerlo al sostener que los criterios usados por los magistrados en minoría del Tribunal Supremo (en la sentencia que luego comentaré), a los que llama «izquierda judicial», son ideológicos, exhortando más tarde a los jueces de la Sección Primera a realizar examen de conciencia (incluso de «validez» [sic]), a la vez que proclama que habría sido un escándalo que se pusiese en libertad casi a un centenar de etarras por un «acuerdo europeo». Ese mismo día, Carlos Herrera (parte 1 de «Herrera en la onda» del 14/1/2014 a partir del minuto 6 y 30 segundos) habla del «trío Lalalá», formado por «Manolita la primera» y «dale Ramón», los que han puesto en libertad a etarras «excarcelándolos en virtud de un acuerdo marco europeo aunque no tuviera que ver con las leyes concretas españolas», desplegando una «actividad inusitada», cuando es de «sentido común» que no se descuenten los delitos cometidos en Francia, porque se han cometido «en Francia». Añade que la decisión del Tribunal Supremo «curiosamente no fue unánime», sino que se adoptó por una mayoría de nueve contra seis, para preguntarse «¿entre los seis, quiénes estaban?», y contestarse: «Miguel Colmenero, un viejo conocido de la afición», «ponente de la sentencia que permitió el descuento de condenas a Urrusolo Sistiaga» y los «cinco progres de cajón», entre ellos «Ana Ferrer», la mujer de Martínez Lázaro «del trío lalalá», trío «que se va a ir de rositas seguramente», pese a que «decidió de forma contraria a derecho». Y termina con una interrogación retórica: «¿Desde cuándo nos regimos por acuerdos marcos internacionales y no por leyes españolas?». No olviden esta última pregunta.

No sigo poniendo ejemplos, aunque hay muchos más. Creo que con los anteriores es suficiente para ilustrar la cuestión. No he buscado loas a la decisión de la Sección Primera. Imagino que las habrá y que la mayoría estarán tan poco fundamentadas como las críticas que he enlazado.

Cuando se dictó el auto de marras, mucha gente opinó inmediatamente sobre su legalidad, sobre su moralidad y sobre los motivos ocultos de esos magistrados para adoptar una resolución tan espantosa. Algunas personas me preguntaron, y simplemente dije que quería leerlo antes y estudiarlo. Hoy contamos además con la sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto la cuestión (de momento, ya que es probable que la justicia europea se tenga que pronunciar).

Así que voy a intentar algo en lo que será difícil tener éxito, simplificar a mi vez, pero no tanto como para desvirtuar la cuestión jurídica. Les pido mucha paciencia y un esfuerzo. Lleguen hasta el final.

En derecho español se permite realizar lo que se denomina acumulación de condenas: penas dictadas en juicios diferentes pueden terminar sumándose. El artículo 76.2 del Código Penal, que lo regula, solo exige que los hechos «por su conexión o el momento de su comisión» pudieran haberse enjuiciado en un solo procedimiento.

¿Qué finalidad tiene esto? Como en nuestro derecho penal hay límites de cumplimiento de condena (el máximo es cuarenta años en casos de terrorismo, aunque existen otros como el de que no se debe cumplir más del triple de la condena más grave de las impuestas), si se acumulan condenas, esas limitaciones se aplican al total sumado. Si no se pueden acumular, las condenas se van cumpliendo una detrás de otra. Si a una persona se la condena en un juicio como autora de varios asesinatos terroristas, el límite de cuarenta años se aplica. Ahora, imaginemos dos situaciones:

1. Resulta que, ya condenada esa persona, se la juzga por un hecho anterior a la condena por la que está en prisión y nuevamente es condenada. Como ese hecho es de fecha anterior a la sentencia por la que está cumpliendo condena, se considera que ambos hechos podían haberse juzgado a la vez, y se suman las condenas para aplicar los límites.

2. Resulta que, ya condenada esa persona, se la juzga por un hecho posterior a la sentencia (imaginemos que el delito se comete tras escaparse o tras cumplir condena y salir de prisión o, simplemente, imaginemos que comete el nuevo crimen en prisión). En tal caso las penas no son acumulables y el condenado las cumple una después de otra.

Para resumir: para que puedan acumularse condenas es preciso que las sentencias sean, todas ellas, posteriores a los delitos. El único criterio que viene exigiendo la última jurisprudencia del Tribunal Supremo es, por tanto, cronológico. La diferencia entre que se acumulen o no puede ser muy importante materialmente, pues influye en el tiempo de estancia en prisión.

Esto es derecho interno español.

Esta acumulación, si procede, la hace el juez que dictó la última sentencia y los autos de liquidación de condena no producen el efecto de cosa juzgada. Es decir, aunque no se puedan recurrir, cada vez que surge un nuevo hecho relevante, puede discutirse nuevamente la liquidación. Así sucedió, por ejemplo, tras la sentencia de la doctrina Parot: se procedió a liquidar nuevamente las condenas conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que existían autos firmes de liquidación de condena de todos los que la invocaban.

