Yo ya sé por qué

Fachada principa del edificio del Tribunal Supremo. Foto: Cberbell (CC)
Fachada principa del edificio del Tribunal Supremo. Foto: Cberbell (CC)

Escribo este artículo con la intención de explicar cómo se gesta y en qué consiste una discusión jurídica, haciendo comprensibles cuestiones que no lo son en una primera lectura, para, también como excusa legítima, protestar contra la cainita simplificación que lo empapa todo y que dificulta tanto la construcción en España de un discurso cívico.

Los políticos y los opinadores españoles suelen ser alérgicos a la complejidad y a los matices y, por extensión, lo son los españoles que han aupado y apoyado a unos y otros. La realidad es lo que aquellos nos explican, teñida de valoraciones absolutas y adaptada a sus particulares visiones del mundo, para lo que, si hace falta, siempre encontrarán una conspiración que nos dé la clave.

Veamos un ejemplo de esto mismo, sucedido en los últimos meses.

En diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptaba una decisión que se trasladaba a gran velocidad a los periódicos. Varios etarras se veían favorecidos con una reducción de su estancia en prisión, al sumar los tribunales, a sus liquidaciones de condena, las que habían cumplido en Francia previamente.

La indignación se extendió, aventada por los comentarios que realizaban comunicadores de postín. Algunos dijeron que todo esto no era sino una maniobra del Gobierno para excarcelar etarras utilizando ingeniería jurídica, otros consideraron que se trataba de una cuestión de dudosa legalidad, en la que llamaba la atención que la decisión se adoptase un día antes de la entrada en vigor de una ley (a la que luego me referiré), y no faltó el que la calificaba de insulto a las víctimas y a la democracia española solo explicable como pacto político. El periodista Santiago González denominó a los jueces de la Sección Primera «membrillos» con prisas y sus lectores hacían unas afirmaciones tremebundas sobre la decisión adoptada y, finalmente, para no seguir, Carlos Herrera representaba un remake de sus grandes éxitos (véase sus calificativos a cuenta del caso Inés del Río, también conocido como de la doctrina Parot), dedicado a los magistrados a los que llama trío Plazaola, trío prodigioso o trío Lalalá.

Veamos este último caso con algo más de detenimiento. En la parte 2 del programa de 11/12/2014 a partir del minuto 41 y 14 segundos, escucharán al periodista, tras recordar el atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, referirse a una de las magistradas como «Manolita la primera», explicando que esos jueces «quieren poner libertad» a los etarras y, para ello, «para ver si pueden soltar a alguno de estos», esperan «ansiosos alguna directiva europea».

En otra ocasión, (parte 2 del programa de Carlos Herrera de 14/1/2014 a partir del minuto 53 y 50 segundos) el periodista Fernando Ónega, tras afirmar que no quiere incurrir en el error del maniqueísmo, no duda en cometerlo al sostener que los criterios usados por los magistrados en minoría del Tribunal Supremo (en la sentencia que luego comentaré), a los que llama «izquierda judicial», son ideológicos, exhortando más tarde a los jueces de la Sección Primera a realizar examen de conciencia (incluso de «validez» [sic]), a la vez que proclama que habría sido un escándalo que se pusiese en libertad casi a un centenar de etarras por un «acuerdo europeo». Ese mismo día, Carlos Herrera (parte 1 de «Herrera en la onda» del 14/1/2014 a partir del minuto 6 y 30 segundos) habla del «trío Lalalá», formado por «Manolita la primera» y «dale Ramón», los que han puesto en libertad a etarras «excarcelándolos en virtud de un acuerdo marco europeo aunque no tuviera que ver con las leyes concretas españolas», desplegando una «actividad inusitada», cuando es de «sentido común» que no se descuenten los delitos cometidos en Francia, porque se han cometido «en Francia». Añade que la decisión del Tribunal Supremo «curiosamente no fue unánime», sino que se adoptó por una mayoría de nueve contra seis, para preguntarse «¿entre los seis, quiénes estaban?», y contestarse: «Miguel Colmenero, un viejo conocido de la afición», «ponente de la sentencia que permitió el descuento de condenas a Urrusolo Sistiaga» y los «cinco progres de cajón», entre ellos «Ana Ferrer», la mujer de Martínez Lázaro «del trío lalalá», trío «que se va a ir de rositas seguramente», pese a que «decidió de forma contraria a derecho». Y termina con una interrogación retórica: «¿Desde cuándo nos regimos por acuerdos marcos internacionales y no por leyes españolas?». No olviden esta última pregunta.

No sigo poniendo ejemplos, aunque hay muchos más. Creo que con los anteriores es suficiente para ilustrar la cuestión. No he buscado loas a la decisión de la Sección Primera. Imagino que las habrá y que la mayoría estarán tan poco fundamentadas como las críticas que he enlazado.

Cuando se dictó el auto de marras, mucha gente opinó inmediatamente sobre su legalidad, sobre su moralidad y sobre los motivos ocultos de esos magistrados para adoptar una resolución tan espantosa. Algunas personas me preguntaron, y simplemente dije que quería leerlo antes y estudiarlo. Hoy contamos además con la sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto la cuestión (de momento, ya que es probable que la justicia europea se tenga que pronunciar).

Así que voy a intentar algo en lo que será difícil tener éxito, simplificar a mi vez, pero no tanto como para desvirtuar la cuestión jurídica. Les pido mucha paciencia y un esfuerzo. Lleguen hasta el final.

En derecho español se permite realizar lo que se denomina acumulación de condenas: penas dictadas en juicios diferentes pueden terminar sumándose. El artículo 76.2 del Código Penal, que lo regula, solo exige que los hechos «por su conexión o el momento de su comisión» pudieran haberse enjuiciado en un solo procedimiento.

¿Qué finalidad tiene esto? Como en nuestro derecho penal hay límites de cumplimiento de condena (el máximo es cuarenta años en casos de terrorismo, aunque existen otros como el de que no se debe cumplir más del triple de la condena más grave de las impuestas), si se acumulan condenas, esas limitaciones se aplican al total sumado. Si no se pueden acumular, las condenas se van cumpliendo una detrás de otra. Si a una persona se la condena en un juicio como autora de varios asesinatos terroristas, el límite de cuarenta años se aplica. Ahora, imaginemos dos situaciones:

1. Resulta que, ya condenada esa persona, se la juzga por un hecho anterior a la condena por la que está en prisión y nuevamente es condenada. Como ese hecho es de fecha anterior a la sentencia por la que está cumpliendo condena, se considera que ambos hechos podían haberse juzgado a la vez, y se suman las condenas para aplicar los límites.

2. Resulta que, ya condenada esa persona, se la juzga por un hecho posterior a la sentencia (imaginemos que el delito se comete tras escaparse o tras cumplir condena y salir de prisión o, simplemente, imaginemos que comete el nuevo crimen en prisión). En tal caso las penas no son acumulables y el condenado las cumple una después de otra.

Para resumir: para que puedan acumularse condenas es preciso que las sentencias sean, todas ellas, posteriores a los delitos. El único criterio que viene exigiendo la última jurisprudencia del Tribunal Supremo es, por tanto, cronológico. La diferencia entre que se acumulen o no puede ser muy importante materialmente, pues influye en el tiempo de estancia en prisión.

Esto es derecho interno español.

Esta acumulación, si procede, la hace el juez que dictó la última sentencia y los autos de liquidación de condena no producen el efecto de cosa juzgada. Es decir, aunque no se puedan recurrir, cada vez que surge un nuevo hecho relevante, puede discutirse nuevamente la liquidación. Así sucedió, por ejemplo, tras la sentencia de la doctrina Parot: se procedió a liquidar nuevamente las condenas conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que existían autos firmes de liquidación de condena de todos los que la invocaban.

Que esto es así no lo discute nadie. Ninguno de los quince magistrados que decidieron sobre el asunto materia de este artículo dice en la sentencia que luego comentaré una cosa diferente.

El 24 de julio de 2008, el Consejo de la Unión Europea aprobó la decisión marco 675/2008. Lo hizo en aplicación del artículo 34.2 del Tratado de la Unión Europea en la redacción vigente en aquel momento, que decía:

2. El Consejo dispondrá y fomentará (…) la cooperación pertinente para la consecución de los objetivos de la Unión. A tal fin (…) el Consejo podrá, por unanimidad (…):

b) adoptar decisiones marco para la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Las decisiones marco obligarán a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. No tendrán efecto directo;

¿Se han fijado en que dice «por unanimidad»?

La decisión marco se incardinaba en la finalidad, común a todos los Estados que conforman la Unión Europea, de crear un espacio común de seguridad, libertad y justicia. Hoy, ese proyecto ha adquirido un vigor legal importantísimo, ya que se ha recogido con profusión en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El título V se ocupa de la cuestión. En sus artículos 82 y siguientes, se ha establecido el principio general de reconocimiento de las sentencias dictadas en todos los países de la Unión Europea y la aproximación de sus legislaciones penales.

La importancia de esta materia es gigantesca, no porque se pretenda sacar a etarras a la calle, sino porque se busca crear ese espacio común de seguridad y libertad que permita a los europeos protegerse y vivir libremente. Tanto es así que gran parte de las finalidades propias de esas políticas lo serán en perjuicio de criminales y terroristas, puesto que facilitarán su localización y que se adopten respecto de ellos medidas más gravosas en materia de detención, prisión provisional, reincidencia y cancelación de antecedentes. Naturalmente, todo esto que nos parece tan bien, tiene contrapartidas: si las sentencias de diferentes países se consideran a todos esos efectos, también deben ser iguales a la hora de producir efectos favorables conforme a la ley nacional.

No se trata de que los sistemas penales sean idénticos (aunque el camino hacia la uniformización es inevitable) sino de que una sentencia francesa produzca en España los mismos efectos que una sentencia española y viceversa.

¿Comprenden ahora hasta qué punto son absurdos los comentarios de Carlos Herrera y Fernando Ónega sobre la aplicabilidad de «acuerdos» o «directivas» europeas en materias como esta? ¿Se habrán enterado estos señores de que formamos parte de la Unión Europea y de que cada vez en mayor medida —y esa medida ya es enorme— se va a decidir en ese ámbito sobre asuntos que antes estaban reservados solo al Parlamento español?

La decisión marco debía incorporarse al derecho de los Estados antes del 15 de agosto de 2010. Como pasa tan a menudo, llegó la fecha y los españoles no habíamos hecho nuestros deberes.

El tratado de la Unión Europea había especificado que las decisiones marco no tienen efecto directo. Esto es algo en lo que muchos han insistido estos últimos meses, para justificar que, aunque llevásemos tres años de retraso, la decisión era papel mojado.

Sin embargo, esto es falso. Las decisiones no tienen efecto directo, pero sí tienen efectos. Así quedó establecido desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el llamado caso Pupino, dictó la sentencia de 16 de junio de 2005 (en una cuestión prejudicial):

A la luz de todas las consideraciones precedentes, es preciso concluir que el principio de interpretación conforme se impone respecto de las decisiones marco adoptadas en el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea. Cuando aplica el derecho nacional, el órgano jurisdiccional remitente que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la decisión marco y de esta forma atenerse al artículo 34 UE, apartado 2, letra b.

(…)

La obligación del juez nacional de tener presente el contenido de una decisión marco en la interpretación de las correspondientes normas de su derecho nacional cesa cuando este no puede ser objeto de una aplicación que lleve a un resultado compatible con el que pretende alcanzar dicha decisión marco. En otros términos, el principio de interpretación conforme no puede servir de base para una interpretación contra legem del derecho nacional. Sin embargo, dicho principio requiere que el órgano jurisdiccional nacional tome en consideración, en su caso, todo el derecho nacional para apreciar en qué medida puede este ser objeto de una aplicación que no lleve a un resultado contrario al perseguido por la decisión marco.

Les traduzco. La decisión marco no es aplicable directamente, pero ha de considerarse por el juez (teniendo en cuenta todo el derecho español, en nuestro caso) para intentar obtener una interpretación de nuestras normas «conforme» al espíritu y la letra de la misma, algo solo prohibido cuando con ello se afectase el principio de irretroactividad desfavorable contra el reo, o cuando, pese a considerar todo nuestro derecho, fuera imposible interpretarlo conforme a la decisión sin ir contra la letra de aquel. Es lo que se denomina interpretación contra legem (frente a la secundum legem —que se adecua a la letra de la ley— o la praeter legem —que da lugar a un resultado ni previsto ni prohibido en la ley—).

Tras el varapalo a la justicia española por el caso de la doctrina Parot, se produjeron muchas solicitudes de liquidación de condena conforme al resultado de esa sentencia. Y al efectuarse esas solicitudes surgió la cuestión de si eran o no acumulables las sentencias dictadas en Francia (y cumplidas) contra etarras.

Este asunto ya había sido resuelto negativamente por el Tribunal Supremo en su sentencia 2117/2002, de 18 de diciembre. El argumento para negar la acumulación fue que los hechos no podrían haberse enjuiciado en un solo proceso (requisito para la acumulación) por haberse cometido en diferentes Estados, es decir, por resultar de una manifestación de distintas soberanías nacionales. Este era el único precedente jurisprudencial idéntico al que ahora se planteaba, aunque otras sentencias habían tratado cuestiones sobre acumulación de sentencias extranjeras por aplicación de lo dispuesto en tratados internacionales (por ejemplo, con Tailandia y Andorra).

Esa sentencia, la de 2002, sin embargo, era anterior a la decisión marco y se apartaba de la línea jurisprudencial que solo atendía al criterio cronológico a la hora de apreciar si unos hechos podrían o no haberse enjuiciado a la vez (es decir, prescindía de criterios procesales).

El 13/3/2014 el Tribunal Supremo dictó una sentencia esencial para comprender el asunto que nos ocupa, que fue acordada por cinco magistrados de su Sala Segunda, por unanimidad. Llamo la atención sobre el hecho de que tres de los magistrados que votaron a favor de esa sentencia, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral García y José Ramón Soriano Soriano, diez meses más tarde votaron a favor de otra sentencia en la que cambiaban radicalmente de criterio. Más aún, José Ramón Soriano Soriano es el ponente de esa segunda sentencia.

No hago hincapié en esto para dar a entender nada; solo para preguntarme cómo se habría llamado a esos magistrados, de haber actuado a la inversa, por los opinadores que han calificado de «izquierda judicial» a los magistrados discrepantes del Tribunal Supremo, resaltando incluso sus vinculaciones familiares. ¿Se imaginan qué calificativos se habría usado contra ellos si en marzo de 2014 hubieran dictado una sentencia en contra de la acumulación de penas a etarras y en enero de 2015 hubieran dictado otra en la que, apartándose de su anterior criterio, favoreciesen a esos mismos etarras?

La sentencia que acabo de enlazar consideró unánimemente que el artículo 76 del Código Penal podía interpretarse de manera «conforme» a la decisión marco y que no había obstáculo en nuestra ley que impidiese considerar las sentencias dictadas en Francia a efectos de acumulación de condenas.

No fueron los magistrados de la Sección Primera (ni los de ninguna sección), ya saben, el «trío Lalalá», «Manolita primera» y «dale Ramón», los que «abrieron el melón» de la acumulabilidad de esas sentencias. Fue el Tribunal Supremo. Y los magistrados de la Audiencia Nacional se limitaron a aplicar los criterios establecidos en esa sentencia cuando los etarras se pusieron a solicitar liquidaciones de condena que incluyesen el tiempo pasado en prisión en Francia.

El 14/3/2014 (como verán, casi de forma simultánea a la sentencia del Tribunal Supremo antes enlazada) se presentó por el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, un proyecto de ley que por fin iba a introducir en nuestro derecho dos decisiones marco, entre ellas la que es objeto de este artículo. Se puede consultar toda la tramitación de la ley, pero lo más interesante es observar que el proyecto inicial habría permitido sin ninguna duda la acumulación de esas condenas que ahora tanto indigna a algunos. Este es el proyecto que fue informado favorablemente por el Consejo de Estado.

El proyecto no cambió gran cosa hasta que una última enmienda (presentada por el Partido Popular el 20/10/2014) introdujo una modificación que expresamente impedía la acumulación. Finalmente trescientos trece diputados votaron a favor y seis se abstuvieron.

Al final, la Ley orgánica 7/2014 de 12 de noviembre fue aprobada con dos modificaciones muy importantes respecto del proyecto original, destinadas, sin duda, a impedir que etarras quedasen en libertad o se rebajase su tiempo previsto de estancia en prisión (como habría ocurrido con el proyecto original y con el criterio ya sentado por el Tribunal Supremo).

La primera novedad era una restricción a la posibilidad de acumulación de sentencias en su artículo 14 que, tras establecer la regla general de equivalencia de las resoluciones extranjeras, disponía:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar su revocación o revisión:

a) Sobre las sentencias firmes dictadas con anterioridad a aquellas por los Jueces o Tribunales españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las mismas.

b) Sobre las sentencias de condena que se impongan en procesos posteriores seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales del otro Estado miembro.

c) Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los límites de cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b).

Las excepciones b) y c) en la práctica hacen imposible la acumulación de una sentencia dictada por un tribunal de un Estado de la Unión Europea. Más aún, esas excepciones en la práctica implican que las sentencias extranjeras solo produzcan efectos perjudiciales al reo (nunca favorables), ya que su asimilación sí tiene lugar en cuestiones como detención, fijación de fianzas, prisión provisional, reincidencia y extinción de antecedentes penales. En todos esos casos, esas sentencias siempre agravarán la situación del penado.

