Cataluña, en busca de garantías políticas: el referéndum del 1 de octubre

Fotografía: Eric Alonso / Cordon.

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La idea de la nación moderna —y aquí quiero enfatizar el adjetivo «moderna», puesto que el sentimiento nacional en sí mismo es posiblemente anterior al mundo contemporáneo, como se le hace evidente a cualquiera que lea la oración fúnebre de Pericles en Tucídides, que repase el concepto de Israel en la Biblia, o que tome nota de las apelaciones que Maquiavelo hizo a César Borgia para que unificara Italia— nació con la Revolución francesa. Y lo hizo entendida como comunidad de ciudadanos iguales ante la ley, cobijados bajo el paraguas de una administración racional, y gobernados por instituciones con la capacidad de evitar el control permanente del Estado por una parte de la población o del territorio de la nación.

Ahora bien, la articulación exacta de la nación moderna adoptó muchas formas, desde la francesa o franco-jacobina —caracterizada por la uniformidad absoluta— hasta la suizo-cantonal —en un país que todavía permite a sus municipios votar directamente si quieren conceder o no la ciudadanía a un extranjero—.

En Suiza, la articulación de la nación fue relativamente fácil. La guerra civil de 1848, que se saldó de manera prácticamente incruenta, con varias decenas de muertos según las versiones más fiables, terminó con el reconocimiento de una fuerte autonomía a los cantones de la confederación helvética, la paz religiosa y la igualdad lingüística. En Francia, el proceso de construcción nacional fue mucho más costoso. Como describe magistralmente Eugen Weber en Peasants into Frenchmen, la unidad lingüística no llegó hasta la Primera Guerra Mundial, como mínimo. No obstante, para bien o para mal, la construcción de un sentimiento nacional completo se culminó con éxito. En España, en cambio, la revolución nacional fracasó, quedó inacabada. Y hoy en día, más de doscientos años después de la Revolución francesa y de su recepción en la península ibérica, España no ha conseguido llegar al fin hegeliano de la historia: una comunidad nacional sin fisuras, articulada bajo un Estado aceptado como legítimo por todos sus ciudadanos.

Durante todo el siglo XIX, desde las mismas Cortes de Cádiz, aquella asamblea reunida en un trocito de ciudad y ahora mitificada por los patriotas españoles más rancios, hasta la crisis de Cuba, catalanes y españoles buscaron casi siempre cómo articular sus personalidades y sus intereses nacionales. Sin éxito.

Cataluña habría podido acabar siendo española a la francesa: desapareciendo en la uniformidad lingüística y el localismo desarraigado del Village Catalan de la autopista de Perpiñán. O podría haber sido española a la suiza. En este último caso, felizmente integrada en un Estado plurirregional, con la lengua como medio de comunicación oficial y el derecho catalán plenamente reconocidos como a finales del siglo XIX pedía la derecha catalana por boca de Mañé y Flaquer desde el Diario de Barcelona. O como parte de un sistema de federalismo casi municipalista, que era el sueño de la izquierda pimargalliana y de los artesanos anarquistas catalanes, quienes, para evitar emplear el término nación, que les parecía repelente porque lo usaban tanto sus primos carlistas como la derecha española ultramontana, se inventaron conceptos políticos incomprensibles.

En este conflicto sobre el tipo de nación-Estado a construir, la España de matriz castellano-andaluza no consiguió imponer la solución francesa. No pudo, ante todo, porque mientras París ofreció al Midi un trato de iguales (bajo una sola ley) a cambio de renunciar a su memoria, la revolución liberal fracasó en España. Y, por esa razón, porque la fuerza de las armas no es nunca suficiente para forjar un solo pueblo con un solo sentimiento nacional, Cataluña terminó no siendo o, si se quiere, no sintiéndose cómodamente española.

Por su parte, Cataluña tampoco pudo imponer la solución suiza. Turín y Milán unificaron Italia porque Roma, gobernada por el Vaticano, nunca ofreció un proyecto «imperial» para la península. Barcelona, ​​en cambio, capital de un país demográficamente exiguo, no pudo desplazar a las élites reaccionarias, antiliberales españolas del control del Estado. Y no pudo, por tanto, crear un Estado plurinacional y democrático o, simplemente, un Estado donde pudiera cogobernar con otras élites peninsulares sin sufrir restricciones de todo tipo.

Algunos han querido ver en el asesinato del general Prim y en el fracaso de la Primera República el final de un proyecto de reforma integral de España por parte de las élites catalanas (solas o en colaboración con los liberales españoles). La idea es atractiva pero difícil de probar con certeza. Lo que sabemos, en cualquier caso, es que, a caballo entre la guerra de Cuba y comienzos del siglo XX, los partidos catalanes y, más generalmente, la generación de 1901 ya habían renunciado a rehacer por completo el Estado español, al menos como «patriotas españoles» (con un sentimiento regional fuerte conjuntado con una cierta voluntad, al menos entre una parte, de hablar de «nación española» como algo propio). Y que, hecha esa renuncia, habían decidido, enfrentados a una mayoría española lingüística, cultural y espiritualmente unificada, canalizar todas sus energías a resistir hasta lograr que se pudiese proteger su personalidad cultural y nacional.

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El resultado de aquella doble impotencia histórica, tanto por parte de la matriz castellana como del proyecto catalán, para afirmarse plenamente ante o por encima del otro, fue la emergencia de un conjunto de países infelices en la península ibérica. Un conjunto de países con personalidades nacionales diferenciadas y proyectos políticos divergentes que Ortega y Gasset, utilizando un eufemismo propio de un «procesista» catalán, llamó la España invertebrada. Un conjunto de países infelices porque, en vez de mantener entre sí una relación mínimamente fraternal, acabaron coexistiendo bajo una relación desigual entre una mayoría cómoda con el concepto de una España unitaria y una minoría —Cataluña— luchando para sobrevivir como nación cultural y política.

Como nos recuerda Hegel en su Fenomenología del espíritu (capítulo 4, parte A), una relación entre desiguales o, quizás más precisamente, una relación de dominación siempre es una relación infeliz para las dos partes ligadas por esta relación.

Lo es, en primer lugar, para el dominado o subordinado, por varias razones. Ha de plegarse a las exigencias de quien lo ha subordinado. Debe actuar sabiendo que quien lo subordina lo ignora o utiliza instrumentalmente. Debe, si quiere sobrevivir, maniobrar estratégicamente: callando cuando protestar agrava su condición; aprovechando, en cambio, las crisis, insuficiencias y divisiones de la mayoría, cuando aquellas se producen, para conseguir mejorar sus condiciones; sabiendo que todo este comportamiento lo hará siempre sospechoso de deslealtad a la parte o sujeto dominante; e intuyendo que este comportamiento táctico será interpretado por aquel como «doblez», como puro espíritu comercial, proveniente de alguien que se pliega según sopla el viento en cada momento, y que, como tal, será objeto de escarnio.

Ahora bien, esta relación también hace infeliz a la parte dominante porque esta no logra nunca el reconocimiento auténtico, concedido gratuitamente y con plena libertad, de la otra parte que está subordinada. La negativa de esta última a reconocer su valor y sus virtudes le hace reaccionar con la ignorancia y, en algunos casos, con el desprecio hacia el subordinado para ocultar la frustración de no ser amado por lo que realmente es o cree ser (y no por la fuerza que utiliza).

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3.1

En esta relación ninguna de las dos partes es genuinamente libre. Las dos partes están, de maneras diferentes, sometidas a la otra parte.

La única vía, entonces, para trascender ese conflicto y para liberarlas de una condición que atenaza a todos pasa por crear una estructura política en la que cada uno pueda reconocer y aceptar al otro en pie de igualdad. Esta estructura implica, en primer lugar, respetar la voluntad y la autonomía del otro. Implica abandonar el uso de la violencia, de la espada y de la coerción. Supone, finalmente, establecer una relación político-jurídica que garantice, desde la igualdad y la reciprocidad, la libertad y la dignidad de ambas partes.

3.2

La transición democrática y el pacto constitucional de 1978 ofrecieron una oportunidad para, aceptando la realidad plurinacional de la Península, enmendar la relación de desigualdad que había cristalizado definitivamente en el proceso de construcción de España como Estado moderno.

Aquella oportunidad, sin embargo, ha acabado fracasando. Quizás, como se suele decir, porque la Constitución se aprobó en un contexto político marcado por la presencia de la vieja guardia franquista y bajo la mirada vigilante del Ejército. Quizás, quién sabe, porque nuestros ponentes constitucionales, educados en un iuspositivismo ingenuo, más alemán que anglosajón, se contentaron con constitucionalizar un federalismo difuminado y etéreo.

En todo caso, aquella oportunidad fracasó porque no garantizó la posición de igualdad de las naciones peninsulares.

Negando la idea de que varias comunidades nacionales pudieran coexistir como iguales dentro del Estado español, los autores de la Constitución articularon el llamado «Estado de las autonomías» con fundamentos doctrinales absolutamente vagos. Así, reconocieron la existencia de «nacionalidades», sin especificar qué quería decir y en qué medida se distinguía el término de la palabra «regiones», que también emplearon. Y, al mismo tiempo, reservaron para España el título de «nación».

La distribución específica de competencias entre el Estado central y las futuras autonomías siguió la misma pauta de inconcreción y ambigüedad. Nominalmente, la Constitución permitió conceder a los Gobiernos autonómicos competencias amplias e incluso exclusivas sobre una gama considerable de materias legales. Pero, una vez más, otorgó al Gobierno central el derecho de intervenir en cualquier cuestión a través de las llamadas leyes de bases.

Imitando la Constitución de la Alemania Federal y su impronta kelseniana, los ponentes constitucionales depositaron la tarea de resolver todas estas contradicciones, es decir, el poder final de interpretación del sentido exacto de las palabras de la Constitución y de las leyes, en manos de un árbitro político superior, el Tribunal Constitucional. El problema, sin embargo, es que la composición de este árbitro quedó en manos de la mayoría española. Una vez superada la inestabilidad de la Transición, momento en que la izquierda española necesitaba el apoyo de Cataluña, el árbitro teóricamente neutral se convirtió en el instrumento, elegante solamente en las formas, utilizado para reproducir unas relaciones de subordinación que la Constitución debería haber resuelto.

Es cierto que, para blindar las competencias de las autonomías, la Constitución regula un procedimiento que exigía el acuerdo conjunto del Estado central y la autonomía correspondiente para aprobar y modificar los Estatutos de Autonomía. Una vez aprobado y/o reformado un Estatuto de Autonomía por una mayoría cualificada del Parlamento autonómico, es necesaria su aprobación por el Parlamento español y, por último, la ratificación de los habitantes de la comunidad autónoma mediante un referéndum. Este sistema, que algunos han descrito como procedimiento de blindaje de la autonomía catalana, es de por sí defectuoso: las Cortes españolas hicieron uso de su potestad para enmendar el Estatuto hasta forzar a la población catalana a aceptar el texto recortado en una consulta plebiscitaria en la que se ofrecieron unos mínimos que no se correspondían con las preferencias ideales de los ciudadanos consultados.

En cualquier caso, toda esta estructura, débil en mi opinión, de garantías, saltó por los aires una vez el Tribunal Constitucional se erigió como árbitro último del Estado de las autonomías con su sentencia de julio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía aprobado en 2006. A través de esa institución, la mayoría hizo explícita su condición de parte y juez en el juego político peninsular. La relación de desigualdad se hizo evidente con toda su crudeza una vez más. Y Cataluña entró en estado de rebeldía.

Las raíces profundas de la protesta catalana no se encuentran en cuestiones de naturaleza fiscal, no nacen de una queja de falta de servicios e infraestructuras dignas, ni parten de un problema de discriminación lingüística. Esos agravios existen y es legítimo exponerlos y tratar de corregirlos. No obstante, la protesta actual se fundamenta, por encima de todo, en el deseo, generalizado, de crear una relación basada en la dignidad, la igualdad y la libertad de todos.

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La lección fundamental del periodo democrático establecido en 1978 y, sobre todo, de la negociación del Estatuto de 2006, coronada por la sentencia del Tribunal Constitucional, es que la estructura constitucional española no garantiza ningún espacio soberano a los catalanes (como catalanes). Cataluña era y es una minoría nacional permanente, siempre susceptible de ser corregida y laminada por el voto de la mayoría.

Desde la óptica jacobina del ciudadano sin atributos (porque es la ley la que le da atributos, si le da alguno), España es una democracia sin problemas. Esta óptica es, sin embargo, una entelequia: la realidad histórica española y el sentir y la manera de concebirse a sí mismos de modos diversos por parte de los ciudadanos del Estado español nos indican con claridad que hay diferenciación nacional interna. Y que, con la estructura actual, esta diferencia ni queda reconocida ni queda protegida.

¿Quiere decir esto que no hay algún tipo de arquitectura constitucional que permita restablecer y mantener una relación de igualdad entre Cataluña y España sin ser independientes? Los partidarios de una solución federal creen que sí.

Fotografía: Susana Vera / Cordon.

Para proceder a investigar esta posibilidad, hay que empezar por hacer una aclaración. Los términos federalismo, federación y pacto federal son polisémicos. México, Austria o Suiza se llaman a sí mismos Estados federales, pero sus diferencias constitucionales, a nivel operativo, son extraordinarias. En consecuencia, diseñar y proclamar un Estado federal no resolvería nada si antes no investigásemos cuáles son aquellas Constituciones federales que permiten garantizar la ejecución del pacto federal en los términos acordados por todos sus miembros.

En otras palabras, necesitamos responder a las siguientes preguntas: ¿Existe algún tipo de federación que incluya mecanismos constitucionales para prevenir la explotación por parte de uno o más miembros de la federación del resto de los territorios del Estado? Y, a continuación, ¿es ese tipo de federación posible en España (posible en el sentido de evitar una situación de desigualdad en la relación entre unidades federadas)?

Tradicionalmente, la mayoría de los teóricos del federalismo, preocupados por la relación entre el Gobierno federal y las unidades federadas como la potencial fuente de tensiones políticas en un sistema federal, han reiterado que la única federación que puede funcionar correctamente es aquella que establece una distribución equilibrada de poderes entre Gobierno federal y estados federados: un sistema donde el Gobierno federal no es lo suficientemente fuerte como para explotar los estados federados, pero donde tiene a la vez la capacidad y fuerza necesarias para mantener unida la federación. Esta teoría del federalismo ideal, que propongo llamar teoría federalista de los rizos de oro (en honor a aquella muchachita que no tomó ni la sopa caliente ni la sopa fría) es plausible.

En realidad, la legitimidad y fuerza del Gobierno federal depende, en último término, del grado de apoyo que recibe de algunas o de todas las unidades federadas para hacer valer su posición y mantener la federación unida. Por eso mismo, el éxito o fracaso de una federación en garantizar los derechos de las unidades federadas radica en un lugar diferente: en la naturaleza e identidad nacional de las unidades federadas.