Que esto es así no lo discute nadie. Ninguno de los quince magistrados que decidieron sobre el asunto materia de este artículo dice en la sentencia que luego comentaré una cosa diferente.

El 24 de julio de 2008, el Consejo de la Unión Europea aprobó la decisión marco 675/2008. Lo hizo en aplicación del artículo 34.2 del Tratado de la Unión Europea en la redacción vigente en aquel momento, que decía:

2. El Consejo dispondrá y fomentará (…) la cooperación pertinente para la consecución de los objetivos de la Unión. A tal fin (…) el Consejo podrá, por unanimidad (…):

b) adoptar decisiones marco para la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Las decisiones marco obligarán a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. No tendrán efecto directo;

¿Se han fijado en que dice «por unanimidad»?

La decisión marco se incardinaba en la finalidad, común a todos los Estados que conforman la Unión Europea, de crear un espacio común de seguridad, libertad y justicia. Hoy, ese proyecto ha adquirido un vigor legal importantísimo, ya que se ha recogido con profusión en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El título V se ocupa de la cuestión. En sus artículos 82 y siguientes, se ha establecido el principio general de reconocimiento de las sentencias dictadas en todos los países de la Unión Europea y la aproximación de sus legislaciones penales.

La importancia de esta materia es gigantesca, no porque se pretenda sacar a etarras a la calle, sino porque se busca crear ese espacio común de seguridad y libertad que permita a los europeos protegerse y vivir libremente. Tanto es así que gran parte de las finalidades propias de esas políticas lo serán en perjuicio de criminales y terroristas, puesto que facilitarán su localización y que se adopten respecto de ellos medidas más gravosas en materia de detención, prisión provisional, reincidencia y cancelación de antecedentes. Naturalmente, todo esto que nos parece tan bien, tiene contrapartidas: si las sentencias de diferentes países se consideran a todos esos efectos, también deben ser iguales a la hora de producir efectos favorables conforme a la ley nacional.

No se trata de que los sistemas penales sean idénticos (aunque el camino hacia la uniformización es inevitable) sino de que una sentencia francesa produzca en España los mismos efectos que una sentencia española y viceversa.

¿Comprenden ahora hasta qué punto son absurdos los comentarios de Carlos Herrera y Fernando Ónega sobre la aplicabilidad de «acuerdos» o «directivas» europeas en materias como esta? ¿Se habrán enterado estos señores de que formamos parte de la Unión Europea y de que cada vez en mayor medida —y esa medida ya es enorme— se va a decidir en ese ámbito sobre asuntos que antes estaban reservados solo al Parlamento español?

La decisión marco debía incorporarse al derecho de los Estados antes del 15 de agosto de 2010. Como pasa tan a menudo, llegó la fecha y los españoles no habíamos hecho nuestros deberes.

El tratado de la Unión Europea había especificado que las decisiones marco no tienen efecto directo. Esto es algo en lo que muchos han insistido estos últimos meses, para justificar que, aunque llevásemos tres años de retraso, la decisión era papel mojado.

Sin embargo, esto es falso. Las decisiones no tienen efecto directo, pero sí tienen efectos. Así quedó establecido desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el llamado caso Pupino, dictó la sentencia de 16 de junio de 2005 (en una cuestión prejudicial):

A la luz de todas las consideraciones precedentes, es preciso concluir que el principio de interpretación conforme se impone respecto de las decisiones marco adoptadas en el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea. Cuando aplica el derecho nacional, el órgano jurisdiccional remitente que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la decisión marco y de esta forma atenerse al artículo 34 UE, apartado 2, letra b.

(…)

La obligación del juez nacional de tener presente el contenido de una decisión marco en la interpretación de las correspondientes normas de su derecho nacional cesa cuando este no puede ser objeto de una aplicación que lleve a un resultado compatible con el que pretende alcanzar dicha decisión marco. En otros términos, el principio de interpretación conforme no puede servir de base para una interpretación contra legem del derecho nacional. Sin embargo, dicho principio requiere que el órgano jurisdiccional nacional tome en consideración, en su caso, todo el derecho nacional para apreciar en qué medida puede este ser objeto de una aplicación que no lleve a un resultado contrario al perseguido por la decisión marco.

Les traduzco. La decisión marco no es aplicable directamente, pero ha de considerarse por el juez (teniendo en cuenta todo el derecho español, en nuestro caso) para intentar obtener una interpretación de nuestras normas «conforme» al espíritu y la letra de la misma, algo solo prohibido cuando con ello se afectase el principio de irretroactividad desfavorable contra el reo, o cuando, pese a considerar todo nuestro derecho, fuera imposible interpretarlo conforme a la decisión sin ir contra la letra de aquel. Es lo que se denomina interpretación contra legem (frente a la secundum legem —que se adecua a la letra de la ley— o la praeter legem —que da lugar a un resultado ni previsto ni prohibido en la ley—).