La otra novedad respecto del proyecto original fue la disposición adicional única que establecía que «En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010», disposición que no incluyó (en términos similares) ningún país de la Unión Europea.

La ley entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de diciembre de 2014, un día después de la decisión que dejaba en libertad a Alberto Plazaola y Santiago ArróspideSanti Potros»).

La fiscalía anunció recurso y, además, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había denegado la acumulación en casos similares, en los que los abogados defensores habían recurrido igualmente. La cuestión debía resolverse precisamente en la sentencia que se dictase en el recurso de casación interpuesto contra un auto de la Sección Tercera de 4 de septiembre de 2014 que no admitía la acumulación, pese a lo que había establecido el Tribunal Supremo.

Esa sentencia se dictó el 27 de enero de 2015 con nueve votos a favor y seis en contra y contó con cuatro votos particulares a los que se adhirieron los seis magistrados discrepantes. En cada voto particular, los jueces que no votaron a favor de la sentencia explican las razones de su desacuerdo.

La sentencia y sus votos particulares ocupan sesenta y cinco páginas y son bastante técnicos y, en gran medida, oscuros. De ahora en adelante los agruparé hablando de «la mayoría» y «los discrepantes».

Intentaré resumir sus claves:

a) Para empezar, todos los magistrados están de acuerdo en que la decisión marco no es aplicable directamente, pero sí de forma indirecta, en el sentido de que el juez debe buscar una interpretación de la ley española conforme a su contenido, siempre que el resultado no sea contra legem. Por tanto, los que dan a entender que los «acuerdos» europeos no deben tenerse en cuenta en absoluto y se congratulan de que el Supremo lo diga así, no solo ignoran la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, sino que no se han leído la sentencia que tanto elogian.

b) También están de acuerdo todos los magistrados en que la consideración de la decisión marco y su influencia permitía plantear nuevamente la liquidación de las condenas, pese a que estas ya se hubiesen practicado mediante resoluciones firmes.

c) La mayoría basa la negativa a la acumulación en el hecho de que, tras aprobarse la Ley orgánica 7/2014, ya existía una legislación nacional que expresamente prohibía la acumulación. Como previamente no existía tal ley, el Tribunal Supremo había hecho una interpretación praeter legem admisible del artículo 76. Sin embargo, al existir la nueva regulación, la interpretación de la decisión (que no tiene efecto directo) que permitiera la acumulación sería contra legem. Para defender esto resultaba preciso que las excepciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 7/2014 estuviesen previstas en la propia decisión marco, ya que en caso contrario, la ley que la adaptaba no se ajustaría a su contenido y la norma comunitaria goza de primacía.

d) La mayoría afirma que esas excepciones son resultado de la aplicación del artículo 3.5 de la decisión marco que dice:

Si la infracción penal por la que se desarrolla el nuevo proceso se cometió antes de que la condena anterior se haya dictado o ejecutado por completo, b) los apartados 1 y 2 [donde se establece el principio de equivalencia de las sentencias de los países de la UE] no tendrán por efecto el de exigir a los Estados que apliquen su legislación nacional relativa a la imposición de sanciones, si la aplicación de dichas normas a las condenas extranjeras limitara al órgano jurisdiccional al imponer una sanción en el nuevo proceso.

La mayoría hace una interpretación rebuscadísima de esa norma, para lo que se remite al propio proceso de aprobación de la decisión marco, a sentencias de tribunales de Estados miembros de la UE, y al informe de la Comisión sobre la aplicación de la decisión marco (de 2 de junio de 2014), y vuelve a plantear una discusión sobre el criterio jurisprudencial de acumulabilidad (si se trata del exclusivamente cronológico o si hay que incluir el derivado de la exigencia previa de que se trate de condenas ejecutadas por tribunales españoles), apartándose del criterio sentado diez meses antes por el propio Tribunal Supremo. Al efecto, se analiza si este cambio jurisprudencial puede justificar una respuesta similar a la que se produjo en el caso de la doctrina Parot y se afirma que no, por cuanto era imprevisible para el condenado el que la cuestión de la acumulabilidad de resoluciones extranjeras pudiera suscitarse en estos términos cuando delinquió, más aún al no existir una práctica sobre la misma (a diferencia de lo que sucedía con la aplicación de los beneficios penitenciarios en el caso de la doctrina Parot).

e) Responden los discrepantes a los razonamientos anteriores, afirmando que, frente a la sencillez de la transposición de la decisión marco en otros ordenamientos, la Ley 7/2014 excluye del principio de equivalencia tal cantidad de sentencias, que la igualdad que se busca se ve frustrada, más aún cuando el artículo 3.5 de la decisión se interpreta de manera irrazonable por la mayoría. Ese artículo, se dice, es bastante oscuro, pero en todo caso habla de «imposición de sanciones», por lo que parece referirse al momento en que se dicta sentencia, y no a la ejecución, además de que los considerandos 8 y 9 de la decisión lo sitúan en supuestos en los que se puede producir un efecto perjudicial contra el reo. Así, el considerando 9 de la decisión dice:

El artículo 3, apartado 5, debe interpretarse, entre otras cosas, en consonancia con el considerando 8, de tal manera que si el órgano jurisdiccional nacional en que se desarrolla el nuevo proceso penal, al tener en cuenta una sanción impuesta anteriormente en otro Estado miembro, considera que la imposición de un determinado nivel de sanción dentro de los límites del derecho nacional podría tener una dureza desproporcionada para el delincuente, atendiendo a sus circunstancias, y si la finalidad de la sanción se puede lograr con una condena inferior, el órgano jurisdiccional nacional podrá reducir en consecuencia el nivel de la condena, si ello hubiera sido posible en las causas exclusivamente nacionales.

Es decir, que el artículo en que se basa la mayoría para negar la acumulabilidad en perjuicio del reo tiene por finalidad evitar condenas por el juez nacional de dureza desproporcionada conforme a su legislación. La interpretación literal, por tanto, parece desenvolverse justo en la dirección contraria a la que le da la mayoría. Los discrepantes explican por qué las referencias al proceso prelegislativo y al informe de la comisión son erróneas (páginas 38 y 39 de la sentencia), aludiendo de manera enfática al propio espíritu y finalidad de la decisión (y hoy del total proceso legislativo en la Unión) en el sentido de procurar la existencia de ese espacio único, que se ve pervertido por una ley que excluye esos efectos de las sentencias de una manera tan intensa que puede resultar que una sentencia de un país tercero, no miembro de la Unión Europea, tenga un efecto mayor que la de un país de la propia Unión.

f) Los discrepantes, además, plantean si la interpretación del derecho español, a la luz de la Ley 7/2014, a resoluciones y situaciones planteadas antes de su entrada en vigor no implica una irretroactividad prohibida por la ley española y por los propios tratados (Carta de Derechos Fundamentales de la UE y Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas) y concluyen que sí, por cuanto, sin considerar la Ley 7/2014 no cabe explicarse el cambio de criterio del propio Tribunal Supremo. Está especialmente desarrollada esta cuestión en el voto particular del magistrado Luciano Varela.

g) La mayoría se plantea, por otra parte, si puesto que la Ley 7/2014 introduce una regulación comunitaria, existe alguna duda acerca de su acomodo al derecho europeo. Es decir, si hay que plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial. Lo niega, basándose en la llamada doctrina del «acto claro»: si la solución interpretativa de la norma comunitaria es manifiestamente evidente y el juez tiene la convicción de que esa misma interpretación va a ser idéntica en todos los tribunales de los Estados miembros y el propio Tribunal de Justica, puede evitar la cuestión prejudicial. La mayoría concluye que este es el caso.

h) Los discrepantes argumentan lo contrario de manera muy detallada y convincente. Para ello parten del principio de que, al igual que el juez nacional puede inaplicar normas internas si son incompatibles sin duda con la norma comunitaria, y puede aplicar el principio del «acto claro» antes señalado para interpretar el derecho comunitario si no tiene dudas sobre que su interpretación será la generalizada, en cuanto tenga dudas al respecto ha de plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

Es esencial remarcar que los principios de unidad, primacía y eficacia del derecho europeo solo se garantizan si el único órgano que puede realizar una interpretación auténtica del mismo es el Tribunal de Justicia. Más aún, plantear la cuestión prejudicial es obligatorio en el caso de los tribunales superiores, frente a los que no cabe recurso. Solo se excluye si se trata de una cuestión ya planteada previamente y resuelta, y en el supuesto del «acto claro». El hecho de que la propia sentencia contenga una interpretación tan elaborada del artículo 3.5 (incluyendo sus antecedentes y el informe posterior a su implantación y sentencias de tribunales de diversos Estados europeos) y la propia discrepancia dentro del Tribunal Supremo son una prueba contundente de que, al menos, la cuestión no es tan diáfana como para no plantear la cuestión prejudicial, cuando, además, la interpretación literal más parece ir justo en sentido contrario al que se plasma en la Ley 7/2014.

Lo anterior es una síntesis, muy sucinta, de las cuestiones planteadas.

En mi opinión, los discrepantes tienen razón:

1. En la sentencia se ha efectuado una aplicación retroactiva y prohibida de la ley 7/2014.

2. Antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2014 la respuesta dada por el Tribunal Supremo y la que se contiene en los autos de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la correcta: procedía la acumulación de las sentencias dictadas en Francia por ser esta la interpretación conforme del artículo 76 del Código Penal español a la decisión marco 675/2008.

3. En todo caso, existe una duda indiscutible sobre si la Ley 7/2014 se ajusta a la decisión marco y esa duda debe resolverse por el órgano competente: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En mi opinión, las excepciones de la norma y su inaplicabilidad antes del 15 de agosto de 2010 son contrarias a la decisión marco, pero la cuestión no es esa: basta con que haya una duda y con que el juez —pese a tener un criterio propio sobre la interpretación— admita que otros jueces puede que resuelvan de otra forma, para que la cuestión prejudicial sea inevitable.

Llego al final. Al que me haya acompañado hasta aquí le agradezco su esfuerzo.

Creo que esta exposición habrá servido para poder afirmar dos cosas.

La primera, que las cuestiones que se discutían no son de «sentido común». Seguro que para muchos de ustedes, incluso la simplificación de mi artículo les resulta compleja. Imaginen la complejidad de la sentencia en sí. Efectivamente, las cuestiones discutidas son difíciles y exigen un análisis técnico-jurídico normalmente solo al alcance de expertos. Son cuestiones que no se pueden resolver y evaluar soltando chistecitos, haciendo burlas con los nombres de los jueces y escarbando en su pasado o en sus relaciones familiares, cuando no nos gustan las decisiones. Resulta muy llamativa la rapidez que tiene tanta gente en hacer valoraciones sin tener tiempo no ya de estudiar eso que valoran, sino incluso de leerse los propios documentos. Imagino la melancolía, por ejemplo, del magistrado D. Luciano Varela, uno de los «progres», al ver qué poco le han durado los halagos de los que aplaudían sus resoluciones en la causa por prevaricación contra el magistrado Baltasar Garzón por el sumario 53/2008 sobre crímenes del franquismo. En aquella época mucha gente le llamó de todo y mucha otra alabó su valentía y conocimiento del derecho. Supongo que algunos de los que le aplaudían entonces, hoy dirán que es un progre que se dedica a la suelta de etarras.

La segunda, que es muy difícil construir un discurso cívico en un país en el que la realidad es lo que yo afirmo porque sí y las razones del otro son solo excusas para hacer el mal, que es justamente todo lo que se aparta de mis convicciones. Todo el mundo opina de todo y a nadie le pasa factura hablar de manera despreocupada de aquello que ignora; o mentir. Lo importante es ser de la cuerda de alguien, y si te excedes da igual, porque siempre te apoyará tu facción. Y esto no solo sucede con los más marcadamente populistas, sino con la mayoría de los que producen opinión. Es tal la prisa por opinar y son tan leves las sanciones sociales contra el mentiroso, el patán o el ignorante, que sale más a cuenta alimentar los instintos de tu grey que ser serio y didáctico, y no expeler el primer lugar común que se te ocurre.

Estos males, por desgracia, se agravan en época electoral y más aún en situaciones excepcionales como la actual.

No tengo esperanza de mejoría a corto plazo. Más aún, imagino que muchos de los que lean este artículo lo tomarán o como una agresión a gente honesta por un pazguato o membrillo (en el mejor de los casos, que en el peor seré un amigo de terroristas) o como una afirmación de que los nuestros tienen razón al juzgar que los fachas del PP siempre intentan politizar la justicia, no como nosotros.

Preveo, en consecuencia, que estas 5550 palabras no servirán para gran cosa.


Margarita Robles: «El sistema que tenemos permite la corrupción»

Margarita Robles para Jot Down 0

Margarita Robles (León, 1957) es magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde el 2004. Hija de un abogado, ingresó en la carrera judicial, como número uno de su promoción, con veintitrés años. También fue la primera mujer que presidió una sala de lo Penal, la primera en presidir una Audiencia, la de Barcelona, y la tercera en llegar al Supremo. Es miembro de la asociación Jueces para la Democracia. Fue secretaria de Estado de Interior donde acabó con los fondos reservados para la guerra sucia de los GAL; impulsó la investigación de los secuestros y asesinatos de los etarras Lasa y Zabala, que supuso la condena del general Enrique Rodríguez Galindo, y propició la captura del exdirector de la Guardia Civil Luis RoldánEntre 2008 y 2013 ha sido una de las más activas vocales del Consejo General del Poder Judicial y votó a favor de la destitución de su presidente y del Tribunal Supremo, Carlos DívarLa entrevista se realiza en su despacho del alto tribunal.

Hablemos de corrupción. No me canso de señalar que ninguno de los grandes casos de corrupción, Filesa, Gürtel, ha sido descubierto por los servicios de inspección del Estado, ni el Tribunal de Cuentas, sino por denuncias de gente involucrada que se ha sentido maltratada o traicionada. ¿Qué opinión le merece?

Es para reflexionar sobre el tema. Bien está lo que bien acaba, pero me parece que el sistema que tenemos en su conjunto es un sistema que permite la corrupción, porque no hay controles, y que no está muy predispuesto a sacar a la luz los casos de corrupción. Es algo muy preocupante y debería haber una campaña de sensibilización.

¿Solo una campaña de sensibilización?

Cuando los cincuenta y nueve jueces decanos de España se reunieron y afirmaron que para luchar contra la corrupción es fundamental que los jueces tengan medios y una serie de peritos que dependan de ellos, deberían de hacerles caso, porque es verdad. Si no es así el sistema tiende a relajarse sin que se pueda combatir la corrupción.

Sin embargo, parece que a partir de ahora, el director de la Agencia Tributaria, señor Menéndez, designará a los peritos de Hacienda que deban auxiliar a los jueces en casos de corrupción. ¿Qué le parece?

Vuelvo a decir lo que los jueces decanos. Mientras los jueces no tengan unos peritos y unos policías que dependan exclusivamente de ellos va a ser mucho más complicado luchar contra la corrupción.

Ya hemos visto que los policías de la UDEF que llevaban el caso Gürtel han sido relevados y sustituidos por compañeros más complacientes con el mando.

Por eso digo.

Los principales partidos, y especialmente el PP, que parece tenía una cuenta B continua en el tiempo, han estado implicados desde hace años en casos de corrupción. Al margen de los peritos propios para los jueces, ¿cómo cree que habría que luchar contra ella?

Creo que con una transparencia de verdad, que no creo que la vaya a aportar la nueva ley de transparencia, que me parece más bien una cortina de humo para decir que se hace. Pero debería haber una ley de transparencia de verdad, una ley de financiación de partidos políticos de verdad y luego que el Tribunal de Cuentas operara con mucha mayor agilidad. Lo que no puede ser es que ese tribunal esté examinando actuaciones de Ejecutivos que ya no están en el Gobierno.

El Tribunal de Cuentas es un cementerio de elefantes.

No debería ser el destino final de las carreras de algunos, sino que fuera el principio de las carreras de otros para que de verdad su cometido se realizara con mucha mayor agilidad.

Y sobre todo, que si investigan a un partido no lo hagan dos representantes, uno nombrado por el PSOE y otro por el PP, porque no queremos hacernos daño.

Claro, ese es el tema. Tienen el hándicap de la apariencia de imparcialidad.

Y contribuiría mucho la desaparición de los paraísos fiscales.

Bueno, evidentemente. La corrupción me recuerda al tráfico de drogas. Mientras haya economías en el mundo que vivan del tráfico de drogas, será imposible acabar con la droga. Meteremos en la cárcel al camello, pero no cogeremos al gran traficante. Y aquí pillaremos al pequeño corrupto, pero los grandes sistemas de corrupción estarán amparados en los paraísos fiscales. Hay muchísima hipocresía en esta materia, porque mientras no se vaya a las grandes cabezas de la corrupción y a los paraísos fiscales será muy difícil combatir la corrupción.

España ha gastado cuarenta mil millones en el rescate bancario que pagaremos todos los contribuyentes, ¿cree que alguien debería reclamar alguna responsabilidad por ello?