A riesgo de simplificar una realidad necesariamente compleja, a continuación describiré varias (cuatro, en total) modalidades en la configuración de esas identidades y examinaré en qué medida y cómo facilitan o perturban el objetivo federal de preservar la unidad de la federación y la igualdad de las unidades federadas. Considérese, en primer lugar, el caso en que todas las unidades federadas comparten la misma identidad nacional y en donde las divisiones políticas existentes no coinciden con los límites territoriales de las unidades subnacionales (o si lo hacen, son poco intensas). Este es el caso de Estados Unidos en casi todos los momentos de su historia: una sola identidad nacional, con conflictos políticos estructurados en torno a categorías sociales como clase, raza, religión etc., y con esos diferentes grupos políticos y sociales distribuidos de manera relativamente igual en todo el territorio. En esa instancia, la posibilidad de que alguno de los estados de la unión pueda ser marginado sistemáticamente por el resto es muy baja. Las coaliciones políticas necesarias para ganar elecciones, votar en el Congreso y gobernar se organizarán siguiendo las divisorias de clase o religión. Dada su distribución aproximadamente uniforme en todo el territorio, casi todos los estados (o una parte de cada uno de ellos) participarán en las decisiones federales en todo momento. Las coaliciones estrictamente interregionales o interestatales que se puedan formar serán casi siempre temporales y eso reducirá al mínimo el peligro de explotación o discriminación de un parte de la federación a manos del resto. En otras palabras, las garantías de los estados federados, pactadas en la Constitución, se respetarán.

Consideremos, a continuación, el supuesto de un país federal con fuertes identidades territoriales (es decir, donde cada estado federado tiene su propia identidad nacional) y donde los estados federados se encuentran alineados en dos bloques más o menos equilibrados en cuanto a poder. Bélgica, donde valones y flamencos tienen un peso similar, se ajusta a esta descripción. En esa instancia, el mantenimiento del pacto federal se deriva o derivará directamente del equilibrio de poder de las dos partes.

Por una razón no muy diferente, el pacto federal también queda garantizado en aquellos países plurinacionales donde hay varias unidades federales con identidades nacionales particulares y donde ninguna de esas unidades (o bloques de unidades con la misma identidad) representa una mayoría de la federación. La Unión Europa se aproxima a esta situación. En este caso, todas las regiones o bloques de regiones existentes pueden formar coaliciones alternativas entre sí: esto permite que todas tengan una oportunidad similar de participación en la administración de la federación y que puedan, por tanto, bloquear cualquier intento de discriminación o de exclusión permanente. A título de ejemplo, consideremos el caso de un país con tres regiones de peso similar (e identidades diferentes), A, B y C. Para aprobar una ley por mayoría, hay cuatro coaliciones disponibles para hacerlo: AB, AC, BC y ABC. Si A se alía con B para explotar a C, C siempre puede proponer a A un pacto mejor para esta última cargando todo el coste sobre B. Naturalmente, B puede responder planteando a C una propuesta incluso mejor a costa de A. Una vez más, sin embargo, A intentará romper aquella alianza sugiriendo a B o C términos ventajosos para uno de los dos. En definitiva, en este juego de mayorías cíclicas, la posibilidad de mantener un pacto estable entre dos regiones es imposible y la discriminación o subordinación sistemática de una región no es factible.

Todas estas dinámicas no se producen, en cambio, en aquellos casos en que existe una federación plurinacional y donde una de las unidades (o bloque de unidades con una identidad compartida) tiene una mayoría (demográfica) sobre las otras unidades. En este caso, la probabilidad de una situación de discriminación o la explotación de la minoría, fiscal, lingüística o cultural, es considerable. Y, como resultado, la probabilidad de una reacción secesionista y la ruptura de la federación, también. Este sería el caso de España incluso si estableciera un sistema federal sin más.

Para poner remedio al desequilibrio en las relaciones de poder descrito en el último supuesto, y, sobre todo, en aquellos casos en que la minoría tiene preferencias intensas sobre determinadas cuestiones políticas o sociales, los teóricos del federalismo han propuesto a menudo una estructura federal asimétrica, dirigida a compensar la desigualdad demográfica o material existente entre unidades federadas. Esa solución consistiría en ceder a las minorías territoriales competencias extraordinarias o en crear jurisdicciones especiales. En sí mismo, eso supone un avance respecto al modelo federal «uniforme» o simétrico. Una vez más, sin embargo, comparte el mismo problema del resto de los otros tipos de federaciones (y, de hecho, de todos los Estados). Necesita establecer un mecanismo que garantice la aplicación de los acuerdos incluidos en el pacto constitucional inicial, es decir, que garantice la interpretación de las palabras escritas en la Constitución, en el sentido entendido por las partes que lo firmaron y lo aceptaron. Dicho de otro modo, el sistema de federalismo asimétrico solo puede funcionar si el árbitro que dirime los conflictos entre Gobierno federal y unidades federadas, y entre estas mismas, lo hace sin discriminar a nadie. En otras palabras, solamente puede generarse una federación robusta o estable si el árbitro federal no es parte y juez de una decisión o sentencia y no está, por tanto, capturado o secuestrado por un subconjunto de la federación.

¿Es esto posible? Sí, efectivamente, lo es. Basta que las partes afectadas (las unidades federadas) sean copartícipes en la composición del árbitro (el Tribunal Constitucional o Supremo correspondiente). Es decir, que formen parte del árbitro federal en condiciones de igualdad o, en otras palabras, que tengan poder de veto y que, de manera expresamente reconocida por la Constitución, puedan bloquear decisiones lesivas para sus intereses —siempre que, al hacerlo, actúen con la buena fe que requiere el compromiso de cumplir con el pacto constitucional inicial—.

En el caso histórico concreto que nos ocupa, España y el contencioso catalán, esto equivale a hacer posible que Cataluña (una minoría nacional) participe en condiciones de igualdad (con la mayoría) en las decisiones centrales, que pueda ejercer el derecho de veto sobre la actuación del Estado. En suma, la participación paritaria en las instituciones federales o centrales constituye la solución apropiada para evitar que, en un país plurinacional dividido de forma permanente entre una mayoría y una minoría nacionales, la primera subordine a la segunda o lesione sus intereses gravemente.

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En este sentido, el derecho de autodeterminación (la celebración de un referéndum de autodeterminación) es equivalente o, si se quiere, una derivación de este sistema de protección, ya que dota a la minoría nacional de un instrumento que, en circunstancias excepcionales, le permite bloquear o escapar de una situación de abuso constante. El derecho de autodeterminación, como el derecho a la separación matrimonial, constituye un mecanismo a utilizar en aquellos casos en que, ante un tratamiento reiteradamente injusto y ante una situación de constante falta de protección, la parte débil de la relación pueda liberarse de la acción opresiva del resto de la federación. (La esperanza es que, en previsión del posible ejercicio del derecho de autodeterminación, la mayoría se abstenga de lesionar a la minoría y que, por tanto, aquel derecho no se ejerza nunca).

En el caso concreto de España, esto es, en una situación en que el texto constitucional no incluye un sistema de garantías efectivo, el ejercicio del derecho de autodeterminación se aparece como la única barrera efectiva de que disponen los miembros de una minoría frente a la imposición constante de normas generales por parte de la mayoría.

Naturalmente, el derecho de autodeterminación no se puede utilizar de manera frívola o como un arma arrojadiza cuando convenga. Para invocarlo y ejercerlo, es necesario que haya existido un periodo razonable de intentos de negociación entre mayoría y minoría. Es necesario demostrar que la mayoría no ha intentado corregir la situación injusta existente y que, a lo largo de ese proceso, no ha dado muestras de actuar de buena fe. Es necesario, finalmente, que la minoría se muestre favorable, de una manera constante, a ejercer el derecho de autodeterminación (algo que, hay que subrayar una y otra vez, debe diferenciarse de ser o no favorable a la separación).

Todas estas condiciones se dan en el caso de España y de Cataluña en estos momentos. En primer lugar, y ya desde la aprobación de la Constitución de 1978, Cataluña ha intentado persuadir a la mayoría de que, dado el texto enormemente flexible de la Constitución y a la luz de las expectativas creadas en el momento de la Transición, era posible construir una estructura de autogobierno generosa sin violar los principios y la arquitectura de la ley fundamental española. Ese intento de persuasión (y de negociación) cristalizó, finalmente, en la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de 2006. No obstante, como ya he indicado antes, el Tribunal Constitucional (en manos de la mayoría) anuló cláusulas fundamentales de un Estatuto de por sí sustancialmente modificado por las Cortes. Frente a esto se aduce frecuentemente que, dado que los catalanes votaron masivamente a favor de la Constitución, no es aceptable querer desligarse de aquella. Con independencia de las condiciones políticas (no exactamente prístinas) bajo las que se negoció y aprobó la Constitución, el hecho es que la mayoría y la minoría han divergido sobre su acuerdo respecto a la aplicación concreta de la Constitución porque ya de entrada la leyeron de formas diferentes, con expectativas diferentes. Eso mismo, el hecho de que la minoría no previese la introducción de múltiples obstáculos y límites en el despliegue del autogobierno, justifica la demanda de un referéndum y el creciente apoyo a la independencia.

En segundo lugar, las instituciones catalanas han intentado de buena fe reconducir la situación creada (o quizá simplemente revelada por la sentencia del TC de 2010) mediante negociaciones sobre cuestiones concretas, primero, y, finalmente, canalizando las demandas crecientes de la ciudadanía catalana a favor de un referéndum de autodeterminación. Es cierto que la Constitución española no reconoce literalmente el derecho de autodeterminación. No obstante, eso no impide que se pueda ejercer. Como indicó el Tribunal Supremo de Canadá en su opinión sobre la realización de un referéndum en Quebec, «la Constitución no es solamente un texto escrito», sino que «engloba todo un sistema de principios que rigen el ejercicio del poder constitucional… el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho, así como el respeto a las minorías» que deben gobernar, en última instancia, las acciones de los estados del Canadá y sus relaciones con la federación. A la luz de estos principios, el Tribunal Supremo entendió que, aunque no hubiese un derecho «directo» de Quebec a la secesión, era legítimo y constitucional consultar a los ciudadanos de esa provincia si eso venía seguido de una voluntad de negociación sobre los términos de la separación. Esa misma interpretación generosa puede prevalecer perfectamente a la hora de leer la Constitución española. Ese texto incluye diversas cláusulas que permiten, directamente a las instituciones centrales o, por delegación, a la Generalitat, convocar una consulta sobre la voluntad de los catalanes de permanecer en España o no. Y proceder, en caso de que la mayoría así lo decidiese, a pactar los términos de la separación.

Una interpretación correcta de la Constitución no puede ser nunca literal. Fue esa literalidad la que, en los juicios de Núremberg llevados a cabo por las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial, emplearon los jueces y oficiales alemanes procesados ​​por crímenes cometidos contra, entre otras minorías, la población judía o la etnia gitana. Los inculpados se defendieron de los delitos que se les imputaban alegando que se habían limitado a obedecer las órdenes de sus superiores de acuerdo con la legalidad constitucional. Efectivamente, una vez ganó las elecciones en Alemania y tras ser elegido canciller del Gobierno, Hitler procedió a declarar el estado de emergencia de acuerdo con las prerrogativas establecidas por el artículo 48 de la Constitución alemana. Dos meses después, el Parlamento enmendó aquel texto, siguiendo los procedimientos indicados en el mismo texto constitucional, al objeto de concentrar el poder político en el Ejecutivo. Nominalmente, la Constitución de Weimar no fue derogada nunca. Materialmente, es decir, considerada a la luz de los principios fundamentales (democracia, federalismo, etc.) que la inspiraban, sí que la podemos considerar inválida desde el momento en que el Reichstag aprobó la ley habilitante o de autorización de 1933 que ponía el poder de legislar en manos del Ejecutivo. El ejemplo de la Alemania nazi muestra de manera clara que, en el sostenimiento de la democracia, debemos siempre integrar cualquier texto constitucional en un marco conceptual más amplio a riesgo, si no lo hacemos, de vaciar la Constitución de toda validez real.

Si, a pesar de un deterioro de la estructura de autogobierno (respecto a los términos imaginados en el momento de participar en la redacción de la Constitución), a pesar de la existencia de múltiples mecanismos para consultar a los catalanes y para proceder a una renegociación de los términos de su encaje en España, y a pesar de la existencia de una mayoría abultada (el ochenta por ciento) de los catalanes a favor de celebrar un referéndum, la mayoría se opone sistemáticamente a convocarlo (o a permitir su convocatoria), ¿qué alternativa tienen las instituciones y el pueblo catalán? No hacer nada implica sostener una situación injusta. Supone perpetuar la situación de desigualdad que he descrito en la segunda sección de este artículo y que daña por igual (aunque a través de mecanismos diferentes) a ambas partes de la relación. Por tanto, siguiendo el mandato del Parlament elegido en septiembre de 2015, convocar un referéndum de autodeterminación, es decir, una simple votación en la que, de manera pacífica y ajustada al principio de igualdad de una persona/un voto, se pueda decidir sobre el futuro de Cataluña, es legítimo. Esta es una decisión, la de convocatoria y organización de un referéndum, diferente a la de declarar la independencia. Simplemente abre, en mi opinión, la vía para negociar, el día después de la consulta, una solución política a los desacuerdos existentes.

Concluyo recuperando el hilo inicial de este artículo. El objetivo final de este referéndum es el de corregir una situación abusiva. El propósito de la consulta del 1-O es el de restablecer la dignidad de todas sus partes en conflicto, tanto la mayoría como la minoría. El referéndum es, en definitiva, una oportunidad para crear una relación de igualdad que aún no existe y, al fin y al cabo, para liberar tanto a España como a Cataluña de todas las distorsiones y servidumbres que impone una relación injusta.

[1] Este artículo es una adaptación del discurso realizado ante el Institut d’Estudis Catalans el día 11 de septiembre de 2017.

[2] Catedrático de Política y Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences y del Institut d’Estudis Catalans.

Fotografía: Albert Gea / Cordon.


Baltasar Garzón: «Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría»

Baltasar Garzón para Jot Down 0

Baltasar Garzón (Torres, Jaén. 1955) es uno de esos personajes que no necesita presentación. Veintiséis años de juez en la Audiencia Nacional desde donde alcanzó fama mundial con los procesos contra Pinochet o Berlusconi. Previamente, abanderó la lucha contra el terrorismo de Estado de los GAL, inició los macroprocesos contra el tráfico de drogas y es, probablemente, la persona que más ha hecho para acabar con ETA, de la que dijo que no eran solo sus comandos, sino también sus estructuras alegales o paralegales. Cerró el diario Egin y descabezó sucesivamente todas las cúpulas de Herri Batasuna. Fue elegido diputado en las listas del PSOE y abandonó su escaño por la falta de compromiso de Felipe González contra la corrupción. En 2002, fue propuesto para Nobel de la Paz y, en 2009, designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy. En 2012, fue expulsado de la judicatura al ser condenado por prevaricación, en el marco de la operación Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP.

Hace ya más de dos años que el Supremo le expulsó de la carrera judicial. ¿Cómo está ahora?

Estoy bien. Dolido porque se llevó a cabo una acción manifiestamente injusta. No está uno cómodo cuando le expulsan de la profesión que ha sido su vida. El Supremo consideró que la interceptación de las comunicaciones en prisión entre los cabecillas de la trama y sus abogados no podía hacerse. Pero yo siempre defendí que se trataba de impedir la comisión de nuevos delitos y que el derecho de defensa quedaba salvaguardado. Por lo demás, estoy bien, mi vida sigue en torno a la justicia, trabajando como abogado, por los derechos humanos y defendiendo los mismos valores que defendía.