Tras el varapalo a la justicia española por el caso de la doctrina Parot, se produjeron muchas solicitudes de liquidación de condena conforme al resultado de esa sentencia. Y al efectuarse esas solicitudes surgió la cuestión de si eran o no acumulables las sentencias dictadas en Francia (y cumplidas) contra etarras.

Este asunto ya había sido resuelto negativamente por el Tribunal Supremo en su sentencia 2117/2002, de 18 de diciembre. El argumento para negar la acumulación fue que los hechos no podrían haberse enjuiciado en un solo proceso (requisito para la acumulación) por haberse cometido en diferentes Estados, es decir, por resultar de una manifestación de distintas soberanías nacionales. Este era el único precedente jurisprudencial idéntico al que ahora se planteaba, aunque otras sentencias habían tratado cuestiones sobre acumulación de sentencias extranjeras por aplicación de lo dispuesto en tratados internacionales (por ejemplo, con Tailandia y Andorra).

Esa sentencia, la de 2002, sin embargo, era anterior a la decisión marco y se apartaba de la línea jurisprudencial que solo atendía al criterio cronológico a la hora de apreciar si unos hechos podrían o no haberse enjuiciado a la vez (es decir, prescindía de criterios procesales).

El 13/3/2014 el Tribunal Supremo dictó una sentencia esencial para comprender el asunto que nos ocupa, que fue acordada por cinco magistrados de su Sala Segunda, por unanimidad. Llamo la atención sobre el hecho de que tres de los magistrados que votaron a favor de esa sentencia, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral García y José Ramón Soriano Soriano, diez meses más tarde votaron a favor de otra sentencia en la que cambiaban radicalmente de criterio. Más aún, José Ramón Soriano Soriano es el ponente de esa segunda sentencia.

No hago hincapié en esto para dar a entender nada; solo para preguntarme cómo se habría llamado a esos magistrados, de haber actuado a la inversa, por los opinadores que han calificado de «izquierda judicial» a los magistrados discrepantes del Tribunal Supremo, resaltando incluso sus vinculaciones familiares. ¿Se imaginan qué calificativos se habría usado contra ellos si en marzo de 2014 hubieran dictado una sentencia en contra de la acumulación de penas a etarras y en enero de 2015 hubieran dictado otra en la que, apartándose de su anterior criterio, favoreciesen a esos mismos etarras?

La sentencia que acabo de enlazar consideró unánimemente que el artículo 76 del Código Penal podía interpretarse de manera «conforme» a la decisión marco y que no había obstáculo en nuestra ley que impidiese considerar las sentencias dictadas en Francia a efectos de acumulación de condenas.

No fueron los magistrados de la Sección Primera (ni los de ninguna sección), ya saben, el «trío Lalalá», «Manolita primera» y «dale Ramón», los que «abrieron el melón» de la acumulabilidad de esas sentencias. Fue el Tribunal Supremo. Y los magistrados de la Audiencia Nacional se limitaron a aplicar los criterios establecidos en esa sentencia cuando los etarras se pusieron a solicitar liquidaciones de condena que incluyesen el tiempo pasado en prisión en Francia.

El 14/3/2014 (como verán, casi de forma simultánea a la sentencia del Tribunal Supremo antes enlazada) se presentó por el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, un proyecto de ley que por fin iba a introducir en nuestro derecho dos decisiones marco, entre ellas la que es objeto de este artículo. Se puede consultar toda la tramitación de la ley, pero lo más interesante es observar que el proyecto inicial habría permitido sin ninguna duda la acumulación de esas condenas que ahora tanto indigna a algunos. Este es el proyecto que fue informado favorablemente por el Consejo de Estado.

El proyecto no cambió gran cosa hasta que una última enmienda (presentada por el Partido Popular el 20/10/2014) introdujo una modificación que expresamente impedía la acumulación. Finalmente trescientos trece diputados votaron a favor y seis se abstuvieron.

Al final, la Ley orgánica 7/2014 de 12 de noviembre fue aprobada con dos modificaciones muy importantes respecto del proyecto original, destinadas, sin duda, a impedir que etarras quedasen en libertad o se rebajase su tiempo previsto de estancia en prisión (como habría ocurrido con el proyecto original y con el criterio ya sentado por el Tribunal Supremo).

La primera novedad era una restricción a la posibilidad de acumulación de sentencias en su artículo 14 que, tras establecer la regla general de equivalencia de las resoluciones extranjeras, disponía:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar su revocación o revisión:

a) Sobre las sentencias firmes dictadas con anterioridad a aquellas por los Jueces o Tribunales españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las mismas.

b) Sobre las sentencias de condena que se impongan en procesos posteriores seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales del otro Estado miembro.

c) Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los límites de cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b).