Por suerte, hay en estos momentos algunos procedimientos judiciales en marcha en este ámbito y, una vez más, los jueces españoles están afrontando todas las dificultades que se les ponen y que son la punta de lanza en la lucha contra la corrupción… y si ha habido responsabilidades penales, espero que se asuman las consecuencias.

Margarita Robles para Jot Down 1

En estos días, parece obligado hablar de la comparecencia de la infanta Cristina. ¿Qué le ha parecido?

Primero, me parece un triunfo del Estado de Derecho. El hecho de que haya ido a declarar, pese a todos los obstáculos e inconvenientes que ha habido, supone un éxito, y al mismo tiempo, creo que es importantísimo reconocer el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el juez Castro. Ha hecho lo que él creía que tenía que hacer, que una persona vaya a declarar como imputada. Lo que me sorprende es que para una declaración como imputada, que en teoría es una garantía, se haya organizado todo este ruido alrededor.

Lo que pasa es que ella es la hija del rey. ¿Conoce usted muchos casos en los que un mero auto de imputación haya requerido doscientos veintisiete folios, cuando normalmente basta con uno?

No, la verdad es que no conozco ninguno y por eso me parece que es de remarcar el trabajo del juez Castro, pese a todas las dificultades que ha tenido.

Las maniobras de la Fiscalía y de Hacienda para exculparla han sido espectaculares.

Sí, me resulta muy sorprendente que haya gente que se rasgue las vestiduras por el hecho de que vaya a declarar. Si estamos en un Estado de Derecho, todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley.

¿Y le parece que en este caso, se ha respetado la igualdad ante la ley?

Creo que habría que hacer una doble manifestación. Por un lado, en lo procesal, el juez ha hecho que la infanta sea igual ante la ley porque ha ido a declarar igual que otras personas en ese mismo procedimiento. Lo que ocurre es que socialmente, es verdad que no se ha considerado a la infanta igual que a otras personas. No puedo entender cómo ha habido programas extraordinarios para hablar de esa declaración, cómo han venido corresponsales extranjeros y todo el ruido mediático. Eso quiere decir que la propia sociedad es la que ha decidido que la infanta no es igual ante la ley, porque cada día en España declaran como imputados miles y miles de personas y no se produce todo este revuelo.

Luego le parece que la justicia ha actuado como debe.

Es que cuando se dice que en España no hay igualdad ante la ley, a mí me gusta poner de manifiesto que aquí ingresó en prisión un ministro del Interior, un secretario de Estado para la Seguridad, que hay una presidenta de un parlamento autonómico actualmente en la cárcel, que se ha condenado a varios presidentes de comunidades autónomas, alguno de los cuales también ha acabado en prisión, lo que quiere decir que, pese a todos los inconvenientes, la justicia está funcionando.

Por acabar con el tema infanta, ¿le parece que la actuación de la hija del rey ha sido ejemplar o por el contrario se ha comportado a la defensiva como una imputada más?

Cualquier persona que acude a declarar como imputada tiene derecho a lo que la ley de otorga, y entre estos derechos está declarar o no declarar. Por tanto, creo que ha ejercitado sus derechos y no se puede poner ninguna pega al derecho de defensa. Ella disfruta de la presunción de inocencia y del derecho de defensa, que nos ha costado mucho conseguir.

¿Le parece que los ciudadanos perciben que los ricos y poderosos tienen privilegios cuando llegan ante el juez?

Es que yo pienso que desde el punto de vista de la tramitación de los procedimientos penales, no hay diferencias entre uno y otro ciudadano, la prueba es que la infanta ya ha ido a declarar. Cuestión distinta es que en todo lo que es externo al procedimiento, la atención social y mediática es diferente. Y aquí ya entraríamos en lo que son los juicios paralelos. Los ciudadanos tienen su opinión de lo que está ocurriendo, pero también tienen que tener en cuenta que los jueces tienen que ser respetuosos con los derechos de los imputados.

Otra cosa es que no es lo mismo llevar un abogado de oficio que otro de un bufete muy importante que puede dedicar muchas horas al caso. No es lo mismo el esfuerzo de un abogado de oficio en el caso del Prestige, que el despliegue que ha habido en este procedimiento. El sistema no permite que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, pero la inmensa mayoría de los jueces de este país están haciendo que esa igualdad sea real.

Margarita Robles para Jot Down 2

Pasemos a la política judicial. Usted ha sido una de las vocales más activas en el pasado Consejo General del Poder Judicial .¿Qué opinión le merece la reforma Gallardón del Gobierno del tercer poder del Estado, con vocales de primera y de segunda?

Va en la misma línea de todas las reformas que está haciendo el ministro de Justicia. Creo que desde que Gallardón ha llegado al Ministerio, ha iniciado una política de retroceso en los derechos de los ciudadanos, que se ve clarísima en todas las reformas: en la ley de tasas, en las sustituciones que impone a los jueces en la ley impidiendo que se puedan tutelar los derechos de los ciudadanos, en el anteproyecto de Código Penal con la figura de la prisión permanente revisable —por suerte, gracias al informe del anterior Consejo se suprimió la custodia de seguridad—, en el anteproyecto de ley del aborto, y, en este contexto de absoluta restricción de los derechos de los ciudadanos, el Consejo General del Poder Judicial se ha dejado reducido a la mínima expresión. Y eso, tanto desde el punto de vista de las competencias, que pasan al Ministerio de Justicia, como por la propia dinámica del Consejo, con unos vocales, que sin ninguna duda, son de primera categoría, y otros que son de segunda categoría.

A mí me parece que la reforma del Consejo es inconstitucional y ya hubo un informe del anterior Consejo donde planteaba muchas dudas en ese sentido. En este momento hay un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista y vamos a esperar a ver qué dice el Constitucional sobre esta reforma.

Ya suponía una respuesta de ese estilo, después de que usted declarase que Gallardón es el peor ministro de Justicia de la historia. ¿Qué cree que pretende?

Creo que esta reforma lo que quiere es tener más controlados a los jueces por parte del Poder Ejecutivo y esa línea de retroceso en los derechos supone un paso hacia atrás en un principio básico que es el de separación de poderes. Se trata de que el Ejecutivo controle al máximo al Poder Judicial y más en un momento en el que los jueces españoles están siendo una punta de lanza en la lucha contra la corrupción, en el tema de los desahucios o respecto a la reforma laboral. Es una reforma muy preocupante.

¿Cree usted que el nuevo presidente del Tribunal Supremo, de su sala, por cierto, y con poder casi omnímodo, va a hacer y deshacer a su antojo o al antojo de quien le ha nombrado?

Es que lo que se ha diseñado es un sistema absolutamente presidencialista, a la inmensa mayoría de los vocales se les ponen todo tipo de trabas, incluso para obtener información de lo que ocurre en el Consejo, el núcleo de poder reside en la Comisión Permanente, pero al presidente se le otorga un poder amplísimo. Y eso es algo que para mí va en contra de lo que tiene que ser la esencia de un órgano colegiado, la participación de todos los vocales. La Constitución creó un Consejo del Poder Judicial con veinte vocales y un presidente, todos en igualdad de condiciones y no puso un foco especial en el papel del presidente.

La reforma de Gallardón ha ido en sentido contrario: dejar el Consejo reducido a la mínima expresión, vocales de dos categorías, gran poder al presidente, y en último término, permitiendo que desde el Poder Ejecutivo se regulen las cuestiones más importantes que afectan al estatuto del juez y, por tanto, de alguna manera, incide en la independencia del Poder Judicial.

Los magistrados del Supremo no hacen nada y callan.

Es curioso, hay una cierta cobardía moral. Son gente preparada que ya han llegado al Supremo y, sin embargo, tienen mucho miedo, no actúan.

Bueno, Gallardón ha conseguido limitar mucho el poder de las asociaciones judiciales.

Sí, pero esa es la excusa. Las asociaciones no tenían ningún poder, porque no son un todo monolítico. Hay muchas tendencias. El que hubiera personas que pertenecían a una asociación, no quiere decir que la asociación mandara. Creo que había que buscar una justificación para el cumplimiento de su programa electoral, y sobre todo, crear un enemigo, y qué mejor enemigo que las asociaciones judiciales.

Siguiendo con el Consejo. Ustedes acabaron obligando a renunciar al presidente Carlos Dívar por el asunto de los viajes gratis total a Marbella. ¿Por qué cree que en la primera votación hubo más vocales favorables a repudiar al denunciante que a expulsar al corrupto?

No lo sé. Yo desde luego no voté eso.

Me consta.

No, no lo sé. En ese momento era imprescindible que Carlos Dívar dimitiera, porque se había visto afectada la institución. Quizá se hubiera podido gestionar el caso de otra manera, pero no me puedo olvidar de que tras la primera comparecencia pública de Dívar sin dar explicaciones, Gallardón declaró que Dívar había salido reforzado.

Sí, lo recuerdo, menuda metedura de pata.

Quizá lo que Gallardón no perdonó nunca al anterior Consejo es que pese a que le indicó lo que tenía que hacer, o sea, que Dívar siguiera, porque según él había salido reforzado, los vocales decidieron que ya resolvían por sí mismos. Y, sin tutela del ministro de Justicia, decidieron que la destitución de Dívar era imprescindible. Creo que Gallardón nunca lo perdonó y eso inspiró después la reforma del Consejo.

Usted era la vocal que menor gasto había realizado en viajes, pero ¿no pudo ser que otros vocales que habían realizado innecesarios viajes intercontinentales con sus esposas no querían que se hicieran públicos?

Creo que Dívar dimitió porque no tenía más remedio que dimitir, pero también creo que hubo un exceso de viajes intercontinentales en el Consejo. En mi opinión, creo que no eran necesarios y hubo cosas tan llamativas como la expropiación de Repsol a pesar de esos viajes que se hacían para estrechar lazos en el extranjero. Sigo siendo muy crítica con esos viajes.

Al final, en doscientos años del Tribunal Supremo, Dívar fue el primer presidente forzado a dimitir. ¿No cree que si hubiera dicho «lo siento, me he equivocado, fue una mala interpretación de la norma, no volverá a ocurrir» hubiera seguido en su cargo?

Sin duda, sin duda, pero como ya he dicho antes, la postura del ministro de Justicia, diciendo que Dívar había salido reforzado, tampoco le dejó al presidente tomar la decisión que, a lo mejor, él hubiera deseado tomar. En todo caso, ya fue tarde. Los vocales decidimos que no podía continuar.

Margarita Robles para Jot Down 3

Hemos apreciado que, como antaño, los partidos se han repartido las vocalías del CGPJ, ¿qué fórmula propondría usted de elección de los vocales para que se eligiera a los mejores en lugar de a los amigos?

Pienso que la elección parlamentaria tiene ventajas y quiero creer en las personas designadas. El sistema parlamentario, si funcionara bien, sería el mejor sistema, porque al final son los representantes de los ciudadanos, pero es verdad que, en este momento, el sistema parlamentario no está funcionando al cien por cien, porque tenemos que reconocerlo, los vocales son personas nombradas por los partidos.

¿En qué porcentaje cree usted que estamos funcionando?

Bueno, es que ni siquiera se guardan las formas, porque se reúnen el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para decidir a qué personas se nombran. Y no, ni siquiera se guardan las formas. Dicho esto, yo quiero tener confianza en las personas designadas. Quiero tener confianza en los nuevos vocales en el sentido de que creo que harán lo que tienen que hacer. Espero que hagan lo mejor con independencia de quién les haya propuesto, aunque no es fácil.

Pasemos a otros nombramientos. Usted, que con su compañero Almenar pactó el noventa por ciento de las designaciones de cargos judiciales, hizo valer en una reunión de su asociación que había conseguido más cargos para sus asociados con menor representación que otros grupos con mayor, lo que le fue afeado. ¿Fue ingratitud? ¿Cómo lo vivió?

Bueno, primero, el Consejo anterior, con la norma que había exigía para llegar al Supremo o a presidente de Tribunales Superiores una mayoría de trece vocales. Eso obligaba a reunir a trece personas que votaran a un candidato. En segundo lugar, cada vocal tiene un único voto, de modo que por mucha influencia que nos quisieran atribuir a Manuel Almenar o a mí, éramos solamente dos votos. Y todos los nombramientos se consiguieron con trece y más votos. Entiendo que los vocales, si votaron fue porque querían votar y no porque yo lo dijera.

Luego se dice que se colocó a mucha gente de Jueces para la Democracia. Yo lo único que pediría es que se leyera el currículum de las personas nombradas. Y si tenían méritos, ¿cuál es la crítica que se puede hacer? Que es verdad que otras muchas personas buenas no han sido nombradas, es cierto, porque cuando sale una plaza a concurso y concurren tres o cuatro personas, hay una a la que se nombra y el resto se queda fuera.

Sin embargo, miembros de su asociación la acusaron de buscar acuerdos con los conservadores para enchufar a sus amigos en los cargos importantes. ¿Qué les contestaría?

Respecto a las críticas, solo atiendo a las que se me hacen con nombres y apellidos. Y nunca nadie me ha dicho a la cara que no le parecía bien lo que se estaba haciendo. Si alguien me lo hubiera dicho a la cara lo hubiéramos hablado y, a lo mejor, yo le hubiera dado la razón.

Hablemos de terrorismo. Usted fue secretaria de Estado de Interior, con el biministro Belloch y con Teresa Fernández de la Vega de viceministra en Justicia. ¿Cómo vivió aquella época?

Fue una época durísima. El final de un ciclo de Gobierno socialista. Creo que entonces el Partido Popular tenía como objetivo llegar al Gobierno…

Eso, siempre. Todos.

Sí, y por tanto, utilizó la lucha antiterrorista como un instrumento de crítica política, o al menos yo lo viví así. Me pareció terrible, porque creo que en la lucha antiterrorista debe haber políticas de Estado. A eso hay que añadir que ETA estaba ahí todos los días matando, y fueron unos tiempos muy duros. Recuerdo noviembre del 95, con diez muertos aquel mes, y después el resurgimiento de los GAL, porque aparecieron los cadáveres de Lasa y Zabala.

Debió de recibir muchas presiones.

Creo que es justo decir que ni desde la presidencia del Gobierno (Felipe González) ni desde el Ministerio (Juan Alberto Belloch) recibí ninguna presión ni me pusieron ningún obstáculo para hacer lo que yo, desde mi sentido de la responsabilidad, entendí que tenía que hacer.

Se enfrentó a lo que quedaba de los GAL en el Ministerio, en la Policía y la Guardia Civil. Acabó con los fondos reservados de la guerra sucia contra ETA e impulsó la investigación del caso Lasa y Zabala en el que resultó condenado el general Galindo. ¿No hubo muchas resistencias?

Vuelvo a decir que no me pusieron pegas a lo que yo entendía que tenía que hacer. Y quiero recordar el gran papel que hicieron dos personas en la investigación del caso Lasa-Zabala, como fueron Juan Mari Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa, que luego fue asesinado por ETA, y el comisario de Policía Judicial Enrique de Federico, una persona que había trabajado conmigo en Barcelona, como jefe superior de Policía. Los dos pusieron la máxima dedicación para que se esclarecieran los hechos. Y ahí se ve como todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley, una persona como el general Galindo fue condenado. [Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil, el más laureado de la lucha antiterrorista, resultó condenado a sesenta y cinco años de prisión por los secuestros y asesinatos de los dos etarras. Otros cuatro subordinados también fueron condenados a importantes penas].

Sí, aunque el tiempo que pasó el general en prisión y el trato que recibió no es ni parecido al tiempo y trato que han padecido otros reclusos, singularmente terroristas de ETA o GRAPO.

Bien, pero el tema del tratamiento penitenciario depende de la Administración Penitenciaria, no de los jueces.

Sin embargo, los ciudadanos y sobre todo los reos lo perciben como parte de la Administración de Justicia.

Es posible, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Lo que no puede ser es que cuando en el Poder Ejecutivo no se quieren asumir responsabilidades se eche la culpa a los jueces. Los jueces tenemos nuestra responsabilidad y a veces se cometen errores, pero a mí no me gusta cuando los políticos se quitan los problemas de encima echando la culpa a quien no la tiene. En el caso Lasa y Zabala se hizo una investigación seria, tanto por la policía como por los jueces. Y hubo una condena. Luego lo que pasara con la Administración Penitenciaria no me corresponde a mí valorarlo en este momento.

Margarita Robles para Jot Down 4

En esa época también se consiguió la captura de Roldán. [Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, que se enriqueció con los fondos reservados y con las comisiones de las obras de los cuarteles que adjudicaba a dedo y que también acabó en prisión].

Lo de Roldán era un escándalo. Era absolutamente necesaria su captura después de que se fugara como se fugó. Y por ese asunto quiero elogiar a Antonio Asunción.

Pero si Asunción es el ministro al que se le escapó Roldán.

Sí, y dimitió. En un país en el que es tan difícil dimitir, que todo el mundo hace amago, pero que no dimite nadie, Asunción dimitió. Luego, cuando Roldán llegó a España hubo un gran debate alrededor de su captura. Y hubo gente que sostuvo que a Roldán se le debía haber devuelto a Laos. Ahora, pasado el tiempo, puede arrancar una sonrisa, pero que se dijera en aquel tiempo era cuando menos sorprendente. Lo importante es que aquello acabó razonablemente y me siento orgullosa no solo de mi trabajo, sino del de mucha gente en las fuerzas de seguridad del Estado. En aquella época, no solo aprendí a respetar, sino a apreciar su trabajo. Un trabajo callado. En las grandes operaciones antiterroristas, siempre salen los responsables políticos colgándose las medallas y no se reconoce el trabajo de los subordinados.