Hablaremos más tarde de todo eso, pero me gustaría empezar por el principio. Su madre ya explicó hace muchos años que cuando era pequeño estranguló a una docena de pollitos. ¿Qué le llevó a ser juez?

[Risas] Creo que no fue exactamente así, un grupo de pollitos iba detrás de su madre y jugando los debí meter en el agua y mi hermana iba por detrás rescatándolos. Mi madre me reprendió severamente y pudimos salvar a algunos. Pero no creo que esto influyera en mi decisión de ser juez.

¿Pues qué lo hizo?

A los diecisiete decidí estudiar Derecho porque en las charlas de orientación vino a hablarnos un juez, que era padre de mi compañero de promoción Lorenzo del Río, actual presidente del TSJ de Andalucía. El Derecho era la parte del conocimiento que yo quería estudiar y pregunté si con ello se podía ser juez. Desde el principio quise ser juez porque entendía la función pública como un servicio a los demás.

Comenzó a ser famoso en 1988, cuando aterrizó en la Audiencia Nacional y un caso que había sesteado con su predecesor pasó al primer plano de la actualidad, la guerra sucia contra ETA: el caso Amedo y los atentados a los bares Batxoki y la Consolation en el sur de Francia. ¿Fue su primer gran reto, enfrentarse a las cloacas del Estado?

Coincidió casi en el tiempo enfrentarme al terrorismo y al terrorismo desde el Estado. Procesé al comando Gohierri-Costa y la investigación sobre los GAL.

¿Se lo planteó de manera diferente?

No. Pude comprobar, más allá de mis convicciones, que había un único sistema para luchar contra el terrorismo, ir de la mano de la ley sin exceder sus límites. Traspasar esos límites es la peor medida que desde un sistema democrático se puede hacer en la lucha contra el terrorismo. Ese asunto estaba sobreseído y fue la Sala Penal la que revocó esa decisión y me encontré con una patata bastante caliente. Tuve claro desde el principio que había que entrar en profundidad.

¿Recibió ayuda o le torpedearon la investigación?

Siempre torpedearon la investigación de forma sistemática. Al poder nunca le gusta que le investiguen y menos a las cloacas del poder. En aquel momento no estaba definido el papel de los jefes, aparecía como una cosa de dos policías en el sur de Francia, pero aquello no tenía sentido.

Esas primeras pesquisas trataban de atentados cometidos por mercenarios contratados por policías de la jefatura de Bilbao, ¿colaboró con usted la Guardia Civil?

No. Nadie colaboró en aquella investigación. Yo pedí la adscripción de dos policías y eso sí se me concedió —no se me podía negar porque era el juez—, pero esos dos policías, que luego fueron sustituidos por otros, quedaron estigmatizados para siempre por esa investigación. Incluso uno de ellos murió tras una depresión.

¿Y nadie contestaba a sus peticiones de información?

Siempre trataron de obstaculizar. El director de la Policía, Rodríguez Colorado, cuando le pedí información sobre los fondos reservados, respondió con cajas destempladas, y el ministro del Interior, que era Barrionuevo, también. Cada vez que reclamaba datos se iban por las ramas. Era una carrera de obstáculos, pero había que hacerla.

Tras la detención de Amedo y Domínguez, ¿la vida se volvió más dura contra usted?

Aquel 13 de julio de 1988 fue un día complicado. Sabía que marcaba un antes y un después, pero tenía que hacerlo. Eran hechos muy graves y estaba en cuestión el Estado de derecho. La falta de colaboración absoluta de Amedo y Domínguez y la actitud prepotente del abogado Argote contribuían a que el desafío fuera mayor.

Baltasar Garzón para Jot Down 1

Tengo entendido que Amedo y Domínguez son los únicos presos de los que no constan las huellas dactilares, como se hace con todos los presos, porque se negaron a hacerlo y nadie quiso forzarles a ello. ¿Es así?

Sí, se negaron y deben ser los únicos españoles que han ingresado en prisión y no están huellados.

Y usted tuvo dificultades para contrastar si alguna de las huellas coincidía con las de un carné de identidad que habían fabricado para uno de los mercenarios portugueses que venía sin documentación.

Sí. Aquello me obligó a indagar más sobre el papel en el que se había impreso, la serie del carné, dónde se había utilizado, en qué casinos, en qué hoteles, que otras identidades habían usado… y fui reconstruyendo la trazabilidad del grupo de los portugueses. Ese conjunto de indicios con las declaraciones de los mercenarios portugueses en Bayona (Francia) hizo posible la condena.

¿Es en aquella época cuando encontró una piel de plátano en su cama de matrimonio y a su perro drogado, cuando su domicilio estaba custodiado por la Guardia Civil?

Eso fue más tarde. Durante la segunda etapa de la investigación de los GAL, con el caso Segundo Marey y el Oñederra. Era en 1995, cuando la imputación llegó a la cúpula del Ministerio del Interior, a Vera y Barrionuevo. Alguien entró en mi casa y dejó una cáscara de plátano como un mensaje mafioso, y a mi perra Gina, una golden retriever, la envenenaron con un producto tóxico que la dejó ciega.

Son situaciones difíciles. ¿Tenía usted miedo? ¿Cómo lo llevó su familia?

Nunca se puede decir que no tengas miedo. El miedo es bueno tenerlo porque te hace ser responsable y estar alerta. Pero no debes de tener pánico ni terror, porque entonces pierdes la objetividad, pero estar alerta y en tensión es positivo. Yo tenía protección desde 1988 y mi familia era consciente. Cambiábamos los itinerarios y no viajábamos juntos. Mirar los bajos del vehículo familiar era algo habitual. Era normal observar dónde nos encontrábamos y cambiar de sitio de repente. Y todavía hoy, cuando estoy en un sitio cerrado, nunca me pongo de espaldas a la puerta o a una ventana. Es un chip que se te queda metido en la cabeza.

La condena a ciento ocho años a Amedo y Domínguez supuso un respaldo a su instrucción. ¿Cómo lo vivió?

La verdad es que vivía en una vorágine de actividad procesal. Y cuando se produjo la condena, me sentí ratificado en la investigación. La sentencia ponía en cuestión toda la política de la lucha antiterrorista. El partido que había estado en el poder en los años ochenta continuaba en el poder, luego la justicia se enfrentaba a todo el aparato del Estado en esas cañerías que, precisamente, son las más peligrosas. Que se reconociera que aquello había ocurrido, con una investigación en la que no hubo ningún tipo de colaboración, trabajando por primera vez en el extranjero, fue un hecho muy importante que supuso un avance en el modo de investigar.

Mientras tanto, revolucionó la forma de enfrentarse al narcotráfico. En la Operación Nécora trasladó parte de su juzgado a Galicia y los ciudadanos vieron por la tele a un juez que perseguía a los malos en helicóptero y abordaba barcos. ¿Qué le hizo cambiar la forma tradicional de esperar en el despacho los informes policiales?

Hubo críticas a mi forma de actuar. Decían que los jueces de la Audiencia Nacional teníamos que esperar a que los temas vinieran a nosotros. Y todo porque fui a levantar el primer cadáver por terrorismo de ETA y después también en el caso Muguruza. Se me dijo que los jueces centrales no debíamos salir a la calle a buscar los casos, sino esperar a que la justicia ordinaria actuara y que luego vendrían a nosotros.

Pero ustedes tenían competencia en todo el territorio nacional…

Es lo que argumenté, que ser juez central de instrucción, con competencia en toda España y con aquel poder de investigación, tenía que ponerse en práctica y en forma proactiva, porque de lo contrario estábamos defraudando a la sociedad.

Y usted lo utilizó contra el narcotráfico…

En el tema del narcotráfico, las estructuras estaban anquilosadas. El sistema de investigación era reactivo y respondía únicamente a lo que la Policía o la Guardia Civil nos decía, sin que hubiera ninguna iniciativa. Pero España había ratificado la Convención de Viena de 1988, y lo que yo hice fue adoptar de forma directa los mandatos de esa convención. Y en ello me acompañaron fiscales como Javier Zaragoza, Dolores Delgado y aquellos que vieron que era necesario activar aquellos mecanismos, como el del agente encubierto, que luego se plasmaron en una ley de 1999.

Volvamos a la Operación Nécora.

Ir a Galicia era absolutamente necesario en aquel momento. Como consecuencia de todas las estructuras de contrabando de los años ochenta y la falta de respuesta del Estado, había una sensación de impunidad en la sociedad en la que los dueños de la calle eran esos capos, esas bandas y los ciudadanos normales estaban asustados, aparte de los efectos nocivos de las drogas. El Estado estaba prácticamente ausente y tenía que volver a tomar las riendas. Eso motivó que gracias a la colaboración de arrepentidos se pudiera desarrollar esa investigación y escenificarlo en una sola operación y en un momento, porque de no ser así no hubiera sido posible, puesto que se habría filtrado información por claros indicios de corrupción.

Aquel fue el primer macroproceso (aparte de la colza) que se instruyó en la Audiencia Nacional y también fue el primero de las dos docenas que usted ha instruido. Sin embargo, recibió muchas críticas porque hubo muchos procesados absueltos, aunque sí fue el primer paso contra el clan de los Charlines (luego desarticulado) y Laureano Oubiña. ¿Qué tiene que decir a eso?

Por razones estrictamente de coyuntura política, yo estaba entonces en el Parlamento, durante el juicio se criticó en exceso aquel proceso y su resultado por criticarme a mí. Pero resulta que el 73 % de los procesados en las distintas fases de la Operación Nécora fue condenado. Creo que con los elementos que había entonces, fue un gran éxito. Todos los grandes capos fueron condenados en ese momento y otros, más tarde. Y también supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. La sociedad retomó su poder.

¿El éxito más grande fue la Operación Temple?

Hubo muchas otras, pero Temple fue la mayor operación, con la incautación de 53.000 kilos de cocaína, con 13.000 en directo en el Tamsaare (un buque apresado). Lo que se inició en el 90 finalizó en el 99 y supuso que España fuera el primer país del mundo donde los resultados de las operaciones policiales y judiciales fueran más llamativos.

Creo que los narcotraficantes intentaron ingresar dinero en la cuenta corriente que usted tenía con su mujer, pero que el director de la sucursal se dio cuenta y le consultó. ¿Es así?

Sí, me avisaron de que había un intento de transferencia de unas cien mil pesetas, que en aquel momento era un dinero, y ordené bloquear cualquier tipo de ingreso en la cuenta que yo no hubiera autorizado.

Baltasar Garzón para Jot Down 2

En 1993, cuando se presentó a las elecciones en las listas del PSOE, usted declaró en una entrevista que su ideología era progresista, cercana a un sector de Izquierda Unida, pero que encontraba mejor acomodo en el proyecto de renovación de Felipe González y el Partido Socialista. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Es más próxima a Podemos?

Mi ideología siempre ha sido progresista, ubicable en la izquierda política, aunque no he militado nunca en ningún partido, ni lo hago ahora, aunque presido una iniciativa que es Convocatoria Cívica, en donde se busca ese consenso y esa mayoría por el cambio social que necesita España y donde caben todos aquellos que estén dispuestos a pelear para que los derechos y el estado de bienestar no sean un espejismo. Eso es lo que ahora parece por la acción de permanente deterioro del Partido Popular sobre derechos básicos asentados y conseguidos con mucho esfuerzo durante años.

Sabía que no militaba en ningún partido, aunque supongo que no le han faltado ofertas.

No, no estoy en ninguna formación política, pero sí querría que los dirigentes políticos estuvieran abiertos para eliminar ese deseo de presencia permanente —que parece que sin ellos no existe nada— y fueran capaces de encontrar ese punto de encuentro que España necesita para salir del lugar donde estamos.

Desde las filas del PSOE se dijo que usted se fue porque no le quisieron hacer ministro. ¿Aspiraba usted a ser ministro o prefería otros cargos más ejecutivos como secretario de Estado de Seguridad para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo?

Si hubiera querido, yo hubiera sido ministro. No se me podía llamar como a una estrella del rock y luego negármelo. No. Nunca quise ser ministro. Es más, puse como condición no serlo. Luego, mi carta de dimisión al presidente del Gobierno se produjo dieciocho días antes de mi efectiva dimisión. Por medio estuvo el debate del estado de la nación y Felipe González sabía que yo me iba por la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción en aquel momento.

Lo de ser secretario de Estado no tenía más remedio, porque era el ámbito de la lucha contra la droga en el que yo había destacado.

Nada más regresar al juzgado retomó usted el caso Marey en el que pareció ir de la mano de Amedo y Pedro J. Ramírez y que desde las filas socialistas se interpretó como una venganza. ¿Qué tiene que decir?

El caso Marey estaba abierto, por tanto, yo no lo reabrí. Esa es una de las mentiras que se han construido en torno a esto. Fue en septiembre de 1994, cuando ya hacía meses que había vuelto al juzgado, cuando solicité comisiones rogatorias a Suiza. Posteriormente, cuando Amedo y Domínguez decidieron hablar, en diciembre de ese año, ellos por su cuenta habían hecho unas declaraciones al diario El Mundo que yo no podía limitar porque hubiera ido en contra de la libertad de expresión. Tuve que sufrir las consecuencias de esa publicación, pero un mes después, en enero, se acabaron esas revelaciones porque ni Amedo ni El Mundo tenían acceso a mi investigación. Pero nunca fui de la mano ni de Pedro J, ni de Amedo.

En aquel proceso fueron condenados Barrionuevo y Vera, un ministro y un secretario de Estado, por su implicación en la guerra sucia. ¿Eran los máximos responsables de los GAL o como usted expuso había un señor X que daba las órdenes?

Lo voy a decir por enésima vez, cuando yo puse la incognita X significó que era lo desconocido. No puedo decir otra cosa, aunque me hubiera gustado poder decir otra cosa. En abril del 88, intuía que por encima de aquellas personas tenía que haber alguien ante quien respondían.

¿Llegó usted a plantearse si la famosa X de los GAL correspondía a Felipe González?

Nunca, y digo nunca, me planteé que la X correspondiera a Felipe González. ¿Quiénes eran los máximos responsables? En el caso Marey se acreditó que eran Rafael Vera y José Barrionuevo. Así lo estableció en la sentencia el Tribunal Supremo, por tanto, me limito a esa sentencia. En otros casos, actuó el Gal verde (de la Guardia Civil) y los máximos responsables, como el general Galindo o el gobernador de Guipúzcoa, fueron condenados a sesenta y cinco años de cárcel por los secuestros y asesinatos de los etarras Lasa y Zabala. Si había alguien por encima de todos ellos, a mí no me consta con pruebas y por tanto no puedo hacer afirmaciones gratuitas o posibilistas.

¿Es cierto que llegó a aclarar las cosas con González durante un vuelo transatlántico de regreso a España?

Tiempo después, en el año 2003, creo que fue, coincidí con Felipe González en un vuelo desde Sao Paulo a Madrid. Teníamos asientos contiguos. Fueron ocho horas, un largo trayecto en el que además de dormir y descansar mantuvimos una conversación y fue amigable. Yo nunca tuve un enfrentamiento con Felipe González. Cuando me tuve que marchar le expliqué mis razones y luego, cuando tuve que tomar mis decisiones y elevé al Supremo los indicios que había contra él, lo hice. Al Supremo no le parecieron suficientes, pero después he seguido teniendo relación cordial con él.