Las excepciones b) y c) en la práctica hacen imposible la acumulación de una sentencia dictada por un tribunal de un Estado de la Unión Europea. Más aún, esas excepciones en la práctica implican que las sentencias extranjeras solo produzcan efectos perjudiciales al reo (nunca favorables), ya que su asimilación sí tiene lugar en cuestiones como detención, fijación de fianzas, prisión provisional, reincidencia y extinción de antecedentes penales. En todos esos casos, esas sentencias siempre agravarán la situación del penado.

La otra novedad respecto del proyecto original fue la disposición adicional única que establecía que «En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010», disposición que no incluyó (en términos similares) ningún país de la Unión Europea.

La ley entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de diciembre de 2014, un día después de la decisión que dejaba en libertad a Alberto Plazaola y Santiago ArróspideSanti Potros»).

La fiscalía anunció recurso y, además, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había denegado la acumulación en casos similares, en los que los abogados defensores habían recurrido igualmente. La cuestión debía resolverse precisamente en la sentencia que se dictase en el recurso de casación interpuesto contra un auto de la Sección Tercera de 4 de septiembre de 2014 que no admitía la acumulación, pese a lo que había establecido el Tribunal Supremo.

Esa sentencia se dictó el 27 de enero de 2015 con nueve votos a favor y seis en contra y contó con cuatro votos particulares a los que se adhirieron los seis magistrados discrepantes. En cada voto particular, los jueces que no votaron a favor de la sentencia explican las razones de su desacuerdo.

La sentencia y sus votos particulares ocupan sesenta y cinco páginas y son bastante técnicos y, en gran medida, oscuros. De ahora en adelante los agruparé hablando de «la mayoría» y «los discrepantes».

Intentaré resumir sus claves:

a) Para empezar, todos los magistrados están de acuerdo en que la decisión marco no es aplicable directamente, pero sí de forma indirecta, en el sentido de que el juez debe buscar una interpretación de la ley española conforme a su contenido, siempre que el resultado no sea contra legem. Por tanto, los que dan a entender que los «acuerdos» europeos no deben tenerse en cuenta en absoluto y se congratulan de que el Supremo lo diga así, no solo ignoran la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, sino que no se han leído la sentencia que tanto elogian.

b) También están de acuerdo todos los magistrados en que la consideración de la decisión marco y su influencia permitía plantear nuevamente la liquidación de las condenas, pese a que estas ya se hubiesen practicado mediante resoluciones firmes.

c) La mayoría basa la negativa a la acumulación en el hecho de que, tras aprobarse la Ley orgánica 7/2014, ya existía una legislación nacional que expresamente prohibía la acumulación. Como previamente no existía tal ley, el Tribunal Supremo había hecho una interpretación praeter legem admisible del artículo 76. Sin embargo, al existir la nueva regulación, la interpretación de la decisión (que no tiene efecto directo) que permitiera la acumulación sería contra legem. Para defender esto resultaba preciso que las excepciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 7/2014 estuviesen previstas en la propia decisión marco, ya que en caso contrario, la ley que la adaptaba no se ajustaría a su contenido y la norma comunitaria goza de primacía.

d) La mayoría afirma que esas excepciones son resultado de la aplicación del artículo 3.5 de la decisión marco que dice:

Si la infracción penal por la que se desarrolla el nuevo proceso se cometió antes de que la condena anterior se haya dictado o ejecutado por completo, b) los apartados 1 y 2 [donde se establece el principio de equivalencia de las sentencias de los países de la UE] no tendrán por efecto el de exigir a los Estados que apliquen su legislación nacional relativa a la imposición de sanciones, si la aplicación de dichas normas a las condenas extranjeras limitara al órgano jurisdiccional al imponer una sanción en el nuevo proceso.

La mayoría hace una interpretación rebuscadísima de esa norma, para lo que se remite al propio proceso de aprobación de la decisión marco, a sentencias de tribunales de Estados miembros de la UE, y al informe de la Comisión sobre la aplicación de la decisión marco (de 2 de junio de 2014), y vuelve a plantear una discusión sobre el criterio jurisprudencial de acumulabilidad (si se trata del exclusivamente cronológico o si hay que incluir el derivado de la exigencia previa de que se trate de condenas ejecutadas por tribunales españoles), apartándose del criterio sentado diez meses antes por el propio Tribunal Supremo. Al efecto, se analiza si este cambio jurisprudencial puede justificar una respuesta similar a la que se produjo en el caso de la doctrina Parot y se afirma que no, por cuanto era imprevisible para el condenado el que la cuestión de la acumulabilidad de resoluciones extranjeras pudiera suscitarse en estos términos cuando delinquió, más aún al no existir una práctica sobre la misma (a diferencia de lo que sucedía con la aplicación de los beneficios penitenciarios en el caso de la doctrina Parot).