En aquellos dos años también le tocaron los secuestros de Ortega Lara [funcionario de prisiones secuestrado por ETA] y Publio Cordón [empresario zaragozano capturado por los GRAPO y cuyo cadáver no ha aparecido]. ¿Cómo se lleva eso?

Es una sensación de impotencia tremenda. A veces se ha criticado por parte de algunas familias de secuestrados una supuesta falta de sensibilidad, pero la procesión va por dentro y nosotros pasamos muchísimas horas sin dormir. Para mí fue una enorme preocupación personal, aunque algunas familias no lo vivieran así.

Volviendo a estos últimos años, ¿cree usted que los partidos han utilizado el terrorismo como arma electoral?

Durante mucho tiempo sí, sin ninguna duda. Cuando en 1996 ETA asesinó a Francisco Tomás y Valiente [presidente del Constitucional entre 1986 y 1992] hubo una gran manifestación que no iba contra ETA, sino contra los que entonces estábamos en el Ministerio del Interior. Y en aquella época el terrorismo se utilizó como arma electoral. No hay más que acudir a las hemerotecas.

Usted siempre ha sido partidaria del diálogo para acabar con la violencia. Ahora que parece que ETA ha dejado de matar, ¿qué opina del acercamiento de los presos etarras a Euskadi?

La política de dispersión de presos, que fue iniciada por Múgica y seguida por Asunción, pudo constituir un elemento de lucha antiterrorista en su momento, pero la situación ha cambiado y a mí, que siempre he defendido que en el Estado de Derecho no caben atajos en la lucha contra el terrorismo, me parece que no es bueno utilizar la legislación penitenciaria en contra de los principios que la inspiran. Porque la filosofía de la ley, con carácter general, es preparar a los reclusos para la reinserción social. Y esa preparación debe hacerse lo más cerca posible del municipio donde está su vida, su entorno y su familia. Porque no se puede olvidar que con la dispersión a quien se sanciona es a las familias que tienen que desplazarse para las visitas.

¿Qué le pareció la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot?

Jurídicamente, impecable. No se le puede poner ningún pero, y quiero recordar que aquí en España ya hubo magistrados del Tribunal Supremo que hicieron voto particular contra aquella interpretación que no tenía base en lo que son los principios del derecho penal y la prohibición de la retroactividad de las leyes penales. El Tribunal de Estrasburgo hizo lo que tenía que hacer.

Pasemos a otros temas. ¿Tiene opinión sobre la reforma de la ley del aborto?

Entra dentro del ámbito general del retroceso de los derechos de los ciudadanos en el que está embarcado este Ministerio de Justicia. Yo siempre he dicho que las leyes tienen que estar para solucionar problemas, no para crear problemas, y en este momento poner sobre la mesa un anteproyecto de ley que no responde a ninguna necesidad social, y que vuelve a abrir el debate y el dolor en muchos ámbitos, francamente no lo puedo entender. Además tiene un tinte paternalista de decir a las mujeres lo que tienen que hacer. Sería bueno que no llegara al final de su trámite parlamentario. Por suerte la sociedad se está dando cuenta de que esta ley no responde a una necesidad

¿No es una maniobra del ministro para recuperar parte de su electorado más conservador?

Si eso fuera así sería tremendo, porque jugar con el sentimiento de las mujeres y de la sociedad en su conjunto por un puñado de votos, algún tipo de consecuencia política tendría que tener.

Margarita Robles para Jot Down 5

Usted ha vivido mucho tiempo en Barcelona. ¿Qué le parecería una hipotética independencia de Cataluña?

Yo no sé si ese escenario se va a producir o no. Lo que creo es que en este momento es bueno reflexionar sobre si, después de treinta y cinco años, la Constitución no necesita alguna adecuación a la realidad de este país. Me parece que es buen momento para que con serenidad y rigor se pueda llegar a este debate sobre si procede o no reformar la Constitución en cuanto al diseño territorial.

El título VIII.

Efectivamente. Siempre me sorprende el miedo que hay a reformar la Constitución en España, cuando en otros países es una cosa normal. Es verdad que la Constitución del 78 fue algo muy importante y un logro en la historia europea. Se alcanzó un consenso y se llegó a una norma que para aquel entonces fue modélica. Pero también es verdad que las leyes quedan superadas por la realidad social y no hay nada peor que una Constitución que se quede antigua por no responder a la realidad social.

Sí, gente que no la votó ahora no quiere que se cambie. Tan mala no debió de ser.

Es sorprendente que gente que en su día fue completamente contraria a la Constitución, ahora la defiendan como si les fuera la vida en ello.

Un tribunal ha absuelto a los que participaron en un escrache a la vicepresidenta. ¿Qué opina de las nuevas fórmulas de protestas ciudadanas?

Personalmente no comparto los escraches. Es una fórmula que no me gusta. Cuestión distinta es que no me parezca delito. Creo firmemente en el derecho de manifestación y socialmente han sido muy importantes las manifestaciones en la defensa de la sanidad y educación públicas, pero no me gusta lo que supone de invasión en el ámbito privado el ir a la casa del político a protestar.

Un juez fue el primero en levantar la voz contra los desahucios y el Supremo ha acabado con las abusivas cláusulas suelo. También han obligado a devolver el dinero de algunas preferentes. ¿Cómo es que la justicia, siempre tan lenta, se ha convertido en el primer estamento institucional en intentar dar respuesta a esos problemas?

A eso yo añadiría la interpretación que se está haciendo de la reforma laboral. Y es que en un momento de crisis económica y de retroceso clarísimo de los derechos de los ciudadanos, el papel de los jueces está siendo muy importante. Por eso decía que por esas posturas, quizá haya habido interés en que el órgano de gobierno y que tutela a los jueces haya quedado reducido a su mínima expresión.

¿Qué le parece la nueva ley de seguridad ciudadana y las sanciones que propone? ¿Es desproporcionado el castigo para la infracción?

Me parece absolutamente desproporcionado. Entra en el capítulo de retroceso de derechos de la ciudadanía. Parece mentira que en 2014 se puedan poner límites a la libertad de expresión. Hemos pasado de la ley de la patada en la puerta a la ley de la patada en la boca. Y espero que al menos en trámite parlamentario se modifique.

El Consejo de la Abogacía tiene desplegada toda una campaña contra las tasas judiciales. ¿Usted qué opina?

Ya me pronuncié en un informe del Consejo que fue ponencia mía y que era absolutamente contrario a las tasas. La ley está recurrida ante el Constitucional y espero que la declaren inconstitucional por afectar a la tutela judicial efectiva. El ministerio está creando dos categorías, una de ciudadanos que tienen medios y otra de los que no. Porque, ¿quién puede pagar ochocientos euros para recurrir en segunda instancia o mil doscientos para llegar al Supremo? El panorama es desolador.

¿De verdad cree que el Constitucional, cuyos miembros se eligen por reparto de cuotas y precisamente ahora los que les han nombrado son los que están en el Gobierno, tienen mayoría en ambas cámaras y dominan el Poder Judicial, va a declarar alguna de estas leyes inconstitucional?

Necesito tener esperanzas, porque además hay una serie de precedentes, y espero que el Constitucional acuda a sus propios precedentes. Además conozco a algunos miembros de ese tribunal y creo que ante esos temas, van a resolver con arreglo a derecho.

¿Quiere decir que harán votos particulares?

Vamos a darles un margen de confianza. Yo necesito tener esperanza.

El Gobierno va a limitar tanto la jurisdicción universal en España que no va a servir para nada. ¿No cree que habría que perseguir los genocidios y crímenes de la humanidad, aunque causen algunos problemas diplomáticos?

Sin duda. Y además, creo que esta ley responde a un interés concreto por un asunto concreto, pero sería bueno que de verdad se potenciaran los tribunales internacionales. La comunidad internacional no les está dotando de los medios y la importancia que deberían tener. La lucha contra los crímenes contra la humanidad debería ser a nivel global y no como está pasando ahora que miran hacia otro lado. Hay una tremenda hipocresía con lo que está pasando en Siria y en muchos países africanos.

¿Qué le parecen los privilegios de la Iglesia Católica en un país que se declara aconfesional?

Ya lo dice el Evangelio: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nada que decir en lo que se refiere a la espiritualidad, pero en el ámbito de la vida pública, igual que los demás ciudadanos.

¿Qué le parecen los nuevos jueces mediáticos? Ahora, Castro y Alaya, como antes lo fue Garzón.

Nunca he creído en los jueces mediáticos, sino en asuntos que tienen relevancia pública y el juez al que le toca entender sobre ese asunto se ve abocado a los medios de comunicación. No creo que ningún juez tenga algún interés especial en salir en los medios de comunicación.

Por cierto, hablando de Garzón, que fue de su promoción. Usted fue acusada de ser su enemiga, primero en Interior y luego en el Consejo. Él la recusó por enemistad manifiesta, ¿qué hay de cierto?

No sé quién me acusó de ser enemiga de Baltasar Garzón porque siempre he tenido una muy buena relación personal con él y no tengo ningún motivo para ser su enemiga. En definitiva, quizá hubo más razones para haberlo sido a la inversa. Los dos somos de la misma promoción, yo obtuve el número uno y él otro posterior; él quiso ser secretario de Estado de Interior y no lo fue, lo fui yo… Es decir, yo objetivamente nunca he tenido ninguna razón para ser enemiga de Garzón. Creo que a veces, por razones que puedo comprender, era mejor presentarme a mí como enemiga. Son razones que puedo comprender, como digo, pero que en absoluto responden a la realidad. Mire, cuando sus relaciones con Belloch eran inexistentes o malas, yo seguía manteniendo una buena relación personal con él y francamente me sorprendió que de la noche a la mañana aparecí como su enemiga, cuando a mí Baltasar nunca me ha hecho nada.

¿Y recientemente?

Bueno, después de que se le suspendió, todo el mundo sabe que gracias a mi voto y al de Manuel Almenar, pudo ir a la Corte Penal Internacional con Moreno Ocampo.

Usted es una de las diez mujeres magistradas del Supremo, frente a un centenar de hombres. ¿Lo tiene más complicado para desarrollar una carrera profesional y compatibilizarla con una vida familiar?

Las mujeres siempre lo tienen más complicado. La que tiene familia porque le es mucho más difícil conciliar, porque todavía la mujer es la que lleva el peso de la casa. Y en cualquier caso, a las mujeres siempre nos exigen mucho más. Estamos mucho más en el punto de mira de todo lo que se hace. Lo que para un hombre es indiferente o no se le tiene en cuenta, a una mujer se nos mira con lupa mucho más en todo: desde cómo hablas, cómo vistes, al resultado final de tu trabajo. Tengo que decir que personalmente yo no he tenido ningún tipo de problema.

Sin embargo, en la carrera judicial, ahora hay más mujeres que hombres.

Por suerte. Pero las mujeres tenemos que estar permanentemente demostrando que no se nos regala nada.

Usted es soltera y dedica muchas horas a su trabajo. Era una de las pocas vocales que no practicaba la «semana caribeña» (empezar el martes y marcharse el jueves a mediodía). Hubo quien dijo que no tenía vida privada. ¿A qué dedica los domingos?

A lo mismo que la inmensa mayoría de los ciudadanos. Primero, duermo más. Me encanta dormir y no puedo entre semana. Y luego a ir a la compra, al cine, a ver a los amigos, leer… En cualquier caso, en este país hay una manía de preocuparse por la vida de los demás. Yo me preocupo poco de la vida de los demás, cuando una tiene una vida suficiente, bastante tengo con la mía. Los que hablan de mi vida, o de la vida de otros, que se preocupen de la suya [risas].

Usted se ha quejado recientemente de que algún exvocal haya vuelto a la actividad privada «a forrarse». ¿No le ha tentado nunca dejar el Supremo y ganar dinero a espuertas?

Respeto mucho lo que hace todo el mundo…

Pero seguro que ha recibido ofertas.

Nunca, nunca he recibido ofertas. En casa éramos muy austeros y desde siempre he tenido muy marcada la idea de servicio público. Por eso, yo soy muy funcionaria en el sentido del servicio público, pero ni he tenido ofertas, ni sabría, ni me gusta. Y el dinero por el dinero no me va a llevar a ningún sitio.

Margarita Robles para Jot Down 6

Fotografía: Guadalupe de la Vallina


José Manuel Gómez Benítez: «Es difícil mantener que todos somos iguales ante la ley»

José Manuel Gómez Benítez para Jot Down 0

José Manuel Gómez Benítez (1950) es uno de los abogados penalistas más brillantes de España y, desde 2006, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. En diciembre pasado, cesó como vocal del Consejo General del Poder Judicial, mandato en el que denunció por corrupción al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Dívar, que tuvo que renunciar a su cargo.

En su juventud militó en el PCE y en el tardofranquismo fue juzgado y encarcelado por asociación ilícita y propaganda ilegal en dos ocasiones por el Tribunal de Orden Público, lo que le valió el sobrenombre de «el Bravo». Ya en los ochenta, intervino como acusación en el caso de la colza y también contra el juez Pascual Estevill. Llevó la defensa de Pilar Miró y ha sido abogado de Felipe González y de Baltasar Garzón, entre otros. En 2006, participó junto a Javier Moscoso y Jesús Eguiguren en la última negociación que el Gobierno español mantuvo con la banda terrorista ETA. Tras su paso por el CGPJ, ha vuelto a la Universidad, en cuyo despacho nos recibe para hablar de justicia, terrorismo, corrupción y otras cuestiones de interés general.

Usted es abogado y catedrático y hasta hace un mes ha sido vocal del Poder judicial. ¿De verdad la justicia es igual para todos y los españoles somos iguales ante la ley, como asegura el rey y repiten la mayoría de los políticos?

A veces la propia ley impone la desigualdad. Por ejemplo, la mayor parte de los políticos no tienen que pasar por un juzgado, como cualquier ciudadano, cuando están imputados, sino por un Tribunal Superior de Justicia o por el Tribunal Supremo. Tal vez esto ayude a entender lo de la politización del Consejo General del Poder Judicial, que nombra a todos los magistrados del Tribunal Supremo y a la mayoría de los componentes de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, aunque no fuera así, es difícil mantener que todos somos iguales ante la ley si algunos —precisamente los que hacen las leyes— se reservan un fuero especial. Naturalmente, también esos tribunales tienen que aplicar la misma ley y de forma igual a estos aforados, pero, entonces, ¿por qué a ellos se la tiene que aplicar un tribunal superior? Se dice que esto se hace para evitar que sean sometidos a procesos penales arbitrariamente, pero ¿acaso solo estos tribunales son garantía de que no se inician procesos penales arbitrarios? ¿Por qué los demás ciudadanos no tenemos derecho a esa misma garantía en un país en el que cualquiera puede presentar una querella como acusador popular y en el que la interpretación de la ley ha impuesto que sean admitidas a trámite sin un trámite previo que impida, precisamente, las imputaciones arbitrarias? Los diputados y senadores deberían reformar la ley que les concede un trato procesal desigual, precisamente a ellos, entre otros, si pretenden no ser vistos como privilegiados por los ciudadanos.

¿Por qué cree que el auto de imputación de la infanta Cristina ha requerido doscientos veintisiete folios cuando normalmente suele bastar con uno?

Desde el punto de vista procesal, la infanta no está siendo tratada como una ciudadana más. El propio juez instructor se lamenta en su última resolución de que para citarla como imputada haya tenido que escribir cientos de páginas. Tampoco los fiscales suelen dedicar tantos esfuerzos para evitar la citación de alguien como imputado, ni las Audiencias Provinciales suelen resolver recursos de apelación en estos casos mediante una extensa resolución que analiza detalladamente todas las diligencias probatorias practicadas durante la instrucción, como si fuera una sentencia dictada tras el correspondiente juicio. Tal vez debería ser así en todos los casos, pero no es así en los demás casos.

Finalmente, parece que ha habido un cambio de estrategia de defensa y la infanta va a declarar el 8 de febrero, tras un año de demora y no voluntariamente, como afirma su abogado. ¿No cree que una Infanta de España debería de haber dado explicaciones al juzgado y a la ciudadanía mucho antes? ¿Se ha comportado como suelen hacer los culpables?

Probablemente su comparecencia en estas circunstancias obedece más al deseo de que no siga siendo erosionada su imagen y, de paso, la de la monarquía que a razones procesales. Es razonable que las personas intenten evitar su imputación en un proceso penal, sean culpables o no. Eso no se sabe hasta el final del proceso. Hay que respetar las reglas del juego.

¿Cree usted que a la infanta le es de aplicación la doctrina Botín, ya que ni el fiscal ni las comunidades de Valencia y Baleares la acusan y solo lo hace la acción popular?

No. Cuando los delitos protegen intereses generales, colectivos, en los que no puede haber acusación particular, el juicio puede hacerse aunque lo pida solo la acusación popular. Este es el caso del delito fiscal, además de otros relacionados con la corrupción, de los que la Infanta no está imputada, por ahora. Así que el juicio podría hacerse a petición solo de la acusación popular, si a lo largo de la instrucción se confirman los indicios que han motivado la reciente imputación, claro está.