Por cierto, el TEDH dijo que usted no había sido imparcial respecto a Vera. ¿Qué tiene que decir?

Yo asumo esa sentencia, pero Estrasburgo no tenía todos los elementos y yo no los pude contar. Lo cierto es que yo con Vera no coincidí en el Gobierno. Formalmente coincidimos durante dieciocho días, pero ni físicamente le vi, ni tuve competencias en materia de terrorismo, ni tuve competencias en ninguna de las áreas que él había tenido, como, por ejemplo, la de los fondos reservados. El ministro Asunción lo dijo clarísimamente y en reiteradas ocasiones. Por tanto, respeto esa sentencia y también defiendo la imparcialidad objetiva, que yo creo que la tuve.

Pero ¿qué pasa cuando todo un aparato, con toda su potencia, tanto mediática como de otro tipo, van en contra del juez? ¿Qué tiene que hacer el juez, retirarse y dar el triunfo a quienes quieren que se retire o aguantar y demostrar que debe investigar? Yo creo que esto último es lo que hay que hacer, lo hizo Falcone (juez antimafia italiano asesinado) y otros muchos.

Le recuerdo que hubo un vídeo grabado en la cárcel por Julián Sancristobal en el que hablaba del señor Z y de Garzón. Luego dijo que le habían obligado a hacerlo. Entonces, ¿me tenía que haber retirado ahí o aguantar todas las trampas que me pusieron, los seguimientos, la coacción a que me vi sometido, tenía que soportarla como la soporté? Todas mis decisiones fueron ratificadas por el Supremo.

Supongo que su relación con Amedo no acabó bien, puesto que consiguió usted que Suiza devolviera al Estado español el dinero procedente de los fondos reservados que habían cobrado las mujeres de Amedo y Domínguez por sus «servicios». ¿Qué pasó?

Ni bien ni mal. Amedo y Domínguez fueron dos personas imputadas y procesadas. Fueron condenadas. En un momento posterior decidieron colaborar con la justicia. Han dicho muchas barbaridades e incongruencias, pero jamás voy a descalificar a personas a las que metí en la cárcel o que he tenido procesadas. Que digan lo que consideren conveniente y si pueden acreditarlo, adelante. Y en cuanto a los fondos que tenían procedentes de los fondos reservados, hice lo que tenía que hacer, intervine los fondos que tenían en Suiza y que habían sido utilizados para comprar su silencio y los puse a disposición del Estado español al que pertenecían.

En 1993, usted consideraba que los GAL eran un grupo terrorista que atentó contra el Estado de derecho, pero el Supremo no le dio la razón en eso porque las fuerzas de seguridad no son terroristas. ¿Qué opina, ahora que ya no es juez?

Yo sostengo que desde el Estado se pueden cometer actos terroristas y eso lo he mantenido también para Argentina y Chile. Se pueden formar grupos u organizaciones que con el auspicio o financiación de aparatos del Estado pueden desarrollar acciones terroristas. Lo hemos visto en muchos países. Los GAL practicaban terrorismo desde el Estado. El Supremo no llegó a establecer que los GAL era una banda armada, pero, desde mi punto de vista, lo eran.

Baltasar Garzón para Jot Down 4

Usted ha sido probablemente la persona que más ha hecho para acabar con ETA. No solo por las sucesivas operaciones para descabezar a la organización terroristas y sus estructuras alegales y paralegales, sino por considerar que ETA no son solo sus comandos, sino también los aparatos políticos, mediáticos, financieros, de relaciones internacionales, etcétera, lo que fue avalado por el Supremo. Los ministros del Interior le veneraban, pero, ¿cómo lo veían sus colegas de la Audiencia y del Supremo? ¿No pisó muchos callos?

No me lo inventé. No había nada que no estuviera escrito por la dirección de ETA, especialmente todo el proyecto Udaletxe. Recuerdo una viñeta que era como una trainera donde los remeros eran Kas, Herri Batasuna, Gestoras, Jarrai, etcétera. Se veía claramente como encajaban en un proyecto que dirigía ETA. Yo lo que hice fue poner en resoluciones judiciales lo que sin duda estaba en el día a día de esa organización. Y lo hice para demostrar que una organización de ese tipo no puede funcionar como algo aislado, sino que se nutría de todo, con diversos frentes para desarrollar su proyecto político violento que buscaba la independencia de Euskadi. Tratarlo en su globalidad es lo que determinó que se avanzara en atacar el terrorismo de una forma diferente a la mera reacción. En los ochenta, la investigación era reactiva y yo la convertí en proactiva. Aunque recibí grandes críticas en la Audiencia y en los medios, después se vio que era la línea a seguir y que estábamos acertando.

Usted sacó petróleo del proyecto Udaletxe, intervenido a Dorronsoro, que si no recuerdo mal, supuso la prisión para toda la cúpula de Herri Batasuna, la desarticulación de KAS y Ekin, los elementos de dinamización de la izquierda abertzale, el cierre del diario Egin y la captura de los integrantes de los aparatos financieros y de relaciones internacionales. Una revolución en la lucha contra ETA, ¿cómo lo vivió?

Primero se empezó atacando a los Grupos Y, es decir, la lucha armada desestructurada. Eso fue en 1995, y en 1998 fue el proyecto Udaletxe. Empezamos con el tema económico y luego el mediático, porque se utilizaba el diario Egin con una clara instrumentación de ETA. No cerró el diario por su línea editorial, porque Gara, después, fue tan duro o más y ahí sigue. El actuar en bloque contra todos los frentes causó grave daño a la organización. Más tarde, en 2002, se fue contra Batasuna y se abortaron todos sus intentos de reconstrucción.

Al menos en cuatro ocasiones detuvo a todos los dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna o de las estructuras que le sucedieron por ser integrantes de ETA. Por el caso Batasuna o por el Bateragune, todavía siguen en prisión algunos dirigentes abertzales. ¿Ahora que las pistolas han dejado de matar, puede contarnos si había un topo en la izquierda abertzale?

No sé si hubo algún topo o no. No parecía necesario. Había documentos.

Pregunto esto porque hubo grandes éxitos en detenciones como con los denominados «papeles de Susper». La policía y la justicia iban por delante de los etarras y eran detenidos cuando todavía no se habían integrado definitivamente en ETA. Se sospechó que el propio Susper, que se había fugado de un calabozo en Francia por un diminuto ventanuco, podía ser un infiltrado. ¿Qué nos puede contar?

Desconozco si hubo infiltrados, pero creo que las detenciones fueron consecuencia del modus operandi de la investigación criminal contra ETA. Cuando estudiamos a fondo los documentos que ellos elaboraban comenzamos a saber cómo pensaban, cómo actuaban. Y efectivamente, había veces que parecía que íbamos por delante de ellos. Un abogado de Batasuna me dijo: «Parece que saben lo que vamos a hacer».

Sin embargo, algunos compañeros cuestionaban sus autos por poco rigurosos. ¿Qué les diría?

Pues que se los lean, porque quien diga eso no tiene ni puñetera idea de lo que eran mis autos en el ámbito del terrorismo. No es por presumir, pero no había autos más fundados ni con tantos indicios como los míos sobre las investigaciones de ETA y su entorno.

Usted consiguió que se aceptara un dictamen policial como si fuera una pericia. ¿No hay un poco de trampa en eso?

No, y el hecho es que hoy en día, a nivel mundial es uno de los elementos fundamentales para la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado. Habida cuenta del ámbito tan impenetrable de las organizaciones terroristas y la imposibilidad de imputar con pruebas directas a los responsables de las cúpulas, nos basamos en expertos en la lucha antiterrorista para implicarles. El primero fue el jefe militar de ETA en noviembre de 1988, Francisco Múgica Garmendia, «Paquito», por el atentado contra el Cuartel General de la Guardia Civil, cuando estaba en Francia. Hoy en día, ese modo de proceder ha generado una legislación europea, una legislación española y una doctrina constante del Tribunal Supremo.

También participó en el operativo en el que se liberó a Ortega Lara. ¿Es cierto que Uribetxeberria Bolinaga quiso dejar morir al funcionario de prisiones? ¿Cómo ocurrió?

Sí, sí, porque yo le pregunté quién estaba dentro y me contestó que solamente un perro. Negó la existencia del zulo donde permanecía secuestrado Ortega Lara. Cuando descubrimos la existencia del escondrijo, le pregunté por qué había mentido y no respondió. Desveló una falta de sensibilidad por parte de quien ejercía el terrorismo de la forma más irracional.

En cambio, Uribetxeberria goza ahora de más de un año de libertad… cuando parecía que era un enfermo terminal.

Bueno, ahora dicen que no tanto, pero ahí están los exámenes médicos, y yo he dicho que por muy firmes que hayamos sido en la detención como en la condena y el cumplimiento, el derecho penal no es un derecho de venganza. Además, hay unos principios humanitarios que se deben de cumplir. Por mucho que duela a las víctimas y sea irreparable el daño que los terroristas les han producido, no podemos dejar que se convierta el derecho penal en un arma de venganza.

Por cierto, me consta que ETA proyectaba atentar contra usted en su despacho de la Audiencia con un rifle de mira telescópica y que usted aceptó servir de blanco. ¿Qué le dijo su mujer cuando se enteró?

Recuerdo aquel incidente y recuerdo lo que usted —que fue el que lo publicó— me dijo…

Ya, yo hago algo como eso, y no hace falta que ETA me mate, mi mujer me asesina. Usted fue un inconsciente y se lo dije.

Era una información bastante contrastada y es verdad que me ofrecí a hacer de cebo si me garantizaban que más o menos iba a estar seguro, que los detenían antes de que pudieran disparar.

Claro, ya supongo.

Usted lo publicó en el diario El País. No le voy a preguntar por las fuentes, pero recuerdo también…

Ya, que le habían prometido instalar cristales blindados en su despacho y luego solo pusieron un aironfix traslúcido.

Eso es.

¿Fue falta de presupuesto o de interés?

Pues no lo sé. Alguien me dijo que no daban la licencia municipal porque la instalación alteraba el vuelo de la terraza que había. Lo que hicieron fue colocar aironfix en los cristales, pero cuando entraban en el despacho los detenidos de ETA y sus abogados, hacía el vacío y las ventanas sonaban, por lo que era evidente que no los habían blindado.

¿Cómo ve ahora el final de la violencia en Euskadi? ¿Cree que habría que excarcelar a Arnaldo Otegi?

He dicho ya en más de una ocasión que no tiene sentido que Arnaldo Otegi siga en prisión. Creo que el abandono final de la violencia por parte de ETA es un hecho y que el Estado español, habida cuenta de la contribución de Otegi a favor de una solución, debe agilizar fórmulas para su excarcelación, porque se necesitan actores que trabajen en esa dirección. Sé que esta postura me va a acarrear críticas, pero me dan igual, porque Otegi debería estar fuera y lo dice alguien que fue el que decretó su prisión incondicional en 2009.

Y los condenados de ETA por delitos de sangre, ¿deberían ser acercados al País Vasco?

No veo cuál es la dificultad. La política de dispersión de presos tenía sentido en el pasado porque los terroristas mantenían su actividad. Hoy en día no creo que sea imprescindible esta política de dispersión. Por el contrario, con el final de la violencia, los presos deberían estar mucho más próximos a su entorno familiar.

Hay muchos de ellos que no han mostrado el menor síntoma de arrepentimiento.

Lo que yo le pediría a los miembros de ETA es una profunda reflexión sobre la verdad. Creo que cualquier final de un proceso de violencia debe ser con verdad, justicia y reparación. La justicia, no estarán de acuerdo ellos, pero ya se aplicó, creo que con garantías, aunque a veces, no todas; pero no ha habido verdad por parte de la organización terrorista ETA y ese es el gran capítulo que le queda. Y no vale como excusa el argumentar que otros también lo tienen que hacer. El ejemplo se hace andando. El proceso de verdad para las víctimas, además de la entrega de las armas, sería la verdadera garantía de no repetición. Ese es el contexto en el que yo creo que hay que moverse.

Muchas víctimas no van a estar de acuerdo.

Respeto y comparto el dolor de las víctimas. Soy decidido defensor de las víctimas de cualquier tipo de violencia, pero también creo que no se debe de hacer de la violencia una utilidad política, bajo ningún concepto. Ahora hay un escenario diferente que debe acabar con determinadas posturas inmovilistas.

Baltasar Garzón para Jot Down 5

1998 fue un año importante en su trayectoria. Aparte de las condenas a Barrionuevo y Vera, la Audiencia avaló que España tenía jurisdicción para perseguir los crímenes y desapariciones de las dictaduras argentina y chilena. ¿Qué supuso para usted el respaldo para investigar los crímenes de la ESMA o del Plan Cóndor?

La investigación de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena constituyó un punto de inflexión en mi carrera profesional. La naturaleza masiva de los crímenes en unas condiciones tremendas, la irracionalidad del ser humano y la situación de impunidad fue impactante. Me enfrenté a ello por iniciativa de las víctimas, pero como se demostró, ni España ni su Gobierno estuvieron nunca dispuestos a acompañar esas investigaciones. Solo en 2004, el nuevo fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó a la fiscal Dolores Delgado la persecución de aquellos crímenes.

También impulsó la detención de Pinochet en Londres por genocidio, terrorismo y torturas. Fue su gran salto a la escena internacional. ¿Colaboró con usted el Gobierno de José María Aznar o trató de obstaculizar la extradición?

No sé si fue mi gran salto o no. No me lo planteé así. Ordené la detención de Pinochet porque había que hacerlo. Tenía elementos para llevarla a cabo y las víctimas no podían ser defraudadas. Ahí empezó una aventura impresionante en la que al principio el Gobierno de José María Aznar no tuvo más remedio que acompañar y después pretendió obstaculizar, tratando de marcar las pautas en el proceso. Pinochet volvió a Chile, pero por el camino se ganó la extradición a favor de España.

En su libro Un mundo sin miedo dice usted que la competencia en el caso Pinochet era de su compañero Manuel García Castellón, pero que desconfiaba de su diligencia, por lo que admitió una nueva querella para investigar el plan Cóndor y dictó una orden internacional de detención para evitar que el dictador se escapara. ¿No se saltó las reglas del juego aunque fuera por una buena causa?

No, para nada. Desde abril de 1998 yo tenía abierta la pieza de la Operación Cóndor. García Castellón llevaba el caso de Chile y yo la Cóndor. Y es en esa pieza en la que se dictó la prisión de Pinochet.

Castellón no dictó prisión, pero sí decidió interrogarle en Londres y usted se metió por medio.

No. Castellón no cursó nunca la comisión rogatoria.

¿Qué trascendencia tuvo en Chile el caso que usted instruyó?

Pues mucha, allí se le persiguió, le quitaron el fuero, fue procesado y si no fue condenado es porque murió.

Creo que también recuperó dinero que Pinochet tenía en Estados Unidos.

Años después se abrió en España un proceso contra Pinochet y su familia por blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, tras el hallazgo de fondos en el Banco Riggs. El Senado de Estados Unidos intervino los bienes de acuerdo con la orden que yo había emitido. El banco pagó ocho millones de dólares con los que se constituyó un fondo a favor de las víctimas para que fueran indemnizadas. Fue el único dinero recuperado de Pinochet.