e) Responden los discrepantes a los razonamientos anteriores, afirmando que, frente a la sencillez de la transposición de la decisión marco en otros ordenamientos, la Ley 7/2014 excluye del principio de equivalencia tal cantidad de sentencias, que la igualdad que se busca se ve frustrada, más aún cuando el artículo 3.5 de la decisión se interpreta de manera irrazonable por la mayoría. Ese artículo, se dice, es bastante oscuro, pero en todo caso habla de «imposición de sanciones», por lo que parece referirse al momento en que se dicta sentencia, y no a la ejecución, además de que los considerandos 8 y 9 de la decisión lo sitúan en supuestos en los que se puede producir un efecto perjudicial contra el reo. Así, el considerando 9 de la decisión dice:

El artículo 3, apartado 5, debe interpretarse, entre otras cosas, en consonancia con el considerando 8, de tal manera que si el órgano jurisdiccional nacional en que se desarrolla el nuevo proceso penal, al tener en cuenta una sanción impuesta anteriormente en otro Estado miembro, considera que la imposición de un determinado nivel de sanción dentro de los límites del derecho nacional podría tener una dureza desproporcionada para el delincuente, atendiendo a sus circunstancias, y si la finalidad de la sanción se puede lograr con una condena inferior, el órgano jurisdiccional nacional podrá reducir en consecuencia el nivel de la condena, si ello hubiera sido posible en las causas exclusivamente nacionales.

Es decir, que el artículo en que se basa la mayoría para negar la acumulabilidad en perjuicio del reo tiene por finalidad evitar condenas por el juez nacional de dureza desproporcionada conforme a su legislación. La interpretación literal, por tanto, parece desenvolverse justo en la dirección contraria a la que le da la mayoría. Los discrepantes explican por qué las referencias al proceso prelegislativo y al informe de la comisión son erróneas (páginas 38 y 39 de la sentencia), aludiendo de manera enfática al propio espíritu y finalidad de la decisión (y hoy del total proceso legislativo en la Unión) en el sentido de procurar la existencia de ese espacio único, que se ve pervertido por una ley que excluye esos efectos de las sentencias de una manera tan intensa que puede resultar que una sentencia de un país tercero, no miembro de la Unión Europea, tenga un efecto mayor que la de un país de la propia Unión.

f) Los discrepantes, además, plantean si la interpretación del derecho español, a la luz de la Ley 7/2014, a resoluciones y situaciones planteadas antes de su entrada en vigor no implica una irretroactividad prohibida por la ley española y por los propios tratados (Carta de Derechos Fundamentales de la UE y Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas) y concluyen que sí, por cuanto, sin considerar la Ley 7/2014 no cabe explicarse el cambio de criterio del propio Tribunal Supremo. Está especialmente desarrollada esta cuestión en el voto particular del magistrado Luciano Varela.

g) La mayoría se plantea, por otra parte, si puesto que la Ley 7/2014 introduce una regulación comunitaria, existe alguna duda acerca de su acomodo al derecho europeo. Es decir, si hay que plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial. Lo niega, basándose en la llamada doctrina del «acto claro»: si la solución interpretativa de la norma comunitaria es manifiestamente evidente y el juez tiene la convicción de que esa misma interpretación va a ser idéntica en todos los tribunales de los Estados miembros y el propio Tribunal de Justica, puede evitar la cuestión prejudicial. La mayoría concluye que este es el caso.

h) Los discrepantes argumentan lo contrario de manera muy detallada y convincente. Para ello parten del principio de que, al igual que el juez nacional puede inaplicar normas internas si son incompatibles sin duda con la norma comunitaria, y puede aplicar el principio del «acto claro» antes señalado para interpretar el derecho comunitario si no tiene dudas sobre que su interpretación será la generalizada, en cuanto tenga dudas al respecto ha de plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

Es esencial remarcar que los principios de unidad, primacía y eficacia del derecho europeo solo se garantizan si el único órgano que puede realizar una interpretación auténtica del mismo es el Tribunal de Justicia. Más aún, plantear la cuestión prejudicial es obligatorio en el caso de los tribunales superiores, frente a los que no cabe recurso. Solo se excluye si se trata de una cuestión ya planteada previamente y resuelta, y en el supuesto del «acto claro». El hecho de que la propia sentencia contenga una interpretación tan elaborada del artículo 3.5 (incluyendo sus antecedentes y el informe posterior a su implantación y sentencias de tribunales de diversos Estados europeos) y la propia discrepancia dentro del Tribunal Supremo son una prueba contundente de que, al menos, la cuestión no es tan diáfana como para no plantear la cuestión prejudicial, cuando, además, la interpretación literal más parece ir justo en sentido contrario al que se plasma en la Ley 7/2014.

Lo anterior es una síntesis, muy sucinta, de las cuestiones planteadas.