Hay jueces que creen que debe aplicarse al blanqueo de dinero, pero no al delito fiscal, porque creen que solo Hacienda es la perjudicada.

¡Ya! Argumentan que en los casos de delito fiscal el abogado del Estado puede ejercer la acusación particular, y, por tanto, la acusación popular por sí sola no puede conseguir que los defraudadores fiscales se sienten en el banquillo. Pero ese argumento no vale. Además de que no recuerdo que el abogado del Estado haya acusado nunca por delito fiscal si el fiscal no lo hace, nada le impide hacerlo en otros delitos, como los relacionados con la corrupción: la malversación de caudales públicos, por ejemplo, y no creo que haya dudas sobre la posibilidad de llegar al banquillo a petición solo de la acusación popular en estos casos. Lo decisivo es si están en juego intereses particulares o colectivos. Si son colectivos, vale solo la acusación popular. Esto es lo que sucede con el delito fiscal que protege el patrimonio público procedente de la recaudación de tributos. No creo, por tanto, que se necesite una «doctrina doña Cristina», además de las de Botín y Antutxa. Además, el Tribunal Supremo decidió hace menos de dos años que la cuota tributaria defraudada en cantidad delictiva es un bien procedente de una actividad delictiva a efectos del delito de blanqueo, así que, según esto y a la vista del artículo 301 del Código Penal, todo delito fiscal implica otro de blanqueo. De todas formas, nos estamos adelantando al proceso. Todavía está por ver, entre otras cosas, si la infanta y su marido han defraudado más de ciento veinte mil euros en un ejercicio fiscal. Esa cantidad es el punto de partida para que exista delito fiscal.

José Manuel Gómez Benítez para Jot Down 1

La gente de la calle percibe que los banqueros, políticos corruptos y, en general, los poderosos tienen privilegios cuando se sientan en el banquillo de los acusados. ¿Qué opina al respecto?

A veces la gente espera una sentencia distinta, tal vez influenciada por el tratamiento mediático de algunos casos. No comparto esa valoración genérica. Frente a todo pronóstico, Camps fue absuelto por un jurado popular, y otro jurado acaba de condenar a Jaume Matas. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a Fabra por delito fiscal. La Audiencia de Palma de Mallorca impuso una dura condena al expresidente de las Islas Baleares, que, sin embargo, echó abajo la Sala Penal del Tribunal Supremo en una sentencia muy polémica. El Consejo de Administración de BANKIA está imputado. También lo está el de la CAM. Hay muchos casos distintos. Lo que sí es cierto es que los procesos de corrupción y económicos avanzan muy lentamente antes de llegar a juicio, y la prueba es complicada. Además, nuestra ley procesal penal es obsoleta, pero nadie ha querido cambiarla hasta ahora, y las Administraciones públicas no ponen los medios necesarios para que avancen estas investigaciones.

El que no es absuelto por prescripción u otras argucias legales, suele ser indultado. ¿Qué le parece la figura del indulto?

Los Gobiernos en España han abusado y siguen abusando del indulto y, además, sin criterios conocidos y comprensibles. Pero, aunque no abusaran, el indulto debe desaparecer de nuestra legislación. Invalidar total o parcialmente las sentencias de los tribunales no debe ser competencia del Gobierno en un país que se declara respetuoso con la división de poderes. Pero, además, la gente debe saber que casi todos los condenados un poco asesorados solicitan el indulto y lo hacen, además de por si les toca, porque la ley permite que no entren en prisión mientras se tramita su indulto, lo que puede tardar años, incluso si no «se pierden» en el camino, como ha ocurrido con el de Garzón. Así que los tribunales, con razón, dejan en suspenso —insisto, durante años— la entrada en prisión de miles y miles de condenados, sobre todo cuando las penas no son graves, porque, si no lo hacen, el indulto podría llegar después de que hubiera cumplido la condena. Por si quieren un ejemplo, esto es lo que acaba de suceder con el expresidente de las Islas Baleares. Esto no es serio.

Por cierto, ¿qué le parece que el expediente de indulto de Garzón se haya perdido durante año y medio entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo?

No es la primera vez que se pierde el rastro de una resolución judicial y hay que volver a notificarla o tramitarla, pero que suceda con un asunto tan notorio es muy extraño. Supongo que el CGPJ estará investigando si la solicitud de indulto llegó al Tribunal Supremo para informe de su Sala 2.ª, y, en tal caso, por qué no se tramitó; y el Ministerio de Justicia, por su parte, si se quedó allí la solicitud y por qué. Y alguien tendrá que dar una explicación al solicitante del indulto, que no fue Garzón, y a la opinión pública sobre este mal funcionamiento de la Administración.

El PP y el ministro Gallardón han reformado por completo el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece la reforma con recorte de competencias y vocales de primera y de segunda?

Tanto el recorte de competencias como la reducción de los vocales incompatibles me parecen bien. En un Estado democrático moderno no es aceptable que un servicio público se organice a sí mismo con criterios corporativos: jornada laboral, permisos, bajas, medición de la dedicación, carga de trabajo asumible, etcétera. Incluso con esa expansión de competencias, que en gran parte venían dictadas por las asociaciones judiciales, al igual que los nombramientos de todos los cargos judiciales y de los magistrados del Tribunal Supremo, sobraban vocales a tiempo completo, que, además, cobraban sueldos muy elevados. Es una reforma que debería haberse hecho hace tiempo. Otras partes de la reforma son más discutibles.

Sin embargo, la Constitución establece que haya veinte vocales. ¿Es lógico que haya vocales de primera y de segunda?

La Constitución establece el número de vocales y prevé expresamente que su estatuto y régimen de incompatibilidades son asuntos a regular por una ley orgánica. Esto es lo que ha hecho el Gobierno: una ley orgánica. Por cierto, puestos a darle un repaso a la Constitución, no pasaría nada malo si se disminuyera el número de vocales.

¿Cree usted que el presidente del Supremo va a hacer y deshacer a su antojo o al antojo de quien le ha nombrado?

El presidente del Supremo fue director general de Justicia con el Gobierno de Aznar, así que su posicionamiento político real está muy claro. Además es uno de los magistrados menos antiguos del Supremo. Ahora bien, es un magistrado prestigioso y persona de criterio. Espero que tenga la independencia institucional que le corresponde. Un cargo, por cierto, que había que dignificar tras la experiencia de Dívar, tal y como hizo Moliner, el anterior presidente del Supremo y del CGPJ. Es una pena que el nuevo Consejo no haya seguido nuestro ejemplo de nombrar a un presidente sin ningún tipo de interferencia política por primera vez en la historia, como hicimos con Moliner.

En la última renovación, hemos visto que, como antaño, los partidos se han repartido las vocalías del CGPJ. ¿Qué fórmula propondría usted para que se eligiera a los mejores en lugar de a los amigos?

Es muy difícil por la perversión de la cosa pública en nuestro país. Un Consejo con las competencias limitadas estrictamente a lo que es necesario para garantizar la independencia judicial, es decir, para evitar interferencias del poder ejecutivo en la labor jurisdiccional, como prevé la Constitución, debería estar formado por personas de prestigio que estuvieran fuera de la guerra competitiva; que no pudieran usar el cargo para seguir avanzando después en sus carreras políticas, profesionales o judiciales, porque su prestigio estuviera ya muy asentado antes. No necesariamente todos tendrían que ser juristas. Si estas personas, a su vez, fueran altos cargos y hubieran sido designadas con criterios de mérito y capacidad, no estaría mal que se incorporaran al Consejo en función de sus cargos. El presidente del Supremo, que no tendría que ser necesariamente «elegido» por el Consejo del Poder Judicial, el del Consejo de Estado, el del Consejo General de la Abogacía, el Fiscal General del Estado, tal vez el del Tribunal Constitucional, el del Consejo Rector de las Universidades Públicas, el del Tribunal de Cuentas, presidentes, en fin, de determinadas fundaciones públicas, por ejemplo, podrían formar un Consejo ideal. Y digo ideal. En un mundo no ideal: incompatibilidad durante diez años de los vocales como mínimo para ser nombrado para cargo público alguno o promovido a puesto judicial de nombramiento por parte del CGPJ.

¿No cree que eso es como la reforma de la ley electoral, que no se hará nunca porque no interesa a ninguno de los dos grandes partidos?

Todavía soy capaz de no resignarme. Lo de la reforma de la ley electoral es urgente, pero probablemente solo se aborde cuando se acabe el bipartidismo.

José Manuel Gómez Benítez para Jot Down 2

Algunas asociaciones judiciales han denunciado que ya ni siquiera se elige a los mejores de entre mis amigos, sino simplemente a los amigos leales.  ¿Cree usted que vamos a peor?

Bueno, ellas lo inventaron y lo han practicado desde hace años, no siempre, naturalmente, pero sí en muchos casos, así que no deben quejarse. En mi opinión se quejan porque han perdido peso. Mi experiencia en el anterior Consejo es que los vocales judiciales que, no lo olvidemos, habían sido preseleccionados por sus asociaciones judiciales, porque no había vocales no asociados seguían más a sus respectivas asociaciones o a alguna de sus corrientes, que a los políticos que los habían propuesto, y, sin embargo, la mayoría de los no judiciales eran simple y llanamente la voz de sus mentores políticos. Otros muy pocos fuimos por nuestra cuenta. En este Consejo se ha reducido el peso de las asociaciones judiciales y es más presidencialista, debido a la reforma. Hay que darle tiempo antes de juzgarlo. En todo caso hay una seña de identidad peculiar en este Consejo: la proliferación de cónyuges de altos y ex altos cargos. Con independencia de su valía personal, no deja de ser indicativo de la deriva institucional de nuestro país.

Hablemos de terrorismo. Usted participó en nombre del Gobierno de Zapatero en el último intento de negociar el fin de la violencia de ETA. ¿Se siente satisfecho de su participación?

El Gobierno de Zapatero consiguió que ETA estuviera más de tres años sin matar por primera vez en su historia, sin adoptar una sola medida penitenciaria que estuviera en su mano sobre los presos de esta organización, y sin hacer concesiones políticas. Por el contrario, mientras seguían matando, el Gobierno de Aznar aproximó a prisiones en el País Vasco o próximas a más de doscientos presos, y la Fiscalía no se opuso a algunas libertades, sin haber, siquiera, empezado la negociación. Tras la ruptura de esa negociación del Gobierno de Aznar, al que perteneció Rajoy, hubo una escalada inmediata de asesinatos, porque ETA seguía intacta. El final de ETA empezó en la negociación de Zapatero, porque allí se inició la ruptura de su parte política con la militar, y siguió con las continuas detenciones de sus máximos dirigentes, la intervención de armas y explosivos y la desarticulación de su estructura militar, que consiguieron las fuerzas de seguridad, bajo la dirección de Pérez Rubalcaba, tras la ruptura de la negociación. Con todo dolor tengo que decir que después de la ruptura volvieron a matar, pero muy esporádicamente y, finalmente, todavía bajo el Gobierno de Zapatero, ETA acordó el alto el fuego permanente y definitivo en el que todavía estamos. Todo esto deberían recordarlo quienes sin haber sufrido el terrorismo ahora se sienten seguros, pero antes no lo estaban; ni ellos, ni nadie.

¿Consideró usted que el famoso chivatazo al aparato de extorsión de ETA, el denominado caso Faisán, tenía como fin favorecer la negociación?

Nunca lo he considerado así, ni me consta que se hiciera con ese fin. De ese asunto conozco lo que se ha publicado. Creo que el tribunal se ha equivocado. Según se dice en la sentencia de la Audiencia Nacional y ha sido publicado, esa supuesta trama de financiación de ETA llevaba siendo observada por las fuerzas de seguridad e intervenidas sus conversaciones y contactos desde muchos años antes, sin ninguna actuación policial o judicial contra ella, no obstante. No parece que fuera muy importante desarticularla. Y, según la sentencia, nadie vio nunca el dinero que supuestamente iba a ser entregado en la operación Faisán. Así que no me extraña que con esos antecedentes, la juez francesa antiterrorista se negara a detener a nadie tras el supuesto chivatazo.

¿No le parece un tanto mezquino perseguir por ese asunto —colaboración con banda terrorista— a dos policías que pretendían el fin de ETA?

Al parecer, Pamiés, uno de los condenados, que fue jefe antiterrorista de Bilbao durante muchos años, ha sido de una gran eficacia en la lucha contra ETA. A él y a muchos como él le debemos todos, en parte, nuestra seguridad. La acusación de colaboración con banda armada se hizo en contra de la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso. No he intervenido en el juicio, ni conozco el sumario, pero los dos policías han mantenido que no intervinieron en el supuesto chivatazo. Confío en que el Tribunal Supremo hará bien su trabajo.

¿Cree usted que el PP intentó boicotear aquellas conversaciones y que utilizó el terrorismo como arma electoral?

Sí, sin duda. Ambas cosas son notorias. Comprendo el dolor de las víctimas que han sobrevivido y de sus familiares, pero no el de quienes lo instrumentalizan con fines políticos, a diferencia de lo que sucede con otros partidos conservadores y organizaciones de víctimas de otros muchos países, que han sufrido el terrorismo tanto o mucho más que nosotros.

Ahora que ETA ha puesto fin a la lucha armada, ¿qué opina de la eterna reclamación del acercamiento de los presos etarras a Euskadi?

Es hora de empezar a acercarlos al lugar donde residen sus familiares. La Ley General Penitenciaria así lo prevé con carácter general, pero hay situaciones relacionadas con el régimen penitenciario de los presos que permiten hacer excepciones. Aunque no tengo datos precisos sobre la situación actual de estos presos, la ley no prevé que esa excepción pueda mantenerse como norma e indefinidamente como mecanismo de presión para conseguir fines ajenos a los propiamente penitenciarios.

Y, ¿qué le parece esa regulación preventiva del derecho de manifestación que hacen algunos jueces de la Audiencia Nacional, que hasta el PNV ha tenido que firmar la convocatoria para que no se prohíba?

A los jueces no les corresponde autorizar o no las manifestaciones. Eso es competencia gubernativa. Los jueces tienen que intervenir cuando tienen noticia de que se ha cometido un delito y los delitos se cometen durante o después de las manifestaciones, no antes. La simple solicitud a la autoridad gubernativa de autorización para celebrar una manifestación tendría que presentar indicios de ser en sí misma constitutiva de delito, por ejemplo, de apología del terrorismo para que un juez pudiera intervenir. Pero si no es así y, además, no se presenta denuncia o querella , el juez no puede prohibir la manifestación sin cometer un delito de prevaricación. Así que hizo muy bien el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cuando dijo esto mismo en una resolución reciente sobre la petición de una asociación de víctimas del terrorismo de que prohibiese un acto de ex-presos de ETA, en cuya convocatoria no observó conducta delictiva alguna, ni denuncia o querella de parte.

¿Qué opinión tiene de la doctrina Parot y de la sentencia del TEDH de Estrasburgo?

El problema lo crearon, en primer lugar, los políticos franquistas antes de 1978, y posconstitucionales después, que hasta 1995 se negaron a derogar la redención de penas por el trabajo, en contra de la petición de todo el arco académico. El único que lo intentó fue Adolfo Suárez, pero, falto de apoyos parlamentarios, tuvo que retirar su proyecto de Código Penal poco antes del 23F. Y, en segundo lugar, el problema lo creó el Tribunal Supremo, que elaboró esta ingeniería jurídica para neutralizar lo que el legislador no había querido evitar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al echarla abajo, ha dicho cosas tan elementales en un Estado de derecho que no debería ser necesario tener que decirlas. La no puesta en libertad de quienes habían cumplido sus condenas conforme a la redención de penas por el trabajo no es un simple asunto de ejecución de las penas, sino de legalidad de las penas. Ya deberíamos saber y admitir que las personas salen de prisión cuando cumplen sus penas. A mí también me habría gustado que se hubiera derogado la redención de penas por el trabajo tras la Constitución, y que no hubiera sido necesaria la doctrina Parot, pero no fue así y, entonces, por encima de todo esto está el respeto a la legalidad.

El Supremo instó al legislador a que sea más claro en explicar cómo se deben ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. ¿No era evidente que había que poner en libertad a los presos a los que se había prolongado indebidamente su condena, como así se hizo finalmente? ¿Requiere de más explicaciones?

No es tan sencillo como parece aplicar otras sentencias del TEDH, pese a lo cual nunca se ha pedido esta normativa. Pero la sentencia sobre la doctrina Parot estaba muy clara. No había más que ponerlos en libertad. Así lo entendieron el propio Tribunal Supremo y los demás jueces que lo tenían que hacer, con muy pocas voces judiciales discordantes.

José Manuel Gómez Benítez para Jot Down 3

Mientras el alcance de las penas se cambia cada cuatro días, ahora con la cadena perpetua revisable, ¿cree que algún día se incluirá en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la doble instancia penal, exigida por Estrasburgo desde hace años?