Del caso de los desaparecidos de Argentina, en España únicamente se pudo juzgar y condenar a Scilingo, que confesó haber participado en dos de los «vuelos de la muerte». Parece un pobre bagaje, pero tuvo gran repercusión al otro lado del Atlántico, donde le veneran, ¿no es así?

El bagaje fue muy importante. El juicio contra Scilingo, por el mero hecho de haberse celebrado, fue un hito en la lucha contra la impunidad. La condena de la Audiencia fue elevada a 1078 años de cárcel por el Tribunal Supremo. El de Cavallo, que fue entregado a Argentina, supuso que fuera condenado a dos cadenas perpetuas. La iniciativa española y la llegada de Kirchner al poder originaron una serie de medidas que acabaron con las leyes de obediencia debida y de punto final. Argentina es el único país del mundo que está juzgando por crímenes de lesa humanidad a los represores de la dictadura.

¿Qué opinión le merece la reforma de la justicia universal hecha por el Gobierno de Rajoy?

Me parece una villanía, por parte de quienes votaron esa decisión. Lo digo claramente y con todo el dolor de mi corazón. No había ningún mandato de la ciudadanía para que el Partido Popular hiciera esa barbaridad. Se hizo por intereses claramente económicos, especialmente por China.

Ya antes hubo un recorte propiciado por Israel.

Sí, en el año 2009, pero por lo menos entonces se permitía una interpretación constitucional favorable a la ley y pudimos seguir aplicando esa ley de jurisdicción universal en los casos de Guantánamo y en otros casos, pero no en los de Gaza, Falung Gong, o en el del Tíbet. Creo que es una regresión en contra de las víctimas, creo que salimos perjudicados todos los ciudadanos, pero eso solo significa que tenemos que seguir peleando para revertir esa decisión.

¿Y qué le parece la interpretación del Supremo de la norma para poder apresar a los barcos con droga que pasen por España?

Ha sido la fórmula para dar supervivencia a una ley que claramente hacía aguas por todos los sitios. Ha sido una solución de compromiso para que el descrédito internacional de España no llegara a unos límites alucinantes. Pero hacer esto y no tocar los crímenes de lesa humanidad o genocidio me parece una pura contradicción. Creo que al Supremo la jurisdicción universal le interesa bastante poco.

Usted fue también el primero en perseguir en España el terrorismo yihadista. ¿Sigue creyendo que Abu Dahdah, jefe de la célula española de Al Qaeda, participó en la planificación de los atentados de las Torres Gemelas?

No se llegó a establecer así en la sentencia, pero así lo valoré con los indicios que tenía en ese momento, que jugó algún papel. Quedaron zonas muy oscuras, con la presencia de Mohamed Atta (uno de los suicidas de las Torres Gemelas) y Ramzi Bin al Shibh (uno de los principales organizadores del atentado del 11S) en España. Lo que sí se probó fue la responsabilidad máxima de Abu Dahdah en la gestión y dirección de Al Qaeda en España.

¿Por qué cree que el periodista Taysir Alony era parte de la célula yihadista?, ¿por haber hecho una entrevista a Osama Bin Laden para Al Jazeera?

No, la entrevista fue posterior. Esa es una de las manipulaciones realizadas por el propio Alony. Para nada tuvo que ver su condición de periodista o su pertenencia a Al Jazeera. Se le investigó por su actividad para Al Qaeda en Granada con otros miembros de la célula.

Usted procesó a cuatro presos de Guantánamo, entre ellos Ahmed Abderrahman, el denominado «talibán español», con datos que proporcionaron policías españoles que fueron a interrogarles allí. Luego el Supremo le absolvió porque las pruebas así obtenidas eran ilegales. ¿No le pareció que vulneraba los derechos de los reos?

No es así. Incorrecto. El auto de procesamiento contra estas personas estaba hecho desde mucho tiempo antes y la orden internacional de detención, también, en 2001. La visita de los policías fue mucho después. Es cierto que la Audiencia tomó en consideración alguno de los datos proporcionados por los policías que luego el Supremo estableció que no podían tener validez.

Sin embargo, cuando a Ikasrien le absolvió la Audiencia y usted había reclamado a Omar Deghayes y Jamil El Banna, abrió un proceso por torturas contra los responsables de Guantánamo, unas torturas que le habían denunciado cinco años antes y por las que entonces no abrió proceso alguno. ¿Qué explicación tiene para esto?

No fue así. Fui yo el que pregunté a Ahmed Abderraman por el trato recibido en Guantánamo. Fue puesto en libertad precisamente por esa situación. Cuando reclamé a Al Banna y Deghayes, era la forma de sacarlos de Guantánamo y luego, cuando estuvieron fuera, revoqué la orden de detención. Aquí se abrió un caso por torturas en Guantánamo que es el único que seguía abierto cuando yo dejé el juzgado.

Usted ha luchado contra la tortura e incluso inició un protocolo que lleva su nombre para que se filmen los pasillos que llevan a los calabozos de los centros de detención para evitar abusos, algo que luego han adoptado otros jueces de la Audiencia Nacional, ¿no?

Sí, y algunos otros, no. Y eso es lo verdaderamente grave, que el cumplimiento de este protocolo que ha sido reconocido por Naciones Unidas todavía no ha sido aceptado por algunos jueces. Se trata de paliar la incomunicación. Se graba la detención, se permite el examen por un médico de designación de la familia con el fin de que haya un contrainforme al del médico forense y, si hay discrepancias, se valore. Esto sirve para apreciar si ha habido torturas, pero también para la defensa de los propios funcionarios cuando han sido acusados injustamente. Pero en España, la lucha contra la tortura no ha sido una de las prioridades que ha habido en la justicia y debemos realizar mayores esfuerzos. El protocolo, a pesar de las críticas recibidas, lo que demostró es que es mucho más eficaz en la lucha contra el terrorismo.

Baltasar Garzón para Jot Down 6

Decía usted en el 93 que la corrupción política es el peor mal que puede afectar a cualquier sistema, incluido el democrático, y que hay que combatirla hasta las últimas consecuencias. Mucho ha llovido desde entonces, pero sus palabras han resultado proféticas, porque parece que la corrupción ha invadido el sistema: PP, PSOE, CIU… ¿Cómo lo ve?

Sigo pensando lo mismo. La prueba es que vivimos en un magma de suciedad que si no es tan generalizado como parece, desde luego nos tiene hundidos los pies en el fango. Es inaceptable que esta situación se produzca, que los procesos por corrupción se eternicen, que políticos condenados por delitos relacionados con la corrupción sigan ocupando escaños en parlamentos autonómicos o que algunos condenados sigan sin entrar en prisión. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo contra la corrupción y tratar de recuperar la credibilidad. El ciudadano que muchas veces ha sido indiferente ante la corrupción ya no la acepta. Ejemplos como el de la familia Pujol o Urdangarin y políticos de toda índole no son los más idóneos para decir que una democracia está perfectamente consolidada.

Usted procesó a Berlusconi y su amigo Dell’Utri por el caso Tele 5. ¿Cómo se lleva un proceso contra el jefe de Estado de un país que es amigo personal del presidente del Gobierno del tuyo y que es el invitado de honor en la boda de su hija?

Pues verá, a Berlusconi no se le podía perseguir en España por tener inmunidad como primer ministro italiano, pero es que además el Tribunal Constitucional, en una discutible sentencia, impidió que remitiésemos los datos a Italia para que fuera perseguido allí, porque entendía que se vulneraba esa inmunidad. Pero después Dell’Utri fue condenado en Italia por su relación con la Mafia, tras ser extraditado desde Líbano.

Lo cierto es que el caso Tele 5 en España se diluyó y solo al final de sus vidas Berlusconi y Dell’Utri han sido condenados. ¿Qué conclusiones saca de esto?

Lo que se evidencia es que hay que cumplir la ley y que la ley es igual para todos. Berlusconi, además de frente a mí en mi juzgado, se sentó ante un tribunal de justicia italiano, fue juzgado y en este último caso fue condenado.

Pero se ha librado de algunos más.

Bueno, esto pone de manifiesto la confrontación entre política, poder económico, poder político y mediático frente a la acción de la justicia. Es un conglomerado bastante importante como para merecer toda una entrevista sobre él.

Otro caso importante fue el proceso de Sogecable, contra Jesús de Polanco, aunque usted no era el instructor. Sin embargo, usted se abstuvo de conocer la recusación de Gómez de Liaño y aquello fue el fin del caso, el principio de la condena por prevaricación del entonces juez y el fin de su amistad con él. ¿Qué me puede contar?

Yo tenía conocimiento de datos externos que podían influir en mi imparcialidad. Expuse los hechos que conocía y la Sala de Gobierno de la Audiencia me aceptó la abstención. Luego, por lo que yo desvelé el fiscal del Estado abrió un proceso de investigación que el Supremo archivó tiempo después. Luego, ajeno a eso, se celebró el juicio contra Gómez de Liaño, donde comparecí como testigo a petición de la defensa.

En los años del pelotazo y de las vacas gordas de la economía ya se hablaba de regeneración ética y honradez profesional. ¿Qué habría que cambiar para castigar ejemplarmente a los corruptos, que devuelvan lo robado y apartarlos de la política?

Yo creo que lo que habría que hacer es cumplir las leyes. Todo está previsto, lo que ocurre es que algunos siguen dictando normas que saben que no van a aplicar nunca. Si todas las normas y leyes que están en vigor se cumplieran y se hicieran cumplir no habría necesidad de investigar la corrupción, porque esta no existiría.

¿Existe alguna fórmula para devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones?

Sí, con más participación de los ciudadanos. Es el momento de que las estructuras políticas cambien. No se trata de votar cada cuatro años y algunos, nunca, porque no les interesa. Pero seguro que si les proponen participar en la actividad de la sociedad a la que pertenecen y en un control efectivo de la política de su país, van decir que sí. Hay que establecer mecanismos de participación y de control efectivos en ámbitos como en la designación de cargos públicos para el Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas. Esto tiene que ser serio y no un patio de monipodio donde unos cuantos se reparten el poder en las distintas estructuras de la organización del Estado.

Crímenes del franquismo, escuchas de la Gürtel y patrocinios de NY

Dígame, ¿qué ha pasado para que en 2002 fuera propuesto para el Premio Nobel de la Paz, en 2009 fuera calificado de «cruzado de la ley» y designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy y que en 2012 fuera expulsado de la judicatura?

Ahí hay muchas secuencias y todas ellas son compatibles, incluso la última que es una acción manifiestamente injusta y arbitraria contra alguien que lo único que hizo fue interpretar la ley de forma racional y mesurada. Yo adopté una medida de acuerdo con las fiscales que participaban en la causa, y que luego fue ratificada y ampliada por el juez que me sustituyó. Podían haber dejado sin efecto la medida. Todavía no sé por qué se produjo la condena del Supremo, pero creó un delito donde no lo había. La he aceptado, pero la sigo combatiendo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo demás supongo que obedece al reconocimiento a mi trayectoria profesional.

¿Es cierto que el detonante de todo es el proceso penal que usted abrió por el plan sistemático de exterminio de los ganadores de la Guerra Civil que dejaba sin contenido la ley de memoria histórica? ¿Todo empezó por darle un escarmiento?

No es así. Es vulgarizar demasiado. La ley de memoria histórica tiene su ámbito de aplicación. Para nada afecta a la ley la acción judicial promovida por las víctimas y que a mí me correspondió por reparto. Yo intenté una reparación para las víctimas, una posible justicia allí donde fuera posible…

¿Usted no cree que fueron los suyos los que le pusieron la primera zancadilla?

No. ¿Los míos? ¿Quiénes son los míos? ¿Dentro de la propia justicia? Allá cada cual con su conciencia. Yo tomé la decisión que tenía que tomar. Sin embargo, ahora las víctimas siguen sin reparación, y la ONU nos da la razón de que es posible la verdad y la justicia en España.

¿Así que usted cree que a raíz de la investigación de la Operación Gürtel, con las comisiones que afectan al PP en Madrid, Valencia y Baleares, entre otros sitios, la derecha decidió acabar con usted?

Creo que fue un conjunto de circunstancias. Se cruzaron ajustes de cuentas dentro de la propia carrera judicial, con otras formas de entender lo que es una investigación judicial. Recuerdo la anécdota de ANV, cuando suspendí sus actividades y el letrado Iñigo Iruin decidió no acudir a la vista en el Supremo porque yo ya les había cortado hasta la luz. Alguien pensó que yo lo hacía por adelantarme, pero no. Hay que ver la secuencia de toda la investigación. Eran acciones compatibles.

Igual alguien en el Supremo no lo vio así.

Si no lo veía igual lo tiene que analizar consigo mismo por la noche cuando duerma con su almohada. Yo no interfería en la labor del Supremo. Y todas las decisiones que tomé en la Gürtel fueron de la mano con los fiscales. Los jueces que me sucedieron ratificaron mis decisiones. Entonces, ¿por qué yo sí y los demás no?

Usted era el único que no sabía lo que iban a hacer con usted.

No, sí lo sabía.

Baltasar Garzón para Jot Down 7

Usted conoce, porque lo publiqué en El País el 27 de febrero de 2012, bajo el título «Un arúspice en palacio», que un magistrado del Supremo me explicó en abril de 2010 qué iba a pasar con las tres causas que estaban abiertas contra usted: que sería condenado y expulsado de la carrera por las escuchas de la Gürtel, que enlodarían su imagen con el caso del patrocinio de los cursos de Nueva York, aunque no había nada delictivo y que sería absuelto en el caso de los crímenes del franquismo para no deteriorar el prestigio del Supremo, como así ocurrió. ¿Usted era el único que no sabía qué iba a pasar?

Sí, pero eso era evidente. Los que están cerca de mí saben que desde el primer día les dije lo que iba a suceder. Para mí, lo más escandaloso fue que el juez que estaba investigando el caso de Nueva York (Manuel Marchena) formara parte del tribunal que me juzgó por las escuchas de la Gürtel y en medio de la deliberación dictara una resolución para transformar el procedimiento y dos días después de la sentencia, lo archivara por prescripción. Lo mantuvo abierto dos años y decidió en un caso cuando estaba deliberando en otro. ¿Dónde está la imparcialidad ahí? Pues ahora acaba de ser nombrado presidente de la Sala Segunda del Supremo.

O el teórico progresista Luciano Varela…

O Luciano Varela, que, siendo instructor de la causa del franquismo, también formaba parte de este tribunal. ¿Usted cree que puede haber imparcialidad ahí? Me han dicho que se oían gritos insultantes ante la posibilidad de mi absolución.

¿Son gajes del oficio?

Pequeñas infamias que a mí ya no me merecen la pena.

¿Qué le parece que el caso Gürtel no haya sido juzgado todavía y que usted, que fue su primer instructor, hace dos años que está fuera de la judicatura?

Esa es la contradicción. No tiene sentido, porque podía haberse decidido que primero se juzgara la Gürtel, se viera el resultado y luego se juzgara si se había hecho bien o no. En todo caso, llama la atención que el único condenado por el caso troncal de Gürtel sea el juez que lo sacó a la luz.

La condena por prevaricación lo fue por haber ordenado las escuchas de varios presos y de sus abogados en prisión. Si, como dice el Supremo, sabía que era ilegal, ¿por qué lo hizo?