En mi opinión, los discrepantes tienen razón:

1. En la sentencia se ha efectuado una aplicación retroactiva y prohibida de la ley 7/2014.

2. Antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2014 la respuesta dada por el Tribunal Supremo y la que se contiene en los autos de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la correcta: procedía la acumulación de las sentencias dictadas en Francia por ser esta la interpretación conforme del artículo 76 del Código Penal español a la decisión marco 675/2008.

3. En todo caso, existe una duda indiscutible sobre si la Ley 7/2014 se ajusta a la decisión marco y esa duda debe resolverse por el órgano competente: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En mi opinión, las excepciones de la norma y su inaplicabilidad antes del 15 de agosto de 2010 son contrarias a la decisión marco, pero la cuestión no es esa: basta con que haya una duda y con que el juez —pese a tener un criterio propio sobre la interpretación— admita que otros jueces puede que resuelvan de otra forma, para que la cuestión prejudicial sea inevitable.

Llego al final. Al que me haya acompañado hasta aquí le agradezco su esfuerzo.

Creo que esta exposición habrá servido para poder afirmar dos cosas.

La primera, que las cuestiones que se discutían no son de «sentido común». Seguro que para muchos de ustedes, incluso la simplificación de mi artículo les resulta compleja. Imaginen la complejidad de la sentencia en sí. Efectivamente, las cuestiones discutidas son difíciles y exigen un análisis técnico-jurídico normalmente solo al alcance de expertos. Son cuestiones que no se pueden resolver y evaluar soltando chistecitos, haciendo burlas con los nombres de los jueces y escarbando en su pasado o en sus relaciones familiares, cuando no nos gustan las decisiones. Resulta muy llamativa la rapidez que tiene tanta gente en hacer valoraciones sin tener tiempo no ya de estudiar eso que valoran, sino incluso de leerse los propios documentos. Imagino la melancolía, por ejemplo, del magistrado D. Luciano Varela, uno de los «progres», al ver qué poco le han durado los halagos de los que aplaudían sus resoluciones en la causa por prevaricación contra el magistrado Baltasar Garzón por el sumario 53/2008 sobre crímenes del franquismo. En aquella época mucha gente le llamó de todo y mucha otra alabó su valentía y conocimiento del derecho. Supongo que algunos de los que le aplaudían entonces, hoy dirán que es un progre que se dedica a la suelta de etarras.

La segunda, que es muy difícil construir un discurso cívico en un país en el que la realidad es lo que yo afirmo porque sí y las razones del otro son solo excusas para hacer el mal, que es justamente todo lo que se aparta de mis convicciones. Todo el mundo opina de todo y a nadie le pasa factura hablar de manera despreocupada de aquello que ignora; o mentir. Lo importante es ser de la cuerda de alguien, y si te excedes da igual, porque siempre te apoyará tu facción. Y esto no solo sucede con los más marcadamente populistas, sino con la mayoría de los que producen opinión. Es tal la prisa por opinar y son tan leves las sanciones sociales contra el mentiroso, el patán o el ignorante, que sale más a cuenta alimentar los instintos de tu grey que ser serio y didáctico, y no expeler el primer lugar común que se te ocurre.

Estos males, por desgracia, se agravan en época electoral y más aún en situaciones excepcionales como la actual.

No tengo esperanza de mejoría a corto plazo. Más aún, imagino que muchos de los que lean este artículo lo tomarán o como una agresión a gente honesta por un pazguato o membrillo (en el mejor de los casos, que en el peor seré un amigo de terroristas) o como una afirmación de que los nuestros tienen razón al juzgar que los fachas del PP siempre intentan politizar la justicia, no como nosotros.

Preveo, en consecuencia, que estas 5550 palabras no servirán para gran cosa.


De leyes y epopeyas (Hammurabi y Gilgamesh)

Estatua de Gilgamesh. Foto: Samantha (CC)
Estatua de Gilgamesh. Foto: Samantha (CC)

Dos cosas que no suelo hacer: empezar no con una sino con dos citas y, lo que es peor, empezar el artículo por el final.

Son dos citas que están separadas por más de dos mil años. Pero creo que se podrían haber escrito perfectamente una detrás de la otra, en el mismo momento histórico, incluso por la misma mano:

—Memorias de ultratumba, Chateubriand, 1849:

Esta imposible duración y prolongación de las relaciones humanas, ese profundo olvido que nos sigue, este invencible silencio que se apodera de nuestra tumba y se extiende más allá de nuestra casa me recuerdan sin cesar la necesidad de aislamiento. Cualquier mano es buena para darnos el vaso de agua que podemos necesitar en la fiebre de la muerte. ¡Ah, quiera el Cielo que no sea una mano demasiado querida para nosotros! Pues, ¿cómo abandonar sin desesperación la mano que se ha cubierto de besos y que se querría tener eternamente sobre el propio corazón?