Como consecuencia de las reiteradas condenas del TEDH a España por vulnerar el derecho a un proceso equitativo, que incluye el derecho a que determinadas pruebas sean practicadas en un segundo juicio, al menos cuando se revisa una sentencia absolutoria, cambió en nuestro país la apelación penal, que, en términos generales, cumple con lo exigido por el TEDH, pero no se ha hecho lo mismo con la casación ante el Tribunal Supremo. Es como si existiera una resistencia en el Tribunal Supremo a comportarse como sala de apelaciones a la hora de revisar las sentencias de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia. Nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que la doble instancia no es directamente aplicable a la casación penal, pero el TEDH no ha contemplado esta excepción, así que son previsibles nuevas condenas a España si este tema llega a Estrasburgo. Ni esto, ni otras tantas cosas que hay que cambiar de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido prioridad de ningún Gobierno desde la Constitución. Veremos en qué queda el anuncio de una nueva ley procesal penal hecho por el Ministro de Justicia.

Una última sobre terrorismo. Algunos miembros del PP y determinadas víctimas todavía sostienen que ETA estuvo detrás de los atentados del 11M o defienden algunas teorías conspirativas. ¿Tiene alguna opinión al respecto?

Mire usted, eso me parece ciencia ficción alimentada para enturbiar la historia por parte de quienes mintieron descaradamente en su momento y por eso fueron democráticamente desalojados del poder. Algunos, además, venden más periódicos con eso.

Pasemos a hablar de corrupción. Usted denunció al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial por los viajes que realizaba a Marbella y otros destinos turísticos a cuenta del presupuesto del organismo, lo que, al final, le costó el cargo porque no quiso dar explicaciones, ni pedir perdón. ¿Qué le incitó a denunciarle?

Me sentí indignado la indignación es un sentimiento moral por lo que estaba haciendo Dívar con el dinero de todos nosotros en medio de los recortes que nos estaban cayendo cada viernes. Pero, además, Dívar era un presidente meramente protocolario, ausente en este sentido, que, además de gastarse el dinero público en esos viajes no se ganaba el altísimo sueldo que tenía. Pretendí lanzar un mensaje de regeneración de lo público y de las instituciones, que otros en otras instituciones deberían haber imitado. Muchos políticos no lo entendieron al principio, ni de su lado, que eran los del PP realmente, ni del PSOE, hasta que la reacción de la gente y de muchos medios de comunicación les hizo cambiar.

En la votación para echar a Dívar por esas corruptelas, sin embargo, hubo más vocales que pidieron su reprobación por la denuncia que la del propio Dívar. ¿A qué lo atribuye? ¿Había otros vocales con viajes inconfesables?

Muchos temían que se divulgaran sus viajes, pese a que ninguno era similar a los de Dívar. En el Consejo no existían normas para el debido control de estos gastos y, en consecuencia, los viajes eran autorizados con alegría, digamos, entre otros por el propio Dívar. Después mis compañeros tuvieron que aprobar las normas sobre gastos de desplazamiento y su justificación que yo había propuesto y que antes del «escándalo Dívar» se habían negado a aprobar. A mí me quisieron echar del Consejo no por lo de Dívar, que también, ya que muchos vocales le veían las orejas al lobo, sino, sobre todo, porque a muchos les molestaba que me opusiera sistemáticamente a la perpetuación de sus malas prácticas. Les dolió especialmente mi previa denuncia sobre los apaños para los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales.

El fiscal del Estado y el Supremo decidieron que no había materia penal en la conducta de Dívar. ¿También aquí la justicia fue igual para todos?

En mi opinión había indicios suficientes de utilización del dinero público para sus viajes privados y, por tanto, de un delito de malversación de caudales públicos. Por eso lo puse en conocimiento de la Fiscalía, como era mi obligación. Pero el fiscal no quiso investigar esos indicios, pese a que habría sido muy fácil hacerlo. En el Tribunal Supremo el archivo no fue tan fácil. Necesitaron dos votaciones: una en la Sala a la que le correspondía y otra en el Pleno, en el que hubo votos particulares muy interesantes a favor de la admisión de la querella. En mi opinión, tanto uno como otro pensaron que archivando el caso se acabaría la presión de la opinión pública, pero tuvo el efecto contrario, porque el archivo fue percibido como lo que usted dice, que la justicia no estaba siendo igual para todos.

Ninguno de los grandes casos de corrupción, Filesa, Gürtel, ha sido descubierto por los servicios de inspección del Estado, ni el Tribunal de Cuentas, sino por denuncias de gente involucrada que se ha sentido maltratada o traicionada. ¿Qué opinión le merece?

La financiación de los partidos políticos es un mundo bastante opaco, porque los dos grandes partidos, con la connivencia pasiva de los demás, han querido que sea así. En nuestro país los principales partidos tienen una estructura estable que requiere muchos gastos, porque es exageradamente grande. Además, el Tribunal de Cuentas tiene funciones de control contable formal, aunque debería ser potenciado. En estas circunstancias, ni la fiscalidad de los partidos ni su inspección fiscal ha formado parte de las prioridades de los propios partidos cuando están en el poder, ni tampoco cuando están en la oposición. No es de extrañar, entonces, que quienes conocen desde dentro la realidad sean los que pueden denunciarla. Pero esto suele tener un coste personal y laboral que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Y, además, tiene una consecuencia penal ineludible: quien confiesa haber intervenido en un cohecho, por ejemplo, no solo le está imputando un delito a otro, sino que, además, se está incriminando a sí mismo. Tal vez esto ayude a entender mejor el caso Bárcenas, sin pretender prejuzgarlo, claro está.

¿Y cuál sería la solución?

En cuanto a la financiación de los partidos: una legislación que prohíba las donaciones de las empresas excepto en las campañas electorales, nunca anónimas y de cuantía limitada, fiscalidad de estas donaciones, inspección fiscal permanente de los partidos políticos, como sucede con grandes empresas, obligatoriedad de que sus cuentas sean auditadas, fuertes sanciones económicas y de prisión por falsificación de la contabilidad de los partidos… todo, en fin, menos dejarlos a su aire, que es lo que ha sucedido y sucede, y así nos ha ido y nos va. Es verdad que el problema ahora es del PP, pero hay que ordenar eso, en general.

¿Y también la delación?

En cuanto a la delación, la solución sería muy simple: si se quiere fomentar la delación con pruebas sólidas, hay que ofrecer impunidad a quien delata. Esto solo lo prevé el Código Penal si la denuncia se hace por quien solo ha intervenido ocasionalmente, en el plazo de dos meses desde la práctica corrupta y antes de que se inicie un procedimiento penal. Esto es ridículo. Se ha propuesto muchas veces que se amplíe ese plazo y que se flexibilicen los requisitos si se quiere luchar efectivamente contra cierta clase de corrupción, pero lo único que se consiguió fue ampliar el plazo de diez días a dos meses.

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Montoro ha cambiado a los jefes de la inspección fiscal, el ministro del Interior ha sustituido a los jefes de la UDEF, de delincuencia económica y fiscal, ¿qué le sugiere?

Que si ha habido motivaciones espurias, ellos mismos y sus organizaciones profesionales deberían denunciarlas ante quien fuera. Y que la oposición debería ser machacona e inflexible con estos temas.

Además, el director de la Agencia Tributaria, señor Menéndez, designará a partir de ahora a los peritos de Hacienda que deban auxiliar a los jueces en casos de corrupción. ¿Qué cree que opinarán los jueces y los ciudadanos?

Los ciudadanos ya están curados de espantos. Y los jueces se resignan a lo que hay. Debería existir un listado de reparto de peritajes en esos cuerpos de la Administración, que objetivara los nombramientos y pudiera ser controlado por el juez, el fiscal y las partes. El tema de los peritos de las Administraciones Públicas —no solo los de la Agencia Tributaria— que deben auxiliar a los jueces en la investigación de delitos económicos y de corrupción es muy serio, con independencia de su nombramiento. La mayor parte de las veces no son relevados de sus funciones habituales, por lo que no tienen mucho tiempo para sus peritajes y con frecuencia tardan más de un año, o dos, o tres, o más en hacerlos, si son de cierta complejidad. Muchos retrasos en la instrucción de causas complejas relacionadas con la corrupción y los delitos económicos se deben a la tardanza de los peritos en emitir sus informes. Cuando se trata de las unidades específicas de la Policía y la Guardia Civil, el problema es que especialmente la Guardia Civil cuentan con muy poco personal y tienen mucho trabajo. Si se quiere ser realmente eficaz en la lucha contra estos delitos bastaría con crear cuerpos específicos bien dotados de medios materiales y humanos, o relevar de sus funciones habituales a los funcionarios que tengan que emitir informes periciales complejos.

Los principales partidos, y especialmente el PP, que parece que tenía una «cuenta B» continua en el tiempo, han estado implicados desde hace años en casos de corrupción. ¿Cómo cree que habría que luchar contra ella?

Inhabilitando durante muchos años para ocupar puestos en la Administración, o para ser elegido a cualquiera que haya sido condenado por delitos relacionados con la corrupción o el fraude fiscal, incluso si este no es penal, sino administrativo. Prohibiendo el indulto en estos casos. Previendo la posibilidad de la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones públicas como medida cautelar a adoptar por los jueces de instrucción, previo informe del fiscal. Ejerciendo presión parlamentaria y ciudadana para que los partidos depuren de sus filas definitiva o provisionalmente, según los casos a los condenados por estos delitos y a los que estén suspendidos cautelarmente, y no puedan volver a sus listas electorales. En fin, hay muchas más formas, pero con estas podríamos empezar.

Parece que Anticorrupción negocia con la expresidenta de Baleares, María Antonia Munar, una reducción en su petición de penas de los procesos pendientes y un tratamiento penitenciario favorable en sus condenas a cambio de devolver lo robado. ¿Le parece positivo o permitirá que los corruptos siempre tengan una salida?

El Código Penal prevé esa circunstancia que atenúa la pena de cualquier delito, incluso de los más graves. No me parece mal si la pena resultante tras la reparación del daño sigue siendo proporcional a la gravedad de los delitos. Pero muchas veces en las sentencias que cuentan con la conformidad previa de los acusados se han llegado a acuerdos que reducen la pena de prisión más de lo que permite la ley, y además se negocia también la aplicación de medidas que implican la no entrada en prisión, aunque eso no es negociable, porque depende de los jueces. Con respecto a Munar, hay que tener en cuenta que la negociación solo puede referirse a la atenuación de las futuras condenas. No sería de recibo, además de ilegal, que se estuviera negociando, también, el cumplimiento de sus penas en régimen abierto, por ejemplo, porque todo unido se parecería más a un indulto encubierto que a una atenuación de la pena por reparación del daño ocasionado. Espero, además, que no se negocie la pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

España ha gastado cuarenta mil millones en el rescate bancario que pagaremos todos los contribuyentes; ¿no cree que alguien debería reclamar alguna responsabilidad por ello?

La responsabilidad política debería venir con el voto de castigo a los partidos a los que pertenecen quienes no quisieron o supieron ver lo que estaba ocurriendo en muchas entidades bancarias, y por la presión constante de la sociedad civil. La responsabilidad penal, agilizando los procesos para que haya juicios cuanto antes contra los imputados y excitando el celo de la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos y la Corrupción para que inicie diligencias de investigación cuando exista algún indicio de delito contra políticos o altos funcionarios todavía no imputados. Todo esto lo puede y lo debe hacer, sobre todo, el Fiscal General del Estado.

El Supremo ha acabado con las cláusulas suelo por abusivas, algunos jueces han obligado a devolver el dinero de algunas preferentes y los desahucios, aunque no han parado, siguen aunque a menor ritmo. Parece que la justicia, que siempre suele llegar tarde,  por primera vez se pone a la cabeza de la manifestación. ¿Qué le parece?

A la cabeza de la manifestación han estado y estarán los movimientos ciudadanos que lo han hecho posible, algunos buenos abogados y algunos jueces especialmente sensibles. También fue muy importante el Tribunal Internacional de La Haya, aunque muchos jueces españoles desde hacía mucho tiempo se sentían incómodos aplicando una legislación en materia de desahucios, por ejemplo, claramente desigual. El hecho de que la justicia esté funcionando ahora demuestra lo importante que es cuidar este servicio público, que, al final, es el que tutela los derechos de las personas.

José Manuel Gómez Benítez para Jot Down 5

Hablemos de otras cuestiones de interés general. ¿Qué le parece una hipotética independencia de Cataluña?

Lo que empezó siendo un problema político de concierto fiscal se ha convertido en un problema político mucho más difícil de manejar. Hay que exigir responsabilidades políticas a quienes desde el Gobierno de España y desde el de Cataluña han hecho que lleguemos a esta situación, porque unos y otros están allí, precisamente, para negociar antes y evitar esta clase de situaciones. Si no lo han sabido hacer, lo mejor es mostrarles la puerta de salida en cuanto podamos. Dicho esto, el referéndum tal y como está planteado no solo es ilegal por inconstitucional, sino que, además, debe serlo, porque esas decisiones nos atañen a todos los españoles, pero no hay obstáculo legal para que los que residen en Cataluña manifiesten su voluntad. Hay que tocar suelo en algún momento y que cada uno muestre democráticamente sus argumentos.

¿Qué le parecen las nuevas fórmulas de protestas ciudadanas, como los escraches?

Son parte del derecho de manifestación, que está regulado. Las autorizaciones deben proteger también el ámbito de privacidad próximo al domicilio. Varias resoluciones judiciales han confirmado que si no hay amenazas, ni coacciones, ni alteraciones del orden público, no son delictivas. Y si no están autorizadas, son tan solo constitutivas, en el peor de los casos, de una infracción administrativa, no penal, lo que implica una mayor necesidad de proporcionalidad en la actuación de la policía en estos casos.

¿Le parecen proporcionadas las sanciones previstas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ejecutivas en vía administrativa y solo con recurso a la justicia después de abonada la sanción y las tasas correspondientes?

Lo que no se puede pretender es que tengamos que soportar todo lo que está cayendo y sin quejarnos. Como el descontento es tan grande, el Gobierno, en vez de enfrentarse a las causas del mismo, se ocupa de limitar el derecho de manifestación. Pero no es esa su función, sino la de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que está el de manifestación. Dicho esto, me parece que hay otras muchas previsiones en ese proyecto de ley que son más preocupantes y abusivas que la que usted señala, porque lo de «paga y recurre» es lo normal en el derecho administrativo.

¿Como cuáles?

Bueno, esto daría para un seminario, pero por resumir. Por la mera convocatoria o la simple asistencia a una reunión «que tenga finalidad coactiva» no en la que haya coacciones te pueden caer seiscientos mil euros. Esto para abrir boca en cuanto a los escraches, por ejemplo, aunque no hagas nada más que convocar o asistir y no pase nada más; por llevar capuchas u pañuelos en la cara en una manifestación: treinta mil eurucos; por manifestarte ante el Congreso, el Senado o las Asambleas de las CC. AA.: otros treinta mil; por «obstruir» el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas léase, desahucios: otros treinta mil; por negarse a ser identificado o dar datos falsos: otros treinta mil. Pero no se lo pierda: por «ofensas» a España, a las CC. AA. e, incluso, a los Ayuntamientos, a sus símbolos o banderas y a los himnos: otros treinta mil, así que ya lo saben los del Camp Nou; por «no colaborar» con la policía en la prevención de acciones que «puedan poner en peligro» la seguridad ciudadana atención, no que la pongan en peligro, sino que la puedan poner en peligro, algo que en parte alguna se define, por cierto: otros treinta mil. Y tampoco se lo pierda: por insultar a la policía en las «concentraciones»: otros treinta mil euros. Y, además, nada de eso prescribe hasta los tres o dos años, y si te trincan en tres de estas infracciones en dos años, entonces: hasta seiscientos mil euros del ala. Pero no hay que preocuparse, porque no vas a la cárcel por nada de eso, salvo, eso sí, por resistencia pasiva, que es delito en el Proyecto de reforma de Código Penal actualmente en tramitación. Se les ha pasado qué hacer con los millones de parados que no tienen un puto euro y usan capucha porque el hambre les hace pasar frío, cuando se encuentren en el lugar y en el momento inoportunos. Pero, en fin, me callo porque no quiero darles ideas.

Sí, resulta tan desproporcionado como el aumento de las tasas judiciales.

Son un atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva en casi todos los casos, especialmente en la jurisdicción social. Un sacaperras más.

¿Y qué opina de los privilegios de la Iglesia católica en un país que se declara aconfesional? ¿Y su participación en manifestaciones como azote del Gobierno, especialmente del socialista?

La Iglesia católica debería pagar los impuestos que pagan las demás religiones y los propietarios de patrimonio inmobiliario. El Concordato, que procede del franquismo, es algo obsoleto en un país aconfesional. Pero, una vez más, nadie lo ha querido denunciar. Ya se sabe que hay partes del franquismo en las que la Transición democrática todavía no se ha hecho. En cuanto a las manifestaciones, han estado siempre en sintonía con el PP, si no, ¿cómo se explica que ahora no salgan a la calle para protestar contra el proyecto de ley del aborto, que, en parte al menos, vuelve al sistema de indicaciones que aprobó el PSOE, contra el que sí se manifestaron entonces?

¿Por cierto, qué opina de la reforma de la ley del aborto que pretende el ministro Gallardón?