Es que no era ilegal. El Supremo sabe que no era ilegal. Lo que yo hice fue interpretar la ley. Las medidas fueron pedidas por las fiscales, y mantenidas por el juez que continuó con la investigación. En la resolución, que tenía como finalidad prevenir nuevos delitos, se hacía constar que dejaba a salvo el derecho de defensa y esa salvaguarda se hizo efectiva. Por eso no creo que sea una decisión justa la adoptada por el Supremo.

El Supremo no molestó, ni siquiera tomó declaración al magistrado Pedreira que prorrogó la decisión, ni a las fiscales anticorrupción que solicitaron la medida. ¿Cree que hubo un distinto rasero a la hora de medir?

Pues habría que preguntárselo a los distintos magistrados si a día de hoy siguen pensando que actuaron bien. Que ¿por qué no lo hicieron?, pues no lo sé. No deseo ningún mal para mi colega Pedreira, pero lo cierto es que ratificó y amplió las medidas que yo había adoptado.

¿Cree usted que la justicia es igual para todos? ¿Qué opina del caso Urdangarin y la imputación de la infanta Cristina?

Más allá del caso Urdangarin y la imputación de la infanta, la justicia en España y en la mayoría de los países del mundo no es igual para todos. Es obvio. Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría. Hay una justicia de élite y otra para aquellos que carecen de todo. Ese es el combate que tenemos que dar. Conseguir realmente que haya una justicia social verdadera y una acción judicial realmente independiente, imparcial y realmente protectora de los derechos de aquellos que más lo necesitan y no que se nos pongan esas garantías tan absolutas cuando los que se enfrentan a la justicia son los poderosos.

El ejecutivo de Aznar indultó inmediatamente al juez Gómez de Liaño, y, a pesar de los servicios que usted ha prestado al Estado, el de Rajoy le ha denegado el suyo. ¿Qué tiene que decir?

Pues que no me interesa para nada lo que haga el Gobierno en ese aspecto. Agradecí públicamente a Medel (Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) por la petición que había hecho. No me pronuncié sobre el indulto de Gómez de Liaño y en cuanto al mío, no lo pedí. Me hubiera sentido incómodo con un indulto dado por quienes a lo mejor se tendrían que haber abstenido.

Por cierto, ¿qué le parecen las reformas en la justicia (tasas, Consejo del Poder Judicial, Código Penal)?

La ley de tasas es un ataque a la igualdad ante la ley y dificulta claramente el acceso a la justicia en los ámbitos civil, laboral y contencioso. La ley del poder judicial tiene aspectos positivos y otros muy negativos. Yo ahí sería radical y daría entrada a la elección directa y universal de los miembros del Consejo del Poder Judicial y daría entrada a consejos de participación ciudadana. Estamos hartos de oír que la justicia se imparte en nombre del pueblo, pero el único que no puede elegir es el pueblo.

Nadie lo va a cambiar mientras los partidos mayoritarios puedan seguir controlando a los vocales elegidos.

Se trata de hacer un órgano independiente y para garantizar esa independencia ofrezco la solución de lo que debería ser.

¿Qué opina del proceso soberanista de Cataluña?

Yo respeto el derecho a la consulta del pueblo catalán y que debemos estar donde estamos si queremos estar. Pero debería ser posible avanzar y buscar la fórmula para que esa consulta se realice, es decir, potenciar el diálogo con respeto a la legalidad. La solución iría por la adopción de un modelo federal.

¿Tiene alguna opinión sobre el ascenso de Podemos?

Pues que es la respuesta a una acción política decrépita en la mayoría de los casos, a un reparto entre los aparatos de los diferentes partidos políticos y que los ciudadanos quieren más participación, más democracia y que se cumplan los contratos electorales. Eso es lo que ha hecho que una acción como la de Podemos tenga una gran intención de voto. Eso no es populismo, sino un mensaje clarísimo a las demás estructuras partidarias. Mucha gente está poniendo en cuestión el sistema y lo que hay que hacer es pararse a pensar y ponerle remedio.

Ahora que ya no es juez, creo que vive en un avión. Ha montado un bufete de abogados, ha creado una fundación que lleva su nombre, asesora a varios países sudamericanos, da clases de derecho en Seatle y es abogado de Assange, el fundador de Wikileaks. Parece que hay vida más allá de la judicatura…

Me absorbe el trabajo como abogado y la fundación. Tengo rango de subsecretario de Derechos Humanos en Argentina, estoy al frente del Centro de Promoción Internacional de Derechos Humanos de Unesco en Argentina. Y sigo siendo abogado de Assange.

¿A qué se dedica su fundación?

Tiene sede en cuatro países: México, Argentina, Colombia y España, y se dedica a la promoción de los derechos humanos y la educación sobre esos aspectos, desarrollo de proyectos en esos países contra el crimen organizado, corrupción y trata de seres humanos, apoyo a pueblos indígenas y promoción de la jurisdicción universal.

¿Qué es lo que más le llena de sus nuevas tareas?

Todo.

Por último, dígame, ¿es usted feliz?

Sí, aunque podría serlo más.

Baltasar Garzón para Jot Down 8

Fotografía: Guadalupe de la Vallina


España; gran idea, ciudadanos equivocados

Una imagen de la Diada de 2014. Foto: Cordon Press.
Una imagen de la Diada de 2014. Foto: Cordon Press.

Hubo dos momentos llamativos en la entrevista de Ana Pastor a Artur Mas del pasado domingo en La Sexta. Y eso a pesar de esa cansina matraca televisiva que obliga a los presentadores a forzar el titular viral en cada frase. O a interrumpir al entrevistado a las bravas cuando la histeria espasmódica que ellos llaman «ritmo» decae. En breve las entrevistas en televisión las hará un mono con una ametralladora. Para mantener la tensión y tal. A fin de cuentas, la televisión española es entretenimiento, no periodismo, y ese libro de (mal) estilo audiovisual que la tele ha copiado de internet y que internet heredó de la tele en una espiral de chorrez que desemboca en la más absoluta gansada no se lo ha inventado Ana Pastor. Que, por otro lado, parece una buena periodista infiltrada en territorio enemigo.

El primero de esos momentos llamativos es cuando Pastor charla con Javier Sardà en el AVE como prólogo a la entrevista a Artur Mas. Durante esa charla, Sardà pilla por sorpresa a la presentadora y le pregunta si ella tiene un «gran sentimiento patriótico». La respuesta de Pastor es la de muchos ciudadanos españoles cuando se les pregunta por sus vínculos sentimentales con España: el «paso turno». «Yo tengo sentimiento… hacia mi hijo», dice ella. En términos toreros, eso es una chicuelina de manual: el matador se enrosca en el mismo capote con el que acaba de azuzar al toro.

El segundo momento son en realidad tres momentos. Ana Pastor le pregunta a Javier Sardà si en Cataluña se ha «medio manipulado» a los catalanes. Me gusta mucho eso de «medio manipulado». Así se le pone el condón a una palabra, con desparpajo. Pero a Sardà no le gusta la pregunta y le sugiere a Pastor «ponerlo bonito» y decir más bien que a los catalanes «los han convencido». Pocos minutos después, Julia Otero suplica un poco más de respeto por la inteligencia de los ciudadanos. Dice Otero que «uno no puede ir por ahí diciendo que los que salen a la calle son manipulados, que es una masa aborregada y adocenada, y que la culpa es de Mas. Eso no se sostiene ni aquí ni en ningún sitio. No podemos considerar que el votante es imbécil». A pesar del afán pedagógico de Sardà y Otero, a Pastor le falta tiempo para soltarle a Mas la expresión «calentar a la gente». Mas se pone firme ante lo que sugiere el término —que los catalanes son gilipollas y que él se ha aprovechado de ello— y la presentadora se ofrece, educada, a «cambiar el verbo».

El caso es que Ana Pastor insiste hasta tres veces en poco más de diez minutos en el argumento de la manipulación. Una manipulación que habría conducido a unos catalanes anteriormente reacios o indiferentes a la idea del independentismo a pedir ahora la separación de un país… por el que Ana Pastor es incapaz de demostrar el más mínimo sentimiento incluso en el contexto de una charla informal. Fíjense bien. Antes incluso de empezar la entrevista, Ana Pastor ya se ha quedado sin ella. El titular se lo doy yo: «Una atea le reprocha a un ateo su indiferencia frente a la idea de dios».

En otras palabras. Cuando un español siente indiferencia hacia la idea de España, está ejerciendo su libertad personal a sentir lo que le sale de las gónadas. Cuando es un catalán el que siente exactamente esa misma indiferencia, está siendo manipulado.

Siendo los catalanes tan fácilmente manipulables, digo yo que todo lo que deberían hacer los españoles para acabar de un plumazo con el soberanismo es demostrar un poco de entusiasmo por su propio país cuando son preguntados al respecto. Eso no requiere que los españoles respondan a la pregunta de Sardà levitando al oír la palabra «España», pero no estaría mal un sencillo «no entiendo qué quieres decir con “gran sentimiento patriótico” pero creo que vale la pena conservar buena parte de lo conseguido por los ciudadanos españoles a lo largo de los últimos cuarenta años». Con esa frase, tan pragmática ella, no puede sentirse ofendido ni uno de ERC, oigan. Pero si ni de eso somos capaces, ¿cómo esperamos que los catalanes dubitativos se suban al carro de la españolidad? Javier Marías decía hace unos días en La Vanguardia que «si saliera la independencia, a mí personalmente tampoco es que me importase demasiado». Pues si a él le toca un pie, imagínense a Pilar Rahola y compañía.

El caso es que yo también opino, supongo que al igual que Ana Pastor, que los afectos personales son los únicos realmente merecedores de atención. Y eso es perfectamente compatible con el reconocimiento de la existencia de otro tipo de afectos. Son los afectos que no se dirigen hacia las personas sino hacia determinadas abstracciones, como la de dios o la de la nación. Pero no son afectos excesivamente importantes y yo aconsejaría esquivar en la medida de lo posible a cualquier persona que insistiera más de lo razonable en ellos o que no estuviera dispuesta a traicionarlos por una buena causa. Por mi parte ni los considero. Si se quemara mi casa y solo pudiera escoger un objeto que salvar, escogería el iPhone antes que la unidad de España. Al menos el iPhone ha sido fabricado por artesanos con cariño por su propio producto.

Hablando de cariño. Creo que no soy el primer catalán al que le merecen mucho más cariño los españoles, y especialmente aquellos a los que conozco personalmente, que la idea de la nación española. Aunque solo sea porque los primeros son reales y la segunda una ficción administrativa. Como la de Cataluña, por supuesto. ¿O se creían que este era un artículo partidista?

Es por eso que me sorprende la insistencia de algunas personas, por otro lado perfectamente sensatas, en esa «trama de afectos» que en teoría va a quedar aniquilada si los catalanes se independizan.

Porque yo entiendo los argumentos económicos. Y muy bien que los entiendo. Tengo por ejemplo meridianamente claro que Cataluña quiebra a los cinco minutos de independizarse de España y que España lo hace solo dos o tres minutos más tarde.

Pero… ¿las tramas afectivas? ¿Cómo es de ceniza la vida de las personas que sostienen ese argumento para que su trama de afectos dependa de los vínculos administrativos que los ciudadanos establecen o dejan de establecer con el funcionariado de turno?

—Lo nuestro es imposible, tú estás empadronada en el distrito de Poble Sec y yo en el de Ciutat Vella.
—¿Te has sacado el carnet de conducir? Pues que te follen.
—Hijo mío, estás desheredado: haberlo pensado antes de darte de alta como autónomo.
—¿Cómo que esto no es lo que parece? ¡Eso que asoma debajo de las sábanas es una cédula de habitabilidad como un campanario!.
—Pe… pe… pero, ¿la doble nacionalidad? ¿Y desde cuándo conoces a esa zorra?

En realidad, la idea más interesante de la entrevista de Ana Pastor a Artur Mas es de Julia Otero cuando dice —cito de memoria— que en Madrid «se está haciendo un mal diagnóstico de la situación». Ya sé que resulta difícil de creer fuera de estos pagos, pero Otero lo niquela.

En Madrid, sí, no se ha entendido nada de lo que ocurre en Cataluña. Tampoco es tan extraño: lo de Podemos también les pilló en Babia. A esta gente le hace falta ayuda porque no da para mucho más y la intelectualidad unionista catalana, que la hay y por cierto bastante inteligente en todos aquellos temas que no les rozan los callos de sus neurosis, está haciéndole un flaco servicio al perseverar machaconamente en el equívoco de que este es un conflicto de identidades provocado por un nacionalismo periférico al que debe responderse jurídicamente. Y ahí anda España, esperando en el campo de batalla equivocado a que aparezca un ejército catalán que no va a hacer acto de presencia porque anda desfilando tan campante en dirección contraria.

Porque el campo de batalla no es el de la legalidad. Si me apuran, ni siquiera el de la legitimidad. Tampoco es el de la identidad, o el de la historia, o el de la economía, o el de la pertenencia a Europa. Sino el de la incapacidad de las elites castellanas para construir un relato atractivo de país que incruste la idea de la nación española en el imaginario colectivo de todos los ciudadanos y no solo en el de los ya convencidos de antemano. Y menciono a las elites castellanas porque yo a la España de la que se habla en las calles de Jerez de la Frontera, Oviedo o San Sebastián me apunto sin demasiados reparos. Pero a la España de la Corte no la rozo ni con un palo de pinchar nubes.

Tampoco me estoy inventando nada nuevo. David Gistau escribía el miércoles en ABC que «la simpatía nacionalista era una piedra pómez para sacarse España de la piel como Camba pedía en las saunas turcas que le rascaran el catolicismo». Y remataba luego: «En España solo se trató de fabricar orgullo con la coartada inocua, infantil, del deporte, aunque fuera rebajando el concepto español, igual que se rebaja el vino demasiado fuerte con agua, con eufemismos como “La Roja” y “La Eñe”. Años después de semejante fracaso pedagógico, nos encontramos con que España no dispone de una emoción con la que hacer contrapeso a la del independentismo, que firma sus papeles con los ojos anegados de lágrimas». El diario El País editorializaba al día siguiente esto: «Hay ataques [del Gobierno central] que son encajados con regocijo por quienes los reciben y eso es lo que ha producido la escasa y triste comunicación gubernamental que ha intentado contrarrestar el torrente propagandístico de Mas. Frente a un conjunto compacto e insistente, omnipresente y persuasivo, que vende la idea de independencia como la panacea para todos los males, el Gobierno ha erigido —sobre la base de la inconstitucionalidad indiscutible del proyecto— un sencillo e inútil conjunto vacío: nada (…) ¿Qué rendimiento político obtendrá si ni siquiera se ha planteado ganarse los corazones y las mentes de la mayoría de los catalanes?».

Supongo que la respuesta de un salvapatrias a eso sería que a España no le hace falta construir un relato de nación, una épica, porque España ya existe. Quizá eso sea cierto. Quizá a este país le baste y le sobre con un ordenamiento jurídico similar al de sus vecinos europeos para seguir existiendo, incólume y eterno, hasta el fin de la historia. Es un argumento circular: como la España democrática moderna es y nace de ese ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico impide en la práctica que España sea otra cosa, España es eterna. Una nación perpetuum mobile que funcionará para siempre a partir de un impulso inicial —la Constitución— y sin necesidad de aporte externo alguno de energía. Es decir sin necesidad de la convicción de sus ciudadanos, que por lo visto están ahí a mayor gloria de LA IDEA. «Gran idea, especie equivocada» decía E. O. Wilson del socialismo, ese sistema político maravillosamente diseñado… para las hormigas.