—Epopeya de Gilgamesh, poema sumerio, primera mitad del II milenio a. C.:

Gilgamesh, llena tu vientre, alégrate de día y de noche, que los días sean de completo regocijo, cantando y bailando de día y de noche. Vístete con ropas frescas, lava tu cabeza y báñate. Contempla al niño que coge tu mano y deléitate con tu mujer, abrazándola. Porque esto es lo único que se encuentra al alcance de los hombres.

Pasan los siglos. El mundo continúa. Surgen nuevas religiones. Hay grandes inventos. Tecnología. Ideología. Todo parece radicalmente diferente… ¿Se ha avanzado realmente mucho? ¿Cómo debemos vivir? ¿En soledad, aceptando la soledad como un mal menor contra la muerte y el sinsentido de la vida? ¿O a ciegas, buscando el goce inmediato, buscando el amor y la compañía de las personas a las que nosotros queremos, olvidando cuál será su fin y el nuestro? ¿Estoicismo o hedonismo? ¿Resignación o protesta? Desde Mesopotamia a Francia, siglos y siglos de civilización y una pregunta sin respuesta.

Bueno, no nos pongamos trascendentes. O sí. Puesto que esto parece ser una condición fundamental del ser humano, pongámonos trascendentes por un día. Chateubriand vive en pleno siglo XIX y tiene ese vicio del romanticismo, que entonces era tan reciente que M. Y. Lérmontov dedicó una obra a hablar de él: El héroe de nuestro tiempo. En ella el protagonista, un oficial ruso, dice: «Me acostumbro a la tristeza tan pronto como al placer, y mi vida se vuelve vacía día tras día». Y sí, todo eso nos suena. El existencialismo, el nihilismo… todo eso nos parece muy moderno, muy del siglo XIX y XX, y le pega muy bien a Chateubriand.

Por eso a mí me sorprende más, me interesa más y me inquieta más la Epopeya de Gilgamesh.

Solo que antes de hablar de ella quiero hablar de cómo era la sociedad de la época. O lo que es lo mismo: cómo era la vida en la Mesopotamia de lo que se llama pomposamente los «albores de la civilización». Y para eso tengo que hablar de Hammurabi. O más concretamente del conjunto de leyes grabado en un bloque de piedra negra que conocemos como el código de Hammurabi.

¿Se puede conocer una sociedad a partir de sus leyes? Se puede, por supuesto que sí. Por algún sitio hay que empezar y en este caso los griegos, los grandes cronistas de la Antigüedad, poco nos ayudan. Los griegos nos pueden hablar de los pueblos bárbaros, de los egipcios, de los pueblos de Asia Menor, pero poco supieron de los antiguos pueblos de Mesopotamia. Jenofonte pasó por las ruinas de Nínive, preguntó y nadie le supo responder qué ciudad era aquella. Por suerte tenemos la arqueología, y por suerte tenemos una escritura, la cuneiforme, con dos lenguas, sumerio y acadio, que hemos conseguido entender. Lo que Jenofonte no supo pero nosotros sí es que las enormes ruinas que contempló eran las de la capital del Imperio asirio, y que antes de caer este imperio habían existido y habían desaparecido otros grandes imperios, como el paleobabilónico, uno de cuyos reyes principales fue Hammurabi. Este rey no será recordado por ser un rey conquistador, como Sargón de Acad, con quien el sistema de ciudades-estado da paso a la creación de un verdadero imperio, uno de los primeros si no el primero que existieron en el mundo. Hammurabi es, como Justiniano o Recesvinto, un rey legislador. Y no fue el primero, antes que el suyo existieron los códigos de Naram-Sin, el de Lipit-Ishtar, el de Urnamu, así como las leyes de Eshnunna (y tal vez otros muchos que se han perdido), pero su código es muy completo y en su momento fue el conjunto de leyes que funcionó durante siglos en un gran territorio, tan extenso que, de hecho, la estela que conservamos proviene de Susa, ciudad que quedaba fuera de Mesopotamia, donde ni siquiera vivía el mismo pueblo del rey, que era el amorrita, sino los elamitas, y que hoy está enclavada en el actual Irán. De manera que pocas veces tenemos un documento que nos hable de cómo vivía tanta gente diferente, durante tanto tiempo y con tantos detalles de su vida diaria como el código de Hammurabi.

Pero además este código destaca respecto a sus códigos anteriores con una cuestión que conocemos muy bien, pues es parte de nuestra herencia cultural: la ley del talión. Curiosamente esta ley del talión no aparece en ninguno de los códigos y conjuntos de leyes de los siglos anteriores. Para los sumerios y los acadios los accidentes y daños deliberados se pagaban con indemnizaciones en metálico. Con los pueblos semitas (grupo al que pertenecen los amorritas) que llegan a Mesopotamia después de la caída del imperio de Sargón y de la crisis de la tercera dinastía de Ur, aparece «el ojo por ojo y diente por diente», que es exactamente eso, ojo por ojo y diente por diente, y desde entonces ya no nos dejará. O si nos dejará, pero con la amenaza de volver en cualquier momento.