Todo en ese proyecto tiene más que ver con un camino de obstáculos para la mujer, que con un asesoramiento sereno y respetuoso con los derechos de la mujer y con las obligaciones del Estado de proteger al feto. La penalización del aborto por graves malformaciones del feto no incompatibles con la vida condena a las embarazadas a un sufrimiento extraordinario que es contrario a su dignidad y al desarrollo de su personalidad, del que solo podrán librarse yéndose fuera a abortar, si tienen dinero, o asumiendo los riesgos de un aborto clandestino en España, si no lo tienen. Es inhumano y de un cinismo extremo, que no creo que compartan siquiera la mayoría de los votantes del PP, ni la mayoría de los católicos. La vuelta a la despenalización por daño a la salud psíquica de la embarazada significa volver a un sistema fracasado. El sistema vigente de plazos está en la línea de nuestro entorno europeo.

¿Le ha sorprendido el derrotero ideológico de Gallardón desde que es ministro?

Probablemente está buscando un espacio político propio, que escora el PP hacia su extrema derecha, algo que este partido pretende disimular tan solo cuando se acercan las elecciones. Hasta ahora solo le consideraba un «político de chequera», que nos ha dejado a los madrileños endeudados hasta las cejas.

¿Qué le parece el estado de la libertad de expresión en España?

Pues, en fin, cada vez hay más concentración de los medios de comunicación en el mismo lado. El paisaje es cada vez más «berlusconiano».

¿Cree que los periódicos informan con objetividad o las deudas los tienen amordazados en política y economía?

Los jóvenes, muchos de los cuales tienen una formación excelente, muy superior a la mayoría de nosotros, leen poco los periódicos, al menos los de mayor tirada, y mucho algunos blogs que van por libre y otras fuentes de información similares. Por algo será. La concentración de la propiedad de los grandes medios de comunicación, su falta real de independencia económica, el encharcamiento político de nuestro país, que parece no poder dejar atrás las dos España, la poca profesionalidad de algunos periodistas, en fin, todo forma un paquete en el que la información no parece ser el objeto primordial de interés en los grandes medios de comunicación.

Finalmente, ¿piensa volver a algún cargo público?

¿Yo? Estoy muy bien donde estoy.

 José Manuel Gómez Benítez para Jot Down 6

Fotografía: Begoña Rivas


Tsevan Rabtan: Desplumados

Se ha dictado sentencia sobre el caso Faisán y la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado probado que el jefe superior de la policía nacional en el País Vasco, Enrique Pamiés, y un inspector, José María Ballesteros, se pusieron de acuerdo en comunicar subrepticiamente a personas que iban a ser detenidas por formar parte del aparato de extorsión de ETA, precisamente la existencia de esa operación policial. La sentencia no se plantea cuestiones que todos nos preguntamos. La fundamental, si la decisión de realizar el soplo se había adoptado solo por Pamiés o si concurría el famoso «en compañía de otros».  Es lógico que no se lo plantee porque el juicio se circunscribe solo a los acusados. Esas elucubraciones, con más o menos sentido (en mi opinión particular con mucho sentido en este caso), son materia extrajudicial.

Sin embargo, sí es materia de la sentencia decidir cómo ha de calificarse jurídicamente esa conducta, ya que de esa calificación se derivan consecuencias muy importantes: por ejemplo que los acusados pudieran ser condenados a penas de prisión de hasta una década. La sentencia ha decidido que el comportamiento de estos policías no es delito de colaboración terrorista, sino exclusivamente de revelación de secretos. En mi opinión, la sentencia no justifica suficientemente por qué, una vez declara probados esos hechos, no condena a los policías a las penas a las que les habría condenado si el «chivatazo» lo hubiese efectuado un taxista, un cura, un lector del Correo o un concejal de SORTU.

Para explicar por qué digo esto es preciso ver cómo se define este delito en el Código Penal y cómo se ha interpretado de manera constante por el Tribunal Supremo.

El artículo 576 del Código Penal dice que:

Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista.

Y a la hora de definir los actos de colaboración introduce la siguiente expresión general:

… cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas organizaciones o grupos terroristas.

Una de las primeras cuestiones surgidas en relación con esta figura delictiva era la de si cabía la colaboración aunque no se compartiesen los fines de la organización terrorista. La respuesta siempre fue positiva: bastaba con favorecer de alguna forma los fines o la actividad terrorista aunque no se compartiesen aquéllos.

Creo que es muy clara, en este sentido, la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 5 de junio de 2008:

En definitiva, la esencia del delito de colaboración con banda armada consiste en poner a disposición de la misma, conociendo sus métodos, determinadas informaciones, medios económicos o de transporte, infraestructura o servicios de cualquier tipo, que la organización obtendría más difícilmente —o en ocasiones le sería imposible obtener, sin dicha ayuda externa, prestada precisamente por quiénes, sin pertenecer a ella, le aportan su voluntaria aportación.

Por ello el delito de colaboración con banda armada incluye aquellas acciones que, realizadas voluntariamente con este fin, facilitan cualquier de las actividades de la organización, y no solamente las acciones armadas. Y ello prescindiendo de la coincidencia de fines, pues lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos o ideológicos, sino el poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir, del terror y de la muerte, cuando en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política.

Como puede observarse, el caso que nos ocupa encaja perfectamente en lo que en esa sentencia se dice: los policías dan a los terroristas información que no podrían obtener de forma normal; lo hacen voluntariamente, conocedores (¡cómo no, en su caso!) de que estaban suministrando información a una organización terrorista; no comparten sus fines, pero saben cuál es la actividad de la organización terrorista y que con su conducta se logra un objetivo tan grave como evitar la detención en ese momento de alguien que está cometiendo delitos de naturaleza terrorista.

Siempre dije que si se consideraba probado el chivatazo, sus autores deberían ser condenados como autores de un delito de colaboración con organización terrorista. Lo debían como lo fueron antes muchas otras personas en circunstancias similares.

Por ejemplo, en 1992, se condenó a un sacerdote como autor de un delito de esta naturaleza por haber dado cobijo a un terrorista amigo suyo. La Audiencia Nacional condenó rebajando la pena, al apreciar que concurría una eximente incompleta de estado de necesidad, debida a esa relación de amistad. El Tribunal Supremo, sin embargo, elevó, en mi opinión acertadamente, la condena a seis años y declaró lo siguiente:

1.º El encausado conocía perfectamente, tanto por los medios de comunicación, como por las relaciones de amistad que le unían con la madre del «amparado» y, sobre todo, por el ámbito territorial en que se produjo ese conocimiento (población de alrededor de sesenta mil habitantes), que su protegido había sido autor de diversos actos terroristas, pero, sobre todo, era sabedor de su pertenencia a una banda armada. 2.º No obstante ello, le ocultó a sabiendas de lo anterior y con el único propósito lógico de que no fuera descubierto por los agentes de la autoridad que le perseguían en aquellos momentos, y, además, lo hizo en lugar poco accesible a esa persecución, cual fue una dependencia de la iglesia parroquial. 3.º De la conjunción de lo primero y lo segundo sólo cabe inferior, como lo hizo el Tribunal «a quo», que existió intención de proteger a un miembro de banda armada y, por tanto, y según la redacción del precepto penal aplicado, de colaborar con el grupo terrorista a que pertenecía. (…) A mayor abundamiento se puede añadir que entender lo contrario sería tanto como, según razona el recurrente, abrir una peligrosa brecha en el tratamiento de estas cuestiones en las que podría darse el caso de que con la simple alegación, arropada por una prueba más o menos consistente, de haber actuado por causas de amistad, solidaridad u otras semejantes de valoración puramente moral e intimista, se llegasen a justificar, en todo, o en parte, hechos que en sí mismos considerados contienen una muy grave reprochabilidad jurídica y social, con el inconveniente añadido de que se podría conculcar fácilmente el principio de igualdad ante la Ley que proclama el art. 14 de la Constitución.

Naturalmente, los magistrados que han juzgado el «caso Faisán» conocen esta jurisprudencia y, para apartarse de ella, como han hecho, tenían que explicar sus razones. La realidad es que su razonamiento es inusualmente breve, considerando la solución excepcional que están dando, pero se encuentra en las páginas 50 a 52. Examinémoslas a la luz de la jurisprudencia citada.

La sentencia, sabedora de que los fines o motivos de los policías condenados no deberían influir en la calificación, se sitúa en el terreno más objetivo de si dicha conducta favorece la actividad de ETA. Expresamente dice que la conducta de los acusados «debe enmarcarse en un contexto distinto o diferente de favorecer la actividad de la banda terrorista ETA; o en términos estrictos del artísulo 576 C.P., de cooperar o ayudar a la actividad del citado grupo terrorista».

Ese lenguaje utilizado, que (perdónenme la maldad) tanto recuerda a nuestro anterior presidente del Gobierno, contiene una trampa. La cuestión no es el «marco» o «contexto» en el que debe situarse esa conducta. Es mucho más sencillo: la cuestión es si su conducta favorecía o no a las actividades de ETA. Al hablar de «marco» o «contexto» la sentencia introduce por la puerta de atrás el dato prohibido: el de la comunión con los fines, pero cambiándoles a estos el nombre. ¿Dar un chivatazo a terroristas, de forma que se impida su detención y el comiso de miles de euros que se utilizarían para los fines de ETA, es o no favorecer sus actividades? Naturalmente. Lo demás es ponernos posmodernos.

Añade la sentencia que no estamos «ante una acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista, sino que iba encaminada en un sentido distinto, pues la acción ejercitada fue guiada por la finalidad dentro del concepto de acción final, de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA». Ya sé que es tradicional en nuestro mundo jurídico torcer el sentido usual de las palabras y practicar una verborrea incomprensible a la hora de explicar las cosas más sencillas, pero esta frase alcanza cotas difícilmente superables. No obstante, intentaré desentrañarla: nos dicen los magistrados que no estamos ante una acción directa para favorecer una actuación puntual de ETA. La clave es «para», otra forma de introducir el elemento intencional prohibido. No nos importa «para» qué hicieron eso, nos importa si lo que hicieron favorecía a ETA y si los policía eran conscientes de ello y pese a todo lo llevaron a la práctica. Más aún, ¿cómo que entrar en un bar y pasarle el teléfono a un tipo para que no detengan a unos terroristas no es una «acción directa» y una «acción directa» que favorece puntualmente a ETA?

Tan evidente es esto que los magistrados usan las palabras «para», «sentido», «guiada» y «finalidad», todas ellas reveladoras de que en el fondo no creen que un policía pueda colaborar con una banda terrorista y que lo que quería es no «torpedear» un proceso de paz. Por desgracia, eso y ocultar a un amigo son lo mismo: interpretaciones individuales sobre lo justo o injusto, sobre lo moral, sobre lo que es mejor, al margen de las leyes.

Lo que resulta además literalmente asombroso es que se usen la expresión «acción final». ¿Sostienen los magistrados que esto no podía ser colaboración con banda armada porque parece que ahora sí ETA ha dejado las armas? ¿O es que lo que importaba en 2006 era la opinión de los acusados sobre que esta vez sí que iba en serio (no como en otras ocasiones del pasado)? ¿Creen los magistrados que el posterior atentado en la T4 de Madrid no fue un atentado terrorista ya que lo que hacían los policías condenados meses antes era la «acción final» de algo? ¿Están de broma?

Sigamos. La sentencia, sobre la base de ese borborigmo previamente analizado, se centra en una cuestión técnica que se utiliza para explicar por qué la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es aplicable: la antijuridicidad. Para decirlo llanamente, una conducta es antijurídica cuando con ella se atenta al bien jurídicamente protegido. Espero no tener que explicar cuál es ese bien en el caso de los delitos terroristas. Nos dicen los señores magistrados, dando más vueltas que un tiovivo, que en este caso no concurre esa ofensa al bien jurídico protegido: o lo que es lo mismo que no se ha favorecido a una banda terrorista. Es esta una afirmación sorprendente y ayuna de argumentación material, porque no se puede decir que lo sea esto:

… la acción ejercitada voluntariamente (…) hace referencia exclusivamente, a ir dirigida a favorecer la actividad de la banda terrorista (dolo intencional), cualquiera que sea el móvil, sin embargo como ya se ha puesto de relieve al principio, la finalidad de la acción ejercitada voluntariamente como elemento del dolo, por los acusados fue totalmente muy distinta al favorecimiento de la actividad de ETA y por tanto a realizar la conducta típica prevista en el art. 576 del Código Penal.

 

¿Jodido de captar, eh? Normal, no se asusten y se crean víctimas del mal de PISA. Los señores magistrados nos quieren decir que los acusados deben querer favorecer a ETA para ser condenados, con independencia de su «móvil», pero que ellos no «querían» (en el sentido de comprender y actuar voluntariamente) favorecer a ETA. En términos estrictos, los magistrados nos dicen que los policías eran gilipollas y no comprendían que al evitar que se capturase a un terrorista era perfectamente posible que se estuviese favoreciendo a ese terrorista y a la banda a la que pertenecían. En términos no estrictos, dicen que su «intención» era que el «proceso de paz» prosperase y que no son etarras ni comulgan con sus fines. La putada es que la segunda interpretación está vedada por la jurisprudencia del Supremo y la primera es absurda. ¡Claro que sabían los policías que de forma concreta estaban favoreciendo a ETA al impedir el buen fin de la operación policial y la captura del dinero! Lo sabían, pero prefirieron, subrepticiamente, truncar la operación. El delito de colaboración se refiere a concretos actos de colaboración y a concretas actividades terroristas.

Para que quede claro, voy a poner un ejemplo de lo que sí sería no querer voluntariamente favorecer a una banda terrorista. Unos terroristas van en un coche y pinchan camino del lugar donde van a atentar. Un señor que sabe que son terroristas y que sabe que cien metros más adelante hay un control policial, les ayuda a cambiar la rueda, sabiendo que serán detenidos inmediatamente. ¿Está claro? Por desgracia, no es ni medio serio que se pretenda que los policías excluían que sí estuvieran favoreciendo las actividades concretas de ETA cuando era notorio que el llamado «proceso de paz» podía terminar por ejemplo en un atentado meses más tarde. ¿O es que todo lo que se nos dijo sobre que el «proceso de paz» no suponía dejar de perseguir a los terroristas era falso?

La sentencia concluye que «si en los delitos de terrorismo el bien jurídico que se quiere proteger es la convivencia pacífica entre los ciudadanos, o dicho de otro modo el alcanzar la paz social, así como preservar el orden constitucional, alterados por la irrupción violenta de un determinado grupo armado, que por la fuerza o violencia, intenta imponer su voluntad; si la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no podemos considerar que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido». Increíble.

Tomado literalmente, la sentencia considera que cualquier actividad destinada (a largo plazo) a acabar con un grupo terrorista debe ser excluida de la calificación de actos de colaboración. De esta forma, degrada la ley, que sí es la expresión de la soberanía popular, a materia interpretable, susceptible de ser cumplida en atención a fines tácticos siempre que sean «buenos» según el particular criterio de cada cual. Si un ciudadano cree, mediante un razonamiento particular, que, ayudando a un grupo terrorista, puede lograr que éste cese en su actividad, ese comportamiento sería impune como acto de colaboración. Más aún, la sentencia expresamente da por bueno que una conducta ilegal (tanto lo es que los policías son condenados por ella) pueda ser calificada como «acto tendente a favorecer» el fin del terrorismo. Es asombroso. Así visto, quizás deberían salir de prisión todos los terroristas condenados en los años del «proceso de paz»; y así visto, va a resultar que ha calado la idea de que se puede suspender el Estado de derecho cada vez que nos interese acabar con algún problemilla de delincuencia.

Toda esa argumentación es un sinsentido. Espero que la sentencia se recurra en casación y el Tribunal Supremo deje las cosas en su sitio.


Rubén Díaz Caviedes: Divino Dívar

Así es como se suele presentar en los actos, el tío. Divino. Sonriente, complacido, como recién comido. Plenipotenciario y papal. Con ese semblante que tiene entre beatífico y de teleñeco, dependiendo del ángulo, y esa blancura nívea, senecta y vaticana que tanto y tan bien viste a los que presiden Poderes con mayúscula. Y en la foto que acompaña, además, con la manita en alto. Como cantando una copla. Una de Paca Carmona, por ejemplo, que no en vano es Carlos Dívar de por el sur. Aquella que decía que por los contonno de Andalusía no había otro peg-rrro como su peg-rrro. O una de Antonio Molina. O si no cantando, parecido. Como quien come copioso y se dispone a contarle a la concurrencia, a modo de digestivo, un chiste de Chiquito, arte fino no del todo muy dispar al de la copla. El del mariquita que entra en un bar, sin ir más lejos de Puerto Banús. Que entra en un bar de pinchos y dice ay, ay. O como quien ni cuenta un chiste ni canta una copla, porque para qué andarse con gilipolleces, y en lugar de eso se fuma un puro. O se pega un pedo. O las dos cosas a la vez.

Será por posibles, amiga, cuando una es quien es. Presidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo y octava auctoritas del Estado —el cuarto si obviamos a la Casa Real, y yo voto por obviarla—. El puto amo, vamos. El tío que más manda en uno de los tres poderes en que Montesquieu dividió el mondongo, a saber; legislativo, ejecutivo y judicial. Y el que más gana de todos, después del rey. Más del doble, para hacernos una idea, que el presidente del Gobierno. Una lana, vamos. Allí aupado y entronado Dívar como el huevo Humpty Dumpty, plop, por el pacto al que llegaron en 2008 PP y PSOE para renovar la dirección del órgano y repartirse una vez más el Poder judicial como es preceptivo en democracia, esto es, haciendo como que es todo muy democrático.