Yo es que no creo en las hadas: España no existe allí donde sus ciudadanos no creen en ella. En este sentido, Cataluña es independiente desde hace años.

España, en definitiva, es en la actualidad poco más que un ordenamiento jurídico granítico bajo el ala de una monarquía medieval defendida por un ejército de abogados del Estado dispuestos a tirar del campanario a la primera cabra que se salga del rebaño. Del Tribunal Constitucional ni hablo que me entra la risa tonta.

¿Pero cómo pueden no verlo? El positivismo jurídico al que tanto se aferra el unionismo —aquí también hay una disputa secundaria, y muy interesante por cierto, entre positivismo y iusnaturalismo— no tiene sentido si no tiene en cuenta la existencia de los mitos y su impacto en la realidad. Que lean a Karen Armstrong: Una historia de dios. Ahí está todo.

Dice Armstrong que cuando una determinada idea de dios ya no sirve a los fines para los que fue creada es sustituida por una nueva idea de dios más atractiva. También más joven, mucho más agresiva y extraordinariamente más contagiosa. Es lo que ocurrió cuando el monoteísmo aplastó en las sociedades más avanzadas de la época al politeísmo. Es lo que ocurre con las lenguas. Es Uber contra el sector del taxi y Airbnb contra el lobby hotelero. Es Podemos, por supuesto. También lo es el independentismo catalán, aunque joda leerlo. Solo hay que atender al poder de convocatoria en las calles de la idea Cataluña y al de la idea España. Las calles no son urnas, cierto, pero a partir de determinado quórum se le parecen bastante.

La nación catalana es una fábula, sí. Pero se trata de una fábula especialmente resiliente y que se las ha arreglado para renovar de forma periódica el sentimiento de pertenencia de una amplia mayoría de sus ciudadanos. Al contrario de lo que ha hecho España, especialista en boicotearse a sí misma —«España es un concepto discutido y discutible»— y a la que ya no defienden ni los propios españoles en horario de máxima audiencia.

Y por eso me sorprende la obesidad mórbida de los argumentos que tachan de prehistórico al catalanismo oponiéndolo a una supuesta modernidad europea en la que el concepto de nación ha quedado definitivamente diluido y bla, blu, bla. Aquí somos europeos solo para lo que nos conviene: el referéndum de independencia escocés lo debieron de celebrar en Papúa Nueva Guinea, por lo visto.

Por suerte o por desgracia, las ideas —las buenas, las malas y las peores— no son realidades objetivas que mueren cuando la historia las demuestra racionalmente falsas. Son memes. Entes que mutan y pulen aristas. Virus susceptibles de reactivación que permanecen congelados durante decenas de años hasta que las condiciones externas favorecen su deshielo. Y al virus del catalanismo le está cayendo encima una solana de justicia mientras al mamut del españolismo se le anda protegiendo en su permafrost de los rayos del sol con una muralla de ejemplares de la Constitución.


Tsevan Rabtan: Inmersos y sordos

Intentaré no sonar demasiado melancólico. Lo digo porque la sordera voluntaria es una de las cosas que más melancolía nos produce cuando intentamos discutir y escuchar las razones del otro.

Antes de seguir, les voy a pedir que escuchen una conversación entre Julia Otero y Antonio Naranjo. Pueden saltarse el comienzo e ir al minuto 8, que es el momento en el que comienzan los dos periodistas a discutir sobre la inmersión lingüística en Cataluña.

Sí, es verdaderamente espectacular. El periodista Naranjo pregunta algo bien sencillo y Julia Otero le contesta: en Cataluña no puede ningún niño, en una escuela pública, estudiar en español. El periodista Naranjo concluye que esto le parece, dentro de España, una gran anomalía y entonces Julia Otero se supone que contraargumenta, pero, en realidad, desde ese momento decide olvidar lo que acaba de escuchar y empieza a pegar manotazos, poniendo en boca del otro lo que el otro no ha dicho. Así:

1.- Garantiza al interlocutor que ese niño hablará perfectamente en castellano, cuando no se ha discutido si aprendería español, sino si podría aprender en español.

2.- Asegura que aprenderá al mismo ritmo que sus compañeros catalanoparlantes, cuando esto es simplemente absurdo. Si no hablas un idioma y se usa ese idioma para enseñarte tardarás (más o menos, dependiendo de los medios y de la capacidad del niño) un tiempo en situarte al nivel de tus compañeros y al principio tu aprendizaje se resentirá.

3.- Recuerda al interlocutor que solo doce familias han “protestado severamente”. Cuando Naranjo reproduce el argumento que se dio en el caso del matrimonio homosexual, que los derechos no dependen del número, Otero dice “sí”, pero a continuación añade “solo doce familias”. Esta parte me gusta especialmente, porque la periodista no va a renunciar a un argumento que le servirá en otra ocasión, cuando se trate de defender a transexuales o veganos, así que, sin renunciar, simplemente empieza a cantar, como los niños chicos, nanananana, mientras se tapa los oídos. Por cierto, hay algo fantástico en la respuesta, el uso del adverbio “severamente” por parte de Julia Otero. Démosle la vuelta: si solo doce familias han protestado ¿por qué no darles lo que piden? Quedaría así clarísimo que, en Cataluña, la opción de aprender en español es tan enormemente minoritaria que no se podría ni abrir una clase. Naturalmente, no se quiere hacer porque el argumento es falaz. Solo hay doce familias que han sido tan tenaces (gastando energías, tiempo, dinero y paz) como para plantear esta cuestión, incluso sorteando el miedo a una posible respuesta brutal del entorno, como, por ejemplo, que se les acuse de “maltratar” a y “abusar” de sus hijos ¿Cuánta gente no habrá pensado algo similar de un padre que decide “judicializar” a sus hijos y señalarlos como esos que pretenden acabar con el sistema de todos? La verdad es que resulta muy simple probar la irrelevancia de esas familias: que el sistema exista y esté realmente disponible. En ese momento veríamos si las doce familias no se convierten en miles.

4.- Acusa Otero a su interlocutor de no ser inteligente y de no estar encantado de que su hijo “amplíe sus conocimientos y sea bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe si hace falta”. Es maravilloso. Sigamos, sigamos, ¡o que sepa treinta idiomas y bata el récord Guinness de poliglotismo! Lo chocante es que acusa Otero a su interlocutor de reivindicar el “derecho a no aprender”, de decir “no quiero que mi hijo aprenda catalán”, y ello pese a que Naranjo haya comenzado diciendo que a él le parece bien que se enseñe, a todos los niños, catalán, en la escuela pública catalana. Es decir, Otero acusa a su interlocutor de justo lo contrario de lo que ha dicho expresamente desde el mismo comienzo de la entrevista. Ese argumento, por cierto, también me encanta. Venga, démosle también la vuelta: si todos los niños, ahora, terminan dominando perfectamente (o al menos al nivel de los restantes niños de España) el español, estudiando en catalán, ¿por qué no van a dominar el catalán estudiando en español?

5.- Otero, con renovadas energías, y siguiendo la línea de la falta de inteligencia de Naranjo, añade que “es curioso que enviemos a los niños a estudiar al extranjero” y nos parezca mal estudiar otras lenguas en España. Naturalmente, que Naranjo siga insistiendo en que le parece bien que en Cataluña todos los niños aprendan catalán le da igual. ¿Para qué estropear un argumento por una razón tan nimia como que el otro no haya afirmado lo que tú dices? Y, por cierto, Naranjo añade que la anomalía se da porque “aún” Cataluña es España, no es el extranjero. Es obvio que si uno se va a vivir a Finlandia no puede exigir que se enseñe a sus hijos en la escuela pública de ese país, en catalán o en español.

6.- Finalmente, Otero usa el argumento comodín: “no vives en Cataluña” y “aquí no hay problemas y conflictos lingüísticos”. Que Naranjo no haya afirmado eso le da igual, porque según Otero —cosa que ignoro— lo ha afirmado el ministro Wert. Como puede verse, la sordera alcanza ya el punto más elevado, puesto que, para defender la propia opinión frente a los argumentos de otro, basta con poner un paréntesis y cambiar la cara de Naranjo por la cara de Wert y dejarlo completamente calvo.

Yo creo que hay muchas personas que saben que, efectivamente, es una anomalía que en España un niño no pueda aprender en español (lengua materna por cierto de muchas personas que viven en comunidades autónomas con lengua cooficial) e intentan ocultar esa cuestión mareando la perdiz e inventándose una supuesta agresión a la enseñanza en catalán, que evidentemente no existe. Esas personas creen que una manera eficaz de promover el catalán es obligar a utilizarlo como lengua en la enseñanza, pero, como esto produce esa anomalía evidente, la obvian, convirtiendo al que se la plantea en un bobo ignorante que no quiere que sus hijos amplíen sus conocimientos y que defiende a una escasa docena de familias (y ello pese al extraño dato de que el PP y Cs hayan obtenido en las últimas elecciones unos cuantos cientos de miles de votos). Esa conversación radiofónica es un ejemplo muy claro de esto.

Curiosamente, creo que la queja, en esta ocasión tiene un punto de fundamento. Cuando se anunció que Wert tenía un borrador —qué racha de borradores— se montó la marimorena. En ese momento, algunos periodistas y algunos líderes políticos (por ejemplo, Albert Rivera que, en Twitter, utilizó el término “equitativo”) dijeron que el modelo de Wert aplicaba literalmente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña.

Para comprender por qué esto, en mi opinión, no es cierto, hay que recordar qué se proponía originalmente (ahora ya no sé muy bien en qué momento se sitúa la discusión). Wert proponía que se utilizasen ambas lenguas de forma equilibrada y proporcional, para evitar que se produjese una exclusión práctica del español. Y además se añadía la novedad de que la Generalitat tuviese que pagar la escuela privada en español cuando no hubiese una oferta educativa pública. Se trata de dos cuestiones diferentes, como veremos.

En cuanto a la primera, la interpretación que hace Wert (y los que afirman que el borrador recoge la doctrina del TC) es, en mi opinión, errónea y excesiva, ya que, efectivamente, utiliza los adjetivos, pero equivoca los sustantivos. La sentencia del Tribunal Constitucional trata esta cuestión al analizar la constitucionalidad del artículo 35.2 del Estatuto:

24. (…) El problema de constitucionalidad reside, pues, en determinar si las expresiones que se acaban de transcribir implican, como consecuencia necesaria, la negación al castellano de su condición de lengua vehicular en la enseñanza. Es doctrina de este Tribunal que «no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (…). En este sentido, nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza. Hemos descartado desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza. (…) Se hace preciso, en definitiva, cohonestar en este ámbito el objetivo de la adecuada normalización lingüística de las lenguas cooficiales, por un lado, con el derecho a la educación, (…) Siendo así que ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas. Por tanto resulta perfectamente «legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo», aunque siempre con el límite de que «ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma» (…) Cierto que el apartado 1 del art. 35 EAC omite en su literalidad toda referencia al castellano como lengua docente. Sin embargo, no puede entenderse que su silencio en punto a una circunstancia que resulta imperativamente del modelo constitucional de bilingüismo obedezca a un propósito deliberado de exclusión, puesto que el precepto estatutario se limita a señalar el deber de utilizar el catalán «normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria», pero no como la única, sin impedir por tanto –no podría hacerlo– igual utilización del castellano. En consecuencia, el segundo enunciado del art. 35.1 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que con la mención del catalán no se priva al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Por lo mismo, el solo reconocimiento de un derecho a recibir la enseñanza en catalán (primer enunciado del apartado 1 del art. 35 EAC) no puede interpretarse como expresivo de una inadmisible voluntad legislativa de excepción, de suerte que la interpretación constitucionalmente admisible es la que conduce a la existencia de ese derecho a la enseñanza en castellano. (…) En consecuencia, el apartado 1 y el primer inciso del apartado 2 del art. 35 EAC admiten una interpretación conforme con la Constitución en el sentido de que no impiden el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.


Disculpen que la cita sea tan larga. Simplemente intento dejar claro qué es lo que, en mi opinión, mantuvo el TC en su sentencia. Como es evidente, siendo ambas lenguas cooficiales y resultando obligatorio el conocimiento del español conforme a la Constitución, cualquier sistema educativo en el que el alumno no aprenda español sería inconstitucional. Ahora bien, este objetivo se consigue enseñando lengua española, aunque toda la enseñanza (salvo, lógicamente la propia de esa asignatura) lo fuese en catalán.

Lo que hace el Tribunal Constitucional es añadir que, al ser el español lengua cooficial, las autoridades educativas han de garantizar que exista una opción en la que se utilice el español como lengua vehicular. Ahí es donde está el equilibrio, la proporcionalidad y la no exclusión del español. La Generalitat ha de ofrecer a aquellos padres que lo soliciten enseñanza en español, no solo de español. Esto no implica que en el modelo en el que el catalán sea vehicular, sea obligatorio que un porcentaje (equitativo, equilibrado o proporcional) de las asignaturas se den en español (como sucede por ejemplo en el modelo bilingüe que hay en la Comunidad de Madrid, en el que ciertas asignaturas se dan en español y otras en otros idiomas, como el inglés o el alemán). No, lo único obligatorio (para que no se produzca una exclusión del español) conforme a la sentencia dictada es que los niños catalanes aprendan español y que puedan estudiar en español si sus padres lo desean.

En ese sentido, la propuesta de reforma del ministro Wert (al menos al principio) parecía ir más lejos, seguramente invadiendo competencias autonómicas, ya que pretendía que el equilibrio o la proporción razonable se extendiese, desde el conjunto del sistema, al propio modelo en el que se usa la lengua catalana como vehicular. No. Una vez que uno escoge el catalán como lengua vehicular, la administración solo está obligada a que el alumno aprenda castellano.

Pese a lo anterior, son llamativas —o quizás no tanto—, ciertas reacciones sobre esta cuestión, que está todavía discutiéndose, y que revelan una sobreactuación interesada y casi histérica. Y lo es que una administración que se pasa por el forro de la entrepierna las sentencias dictadas invoque la legalidad constitucional. Sobre todo, porque la segunda parte, esa que impone el pago de escuelas privadas cuando alguien opte porque la lengua vehicular sea el español, esa sí se atiene a lo que dice el Tribunal Constitucional.

El asunto no tiene vuelta de hoja: para respetar las sentencias y la Constitución, se debe ofrecer de manera real y efectiva un sistema en el que el español sea lengua vehicular.

Cualquier otra cosa es saltarse la ley, inventarse excusas y hacerse el sordo. Básicamente lo que viene haciendo el Gobierno catalán desde hace décadas.