Si un señor ha reventado el ojo de otro señor, se le reventará su ojo.
Si un señor ha roto el hueso de otro señor se le romperá su hueso.

Pero…

Si ha reventado el ojo del esclavo de un particular, o ha roto el hueso del esclavo de un particular, pesará la mitad de su precio.

Y…

Si un señor ha golpeado a la hija de otro señor y motiva que aborte, pesará cinco siclos de plata por el aborto causado. Si esa mujer muere, su hija recibirá la muerte.

Código de Hammurabi, museo del Louvre (DP)
Código de Hammurabi, museo del Louvre (DP)

Lo que tienen las leyes es que tienen que ser claras. Y de lo que se trata es de evitar el ajuste de cuentas individual y, al mismo tiempo, que los castigos sean proporcionales a los delitos. Que la ley del talión no se aplique a los esclavos tiene una justificación muy lógica para Hammurabi: un esclavo es propiedad de su dueño, y al que se debe compensar por el daño sufrido no es al esclavo, sino al dueño. Pero cómo explicar que tú mates a una mujer, la hija de otro hombre libre (que es como hay que definir el término «señor», en contraposición a las otras dos clases, «los que se inclinan», o especie de siervo, y los esclavos), y que el castigo sea que maten a tu hija, que no tiene culpa de nada. Eso para nosotros resulta difícil de entender.

Y pese a todo la Mesopotamia de los sumerios, de los acadios, de los amorreos, de los casitas, de los asirios, de los hititas, era una sociedad muy civilizada. Todo estaba perfectamente regulado, desde el castigo por el adulterio y por el incesto hasta los contratos de todo tipo, los alquileres, las herencias, los pagos de impuestos. Cada habitante sabía cuales eran sus deberes y cuales eran sus derechos. Y algunos tenían más derechos de los que en un principio podemos imaginar. Por ejemplo, a los esclavos no se les podía matar y las mujeres y las viudas gozaban de cierta protección, como por ejemplo que un marido no pudiera repudiarla alegremente, que tuviera la obligación de cuidar de ella cuando enfermaba y que se le penalizara si abandonaba el hogar y luego pretendía retornar a él. Además, como bien dice Federico Lara Peinado en su estudio introductorio al código de Hammurabi que publicó en castellano la editorial Tecnos en 1986, «a mayor categoría social correspondía mayor rigor en los castigos», lo cual es algo en el fondo muy lógico pero que por desgracia no siempre se cumple.

Pese a todo resulta cuando menos curioso saber qué métodos utilizaban los jueces de la época para descubrir qué denuncia era falsa y qué denuncia no lo era: al acusado de brujería se le tiraba al río, si sobrevivía (o como se dice en el código: «si este señor ha sido purificado por el río, saliendo de él sano y salvo»), la denuncia era falsa y quedaba libre automáticamente. En ese caso el acusador era condenado a muerte. El río también servía para aclarar los casos de posible adulterio. Y digo posible adulterio, porque solo era para casos en los que la única acusación era la vertida por el marido, sin que hubiera pruebas fehacientes del delito. En ese caso el río escondía la verdad…

Pues bien, en resumen, basta con leer el código de Hammurabi para conocer una sociedad teóricamente muy diferente a la nuestra. Sin embargo, para saber qué sentían y qué pensaban tenemos la literatura, las primeras obras literarias, junto con las del Antiguo Egipto, que se pueden considerar como tal. Una de estas es un largo poema conocido como la Epopeya de Gilgamesh. Y lo curioso es que leyendo este poema uno se da cuenta de lo cerca que está, en su manera de pensar, en su angustia, en sus dudas, del mundo de las primeras sociedades. El largo duelo de Gilgamesh tras la muerte de su amigo, el mismo título por el que se conocía antiguamente esta narración épica: «Aquel que vio las profundidades», me recuerdan los poemas de la Cárcel de Reading o los lamentos de De profundis de Wilde, y eso solo por decir el primer ejemplo que me ha venido a la cabeza. El mismo dolor, las mismas preguntas… ¿Cuatro mil años de historia nos han hecho tan distintos?

—El desencanto, como todas las modas, desciende de las capas altas de la sociedad a las más bajas (…).
—¿Y seguramente fueron los franceses los que introdujeron la moda del aburrimiento? (…)
—No. Los ingleses.

Así conversan dos personajes de El héroe de nuestro tiempo, del ya citado Lérmontov. Estamos en 1840. Pero el desencanto y el aburrimiento de los nobles rusos es menos trivial y menos pasajero de lo que parece. Y no tiene nada de nuevo.