Es religioso, dicen. Y peregrina y todo a Tierra Santa, no te lo pierdas. Y cuando vuelve, reparte rosarios. Reza mucho, va a misa cumplidamente y cuando evitó un coche bomba de ETA se dijo bajo el auspicio personal en intransferible de la Virgen de Fátima. Rollo Pitita. Se acoge a sus convicciones religiosas siempre que puede e incluso cuando le preguntaron por la condena al juez Baltasar Garzón tuvo Dívar ocasión de citar lo sacro, diciendo de sí mismo que no era “juez de jueces” y que no tenía nada contra el magistrado por investigar el chocho gürtelino o mucho menos los happenings del franquismo, pese a que el órgano que preside Dívar suspendiera previamente a Garzón en sus funciones. ¿Cómo iba a tenerlo, de verdad, señor de tan pulidas aristas morales? En uno de sus artículos para la Hermandad del Valle de los Caídos, Carlos Dívar, máximo del Poder judicial de España, llegaba a la conclusión de que “sólo en Amar a Cristo y hacerle Amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera JUSTICIA”. Así, con mayúsculas enfáticas.

Y es que Dívar es old school, qué duda cabe. Como los raperos buenos. Para él la Justicia emana de Cristo en abstracto flow, y nada o poco tiene que ver con el imperio de la razón habiendo un Dios tras las nubes. Y en este concepto tan tomista y babilonio de entender las cosas ocurre como ocurrió en el juicio a JFK o en las series sobre niños californianos con las que Disney Channel aborrega a los prepúberes: que everything can happen. Uno puede viajar veinte veces a Marbella y gastarse a golpe de Visa “una miseria” —13000 euros uno detrás de otro en hoteles que no son de lujo, “sino de cuatro estrellas”, y en restaurantes de los de cruzarte en ellos con Gunilla, y no estar incurriendo en “irregularidad jurídica, moral o política” alguna. También se pueden celebrar reuniones de trabajo con uno mismo y su mecanismo o con otras personas, pero a 200 kilómetros de ellas. Sin intercesión de viaje astral alguno, poderes mentales o de un triste Skype. O mantener cenas pero a la vez no mantenerlas, en resumen. Cenas cuánticas y schrödingerianas para uno o dos comensales con escena o no —esta insinuación es tendencia ahora mismo— de sorbiendo el tallarín, slurp, hasta encontrarse los hocicos en simpático besito. Muac-ga. No lo sabremos, de momento, porque los comensales misteriosos de Dívar sigue siendo incógnitos, caso de que sean más de uno. Dicen muchos, el primero él mismo, que con todo el derecho del mundo, por pertenecer este extremo al ámbito íntimo propiamente privado de las personas humanas.

Yo pienso que ese argumento está muy bien para Maria Carey, por ejemplo. Tratándose del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la cena dejó de ser privada cuando la cuenta fue a pachas entre cuarenta y seis millones de gilipollas. Y a falta de transparencia o de sentido de la decencia, o de poder saber a quién cojones estoy invitando a cenar con el dinero que me quitan todos los meses de la nómina, seguiré haciendo chistes de mariquitas entrando en bares de pinchos de Puerto Banús, jarl, aduciendo pupita y dolor de diodeno. Ya que nos hemos perdido el respeto los unos a los otros, hagámoslo con un poco de sentido del propósito. Y quedándonos bien a gusto, oigan. Es que solo faltaba, quiero decir.


Mario Conde: De los juicios políticos

Planteamiento

En mi opinión, un juicio político no es aquel que enfrenta a un político, en activo o en situación pasiva, a una acusación formulada por un fiscal y debatida ante un tribunal de justicia, nacional o internacional. La característica esencial de un juicio político no radica en el sujeto —político o no— ni en el tipo de acusación, sino en las consecuencias derivadas del fallo que se dicte. Si la resolución final se traduce en efectos y derivadas para el Poder, entonces merecerá tal denominación. En otro caso será el juicio a un político o ex político, pero no un juicio político en sentido estricto.

Dado que en la sociedades modernas el poder político y el mediático conforman círculos secantes ajustados por intereses comunes, en todo juicio político la acusación y la defensa, con independencia de la propiamente jurídica, corresponderán a los medios de comunicación alineados como terminales del poder político en cada caso. Y desplegarán todas las armas a su alcance conscientes de que en juego está el Poder. Por ello, el grado mas elevado de juicio político es el que califico de juicio de Sistema cuando todo el poder político y todo el poder mediático —amén del financiero— se alinean en una dirección determinada y sin fisuras, precisamente por entender que las consecuencias de la resolución que se dicte afectan de manera directa e inmediata, de presente o de futuro, a todos sus intereses, esto es, al Sistema en su conjunto.

El juicio a Garzón

Con estas precisiones conceptuales se puede abordar lo sucedido y por suceder en un llamado juicio político: el que afecta al juez Garzón. ¿Es un juicio propiamente político? Si somos coherentes con lo que acabo de exponer deberemos preguntarnos por las consecuencias en términos de poder derivadas de una condena o de una absolución del magistrado. No las veo con la nitidez y precisión suficientes como para incluirlo en esta categoría. La sustancia del casus judicandi no es política, por mucho que lo sea —sin la menor duda— la materia en la que se ejecutan, el campus judicial en el que se dictan los actos judiciales juzgados.

El juez ahora encausado dictó resoluciones que la acusación califica de injustas y a sabiendas en un proceso en el que se investigaban los llamados crímenes del franquismo. Se trata de algo tan concreto y jurídico como autos y providencias, es decir, decisiones pura y estrictamente judiciales. Básicamente se trataba de autos y providencias en los que asumía una competencia investigadora —antes negada por él mismo en casos de similar naturaleza— y ordenaba la práctica de diligencias determinadas. El delito de prevaricación, que es el que conforma la acusación, es independiente de la naturaleza del proceso de que se trate. Puede cometerse en cualesquiera de las variedades procesales admitidas por el Ordenamiento Jurídico y no, evidentemente, en exclusiva en un proceso penal. Arrendamientos urbanos, rústicos, pleitos matrimoniales, sucesorios, penales, mercantiles, administrativos… en todos ellos caben resoluciones judiciales injustas dictadas a sabiendas. De modo que si esas resoluciones son, como se pretende por la acusación, injustas y a sabiendas, el hecho de ser cometidas en un proceso penal de investigación de crímenes cometidos en el franquismo es un dato de sustancia política, pero inerte en la caracterización jurídica.

Ocurre que la sustancia de fondo, el tipo de proceso, el objeto material sobre el que versa, no solo tiene naturaleza política, sino que es política en su grado mas elevado: crímenes cometidos en función de una determinada ideología. ¿Alguien puede acaso dudar de la conveniencia política, moral y social de investigar unas víctimas que perdieron la vida a consecuencia de asesinatos de corte ideológico? Obviamente, no. Y la precisión es aplicable al franquismo, a los crímenes de la dictadura soviética, a los cometidos por jemeres rojos, a los de diferentes dictaduras que ha conocido la historia, los de las Monarquías absolutas y hasta de regímenes que subsisten en la actualidad, curiosamente encerrados en ciertos aplausos y alabanzas de unos grupos de personas que prefieren, al menos en esos casos, la ideología al derecho a la libertad y la vida. Sucede en cualquier orden de violación de los derechos humanos. La aproximación moral es incuestionable.

Ahora bien, esa aproximación, esa conveniencia, es un juicio de valor. Para acceder al mundo del derecho necesita ser incorporada a la normativa jurídica. La ley disciplinará el modo y manera de tratar la conveniencia, el juicio moral, al ingresar en el mundo jurídico. Y la ley es la norma. Y si la ley se equivoca de modo y de maneras, no por ello el juez se encuentra autorizado para suplantar la voluntad del legislador, sobre todo si la ley es fruto de una deliberación de un órgano legislativo que reciba los atributos de legítimo y democrático, aunque solo lo sea formalmente, en el papel de una Constitución determinada. Si una ley aprueba una amnistía por considerar que es lo conveniente para la convivencia de una comunidad, aunque eso pueda repugnar a sentimientos de una persona que es titular de un órgano judicial, nunca estará legitimado para violentar la voluntad mayoritaria de la comunidad que se protege a sí misma mediante ese discutible expediente. Podremos tener juicio de valor de cualquier orden, pero no alterar a voluntad el orden jurídico. Si tal alteración la ejecuta un órgano judicial al dictar a sabiendas resoluciones injustas (ilegales), cometerá con ello el delito de prevaricación. Es así como la sustancia moral o política del fondo en modo alguno contamina la caracterización jurídica de la conducta judicial. Aunque quizá pudiera conformar un tipo de atenuante penal.

Las terminales mediáticas que defienden al juez Garzón, sustancialmente el otrora influyente El País, centran su atención en la sustancia del fondo y pretenden alegar que es imposible que un juez cometa prevaricación al investigar a las víctimas del franquismo. La pretensión es jurídicamente inculta, pero se quiere una vez mas tomar al rábano por las hojas. El insulto y descalificación de los miembros del tribunal que juzga, incluso por ciertos miembros de la propia organización judicial, evidencia hasta qué punto lo ideológico se antepone a lo lógico, aunque la lógica sea mas juridico-formal que otra cosa. Si el derecho se define como la forma civilizada de organizar la fuerza, la negación del valor de lo jurídico es una suerte de incivilidad y retroceso.

Una reflexión elemental: si fueran diáfanamente ajustadas a Derecho las resoluciones dictadas por el juez y juzgadas por el tribunal supremo, se necesitaría el brutal proceso de confusión, primero, y de acoso al tribunal. Confusión porque se insiste una y otra vez en que el juez es procesado por investigar al franquismo, lo que es, como acabamos de decir, absolutamente falso. Acoso por el proceso de descalificación que alcanza cotas difícilmente localizables en sistemas de vida occidental (fascismos, asesinos…)

¿Qué consecuencias en términos de poder se deducen de la absolución y la condena? La única localizable es la que afecta al grupo mediático Prisa, que ha consumido energías inconcebibles en un proceso en el que tiene necesariamente que estar en juego algo que desconocemos. De otro modo resulta inconcebible. ¿Arriesgar a ese extremo por convicciones? ¿Acaso va a conseguir que se juzgue al franquismo o solo intentan salvar al juez? Si el proceso que se dirime fuera decidir si procede o no el juicio esclarecedor de las víctimas, se entendería. Pero no es eso. Si Garzón es absuelto las víctimas seguirán sin ser investigadas. Y si es condenado, también. Por eso no se entiende el furor defensivo de Prisa. Tiene que existir algún motivo. En todo caso hemos de admitir que las posibilidades del fracaso del defensor mediático por excelencia son elevadas, porque se trata de tres juicios los que tiene abiertos el magistrado y es más que probable que en alguno de ellos pueda ser condenado y perder su carrera. En ese caso el huevo —la carrera— pesaría más que el fuero —motivo del juicio concreto en el que se dicte condena.

Sin embargo, sí existe una derivada estrictamente política: si el juez pierde la carrera no por ello quedaría inhabilitado para actuar políticamente. Y esto cuenta, porque para ciertos sectores su condena tendría naturaleza política, aunque carezca de ella, y se generaría un victimismo con tintes de martirio que conllevaría un activo político para determinados sectores de la sociedad española y hasta europea. ¿Hasta qué punto? Difícil predecirlo, pero ciertamente podría tener, en ese segmento reducido del voto, una importancia considerable. En ese instante, solo en ese instante hablamos de poder, y por consiguiente podemos utilizar el juicio político dado que la condena generaría consecuencias medibles en términos de poder, aunque sea hipotético y de envergadura dudosa.

Y aquí viene la siguiente derivada: eso solo sucedería si es condenado por el proceso del franquismo. Pero no si la condena deriva de practicar escuchas ilegales a abogados defensores y menos si es por pedir dinero a bancos y empresas utilizando su posición de Magistrado. Eso no aporta carisma. Ni martirio. Así que en ningún caso esos dos supuestos son juicio político. Y el del franquismo tendría la derivada de poder antes descrita en caso de condena. ¿Que ocurre si le absuelven del franquismo y le condenan por cualquier de los otros dos? Quizá lo veamos, porque esta hipótesis no es precisamente la mas descartable.

El juicio a Camps

El otro juicio político es el que afecta al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Aquí el atributo considero que está correctamente utilizado: el mero planteamiento del juicio, mejor dicho, la mera acusación contra Camps y sus proyecciones sobre el PP valenciano, ya derivaba en consecuencias de poder. Unas elecciones autonómicas en esa Comunidad podrían verse afectadas por la investigación judicial, aunque la realidad demostró que el voto ideologizado es más potente que la reflexión moral en ciertos casos. La ciudadanía, por lo que sea, quizá por incrédula, tal vez por pensar que en todos los cazos políticos se cuecen habas de corrupción, no disciplina su actitud electoral en base a ese tipo de acusaciones, sobre todo si son menores en lo cuantitativo, aunque no lo sean en lo cualitativo. Se necesita una corrupción esperpéntica en tamaño y formas para creer que puede condicionar el voto ideologizado.

Pero la apertura del juicio se tradujo en una consecuencia de poder: Camps perdió el poder de ser presidente, otro le sustituyó y se reestructuró el poder en el seno del PP valenciano. Y eso en una Comunidad tan importante no es algo baladí.

Llegó el juicio. Curioso que un hombre sea capaz de enfrentarse a un jurado popular después de que dos mandatarios políticos subordinados suyos aceptaran su culpabilidad. Sobre el papel las posibilidades jurídicas de salir indemne parecían muy escasas. Pero el jurado votó inocencia. ¿Extraño resultado?

Algunos dicen que el problema de juicios políticos con jurado consiste en que sus miembros, mayores de 18 años, son votantes de uno u otro partido, así que tendrán una inclinación política subyacente a culpabilidad o inocencia según la adscripción política del acusado. El jurado será, en esta idea, un reflejo del mapa de voto en esa Comunidad y, consecuentemente, traducirá sus conclusiones según su determinación como votantes.

No es excesivamente exagerado el juicio, pero, ¿qué hacer? ¿Llevar estos juicios a políticos concretos a otras comunidades autónomas? Al final sería más o menos lo mismo porque el bipartidismo es dominante. ¿Habría que juzgar a un político del PP en Andalucía —de momento, claro— y a un PSOE en Valencia? No parece serio. Por otro lado, ¿acaso la sala segunda del Supremo no refleja la estructura del poder político? ¿Acaso sus magistrados no son nombrados por cuotas políticas a través del Consejo General del Poder Judicial? ¿Dudamos de los jurados? ¿Y de los jueces? ¿Qué es mas fácil de manipular, un miembro de un jurado o un magistrado? No conviene olvidar que al final del día carreras profesionales y jubilaciones de magistrados dependen del Poder.

Todo eso lo que indica es que no nos creemos la limpieza judicial. Ciertamente, hay casos en los que esa incredulidad deriva de una evidencia lastimosa. ¿Habrá que reformar la Ley del Jurado? Pues quizá, pero siempre andamos a golpe de reformas con truenos de casos concretos. El Derecho Penal históricamente merecía mas respeto.

El País, acusador en el juicio Camps, ha perdido una batalla de manera sonora. Los titulares con los que acogió la derrota evidenciaban la conciencia del fracaso. Dijo “Un jurado profesional le habría condenado”. Una opinión, sin más fundamento que una conjetura, convertida en noticia de portada. Muy ilustrativo. Después aseguró que la inocencia jurídica no le excluía de la culpabilidad moral. Nuevo formato inquisitorial. En fin, los términos de poder afectan a la nitidez de las inteligencias.

Y ahora el recurso de casación. Es la esperanza política de ganar la batalla. El Supremo puede admitir o rechazar el recurso contra la sentencia absolutoria. Pero la cuestión es: ¿puede variar el fallo? Muy difícil. Jurídicamente no existe razonamiento alguno en la sentencia absolutoria dado que el veredicto es de inocencia o no culpabilidad, que es más preciso en terminología legal. ¿Puede entrar a los hechos y valorar la prueba? Pues no, porque en casación eso no es posible. ¿Entonces? Pues solo si el razonamiento del jurado fuera deficiente, irracional, no valorara las pruebas más que de una manera rotundamente absurda… Para eso se necesitaría una evidencia muy clara y unas preguntas formuladas a los miembros del jurado que resultaran algo complejas. Pero es que aquí se preguntó si había recibido unos trajes de regalo. Nada complejo. Muy concreto. No veo fácil revocación de la sentencia, aunque experiencia tengo de que todo es posible.

Bueno, pues el juicio a Camps, a pesar de ganarlo no se traducirá en un retorno al poder. Cierto es que su renuncia fue condicionada al juicio y que una vez ganado podría argumentar con lógica y recuperar su posición. Con lógica formal sí, pero con lógica política y social no. Las consecuencias del juicio y las cintas escuchadas se proyectan más allá de la inocencia jurídica. Camps no volverá a ser Presidente de la Generalitat. Al menos por el momento, claro, porque quien se atreva a predecir algo en política es que carece de experiencia visual de la historia