Manuel de Lorenzo: Oro parece, el Estado Autonómico es…


Últimamente, en esa inevitable pero presumiblemente estéril tarea en que ha devenido la incesante búsqueda de responsables del desastre económico español, parece que algunas brújulas han encontrado otro norte más en las Comunidades Autónomas. Ya sea en la prensa escrita, en tertulias televisivas y radiofónicas o en debates de barra de bar —la opinión económica, como la futbolística, parece haberse convertido en una mera cuestión de colores—, la organización del Estado en diecisiete autonomías y el consecuente gasto que cada una de ellas supone son cada vez más señalados como algunas de las causas del déficit que registran actualmente las arcas públicas. Para unos, la coexistencia de tal pluralidad de entidades territoriales con el Estado y las administraciones locales es un lastre que debe ser superado mediante el filtro de la centralización competencial. Para otros, más allá del gasto público, todas las opciones pasan por dar un paso más en el trayecto hacia la descentralización política e iniciar el proceso de federalización. En cualquier caso, a nadie parece agradar esta extraña fórmula a medio camino entre el Estado Regional y la Federación denominada Estado Autonómico, y lo cierto es que no me extraña.

En primer lugar, conviene aclarar que una organización de dimensiones titánicas como la Administración Pública requiere de cierto grado de descentralización —o desconcentración territorial, en su caso— para poder operar eficientemente. Incluso la Francia de finales del siglo XVIII, uno de los principales ejemplos del Estado Unitario moderno, se encontraba dividida en ochenta y tres departamentos administrativos. La distribución de competencias es una herramienta necesaria para lograr el eficaz servicio del interés general, tanto si se produce a nivel administrativo entre circunscripciones territoriales pertenecientes a la Administración General del Estado como si implica una verdadera descentralización política a favor de entidades con autonomía propia, como ocurre en el caso del las Comunidades Autónomas. Siendo así, ¿cuál es el inconveniente de la estructuración del Estado en diecisiete autonomías? De no existir éstas, sus funciones ejecutivas tendrían que ser asumidas por alguno de los restantes niveles administrativos. Sus competencias deberían ser transferidas, por ejemplo, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con el correspondiente traspaso de servicios y de recursos técnicos y humanos. En otras palabras, excepción hecha de las funciones legislativas que se llevan a cabo en los parlamentos de cada autonomía, el gasto público sería prácticamente el mismo si los servicios fuesen prestados por Comunidades Autónomas o si su gestor fuese la Administración General del Estado a través de sus circunscripciones territoriales. Son funciones públicas que deben ser realizadas por alguna administración, sea la que sea. El número de órganos y unidades administrativas, el número de funcionarios y empresas contratadas, el número de monedas que salen del bolsillo del ciudadano para financiar tales servicios públicos, en definitiva, sería el mismo que el actual. Sin embargo, las Comunidades Autónomas ofrecen una ventaja más que la mera descentralización administrativa, ya que cada entidad territorial puede gestionar sus intereses en el plano legislativo y no sólo en el ejecutivo a través de las competencias normativas asumidas estatutariamente y de acuerdo con la Constitución. Que Galicia, por ejemplo, apruebe sus propias leyes sobre la ordenación del sector pesquero partiendo de los mínimos contenidos en la legislación básica estatal no me parece descabellado. Más bien, todo lo contrario. Que cada Comunidad Autónoma pueda regular aquellos aspectos que afecten a su interés propio y no sean considerados de interés general, es la opción más sensata. Sería arriesgado pretender que una ley estatal regulase enteramente la pesca en aguas interiores de todas las autonomías bañadas por el mar, teniendo en cuenta que las peculiaridades murcianas no son las misas que las valencianas o las cántabras, y eso es precisamente lo que sucedería si suprimiésemos las Comunidades Autónomas y estructurásemos el sistema administrativo en simples delegaciones regionales de una omnipotente administración central.

En el punto contrario del debate sobre el Estado de las autonomías se encuentran quienes señalan el Estado Federal como el horizonte hacia el que dirigirse, lo cual me parece buena idea siempre y cuando no se trate únicamente de vestir un traje nuevo. El envoltorio, en este caso, llámese Federación o llámese como se llame, es lo de menos. Lo importante es qué mecanismos del federalismo deberían ser incorporados en su caso y por qué. Si después quieren denominarlos Estados Federados, conservar el término Comunidades Autónomas o llamarlas aceitunas en vinagre, a mí me la trae al pairo. Paradójicamente, el orden constitucional de distribución de competencias hace que el modelo español ya se aproxime mucho al de un Estado Federal, sin embargo adolece de fallos en cuestiones esenciales que impiden que lo sea, y se impone su corrección para superar algunas de las deficiencias estructurales de la organización territorial del Estado Autonómico, que se esfuerza por sobrevivir en un estadio intermedio del proceso de federalización.

Una de las mayores torpezas de nuestro sistema es la configuración del Senado como cámara de representación territorial. No porque no deba serlo, sino porque no lo es. Dejando a un lado el hecho de que su papel en el procedimiento legislativo ordinario es insignificante, que no pinta nada en la aprobación de los Presupuestos Generales y que es un cero a la izquierda en el control de la acción del Gobierno —problemas demasiado graves como para ser dejados a un lado pero ajenos a la cuestión que nos ocupa—, cuesta creer que la función esencial del Senado sea la representación del territorio cuando en la práctica parlamentaria es mucho más relevante el partido político al que pertenezcan los Senadores que la provincia a la que representen. De igual modo, y partiendo de la base de que la representación territorial debería traducirse como la defensa de los intereses de las Comunidades Autónomas, que al fin y al cabo son las entidades en las que se estructura el país, no tiene mucho sentido que la norma señale que cada autonomía deba designar a un Senador por cada millón de habitantes en su territorio más uno, ya que esto supone que sólo una sexta parte de los miembros del Senado han sido designados por las Comunidades Autónomas. ¡Una sexta parte del total de Senadores! Menuda representación territorial… Pueden estar tranquilas Asturias o Extremadura, por ejemplo. La defensa de sus intereses en la institución estatal diseñada para ello importa menos que un pimiento.

Otra cuestión delicada es la intervención de las Cortes Generales en la aprobación de los Estatutos de Autonomía. No es mi intención detallar aquí toda la regulación constitucional de la materia, así que será suficiente con aclarar que todos los Estatutos son tramitados como proyectos de ley ante las Cortes, salvo en el caso de acuerdo entre el territorio que pretende constituirse en Comunidad Autónoma y la Comisión Constitucional del Congreso y siempre que se trate de provincias que acceden a su autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución. Y aún en ese caso, el Congreso y el Senado deben emitir un voto de ratificación. Sinceramente, que la norma básica de cada Comunidad Autónoma deba ser tramitada y aprobada por las Cortes Generales es algo que choca bastante con la idea que un servidor tiene de autonomía. Normalmente, la explicación que suele darse a este curioso fenómeno es que las Cortes realizan una función de control del futuro Estatuto, asegurándose de que el territorio que se constituye en Comunidad Autónoma no traspase los límites constitucionales en la elaboración de su norma fundamental. Sin embargo, no veo por qué no sería legítimo que el control de la constitucionalidad del Estatuto se hiciese a través de los cauces previstos para ello ante el Tribunal Constitucional. Si la futura Comunidad Autónoma cumple o no las reglas del juego en la aprobación de su propia constitución autonómica, es una decisión que debería corresponder únicamente al Alto Tribunal, y no al Poder Legislativo del Estado.

Todo esto puede resultar un tanto extemporáneo, ya que es algo que se debía haber juzgado antes de que todas las Comunidades Autónomas aprobasen sus respectivos Estatutos, sin embargo todavía afecta de forma decisiva a otro de los aspectos clave de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como es la reforma de los Estatutos de Autonomía. Por regla general y debido a una cuestión de competencia y rango normativo —si han sido aprobados por las Cortes Generales a través de una ley orgánica, su modificación exige el mismo atuendo—, cualquier reforma estatutaria requiere en todo caso de un billete de ida y vuelta a Madrid. A pesar de tratarse de una variación en la norma institucional básica de una Comunidad Autónoma, ésta debe ser siempre aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica, aunque se trate de cuestiones que sólo incumban a la Comunidad en cuestión y no afecten a las relaciones con el Estado, lo cual es una invasión en toda regla de la autonomía que la propia Constitución garantiza. Pero también lo sería si la reforma estatutaria vulnerase algún precepto constitucional o se extralimitase en la asunción de competencias, ya que también en ese caso debería ser el Tribunal Constitucional quien actuase como único juez y nunca el Congreso y el Senado. La intervención de las Cortes, sin embargo, es obligatoria desde el momento en que el propio Estatuto de Autonomía es aprobado mediante una ley orgánica, así que tal vez el problema ya no sea tan extemporáneo como parecía… Una de las manifestaciones más sangrantes de esta extraña intervención del Poder Legislativo estatal en la tramitación de la norma fundamental autonómica es la facultad de iniciativa de reforma que en algunos Estatutos se reconoce a las Cortes Generales. ¿Que el Estado considera necesario reformar el Estatuto gallego aunque la Comunidad Autónoma opine lo contrario? Pues si le diese la gana, podría poner en marcha la tramitación. Se trata de sostener un modelo basado en la autonomía de diecisiete entidades territoriales. Si éstas no pueden aprobar ni reformar por sí solas la norma a través de la cual esa autonomía se manifiesta —habida cuenta de que existe un tribunal encargado del control de su eventual inconstitucionalidad—, este modelo cojea.

España necesita convertirse en un Estado Federal” es una idea que escucho cada vez más frecuentemente. Sin embargo, lo urgente no es convertirse en nada, sino subsanar las deficiencias de este híbrido parido por los padres de la Constitución incorporando los aciertos del modelo más cercano, que es el Estado Federal. Y uno de ellos es la coordinación de las diferentes entidades que lo integran con el propósito de evitar direcciones distintas en materias que afecten al interés general. En el caso de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, no hay nada que coordinar. Pero siempre que la ordenación de una materia exija cierta uniformidad jurídica en todo el territorio, el Estado ostentará competencias legislativas, y si la función ejecutiva corresponde por tanto a las Comunidades Autónomas, es lógico que el sistema evite que sus diferentes administraciones puedan llevarla a cabo alejándose de esa pretendida homogeneidad exigida por el bien común. Nuestro ordenamiento constitucional, sin embargo, no dice ni pío —salvo tres insuficientes alusiones verticales a la coordinación de la actividad económica, la investigación y la sanidad—. La función general y transversal de coordinación no está prevista en ningún sitio, pero a nosotros eso nos da lo mismo: en la práctica se lleva a cabo de todos modos y santas pascuas. Siempre que la competencia legislativa plena o básica sobre un sector corresponda al Estado, se da por hecho que éste tiene potestad para coordinar la actuación de las administraciones autonómicas. Sin embargo, esto no es más que pura doctrina. Esta facultad tan esencial para un modelo de descentralización política como el nuestro no se reconoce en ningún cuerpo normativo, por lo que más allá de la potestad de supervisión amparada en el deber de información mutua entre administraciones públicas y de la extrema coerción estatal prevista en el artículo 155 de la Constitución, nadie podría decir con total certeza cómo debe desarrollarse exactamente tal coordinación. ¿Qué puede hacer el Estado después de supervisar la ejecución de la normativa estatal llevada a cabo por una autonomía? ¿Corregir las irregularidades detectadas? ¿Darle instrucciones de cómo debe actuar su administración? La línea entre la mera coordinación y la invasión de competencias es demasiado fina como para tener que seguir dando pasos completamente a oscuras, sin una regulación de referencia ni un título competencial que la habilite. Esto, en términos técnicos, es lo que se conoce como una chapuza de padre y muy señor mío.

Mi intención —aunque pueda parecerlo— no es ir señalando todas las grietas que necesitan masilla, sino explicar por qué la estructuración del territorio en diecisiete Comunidades Autónomas es una idea acertada siempre y cuando se termine de perfeccionar el proceso de descentralización política iniciado en 1978 mediante la adopción de las virtudes de un sistema más completo como el modelo federal. Porque necesidades, habelas, hailas. Convendría completar el traspaso de aquellas competencias administrativas en materia de justicia que todavía se encuentran en el ámbito estatal y cuya transferencia redundaría en una mayor eficacia y proximidad al ciudadano en la actuación del Poder Judicial. Sería oportuno, una vez han accedido todas las Comunidades Autónomas al grado pleno de autogobierno, aclarar de una vez por todas el orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las diecisiete autonomías. También habría que dotar de mayor seguridad y firmeza a los mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas mediante su sistematización y simplificación, ya que además de los ingresos que obtienen a través de operaciones en el tráfico privado, precios públicos, operaciones de crédito y tributos propios que ellas mismas establecen, también pueden participar en los ingresos del Estado mediante fondos de diversa índole, establecer recargos sobre los tributos estatales e incluso disfrutar de la cesión de algunos de estos, parcialmente en el caso del IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales de Fabricación, y totalmente en otros como los que recaen sobre el juego o las sucesiones y las donaciones. No obstante, las competencias normativas sobre estos tributos cedidos son completamente distintas en función de si se trata de un impuesto u otro. Y esto por no mencionar la posibilidad de que el Estado delegue en las Comunidades Autónomas otras competencias distintas de las ya previstas legalmente. Es decir, un absoluto caos. Y como éste, unos cuantos más.

El Estado Autonómico, que entre otras razones se creó con el utópico objetivo de satisfacer todas las sensibilidades en juego, es bastante chapucero. Pero eso no quiere decir que las Comunidades Autónomas hayan sido un error, sino algo más parecido a un parche que a una solución. Ni siquiera el argumento del gasto que suponen para las arcas públicas es válido, porque las diferencias con un sistema basado en la desconcentración administrativa del poder central serían mínimas en cuanto al gasto y las ventajas que ofrece la autonomía normativa —disculpen la redundancia, porque autonomía se refiere a la capacidad que uno tiene para establecer sus propias normas, pero es para que nos entendamos— desaparecerían, como ya se ha expuesto. Sin embargo, sería absurdo no admitir que existen gastos derivados de la pluralidad de niveles administrativos cuya depuración es urgente. Y no van tan desencaminados quienes apuntan a las autonomías, porque es cierto que lo fundamental es reducir duplicidades en la prestación de servicios públicos, pero el objetivo de la purga debe ser en cualquier caso la administración local, y en concreto las obsoletas Diputaciones Provinciales. La totalidad de las competencias gestionadas a nivel provincial pueden ser asumidas bien por los Ayuntamientos, bien por las Comunidades Autónomas, reduciéndose así una buena parte del despilfarro administrativo. Que una entidad heredera del anterior sistema, ejemplo de centralización administrativa, perviva por simple inercia y tradición a pesar de lo ventajosa que sería su supresión tanto a nivel político como económico, es cualquier cosa menos una idea afortunada. Hay funciones que hoy en día llevan a cabo las Diputaciones y que resultan esenciales para los ciudadanos, pero lejos de ser un motivo para la supervivencia de las mismas, ya que pueden ser asumidas por otro de los niveles administrativos mencionados, es una situación que incluso introduce cierta confusión respecto a la titularidad de la prestación de los servicios, ya que no siempre está claro qué función corresponde a quién. Podría decirse, salvando las distancias, que es algo parecido a lo que se refería Henry Kissinger cuando retrató el caos institucional de la Unión Europea preguntándose a quién debía llamar si quería hablar con Europa, pero de dimensiones un poco más caseras. Un poco más acordes con este extraño invento que hace años alguien bautizó como Estado Autonómico porque algún nombre había que ponerle a la criatura, por fea que fuese.